Día: 21 de octubre de 2025

En medio de un escenario nacional marcado por la violencia, la corrupción y la desconfianza, Jimena Sologuren, presidenta de PERUMIN 37, hizo un llamado a la unidad y la acción colectiva para reconstruir el país. En su columna publicada en el diario El Comercio, Sologuren afirmó que “los peruanos hemos vivido una montaña rusa de inestabilidad” y advirtió que la inseguridad y las economías ilegales “están sangrando nuestro país”.

Para Sologuren este es un momento decisivo para definir el futuro de la nación. “Todos los peruanos tenemos derecho a estar enojados, frustrados y hasta asqueados, pero no podemos dejar que esto nuble nuestro futuro. Pensemos en el largo plazo para tomar decisiones correctas que nos saquen de esta ola de violencia”, señaló.

Sologuren llamó a la ciudadanía y a las autoridades a recuperar el principio de autoridad y la fe en las instituciones. “Necesitamos autoridades con capacidades, valores y vocación de servicio. Necesitamos restaurar el equilibrio de poderes y el principio de autoridad que hace lo correcto para todos y no para pocos”, enfatizó.

Asimismo, subrayó la urgencia de fortalecer la democracia y garantizar un proceso electoral transparente de cara a 2026. “El gobierno de transición debe marcar un punto de quiebre: fortalecer y garantizar la seguridad del entorno y reconstruir instituciones democráticas. Se debe garantizar que las próximas elecciones se realicen con total transparencia y responsabilidad”, expresó.

Trabajar en un mismo objetivo

La líder minera recordó que el país cuenta con una riqueza cultural, natural y humana extraordinaria, pero que su aprovechamiento depende de la solidez institucional. “Nada servirá si seguimos en medio de violencia, extorsiones, corrupción y desgobierno. Necesitamos que esta riqueza se convierta en obras concretas: hospitales, colegios, carreteras y servicios públicos que funcionen”, apuntó.

Finalmente, Sologuren insistió en que el país no puede seguir en confrontación permanente y que la salida pasa por un pacto nacional entre autoridades, empresarios, trabajadores y sociedad civil. “Poner al Perú primero significa recuperar la fe en lo que somos capaces de construir juntos. Necesitamos recuperar la cultura del diálogo con transparencia, objetivos comunes y compromiso con el bienestar de todos”, concluyó.

Desde el aire, el panorama sobre el río Nanay es desolador. Decenas de dragas metálicas, alineadas como enjambres, remueven sin tregua el lecho del río, dejando una estela de aguas turbias y orillas devastadas. En apenas tres horas de sobrevuelo se identificaron más de cuarenta embarcaciones ilegales, una cifra que ilustra cómo la minería ilegal ha tomado por asalto esta cuenca que, hasta hace pocos años, se mantenía como una fuente prístina de agua para Iquitos.

El Nanay, afluente esencial del Amazonas y principal fuente de agua potable para más de medio millón de personas en Loreto, se ha convertido en el nuevo epicentro de la “fiebre del oro” en la Amazonía peruana. Impulsados por la cotización del oro, que bordea los 380 soles por gramo, cientos de mineros ilegales han invadido el río, dejando a su paso contaminación por mercurio, pérdida de biodiversidad y una amenaza directa para la salud y el futuro de las comunidades ribereñas.

Durante la inspección, el fiscal ambiental Bratzon Zaboya reveló la existencia de una ruta de 33 kilómetros para el tráfico de combustible, que alimenta diariamente a estas dragas con hasta 60 galones cada una. En el puesto de control de Yarana, se decomisaron miles de galones de petróleo, equipos de succión y antenas satelitales utilizadas por los mineros para comunicarse y evadir los operativos. A pesar de los esfuerzos, apenas nueve agentes policiales custodian la zona, enfrentando limitaciones logísticas y riesgos de corrupción.

El deterioro del río ya es perceptible en la vida diaria. José Manuyama, presidente del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, lamentó el daño irreversible a un ecosistema que es parte de la identidad amazónica. La contaminación con metales pesados, la deforestación de las orillas y el colapso de actividades como la pesca y el turismo están dejando a las comunidades sin sustento ni acceso seguro al agua.

A este escenario se suma una advertencia aún más grave: la minería ilegal estaría atrayendo al narcotráfico y a actores extranjeros. Según el fiscal Frank Almanza, se han detectado indicios de vínculos con redes criminales organizadas, incluidos ciudadanos colombianos y posibles nexos con exintegrantes de las FARC que operan bajo fachada turística. La expansión de estas actividades podría replicar lo ocurrido en Madre de Dios, donde la minería descontrolada generó una crisis ambiental y social.

