Día: 30 de enero de 2026

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió la Licencia General No. 46, con la cual habilita de manera limitada y bajo estrictas condiciones ciertas transacciones que hasta ahora estaban prohibidas y que involucran petróleo de origen venezolano.

La autorización permite que entidades estadounidenses establecidas realicen actividades ordinarias y necesarias relacionadas con la extracción, exportación, transporte, comercialización, refinación y compra de crudo venezolano, incluso cuando dichas operaciones involucren al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela (PDVSA) o a empresas controladas por la estatal, siempre que se cumpla un conjunto riguroso de requisitos contractuales y financieros.

Entre las condiciones clave fijadas por la OFAC se destacan:

• Los contratos deberán regirse por la legislación estadounidense y cualquier controversia deberá resolverse ante tribunales de Estados Unidos.
• Los pagos dirigidos a personas o entidades bloqueadas no podrán ser de libre disposición y deberán canalizarse a fondos especiales designados por el Departamento del Tesoro.
• Se prohíben expresamente pagos en oro, criptomonedas o esquemas no comerciales, así como cualquier transacción que involucre a actores de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, entidades controladas por China, o embarcaciones incluidas en listas de sanciones.

Adicionalmente, la licencia impone obligaciones estrictas de reporte y divulgación de información para las exportaciones de crudo venezolano hacia terceros países, con el objetivo de reforzar los mecanismos de supervisión, control y trazabilidad de las operaciones autorizadas.

En conjunto, la Licencia General 46 no constituye un levantamiento general de las sanciones contra Venezuela, sino una flexibilización controlada del régimen sancionatorio, orientada a permitir operaciones energéticas específicas bajo un marco de supervisión jurídica, financiera y geopolítica estricta por parte del Gobierno de Estados Unidos.

La novela por concretar unos cierres diarios en la megavía al suroeste antiqueño parece no tener fin, pese a que el Gobierno Nacional ya les dio su visto bueno.

Y es que luego de que saliera la Resolución 0148 del 27 de enero de 2026 del Instituto Nacional de Vías (Invias), las expectativas sobre lo que pueda pasar con los cierres no han dejado de crecer.

Textualmente la resolución resuelve en su primer artículo: “Otorgar un permiso a la Concesionaria Vial de Pacífico para el cierre total de la vía Peñalisa-Primavera, del 28 de enero de 2026 al 28 de enero de 2027, de lunes a sábado desde las 8:30 a.m. hasta las 13:30 p.m., con excepción de sábados antes de lunes festivo, días festivos y durante la temporada comprendida entre el 20 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027”.

Lo anterior advierte que los cierres diarios de cinco horas en dicha vía durarán un año completo. Esto ha despertado la negativa de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, en cabeza de Luis Horacio Gallón Arango, quien por medio de un video publicado en la red social X expresó su desacuerdo.

“Nosotros no estamos de acuerdo con este cierre tan prolongado y exagerado, sobre todo porque el suroeste ha venido estando muy afectado por estos cierres de Pacífico 1”, dijo el funcionario, al tiempo que consideró que no es justo para la región.

Ahí mismo mencionó los trabajos inconclusos que se tienen hasta la fecha: “Lo que falta del intercambio de Primavera hasta el peaje, tener el peaje definitivo, la doble calzada que va hasta Cuatro Palos, la terminación de las mismas Areneras y el derrumbe que tenemos en la Sinifaná”.

Frente a lo que está sucediendo, Gallón informó que hoy viernes 30 de enero se dará una reunión clave entre la ANI, Covipacífico, alcaldes y la Gobernación para dialogar sobre la posibilidad de “atenuar estas dificultades”.

Cabe resaltar que hasta el momento no hay un cierre, pues están a la espera de la reunión hoy para tomar una decisión.

Covipacífico informó: “Durante esta semana se adelantará un proceso de socialización con autoridades y demás actores, dentro del cual se informarán las novedades asociadas a esta resolución. Hasta tanto no finalice este proceso, no se implementará ninguna restricción”.

Finalmente, entre sus advertencias el secretario reclamó que un cierre de esa magnitud podría afectar la economía de la región, sobre todo una actividad turística que viene creciendo.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una batería de medidas para dinamizar la demanda de vivienda, especialmente entre los hogares de menores ingresos.

El gerente de Vivienda del FNA, Camilo Londoño, confirmó durante el evento de Perspectivas Económicas 2026 de Camacol Bogotá- Cundinamarca, que la entidad mantiene la meta de aprobar este año $1,5 billones en crédito constructor, pero subrayó que la principal novedad será una nueva reducción en las tasas de interés.

