“Desde que el Gobierno interviene la empresa, en 2025 hay una deuda que sobrepasa $3 billones. Si no llega a demostrarse que esto puede cumplirse a través del tiempo, puede destruirse el balance de muchas empresas”, dijo Ortega en La FM.
En consecuencia, los impagos van a generar una crisis financiera al interior del sistema, lo que tendría como consecuencia que haya un efecto dominó, en el que la bolsa se reviente y de la crisis financiera se pase a apagones o a racionamientos de energía programados, lo que tendría un impacto directo y negativo sobre toda la economía.
Es por ello que afirmó que el Ministerio de Minas y Energía está actuando con responsabilidad, puesto que cuando el país se enfrenta a un “riesgo sistémico como el que sucede ahora”, es necesario que haya una intervención para captar recursos y de esa manera evitar daños mayores.
Se comenzará a pagar lo que dejó el Covid-19
Ortega afirmó que las deudas de esta compañía comenzaron cuando el Gobierno de turno, entre 2018 y 2022, que fue el de Iván Duque, implementó alivios a los usuarios en las tarifas de energía, ya que en esos momentos la crisis sanitaria se había convertido en una crisis social y económica.
Pero en el proceso, las empresas comercializadoras como Air-e quedaron sin dinero para responder a sus obligaciones. Según lo advirtió, la crisis sanitaria se superó, pero las consecuencias de ella y los rastros que dejó la pandemia todavía se siguen sufriendo y ahora se tendrán que pagar, por lo menos, con el tema de Air-e.
“Tenemos que salvar empresas y entidades que han sido competentes, como ha sido la industria del sector eléctrico”, expresó en La FM.
Luego concluyó que en múltiples ocasiones el Gobierno ha señalado que no tiene los recursos necesarios para asumir los pagos de la empresa, con lo cual lo único que queda a la mano es que sean los ciudadanos y el sector empresarial los que asuman las consecuencias de lo que sucedió con Air-e.
Otros actores que están de acuerdo
Camilo Prieto, profesor de la Universidad Javeriana y experto del sector, manifestó que el hecho de que el Ministerio de Minas y Energía esté formulando esta resolución para enfrentar los riesgos del sistema es algo positivo. Señaló que la crisis de Air-e ya no es solo un tema empresarial, sino un riesgo para todo el servicio de la energía eléctrica, por lo cual dijo que se debe implementar una decisión responsable antes de que el problema escale.
Andrés Santamaría, director de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), indicó que la medida también es necesaria para mitigar el riesgo sistémico en el sistema y para asegurar la estabilidad financiera de Afinia y Air-e, empresas que atienden 20 % de la demanda de energía eléctrica en Colombia.
Voces en contra del decreto del Gobierno
Marta Aguilar, directora de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía, dijo que desde la intervención del Gobierno, la compañía no ha mostrado una mejora en sus indicadores. Según lo manifestó en La W, no se está pagando la deuda corriente ni tampoco la que se generó inicialmente.
Afirmó que la situación requiere «seriedad» y que se haga un plan de pago o una reestructuración de la deuda, manifestando que Air-e sí está recaudando recursos de los usuarios y que, por lo tanto, debe haber un mecanismo diferente para que la empresa asuma sus obligaciones.
También expresó que debe haber una focalización de subsidios, ya que gran parte de los recursos se están destinando a personas que no lo necesitan. Es decir, que debe haber un plan de costos e implementar mecanismos de eficiencia que permitan hacer que la operación sea menos costosa, pero eficiente.
“No puede ser que el Gobierno pretenda convertir la bolsa de la energía en un mecanismo de salvamento”, expresó en La W.
Lo que dijo el Gobierno
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, manifestó que el problema energético de Air-e y del Caribe «no es solo de los costeños, sino de Colombia». Señaló que por ese sistema han pasado siete empresas en 20 años y todas fracasaron.
“Recibimos un sistema al límite. Empresas quebradas que se las dieron a los privados, deudas acumuladas y un riesgo real de apagones. No actuar era condenar al país a una crisis eléctrica. Gobernar es asumir responsabilidades, no mirar para otro lado. Estamos evitando un daño mayor y construyendo soluciones de fondo”, dijo.
A lo que añadió que todo se hubiese podido resolver si se hubiera aprobado la reforma tributaria por $16,3 billones, pero que el Congreso no terminó avalándola.
