El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó la decisión de presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público ante la gravedad de los hechos reconocidos por el Directorio de Codelco en relación con el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente en julio de 2023.
El organismo regulador inddicó que tras el análisis preliminar de los antecedentes recibidos, ha resuelto presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público con el objeto de que la justicia investigue la eventual comisión de delitos asociados, ante el ocultamiento o alteración de información técnica trascendental para la seguridad minera de la faena.
Además sostuvo que dada la naturaleza estatal de la empresa, ha interpuesto también una denuncia ante la Contraloría General de la República para que sea este organismo quien determine las responsabilidades administrativas y evalúe el estricto cumplimiento de los principios de probidad y transparencia que rigen a los organismos del Estado.
El organismo regulador además indicó a través de una declaración pública, que instruyó a la estatal el mismo viernes 13 de febrero, la entrega inmediata y obligatoria de toda la documentación técnica y administrativa analizada por su directorio. En cumplimiento a esta exigencia categórica, Codelco remitió la totalidad de los antecedentes requeridos en el plazo demandado. Estos documentos confirman inconsistencias graves entre la realidad operativa de la mina y lo informado oficialmente a la autoridad.
Reunión entre Codelco y Sernageomin
Este lunes 16 de febrero el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, sostuvo una reunión con altos ejecutivos de la compañía estatal, y se constituyó presencialmente en las oficinas de la Gerencia General de Codelco, con el fin de notificar el inicio de un proceso de revisión exhaustivo de los antecedentes. En dicha instancia, además, se exigió formalmente la máxima transparencia y celeridad en la entrega de toda la documentación técnica y administrativa, notificándose a la empresa que no se aceptarán solo informes procesados, exigiendo acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico, enfatizando que no se admitirá margen alguno de desviación en el flujo de datos, bajo apercibimiento de las máximas sanciones legales.