“Vamos a tener 18.000 cupos para subsidiar la tasa, en un esquema que se llamará Tasa Social”, explicó Londoño. El beneficio aplicará para quienes compren vivienda VIS y VIP con ingresos entre cero y dos salarios mínimos.

Según detalló, para la vivienda VIS la tasa quedará en 7 % efectivo anual, mientras que para la vivienda VIP se mantendrá en UVR + 0. A esto se suma una medida adicional: UVR 0 para créditos de mejoramiento de vivienda, lo que significa que los hogares solo asumirán el ajuste por inflación.

La apuesta más ambiciosa del Fondo, sin embargo, será la financiación del 100 % del valor de la vivienda. Londoño anunció que en un plazo de dos a tres meses el FNA empezará a otorgar créditos sin cuota inicial para la compra de vivienda VIS y VIP.

“Esto ya está aprobado y listo. Estamos cerrando los ajustes tecnológicos al interior del Fondo para que a finales de mayo podamos iniciar la financiación del 100 %”, afirmó.

Según la directiva, el programa pretende reducir las barreras de entrada que históricamente han limitado la compra de vivienda y ofrecer una alternativa viable para quienes cuentan con ingresos estables, pero encuentran difícil reunir el monto inicial exigido por la mayoría de las entidades financieras.

¿Cómo acceder al beneficio del 100 % para el financiamiento de vivienda que oferta el FNA?

El programa está dirigido principalmente a trabajadores independientes, personas con ingresos variables y ciudadanos que, aunque tienen capacidad de pago, encuentran dificultades para reunir los recursos necesarios para la cuota inicial. De esta manera, el Fondo pretende cerrar brechas y ofrecer oportunidades reales a quienes históricamente han quedado por fuera del sistema tradicional de crédito hipotecario.

Para acceder al beneficio del financiamiento del 100 %, el Fondo Nacional del Ahorro estableció como requisito fundamental demostrar disciplina y constancia en el ahorro. Este respaldo se acredita a través de dos de sus productos: el Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y el Ahorro Voluntario Contractual Plus (AVC Plus). Ambos mecanismos están diseñados para que los ciudadanos construyan un historial de ahorro que respalde su solicitud de crédito, sin que sea obligatorio contar con cesantías y que comenzará a regir en el primer trimestre del 2026.

El Ahorro Voluntario Contractual se presenta como una herramienta clave de inclusión financiera, especialmente para quienes no tienen un empleo formal. Mediante aportes periódicos, los usuarios pueden consolidar un capital que les permita acceder posteriormente a un crédito de vivienda en condiciones competitivas. Un aspecto relevante de este producto es que no exige un tiempo mínimo de permanencia. Basta con alcanzar el monto mínimo requerido, que actualmente es de $1.292.000, y cumplir con los demás criterios definidos por la entidad.

Una vez cumplidos estos requisitos, los ahorradores pueden solicitar el crédito hipotecario y avanzar en la compra de una vivienda nueva o usada.

En medio de un escenario de posible incremento en los costos de producción, el sector de la vivienda en Bogotá y Cundinamarca empezó a trazar sus principales apuestas para 2026.

El diagnóstico se presentó durante el Encuentro de Perspectiva Económica 2026 (EPE 2026), organizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca, donde el gremio alertó por cuatro factores.

El 91 % de los encuestados mencionó el costo de mano de obra, el 72 % los desistimientos y la velocidad en las ventas, el 65 % aludió a las tasas de interés y el 65 % costos de insumo.

El gerente del gremio, Edwin Chiriví, abrió el encuentro con un balance de los logros recientes y los desafíos que enfrenta la actividad edificadora. Entre los factores que seguirán presionando los costos, señaló el incremento del salario mínimo para 2026.

De acuerdo con una medición presentada por Camacol, la percepción del sector empresarial anticipa aumentos significativos en los costos de producción: el 35 % de los consultados estima que el incremento será superior al 11 %; el 26 % lo ubica entre 9 % y 11 %; el 24 % prevé un alza entre 7 % y 9 %; mientras que un 4 % considera que estará entre 5 % y 7 %, y apenas un 2 % cree que será de 5 % o menos.

Pese a este panorama, Chiriví subrayó que el mercado regional muestra señales más sólidas que el resto del país. “El mercado de Bogotá y Cundinamarca ha mostrado mayor resiliencia y una mejor dinámica de recuperación frente al promedio nacional”, afirmó durante su intervención.