El sobrevuelo también evidenció la presencia de cultivos ilícitos, pistas de aterrizaje clandestinas y embarcaciones sospechosas moviéndose sin control. Para expertos como Andrea Buitrago, este patrón anticipa un escenario de colapso ambiental si no se actúa de inmediato. La gran pregunta es si el Estado responderá con firmeza o permitirá que el Nanay, como tantos otros territorios amazónicos, quede a merced de la ilegalidad y la codicia.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través del Boletín Estadístico Minero (BEM), informó que el empleo directo en el sector minero creció un 2.8% respecto a julio (262 786 personas) y un 10.7% en comparación con agosto del 2024 (244 013 personas).

Este resultado representa la cifra más alta registrada desde que se tienen registros y el segundo mes consecutivo de crecimiento sostenido. El sector alcanzó un nuevo récord histórico de 270,095 empleos directos en agosto, superando en más de 7,000 puestos al mes anterior.

En el periodo de enero a agosto de 2025, el empleo promedio generado por la actividad minera alcanzó los 253 923 trabajadores, reflejando una expansión de 6% frente al promedio anual del 2024 (239 561 personas).

En cuanto al tipo de empleador, los contratistas mineros y empresas conexas concentraron el 72.1% del total del empleo generado, evidenciando una mejora interanual del 14.1%. Por su parte, las empresas mineras representaron el 27.9%, mostrando un incremento de 2.9% respecto al año anterior.

Según la distribución departamental, Arequipa se mantuvo como la región con mayor participación en el empleo minero, con 40 541 trabajadores (15% del total nacional), seguida por Moquegua con 25 982 empleos (9.6%) y La Libertad con 22 846 trabajadores (8.5%).

La participación femenina en el subsector minero en agosto de 2025 alcanzó un total de 20 825 empleos, lo que equivale al 7.7% del total nacional. En tanto, la participación masculina, fue de 249 270 trabajadores, que representan el 92.3% del total.

Estos resultados ratifican el rol de la minería como motor de desarrollo descentralizado y fuente de empleo formal, técnico y bien remunerado, que impulsa el progreso económico y social de miles de familias peruanas.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que la inversión minera acumulada de enero a agosto de 2025 sumó US$ 3,343 millones, registrando un crecimiento de 12.8% respecto al mismo periodo del año anterior (US$2,963 millones), cifra que refleja la confianza de los inversionistas en el potencial minero del país.

Así lo señala la última edición del Boletín Estadístico Minero (BEM) que elabora la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, y precisa que, en agosto de 2025, las inversiones mineras alcanzaron un monto de US$ 520 millones.

Respecto al rubro Equipamiento Minero, la inversión acumulada a agosto de 2025 ascendió a US$ 583 millones, un incremento de 5.4% en comparación con el mismo periodo de 2024. Y solo en agosto de 2025, este indicador registró un aumento de 36.6% respecto a julio.

El BEM también señala que en el rubro de Exploración la inversión acumulada de enero a agosto 2025 registró US$455 millones, que significó un aumento de 34.5% respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 338 millones).

En lo referido al rubro Infraestructura, la inversión acumulada al octavo mes de 2025 sumó US$ 791 millones, registrando un incremento de 24.2% en comparación con similar periodo del año anterior (US$ 637 millones).

En cuanto al rubro Desarrollo y Preparación, la inversión acumulada alcanzó US$ 493 millones, cifra superior en 5.3% a lo registrado en el mismo periodo de 2024 (US$ 468 millones).

En el rubro Planta de Beneficio la inversión acumulada a agosto 2025 sumó US$ 683 millones, que representó un crecimiento de 5.1% frente al mismo periodo de 2024 (US$ 649 millones).

Por último, en el rubro Otros (construcción de represas, reasentamiento, intangibles, compra de terrenos, etc.), la inversión acumulada, totalizó US$ 339 millones, un incremento de 6.8% respecto al mismo periodo de 2024 (US$ 317 millones). Mientras en agosto de 2025 alcanzó un incremento de 4.7% respecto a julio.

A nivel de departamentos, al cierre de agosto de 2025, Moquegua es el principal destino de la inversión minera en el país con US$ 474 millones, equivalente al 14.2% del total nacional. Le sigue Arequipa con US$ 434 millones (13.0%) y Apurímac con US$358 millones (10.7%), respectivamente.

La contaminación de los ríos causada por la minería ilegal ha alcanzado niveles críticos en el Perú. En las últimas dos décadas, se han vertido más de 3.000 toneladas de mercurio en los principales afluentes del país, con consecuencias graves para la salud humana, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. La cifra, presentada durante el Foro del Agua de PERUMIN 37, expone la escala de una problemática que pone en riesgo el acceso al agua limpia para millones de personas.

