Día: 20 de octubre de 2025

Hay 2.428 proyectos detenidos y se necesitan S/ 21.812 millones adicionales para que sean concluidos, según una estimación de la Contraloría hasta junio de este año. Mayor inversión se concentra en gobiernos regionales. Cusco, Puno, Lima, Áncash y Ayacucho tienen más casos por incumplimiento de contratos, falta de recursos y fallas en expedientes técnicos.

Carreteras, colegios, hospitales y sistemas de agua potable y alcantarillado que se han quedado en fierros, ladrillos, cemento y mucho polvo. Todos estos son proyectos que fueron anunciados con bombos y platillos y que, en la actualidad, se encuentran detenidos por negligencia o irregularidades del Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. Es un problema de todos los años que viene agravándose aún más en perjuicio de millones de peruanos.

A junio de este año, en todo el país existen 2.428 obras públicas paralizadas porque no han tenido ningún tipo de avance durante seis meses o más, según un último informe técnico de la Contraloría de la República.

Lo preocupante es que el Estado ya ha gastado cerca de 22.500 millones de soles y necesita 21.812 millones adicionales para que todos estos proyectos puedan ser terminados. Esto, debido a que el costo actualizado de las inversiones suma, en total, 44.297 millones de soles.

El mayor número de obras paralizadas se encuentra a cargo de los municipios provinciales y distritales (1.732). Le siguen el Gobierno nacional (369) y los gobiernos regionales (327). En montos de inversión, la lista se voltearía. Los gobiernos regionales tienen proyectos sin avance por 17.339 millones de soles, seguido por el Gobierno nacional, con 17.252 millones y los municipios, con 9.706 millones. Eso pasa porque los alcaldes formulan proyectos más pequeños.

Asimismo, las regiones donde se concentran los proyectos detenidos son Cusco (320), Puno (273), Lima (196), Áncash (193) y Ayacucho (163), revela el informe de control (ver infografía).

Esta es la papa caliente que dejarán las autoridades del Ejecutivo en julio del 2026; así como los gobernadores regionales y alcaldes en enero del 2027.

“No hay nada peor que una inversión realizada por el Estado que está paralizada. Hubiese sido mejor no ejecutar”, responde el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), Guido Valdivia, quien agrega que en un solo año el costo de todas las obras públicas detenidas creció en 25%, al pasar de 36.000 millones de soles, en junio del 2024, a 44.000 millones, en junio del 2025. “Es un problema real.  Y no es solo por las obras nuevas que aumentan la cifra sino por la actualización de aquellas que no avanzan y se van deteriorando”.

Serias deficiencias

Pero, ¿por qué ocurren estos problemas? De acuerdo con el informe de la Contraloría, los proyectos están paralizados por incumplimientos de contrato (610), falta de recursos financieros y liquidez (516), deficiencias en el expediente técnico (249), discrepancias, controversias y arbitrajes (222), abandono de la obra (193), entre otras causales.

El excontralor Nelson Shack  responde que la paralización de las obras públicas “es el síntoma final de la problemática de la inversión pública en el Perú, ya que la causa de fondo es la baja capacidad de ejecución y de gestión de las entidades”. El excontralor Fuad Khoury agrega que también es por la corrupción que aparece por el poco nivel de integridad de los funcionarios.

Y mientras eso sucede, la cartera de proyectos sigue aumentando sin que concluyan los que están en ejecución. Ese es otro problema, señala el funcionario de la Contraloría, Luis Portugal.

“Existe una saturación del sistema porque en Perú hay 131.000 inversiones con componente de obra de infraestructura en ejecución, pero el Estado tiene la capacidad para 45.000. Está sobrecargado casi tres veces en su capacidad”, menciona.

Pese a ello, explica, las autoridades quieren ejecutar estas inversiones, pero solo avanzan con algunas porque entra una nueva gestión y, por carácter de priorización, las paralizan por los recursos y empiezan otra obra que fue promesa de campaña. Eso repercute en la saturación del sistema”, dice Portugal.

