El 21 de enero de 2026, el Gobierno colombiano expidió un decreto legislativo en el marco de la Emergencia Económica, mediante el cual impuso una mayor tributación a las empresas generadoras de energía. Lo anterior se hizo con la finalidad de pagar las deudas de una compañía que tiene una participación en la demanda del país de 11,4 %, está ubicada en el Caribe y se llama Air-e.
Esta, y medidas como el cobro de $8 por kilovatio hora, son las acciones que el Ejecutivo tomó para sanear las deudas que esta empresa tiene con las generadoras. Sin embargo, el consenso general de los analistas consultados es que esto no resuelve de manera estructural los problemas de Air-e.
Para algunos de ellos, estos tributos no son suficientes, no reducen las pérdidas, no mejoran el recaudo y no estabilizan el sistema, sino que, por el contrario, elevan las tarifas y afectan la confianza tanto de generadores como de inversionistas, así lo manifestó Felipe Bernal, miembro del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
Por su parte, Sandra Fonseca, exdirectora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía (Asoenergía), señaló que las medidas del Gobierno no tienen “respaldo legal ni técnico”. Recalcó que no ofrecen una solución integral, sino que prolongan la agonía de los usuarios, de la calidad del servicio y del sistema eléctrico colombiano.
“La falta de acción de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para determinar un periodo y una metodología tarifaria es inaceptable, y la falla de la Superintendencia (de Servicios Públicos) en definir y acometer una solución real y definitiva es imperdonable”, enfatizó.
Para el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, la idea del Gobierno es que, en parte, sean las propias empresas generadoras las que terminen pagándose a sí mismas, ya que un aumento en los tributos de 2,5 % se destinaría al fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, que a su vez giraría esos recursos a Air-e para que esta les devuelva el dinero a las compañías.
Las cifras de la intervención
Con base en datos del Ministerio de Minas y Energía, las deudas de la compañía antes de la intervención, en septiembre de 2024, ascendían a $530.000 millones. Posteriormente, los montos aumentaron en $2,08 billones, ubicándose en un total de $2,55 billones, lo que significa que, durante la intervención del gobierno Petro, la deuda de Air-e se incrementó en casi 300 %.
A esto se suma que la empresa completará cinco agentes interventores en menos de dos años. El primero fue Carlos Diago, quien se posesionó en septiembre de 2024, pero solo duró un mes. Luego el cargo fue ocupado por Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía. Posteriormente estuvo Diana Bustamante, quien duró cerca de tres meses. El último fue Nelson Vázquez, quien se posesionó en junio de 2025 y renunció en enero de 2026.
Liquidación o pago de la deuda
La compañía tiene tres caminos, pero ninguno es la solución perfecta. El primero es continuar operando y mantener su financiación, lo que podría seguir recayendo en los usuarios, como ha ocurrido hasta ahora. El segundo es inyectar recursos a través del fondo empresarial de la Superintendencia, en un contexto en el que la misma entidad dice que no hay disponibilidad. El tercer camino sería la liquidación.
La exdirectora de Asoenergía manifestó que la liquidación es un paso “inevitable” para evitar que se siga afectando a los usuarios. Mientras que Jaime Lombana, representante legal de Air-e antes de su intervención, afirmó que la liquidación no sería una decisión técnica ni inevitable, sino una estrategia que dificultaría “esclarecer lo ocurrido”.
Según Lombana, esta opción no resuelve “absolutamente nada”, y además, Gecelca, una empresa consolidada en la región Caribe, tendría que subsidiar cerca de $200.000 millones mensuales, que es el déficit actual de Air-e; esto terminaría afectando también a Gecelca.
“Sería reprochable que un superintendente esté dispuesto a asumir riesgos jurídicos derivados de una decisión infundada, y contraria al bien jurídico de la administración pública”, afirmó.
El jurista agregó que los fondos destinados para cubrir la deuda tampoco son suficientes. Señaló que ahora se pagarían $8 por kilovatio hora, pero que mañana podrían ser $16, generando un círculo vicioso sin salida.
“Se pretende que los usuarios paguen el desastre causado por la especulación, actos de incorrecta administración y contratos lesivos para la empresa”, dijo.
El exministro Acosta coincidió en que la liquidación no resolverá de manera automática los problemas de insolvencia y liquidez, sino que agravaría la situación de las empresas generadoras, que son sus principales acreedoras. Según dijo, una empresa en liquidación no podrá cumplir con sus obligaciones, lo que representaría un golpe grave para el sector eléctrico.
Las propuestas de algunos exministros de energía
Por otro lado, el exministro Andrés Camacho, expresó que la solución pasa por un proceso de liquidación orientado a estructurar un modelo público de gestión de la comercialización y la generación de energía.
“Ese es el modelo que podría darle sostenibilidad, viabilidad financiera e incluso un mejoramiento del servicio”, adicionó.
Mientras que Acosta dijo que la solución pasa por inyectar recursos desde el fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, lo cual requiere voluntad política. Concluyó que también se necesitan inversiones en transmisión, subtransmisión y normalización, con el fin de reducir las pérdidas de energía. Lo cierto es que, con base en lo expuesto por todos los analistas, cualquiera que sea la decisión, esta resultará costosa.