Según Yury Pinto, director general de Políticas e Instrumentos de Gestión del Ministerio del Ambiente (Minam), la minería ilegal representa hoy una de las amenazas más graves tanto para el medio ambiente como para las comunidades. Advirtió que esta actividad, muchas veces camuflada como informal, está avanzando incluso sobre zonas donde está legalmente prohibida, como cabeceras de cuenca y cuerpos de agua.

“No podemos hablar de formalización cuando se está interviniendo fuentes hídricas”, señaló Pinto, remarcando que la minería ilegal en estos contextos constituye una agresión directa a la sostenibilidad del país. Esta posición fue respaldada por líderes indígenas y comunidades que viven diariamente los impactos de esta práctica.

En regiones como Madre de Dios, los efectos ya son devastadores. Teresita Irene Antazú López, lideresa del pueblo Yanesha, relató que los habitantes de su comunidad deben caminar largas distancias para encontrar agua limpia. “Los mineros ilegales envenenan el agua y los peces. La gente ya no puede bañarse porque la piel se les irrita”, denunció.

El problema no solo afecta la salud y el acceso al agua: también se ha traducido en la pérdida de más de 100.000 hectáreas de bosques amazónicos hasta 2014, según datos del Minam. Además, la recuperación de suelos y fuentes hídricas contaminadas puede tardar décadas, mientras las comunidades viven expuestas a metales pesados que impactan su salud y seguridad alimentaria.

En este contexto crítico, el Congreso de la República evalúa el proyecto de nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), cuyo contenido preocupa a expertos y autoridades ambientales. Pinto advirtió que algunos artículos del predictamen permitirían legalizar actividades en zonas actualmente restringidas, incluyendo márgenes de ríos, terrazas aluviales y áreas próximas a reservas naturales.

“Permitir la formalización en cuerpos de agua sería legalizar la destrucción”, alertó el funcionario, quien subrayó que los efectos del mercurio y otros contaminantes en los ecosistemas acuáticos son irreversibles. Organizaciones ambientales han expresado su rechazo a cualquier normativa que debilite los controles en zonas ecológicamente sensibles.

Uno de los casos más graves se registra en la región La Libertad, donde la minería ilegal se ha expandido en provincias como Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco. Informes del Minam, OEFA y SENAMHI revelan que los niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio en el río Moche superan ampliamente los estándares internacionales, afectando la agricultura y la salud de las comunidades locales.

Ante la magnitud del problema, el Gobierno ha aprobado una estrategia nacional para enfrentar la minería ilegal, con énfasis en fiscalización, control de la comercialización, cooperación interinstitucional y sanción al crimen organizado. Sin embargo, especialistas advierten que sin un enfoque integral y sostenido, el daño seguirá creciendo. La minería ilegal no solo contamina ríos y bosques: también erosiona los derechos fundamentales y el bienestar de millones de peruanos.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, encabezó la ceremonia de llegada de la tuneladora “Delia” a la estación Elio, marcando un nuevo hito en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, el primer sistema de transporte subterráneo del país.

La tuneladora “Delia” ha perforado hasta la fecha 9.3 kilómetros de túnel e instalado 4,668 anillos de concreto, asegurando la estabilidad y seguridad de la vía subterránea.

Recorrido

Desde su partida en la estación San Juan de Dios, la tuneladora ha atravesado múltiples estaciones hasta llegar a Elio, y continuará ahora hacia la estación San Marcos, en el Cercado de Lima.

Durante la actividad, el titular del MTC estuvo acompañado por el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, y la representante de la concesionaria Metro de Lima Línea 2, Carmen Deulofeu Palomas, quienes realizaron un recorrido por la zona para constatar el avance de las obras.

El ministro Prieto destacó que la llegada de “Delia” representa “un paso firme hacia una Lima y Callao más conectadas, modernas y sostenibles”, subrayando el compromiso del Gobierno de transición y reconciliación nacional, liderado por el presidente José Jerí, con la culminación de esta obra emblemática.

“Estamos construyendo una infraestructura de clase mundial que transformará la manera en que los peruanos se desplazan. Con la Línea 2, reduciremos a la mitad los tiempos de viaje y mejoraremos la calidad de vida de millones de ciudadanos”, afirmó el ministro.

Ventajas

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao conectará en solo 45 minutos los distritos de Ate y el Callao, beneficiando directamente a más de 2.5 millones de ciudadanos. Se trata del primer metro 100% automatizado del Perú, con tecnología de nivel GoA4, similar a los sistemas más avanzados que operan en los países más desarrollados.

Actualmente, la etapa 1A del proyecto opera en marcha blanca desde diciembre de 2023, cubriendo cinco estaciones entre Evitamiento y Mercado Santa Anita, con más de 26 millones de viajes gratuitos realizados.