En el caso de los gobiernos locales, afirma que los problemas se dan porque hay alta rotación de funcionarios, con cada cambio de gestión. “Lo más complicado es que, según Servir, solo el 2% tiene capacidad óptima para ejecutar inversiones”.

En tanto, según sectores, Portugal responde que hay más obras paralizadas relacionadas a  transportes y comunicaciones, vivienda y saneamiento, y agricultura. Hay muchas carreteras que no se concluyen; fibra óptica que son muy caras, sistemas de agua potable y colegios con malos expedientes técnicos, y sistema de irrigación con conflictos.

Pero eso no es todo. El mayor número de proyectos detenidos corresponde a la modalidad de ejecución por contrata (1.208), seguido por la administración directa (1.185), detalla el último informe de la Contraloría.

“Hay un círculo vicioso en las obras paralizadas. Se hace un mal expediente técnico que debe corregirse después, pero eso implica un nuevo plazo y un aumento del presupuesto. Los funcionarios se asustan, no aceptan y, al final, el proyecto para y se va al arbitraje”, dice el vocero de Capeco, Guido Valdivia.

Debido a ello, propone que se regule los proyectos por administración directa, que nadie vigila porque son de emergencia. “Son montos de menor cuantía, pero una comisión  integrada por los colegios profesionales puede inspeccionarlos. También los bancos y compañías de seguros, a través de Asbanc y Apeseg, deben presentar una plataforma virtual para que las autoridades puedan revisar las fianzas de las empresas, con el fin de saber si tienen liquidez. Además, no se deben aprobar nuevas inversiones si los ejecutores tienen obras paralizadas”.

Acciones de Contraloría

El contralor César Aguilar ha señalado que, desde agosto del 2024 hasta setiembre del 2025, se han reactivado 382 obras públicas por un monto de S/5.100 millones. De estas, en 221 intervino la Contraloría mediante el  nuevo servicio de control, lo que equivale al 58% del total reactivado. “Esta es una estrategia de acompañamiento técnico y preventivo, articulación institucional y compromisos de gestión entre los actores involucrados”.

Los proyectos reactivados están concentrados en sectores claves, como transportes, vivienda, saneamiento, salud y educación. “Se busca evitar el deterioro de las estructuras, la pérdida de recursos públicos y el riesgo de que nuevas paralizaciones comprometan la culminación de proyectos”, dijo.

Reclamo de municipios

La Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) viene  denunciando la paralización de más de 1.200 obras ejecutadas hace dos años debido a la falta de financiamiento adecuado por parte del Gobierno.

Héctor Lolo Antonio, alcalde de Tayacaja y vicepresidente de la Remurpe, señaló que el Gobierno, a través de la Ley de Presupuestos y la Ley de Crédito Suplementario, ha destinado solo entre 15% y 30% del financiamiento necesario para completar las obras, las cuales abarcan sectores críticos, como educación, salud, infraestructura vial, agua y saneamiento.

“Hay un peloteo entre el MEF y los ministerios. En el MEF nos dicen acérquense a los sectores de Vivienda, Transportes; y vamos allá y nos dicen vayan al MEF. No sabemos qué hacer. Hemos tenido 200 protestas y eso va a reventar porque los vecinos de nuestros pueblos vendrán a Lima”

Entre enero y agosto de 2025, el impulso fue principalmente por la demanda de materiales y el repunte de la inversión pública. El presidente de Capeco, Alejandro Garland Stromsdorfer, destacó que “este crecimiento por cuarto mes consecutivo del sector Construcción responde a dos factores: el incremento del consumo de cemento, que alcanzó un 4.7% en los primeros ocho meses de 2025; y el mayor avance de la obra pública, que creció 5.4% en el mismo periodo”.

Sin embargo, Garland precisó que aunque la construcción y la inversión crecerán este año y el siguiente, lo harán a un ritmo insuficiente para reducir los niveles de pobreza, generar empleo formal, mejorar la competitividad del aparato productivo nacional y reducir la desigualdad en los niveles de desarrollo de las diferentes regiones del Perú.