En términos de actividad económica, el gerente destacó que el PIB edificador en Bogotá creció 5,4 %, con varios trimestres consecutivos en terreno positivo. “Este desempeño contrasta con la dinámica nacional, que acumuló trimestres negativos”, explicó.

El comportamiento de las ventas de vivienda también reflejó una recuperación más acelerada en la región. Según Camacol, el sector cerró 2025 con un crecimiento del 17 % en ventas, Bogotá superó en 5 % los niveles previos a la pandemia, mientras que el resto del país aún se mantiene 14 % por debajo de los registros prepandemia.

El líder concluyó que, aunque el entorno de costos seguirá siendo retador, la industria no se detiene. “Debemos mapear y gestionar soluciones efectivas frente a los desafíos que enfrentamos para 2026. Confiamos en que este espacio permita comprender mejor los efectos económicos y de política pública que marcarán el próximo año”, señaló.

Gran Tierra Energy ofreció a sus inversionistas cambiar bonos que vencen en 2029 por unos nuevos que vencen en 2031. Con esta operación, la organización busca ganar más tiempo para el pago de sus obligaciones, fortalecer su liquidez y reducir presiones sobre su caja en los próximos años.

De otro lado, esta compañía energética canadiense que opera en Colombia anunció que logró una producción promedio de 48.235 barriles de petróleo diarios en diciembre de 2025. Según lo destacó, es la mayor alcanzada en su historia.

Frente a sus inversiones en Ecuador, manifestó que obtuvo una producción en el cuarto trimestre de 2025 con una tasa diaria de 10.000 barriles, y que las reservas actualizadas son de 8.800 barriles por día. Agregó que los compromisos en exploración de Ecuador fueron finalizados y destacó los hallazgos en Conejo, en las arenas de Hollín y Basal Tena, que entregaron cifras de poco más de 3.230 barriles diarios de petróleo.

Con la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente la emergencia económica del presidente Gustavo Petro también quedaron frenados los nuevos impuestos a mineras y petroleras, patrimonio, licores y sobretasas, por mencionar los principales.

De acuerdo con el auto del alto tribunal, en virtud de la decisión general, también se congeló la aplicación del Decreto 1474 del 2025, con el cual se fijaron medidas tributarias con el fin de recaudar unos $11 billones en 2026.

Así las cosas, los nuevos impuestos de la emergencia económica tendrían que dejar de cobrarse a partir de esta decisión de los magistrados y, por lo menos, hasta que haya una decisión de fondo por parte de los magistrados.

¿Cuáles nuevos impuestos de la emergencia económica se suspenden?

Estos incluyen el incremento del IVA a 19 % para la compra de licores y vinos, así como a juegos de suerte y azar que se realizan en línea.

También está el cobro de impuesto a las ventas para importaciones menores a US$50, que incluyen aquellas compras de bajo valor que se adquieren por plataformas extranjeras.

Así mismo, deberá frenarse el nuevo impuesto al patrimonio para quienes tengan bienes desde $2.080 millones, la sobretasa del 15 % al sector financiero (que la elevó a un total de 50 %) y el Impoconsumo de 19 % para bienes de lujo.

En el listado también se encuentra la no deducibilidad de regalías para empresas petroleras y carboneras, que había sido hundido por la Corte en una decisión pasada, pero que el Gobierno Petro optó por revivir mediante la emergencia económica.

Y, finalmente, están las mayores tarifas al consumo de licores, cigarrillos y vapeadores y la amnistía tributaria creada por el Ministerio de Hacienda, con el fin de que personas sanearan sus activos no declarados u omitidos en años anteriores.

En total, la pretensión del Gobierno Petro era recaudar poco más de $11 billones con estas medidas, siendo la normalización tributaria ($2,5 billones), las mayores tarifas al patrimonio ($2,4 billones) y la sobretasa a bancos y entidades financieras ($1,2 billones) las que más sumarían.

De acuerdo con la Corte Constitucional, en general, el decreto traía impuestos de recaudo instantáneo sobre consumo masivo, cuya devolución es prácticamente imposible y que, de paso, tendría impacto en patrimonios consumados.

Ahora bien, es clave indicar que el auto del alto tribunal no menciona el Decreto 044, emitido bajo la emergencia económica, con el cual se crearon dos nuevos impuestos a las generadoras de energía: uno de 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos y otro que pretende entregarles 12 % de su energía a empresas intervenidas como Air-e.