Día: 14 de octubre de 2025

Cencosud, uno de los conglomerados empresariales más grandes de Sudamérica y con fuerte presencia en el mercado peruano, anunció su ingreso al negocio de alquiler de departamentos con una inversión de US$ 20 millones. La iniciativa marca un nuevo paso en la expansión del grupo hacia el sector habitacional, donde busca combinar vivienda, servicios y comercio en un solo concepto urbano.

La compañía —controlada por la familia Paulmann— desarrollará su primer proyecto bajo el modelo multifamily en Chile, denominado Torre Multifamily Cenco Florida. Este estará a cargo de Cencosud Shopping, la filial inmobiliaria del grupo que también opera en Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, y que ha sido clave en la consolidación de sus centros comerciales en la región.

¿De qué trata este proyecto?

Dr acuerdo a el medio Diario Financiero, nuevo edificio se levantará en un terreno contiguo al Florida Center, en la comuna de La Florida, Santiago de Chile. El proyecto contempla la construcción de una torre de 26 pisos, con 297 departamentos y cuatro locales comerciales, sobre un terreno de 7.485 metros cuadrados y una superficie edificada total de 22.640 metros cuadrados.

Inicialmente, la inversión fue estimada en cerca deUS$ 90 millones, aunque la compañía precisó que el monto definitivo ascenderá a US$ 20 millones, correspondiente a la primera etapa del desarrollo.

Cencosud destacó que este proyecto “marca el ingreso formal al negocio de renta residencial y refuerza la visión de centros comerciales como espacios de usos mixtos, integrando vivienda, servicios, gastronomía y áreas verdes”.

Nueva apuesta de Cencosud

La Torre Multifamily Cenco Florida se tramita como un proyecto independiente del centro comercial Florida Center, cuyo permiso ambiental fue aprobado en 1997. La empresa aclaró que el nuevo desarrollo cuenta con su propio expediente técnico y ambiental, al no compartir unidades funcionales con el mall existente.

Con esta apuesta, Cencosud busca consolidarse como un actor relevante en el segmento inmobiliario residencial, un sector en auge en la región. En el caso de Perú, donde la compañía opera tiendas por departamento, supermercados y centros comerciales, el grupo no descarta replicar el modelo multifamily en el mediano plazo, aprovechando la creciente demanda de vivienda en alquiler en Lima y otras grandes ciudades.

El 6 octubre 2013, se aprobó la construcción de una de las megaobras más importantes del Perú; una prisión capaz de albergar a 3.168 internos, distribuidos en 17 pabellones, que se situaría en el distrito de Santiago, en el departamento de Ica. Cinco años después, en junio de 2018, con una inversión de más de S/383 millones, iniciaron los trabajos del que sería el centro penitenciario más grande del país. En enero de 2020, a 15 días de que culmine del contrato y se entregue la cárcel, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) anuló el acuerdo y paralizó la obra, cuando esta registraba un avance del 25.77% frente al 97% que debía tener para esa fecha.

Cinco años después, el megaproyecto permanece sin terminar. El MINJUSDH, desde septiembre de 2025, puso su interés en este centro penitenciario, tras la creciente ola delincuencial y el grave problema de hacinamiento, que genera que muchos criminales detenidos no encuentren lugar en alguna de las cárceles del país. No obstante, el panorama no es el mismo, y el costo del megapenal incrementó en más del 100%; actualmente se requieren más de S/600 millones para retomar el proyecto, según el propio ministerio. El Sistema de Seguimiento de Inversiones sugiere que se necesitarían incluso más de S/870 millones.

En Perú es difícil que un delincuente sentenciado por algún delito termine en prisión. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las cárceles del Perú reportan un hacinamiento del 127%; es decir, hay una sobrepoblación de 61.348 internos. Como medida desesperada para dispersar las prisiones, el gobierno impulsó la construcción de nuevos centros penitenciarios, entre los que destacó el Megapenal de Ica, por su gran envergadura y la cantidad de presos que albergaría. En julio de 2019, el titular de la Justicia de aquel entonces, Vicente Zeballos, celebraba el avance del megapenal de Ica al 14%, sin esperar que seis meses después la obra se paralizará con menos de la mitad culminada.

Según el informe de visita de control N° 13616-2021-CG/JUSPE-SVC, al que tuvo acceso La República, el 9 de mayo de 2018, el MINJUSDH y el Consorcio Ejecutor Ica, conformado por la Impresa Pizzarotti & C.S.P.A., CMO Group S.A. y la Constructora MPM S.A., suscribieron el Contrato N 24-2018-JUS para la construcción del megapenal de Ica –bajo el nombre Instalación del servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica–, con una inversión de S/383.708.305 millones.

Las obras iniciaron el 19 de junio de aquel año y la fecha del término del contrato se fijó para el 12 de febrero de 2020; no obstante, el 27 de enero, el ministerio, a través de la Resolución Ministerial N 033-2020-JUS, declaró la nulidad del contrato. El 13 de octubre, la cartera ministerial suscribió con el Consorcio Santiago el contrato N 093-2020-JUS, que tuvo un costo de S/3.121.975 millones, para que este elabore el Expediente Técnico del Saldo de Obra, donde identifique qué trabajos faltaban, qué deficiencias existían y elabore los documentos técnicos necesarios para poder terminarla.