Política públicas

El presidente de Capeco enfatizó que es fundamental que el Estado adopte políticas públicas orientadas a facilitar la inversión, tanto pública como privada. Indicó que es urgente una reforma integral del sistema de gestión de obras públicas que permita una ejecución más eficiente, transparente y oportuna de los proyectos.

“Debemos consolidar iniciativas recientes como el cambio de enfoque de la Contraloría hacia un control preventivo, la aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Público–Privadas y la implementación de Proyectos Especiales de Inversión Pública que demuestran ser modelos exitosos para reducir brechas de infraestructura. También debemos retomar y acelerar la eliminación de trabas burocráticas que retrasan las inversiones, mediante el shock desregulatorio anunciado por la gestión anterior del Ministerio de Economía y Finanzas. Esperamos que la ministra Miralles continúe en esa misma línea”.

Incertidumbre

Para el gremio Capeco, además de estos factores estructurales, también hay condiciones coyunturales que impiden una mejor performance de la construcción y de la inversión. La incertidumbre política que el país vive desde hace varios años puede exacerbarse ante la inminencia de la próxima campaña electoral presidencial.

Crecimiento de la demanda

En materia de compra y alquiler de propiedades, el gerente de Marketing en Perú de Urbania.pe y Adondevivir.com, Luciano Barredo Alarcón, expresó que el mercado inmobiliario peruano muestra un cambio significativo en las preferencias de los consumidores.

“La compra de vivienda ha superado ligeramente al alquiler, con un 51% de personas que optan por adquirir una propiedad frente a un 49% que prefiere arrendar”, explicó. Remarcó que durante la pandemia el alquiler fue la opción más demandada debido a la incertidumbre económica, pero que la situación actual refleja una mayor confianza del consumidor.

El gerente de Marketing sostuvo que los distritos con mayor número de desarrollos inmobiliarios concentran el crecimiento tanto en compra como en alquiler, impulsados por la reactivación de las constructoras. “Eso hace mucho más atractivo comprar una propiedad en proyectos que recién empiezan, ya que los precios son menores a los que tendrán en los próximos años”.

En cuanto al perfil del comprador y arrendatario, Barredo señaló que ambos se han vuelto más similares. Además, las personas ya no se limitan a un solo distrito, sino que amplían su búsqueda hacia otras zonas donde pueden acceder a mejores precios y servicios.

“El teletrabajo ha cambiado la manera en que se elige una vivienda. Muchos prefieren vivir en condominios con amenities como coworking, gimnasio o piscina, aunque estén más lejos de sus centros laborales, porque pasan más tiempo en casa y valoran esos espacios”, precisó Barredo.

Demanda inmobiliaria

A nivel nacional, Lima concentra entre el 60% y 65% de la demanda inmobiliaria, mientras que las provincias muestran un crecimiento más moderado. Los principales indicadores que, según Barredo, marcan el pulso del sector son la velocidad de venta de nuevos desarrollos, el precio por metro cuadrado, los costos de materiales y las tasas de interés bancarias.

Cabe precisar que, respecto al contexto político, Luciano Barredo, gerente de Marketing de Urbania y Adondevivir, reconoció que la incertidumbre puede afectar la inversión y la confianza empresarial, aunque descartó que actualmente exista inestabilidad.

Certificación

La certificadora internacional Best Place to Live reportó un incremento del 50% en el número de inmobiliarias que han obtenido su certificación en 2025, según informó Cinthia Pasache, gerente Comercial de esta organización.

Mejoras

Cinthia Pasache de Best Place to Live destacó que la certificación se ha convertido en una herramienta de mejora continua para el sector. “El beneficio es doble: por un lado, las inmobiliarias logran diferenciarse; y por otro, reciben información estructurada del feedback de sus clientes, lo que les permite ajustar procesos, mejorar la atención y perfeccionar el producto.”

