La minería ilegal ha dejado de percibirse como un problema limitado al ámbito extractivo para convertirse en una preocupación central del debate público en el Perú. En el actual contexto electoral, una parte significativa del electorado exige a los candidatos al Congreso y a la presidencia adoptar posturas firmes frente a esta actividad, considerada hoy una amenaza que trasciende lo económico y alcanza dimensiones sociales, políticas y ambientales.
De acuerdo con un estudio de la empresa Ipsos elaborado para el colectivo País Seguro, el 73% de los ciudadanos considera “muy importante” que el candidato por el que vote tenga una posición clara y contundente contra la minería ilegal. Este dato confirma que el tema podría influir directamente en las decisiones electorales.
La preocupación ciudadana se sustenta en la percepción del impacto económico de esta actividad ilícita. Un 43% de los encuestados la identifica como la que más dinero mueve en el país, incluso por encima del narcotráfico. Esta percepción ha crecido respecto a mediciones anteriores, consolidando la idea de que se trata de una economía criminal de gran escala.
Además, existe un consenso amplio sobre sus efectos negativos. La mayoría de la población coincide en que la minería ilegal perjudica múltiples ámbitos: el 86% la considera un delito, el 83% cree que daña al país y el 80% estima que ha influido en autoridades del Congreso y gobiernos regionales. A ello se suma que el 78% la vincula con redes de crimen organizado y el 72% la percibe como una amenaza directa para su seguridad y la de sus familias.
A pesar de la gravedad del problema, predomina la sensación de falta de control. Dos tercios de los encuestados consideran que la minería ilegal ha crecido en el último año y que las autoridades no están tomando medidas efectivas para enfrentarla. Esta percepción alimenta una narrativa de expansión sostenida de la actividad.
El especialista ambiental César Ipenza advirtió que la ciudadanía espera definiciones claras por parte de quienes aspiran a gobernar. Según indicó, el tema debería ocupar un lugar central en los planes de gobierno, algo que no ocurre de manera generalizada, ya que solo una parte de las organizaciones políticas aborda explícitamente el problema.
En ese análisis, se observa que partidos como Perú Libre y Renovación Popular no incluyen propuestas concretas sobre el combate a la minería ilegal. En contraste, agrupaciones como Juntos por el Perú y Podemos Perú han planteado medidas que, según especialistas, podrían generar controversia, como la reducción de plazos de concesiones para su reasignación.
Otro elemento que refuerza la preocupación ciudadana es la percepción de influencia política de esta actividad. Un 71% considera probable que la minería ilegal financie campañas legislativas, el 69% cree que también alcanza las presidenciales y el 64% advierte el riesgo de captura del poder político por redes vinculadas a esta economía ilícita. En ese contexto, el debate sobre la minería ilegal no solo marcará la agenda electoral, sino que también pondrá a prueba la capacidad del país para enfrentar uno de sus problemas más complejos.
