El Ministerio de Minas y Energía ordenó la devolución de $150.000 millones a usuarios de gas por cobros adicionales en transporte. Estos recursos serían cobrados a Transportadora de Gas Internacional (TGI), que es filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), y a Promigas. Estas compañías rechazaron la información de la cartera energética sobre supuestos cobros indebidos en el transporte del gas.
Tanto TGI como Promigas manifestaron que han aplicado de manera rigurosa todas las regulaciones que, en última instancia, emanan de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), las cuales incluyen la metodología tarifaria y la tasa de descuento vigente para la actividad de transporte del energético.
Las organizaciones fueron enfáticas en que no han generado un traslado de sobrecostos en el transporte de gas y que, por lo tanto, no tienen por qué pagar $150.000 millones, que fue la suma que presentó el Ministerio de Minas y Energía.
A lo anterior agregaron que, en el laudo arbitral celebrado el 11 de febrero de 2026, que decidió diferencias entre Transmetano y Empresas Públicas de Medellín (EPM) sobre cuál sería la tasa de descuento que se aplicaría en la actividad de transporte, se señaló que se obró conforme a la regulación y que se aplicó la tasa correcta.