La minera china MMG Ltd. ha revisado al alza su estimación sobre la cantidad de cobre perdido por la minería informal en una zona clave de su concesión en Perú, destinada a convertirse en su próxima mina a tajo abierto. Según información publicada por Bloomberg, la empresa indica que los mineros informales han extraído aproximadamente 90,000 toneladas métricas de cobre en los últimos 15 años dentro del área vinculada a su operación de Las Bambas, un incremento respecto a la cifra anterior de 74,000 toneladas reportada hasta mediados de 2024.

Aunque esta cantidad representa solo una fracción del total de recursos de Las Bambas, la minería informal afecta una zona estratégica para los planes de expansión de MMG. La compañía planea construir una tercera mina a cielo abierto llamada Sulfobamba, ubicada en territorio donde la comunidad indígena de Pamputa ya realiza actividades de extracción que consideran artesanales. Esto genera un conflicto directo entre la empresa y la comunidad local.

Como concesionaria oficial, MMG tiene derechos legales sobre los minerales en la zona, pero todavía necesita negociar la compra de las tierras con la comunidad de Pamputa para avanzar en la construcción de la mina. En contraste, los habitantes han decidido expandir su propia cantera de cobre, lo que ha dificultado el acceso y desarrollo de MMG en el área.

Pablo O’Brien, exfuncionario del Ministerio de Minería y consultor de empresas mineras, señala que esta situación refleja una falta de protección estatal sobre concesiones otorgadas, lo que afecta la imagen del país frente a inversores internacionales. El auge de la minería informal en zonas rurales pobres de Perú, impulsado por los altos precios de los metales, ha provocado que un tercio de la extracción total denunciada por MMG ocurra en solo los últimos dos años, lo que equivale a un valor cercano a los 950 millones de dólares.

Las Bambas es la mina de cobre más grande de Perú y una de las principales a nivel mundial, representando casi el 2% de la producción global. La inversión inicial para su construcción fue de 10,000 millones de dólares. MMG, filial de China Minmetals Corp., adquirió la concesión en 2014 y ha operado desde 2016, enfrentando desde entonces problemas con la minería informal en la región.

MMG ha presentado más de 100 denuncias por actividades ilegales contra los mineros de Pamputa, quienes cuentan con representación legal para defender sus intereses. La minera estima que las pérdidas por minería informal representan alrededor del 7% de los recursos previstos para Sulfobamba, aunque el impacto en el total de Las Bambas es menor al 1%. A pesar de ello, la resistencia de los mineros informales ha impedido que MMG continúe con las perforaciones en el área y la cantera Apu Chunta se ha convertido en una de las mayores minas informales de cobre del mundo, poniendo en riesgo futuras inversiones a gran escala en Perú.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exhortó al gobierno del presidente José Jerí a adoptar medidas urgentes frente a la crítica situación financiera de Petroperú, advirtiendo que continuar destinando recursos públicos a la empresa estatal pone en riesgo la estabilidad fiscal del país. En ese sentido, la CCL pidió evitar más rescates financieros y aplicar de inmediato las reformas pendientes.

El presidente de la CCL, Roberto De La Tore, respaldó la decisión del Ejecutivo de remover al presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, y destacó la necesidad de ejecutar sin más dilaciones el Decreto de Urgencia 013-2024. Esta norma contempla la contratación de un gestor privado internacional y la venta de activos no estratégicos como parte del proceso de reestructuración de la empresa.

“La grave situación de la petrolera estatal no podrá solucionarse con más salvatajes», advirtió De La Tore. Recordó que los dos últimos gobiernos ya destinaron recursos equivalentes al 1% del PBI para mantenerla a flote, sin lograr una solución sostenible. Estas inyecciones de capital, dijo, solo han servido para aplazar una crisis financiera que se agrava con el tiempo.

Asimismo, enfatizó que las decisiones en torno a Petroperú deben tomarse sin interferencias políticas. Según la CCL, este tipo de presiones han obstaculizado la implementación de las medidas de reforma planteadas previamente, generando incertidumbre y postergando cambios estructurales urgentes.

Desde el punto de vista financiero, la situación de Petroperú es crítica. Al cierre de junio, la empresa contaba con apenas US$ 12,6 millones en efectivo frente a compromisos por US$ 7,933 millones, lo que evidencia una extrema vulnerabilidad. A esto se suma una deuda financiera de US$ 5,441 millones, cuyos intereses y amortizaciones comprometen aún más su ya escasa liquidez. Entre enero y julio, acumuló pérdidas por US$ 299,4 millones, equivalentes al 53% de su capital social.

Para paliar esta situación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la emisión interna de bonos soberanos por US$ 287,3 millones con vencimiento en 2034. No obstante, la CCL considera que este financiamiento es insuficiente ante las crecientes obligaciones de la empresa. De La Tore insistió en que incorporar inversión y gestión privada es la única salida viable para evitar que Petroperú siga siendo una carga para el Estado y para los contribuyentes peruanos.

El Perú podría repetir el auge minero de inicios de los años 2000 si logra ofrecer estabilidad política y reglas claras para la inversión, advirtió Alfonso Tejerina, director de Global Business Reports (GBR), durante su participación en el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Tejerina señaló que el país enfrenta un momento decisivo en medio de un contexto internacional favorable, impulsado por un nuevo superciclo de los minerales, con precios récord del cobre y el oro. Sin embargo, alertó que la incertidumbre política y la falta de previsibilidad en las decisiones públicas amenazan con restarle impulso a esta coyuntura.

“El superciclo anterior fue impulsado por la entrada de China a la OMC; el actual responde a tres grandes motores: la transición energética, la inteligencia artificial y la relocalización de las cadenas de suministro. Perú puede volver a vivir un auge si ofrece estabilidad y visión de largo plazo”, señaló Tejerina.

Un contexto global de alta demanda

El especialista explicó que el nuevo ciclo de precios altos no es coyuntural, sino estructural. La transición hacia energías limpias, la expansión de tecnologías intensivas en cobre —como los vehículos eléctricos— y la automatización impulsada por la inteligencia artificial sostienen la demanda de minerales clave.

No obstante, Tejerina remarcó que la minería peruana no ha respondido con igual dinamismo al aumento de precios. “Desde que empezó el nuevo superciclo del cobre en 2021, la producción no ha crecido al mismo ritmo. En los momentos de precios altos es cuando se dan las inversiones, y eso no está ocurriendo. Si arranca Tía María, sería una señal excelente para el mercado”, apuntó.

El riesgo electoral

El experto advirtió que esta nueva etapa coincide con un panorama político complejo: el país elegirá más de 2,000 autoridades en 2026, en medio de fragmentación y desconfianza institucional. “El país está en modo esperar y ver, y esa incertidumbre frena decisiones de inversión en exploración y expansión”, comentó.

A ello se suma el retorno del sistema bicameral y un Congreso con mayores atribuciones para la vacancia presidencial, lo que podría generar —según Tejerina— “un riesgo de parálisis en decisiones clave para la minería formal y las inversiones de largo plazo”.

Un potencial desaprovechado

Si bien Perú mantiene su posición como tercer productor mundial de cobre, con más del 70% de su cartera minera concentrada en este metal, Tejerina sostuvo que la falta de predictibilidad política y los conflictos sociales en zonas mineras limitan el desarrollo de nuevos proyectos.

Recordó que durante el auge de 2012-2015, las inversiones mineras superaron los US$ 9.000 millones anuales, lo que permitió duplicar la producción de cobre. “Hoy la producción bordea los 2,7 millones de toneladas, y el único salto reciente ha sido Quellaveco. Hay un potencial importante que podría aprovecharse si se dan las condiciones adecuadas”, añadió.

El director de GBR también alertó sobre los desafíos en torno al oro, cuyo precio superó los US$ 4.000 por onza este año, pero cuya producción formal en el país sigue siendo afectada por la minería ilegal, que representa cerca del 44% de las exportaciones auríferas no registradas en Sudamérica.

Madurez política y visión de largo plazo

Tejerina remarcó que la oportunidad que brinda el actual superciclo no solo depende de factores externos, sino de la capacidad del país para fortalecer su institucionalidad y ofrecer un entorno propicio a la inversión.

“El desafío no es solo aprovechar precios altos, sino demostrar madurez política para gestionarlos con visión de futuro. Si el Perú logra estabilidad y gobernanza, podría repetir el éxito del superciclo del 2000, pero esta vez con un enfoque más sostenible e inclusivo”, subrayó.

El informe de Global Business Reports concluye que el futuro del sector dependerá de reforzar el Estado de derecho, impulsar infraestructura y promover una minería formal que contribuya al desarrollo territorial.

El sólido crecimiento del sector minero en Chile y Perú ha convertido a ambos países en modelos económicos dentro de América Latina. Su desempeño ha captado la atención de otras naciones como Colombia y Bolivia, que evalúan sus propias estrategias a la luz de los resultados alcanzados por sus vecinos andinos.

Gracias a condiciones favorables del mercado internacional y a políticas sostenidas de fomento a la inversión, Chile y Perú han logrado niveles de exportación e indicadores macroeconómicos muy por encima de sus pares regionales. Esta evolución ha generado debates internos en otros países que buscan replicar su éxito.

De acuerdo con el Centro de Estudios Públicos para Latinoamérica (CIEPLAN), la minería representa cerca del 60 % de las exportaciones chilenas y un 10 % de su PIB. En Perú, el sector equivale a aproximadamente 9 % del PIB. Ambos países han integrado sus industrias mineras al desarrollo nacional de forma decisiva.

Chile continúa siendo el principal exportador global de cobre, con esta actividad representando el 88 % de su sector minero. Perú, en tanto, posee una matriz más diversificada, destacando en la producción de cobre, oro, plata y zinc. En conjunto, ambas naciones concentran cerca del 40 % de las exportaciones mundiales de cobre, según cifras de CIEPLAN.

Desde Colombia, el analista Louis Kleyn ha expresado admiración y preocupación: “Perú y Chile están muy avanzados en minería y sus poblaciones se han beneficiado enormemente del auge de esta actividad, especialmente con los altos precios del oro, cobre, níquel y litio”. Kleyn también señaló que en 2024, el PIB per cápita de Chile alcanzó los USD 14.600, duplicando al de Colombia y dejando a Perú muy cerca con USD 6.711.

En términos de comercio exterior, las cifras son contundentes. En 2024, Chile exportó minerales por USD 60.554 millones y Perú por USD 48.748 millones. En contraste, Bolivia reportó apenas USD 4.723 millones, según datos citados por Bolivia Verifica. Esta brecha ha sido tema central en los discursos políticos, especialmente en escenarios electorales.

Durante el debate presidencial en Bolivia del pasado 12 de octubre, el candidato Jorge Quiroga subrayó: “Tenemos que competir con Chile y Perú que nos ganan ocho o doce a uno en exportaciones mineras”. Las estadísticas confirman esa afirmación: Chile exportó 12,8 veces más que Bolivia y Perú, 10,3 veces más.

La diversificación minera en Chile y Perú incluye tanto minerales metálicos como no metálicos. El portafolio peruano abarca hierro, estaño, molibdeno, caliza, fosfatos y arena. Chile, por su parte, exporta además molibdeno, plata, plomo, manganeso, y no metálicos como carbonato de calcio y sulfato de sodio.

Un factor clave ha sido la gestión moderna de la industria minera. Según CIEPLAN, ambos países han promovido la innovación, la productividad y la integración con las comunidades, favoreciendo así la atracción de grandes inversiones. Casos como el de Cerro Verde en Arequipa, que trata aguas residuales para la ciudad, reflejan un enfoque de sostenibilidad y valor compartido.

En contraste, Colombia enfrenta demoras estructurales. Proyectos como Quebradona, La Colosa y Gramalote siguen sin concretarse debido a obstáculos regulatorios. Además, la ausencia de producción relevante de cobre limita la participación del país en un mercado clave. En oro, las exportaciones legales suman USD 3.000 millones, frente a los USD 9.000 millones de Perú.

La brecha en escala y sofisticación también se refleja en el liderazgo institucional. Nombres como Nelson Pizarro (ex CODELCO) e Iván Arriagada (Antofagasta Minerals) en Chile, y Pablo de la Flor en Perú, han sido referentes en promover una minería más innovadora, sostenible y comprometida con su entorno social.

Finalmente, el panorama regional muestra a Chile y Perú como referentes indiscutibles del desarrollo minero en Sudamérica. Su consolidación no ha sido casual, sino resultado de políticas públicas consistentes, estructuras empresariales robustas y una apuesta por la tecnología y el diálogo social. Su avance sigue marcando el ritmo del crecimiento minero en la región, mientras otros países intentan cerrar la brecha.

La minera canadiense Kuya Silver reportó un récord en ventas de plata durante el tercer trimestre de 2025 en su mina Bethania, ubicada en la región de Huancavelica, Perú. A pesar de una paralización temporal de sus operaciones debido a fallas técnicas en el sistema de compresores de aire, la compañía logró comercializar 16,983 onzas de plata (equivalentes a 21,435 onzas al incluir subproductos), reflejando una sólida demanda del mineral y una eficiente gestión operativa.

Durante el trimestre, la mina procesó 1,841 toneladas de mineral, alcanzando una recuperación metalúrgica del 91.6 % en plata, mientras que los índices de recuperación de plomo y zinc también presentaron mejoras significativas. La plata representó el 79 % de los ingresos totales, y el resto provino de la comercialización de plomo, zinc y oro.

Las operaciones se detuvieron a mediados del tercer trimestre debido a fallas simultáneas en compresores esenciales para la ventilación y perforación. Sin embargo, la empresa aprovechó este periodo para realizar mejoras permanentes en su infraestructura y adquirir nuevos equipos. Las operaciones se reanudaron a fines de septiembre, y en pocas semanas, la tasa diaria de extracción superó los niveles previos a la suspensión.

“Con la plata en máximos históricos y Kuya Silver en su posición financiera más sólida desde su fundación, este es el momento ideal para invertir en infraestructura y expansión”, afirmó David Stein, presidente y CEO de la compañía. Señaló que estos esfuerzos apuntan a consolidar una producción confiable en Bethania, preparar futuras ampliaciones y fortalecer la base de recursos tanto en la mina como en el distrito circundante.

En ese contexto, Kuya Silver anunció recientemente un plan de modernización de la operación Bethania, orientado a aumentar su capacidad y extender su vida útil. Entre las mejoras se incluye el desarrollo de un nuevo sistema de transporte subterráneo que optimizará el movimiento de mineral, personal y ventilación entre distintos niveles, elevando a la vez los estándares de seguridad.

La compañía reemplazará el antiguo sistema de rieles y vagonetas por vehículos modernos sin vías, con lo cual espera alcanzar una capacidad operativa de 350 toneladas diarias. Además, se construirá una galería de 3.5 x 3.5 metros que conectará niveles clave, brindando mayor flexibilidad para futuras expansiones.

La mina Bethania, situada a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar en el distrito de Colquijirca, es una operación subterránea histórica de plata, plomo y zinc, que tuvo actividad intermitente entre 1977 y 2016. Kuya Silver adquirió el activo con el propósito de relanzarlo como una mina moderna enfocada en altas leyes de plata y desarrollo escalonado.

Geológicamente, Bethania se encuentra en el cinturón metalogénico del centro del Perú, una zona rica en sulfuros polimetálicos. El yacimiento está compuesto por vetas epitermales de alta ley, con presencia de galena (plomo) y esfalerita (zinc), pero con un enfoque principal en la extracción de plata. Vetas como Carolina, Española, 12 de Mayo y Victoria han mostrado leyes superiores a 600 gramos por tonelada, según intercepciones recientes e históricas, consolidando a Bethania como un activo de alto potencial.