“Dentro de los 600 días iniciales que tenía la primera empresa para construir, el Ministerio de Justicia debió haber sido muy celoso en cuanto a la verificación y cumplimiento de los plazos por parte del contratista, porque llega casi a los 600 días para recién resolver el contrato. Eso es un aspecto que realmente desconocemos por qué motivos el MINJUSDH en su momento no le exigió, no le explicó las penalidades de manera oportuna y le dijo saben qué señores no me pueden tener casi dos años construyendo este penal y finalmente tengan un avance físico del 25%, lo cual es algo inaudito. (…) Había avanzado muy poco el contratista y se habían pagado ya varias valorizaciones. Una vez que se resuelve el contrato, la entidad lamentablemente tiene que asumir ese pasivo, pero a su vez tiene que dimensionar nuevamente qué es lo que se necesita para lograr construir o acabar ese proyecto», cuestionó Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría General de La República, para este medio.

¿Por qué se paralizó la construcción del megapenal de Ica?

Vera Coronel señaló que la paralización de la construcción se debió a controversias contractuales vinculadas a incumplimientos con los plazos. “Esa resolución, en un proceso arbitral, se declaró nula y nuevamente retrotrajo el procedimiento, pero luego que hace una evaluación el mismo Ministerio de Justicia se reafirma en la declaración de nulidad. Si tenemos en consideración el hecho de que desde el 2017 hasta 2020, cuando se declara la nulidad, la obra tenía un porcentaje de ejecución física muy poca, que era el 25% frente al cerca del 97% que para la fecha el contratista debió haber desarrollado”, refirió.

Luego de declararse la suspensión de la obra, entre el 20 y 22 de julio de 2021, la Contraloría visitó e inspeccionó las instalaciones del proyecto ya abandonado y encontró deficiencias en la construcción, como muros sin el acabado caravista, con faltas de alineamiento vertical y horizontal, deficiencias en la colocación del concreto, y fisuras en losas del piso y del techo de varios bloques. Además, se identificó que, en el nuevo Expediente Técnico del Saldo de Obra, elaborado por el Consorcio Santiago, con el fin de subsanar las deficiencias y culminar con la obra, se incluyeron conceptos ya pagados o valorizados previamente por el Consorcio Ejecutor Ica, incrementando el presupuesto del saldo de obra. El monto total de las partidas incluidas para subsanar las deficiencias y culminar el acabado fue de S/8.252.025 millones.

La Contraloría detectó irregularidades en el Expediente Técnico del Saldo de Obra. Foto: Informe de visita de control de la Contraloría.

“En la mayoría de casos es un mecanismo que obedece a dos aspectos, o contratas a un profesional que no tiene la suficiente experticia para poder identificar cuáles serían las partidas que estaban faltando su elaboración para poder concluir este proyecto, o en muchos casos, y eso es lo pernicioso, se agregan partidas con la finalidad de agregarle un costo mayor y ese costo mayor va a tener un impacto, ya sea un beneficio irregular para el contratista o forma parte de un manejo irregular entre entidad y el mismo contratista, porque esa impacta de manera directa en el costo del proyecto”, indicó.

La Contraloría también detectó que en el Expediente Técnico inicial se incluyó el material denominado “ochavo plástico” –usado en los encofrados (moldes) de concreto para crear un borde biselado o redondeado en las esquinas de las columnas, muros y vigas–, dentro del presupuesto de la obra, con un costo de S/0.54 por metro cuadrado. Sin embargo, no se evidenció su uso en los documentos del Expediente Técnico de Saldo de Obra y cuando personal de la entidad reguladora se apersonó al lugar no encontró que se haya usado el componente, generando un sobrecosto.

La Contraloría encontró deficiencias en la construcción que dejó el Consorcio Ejecutor Ica. Foto: Informe de visita de control de la Contraloría.

Ministerio de Justicia quiere retomar la construcción del penal, pero costaría más del doble del precio inicial

Según el Sistema de Información de Defunciones, entre junio y enero de 2025 se reportaron 1098 homicidios, 161 más que en el mismo periodo del año anterior. Frente a esta crisis de inseguridad, principalmente debido a la ola de extorsiones y violencia que han convertido al Perú en uno de los países más violentos de Sudamérica, el MINJUSDH ha lanzado una convocatoria para las empresas interesadas en finalizar la ejecución del megapenal de Ica, que ahora registra una inversión de más de S/600 millones, más del doble de lo que debió haberle costado al Estado en 2020.

“El proyecto que inicialmente se tenía con un costo de 300 y tantos millones, en la actualidad, ese costo es de más de 800 millones de soles. Y te preguntarás por qué ha crecido 383 millones a 875 millones, por qué motivos ha aumentado casi 500 millones. Acá, el principal factor es la oportunidad. Los costos establecidos e identificados desde el 2017 hasta el 2020 no son los mismos que se tiene en la actualidad y esto un poco también se ha debido a la ineficaz gestión para inmediatamente, una vez resuelto el contrato, convoque a una nueva empresa, a la elaboración de un saldo de expediente de obra, e inmediatamente ejecute ese proyecto”, detalló el vocero de la Contraloría.

Vera Coronel lamentó que, al resolverse el contrato en 2020, el expediente del saldo de obra que elaboró el Consorcio Santiago, al que contrató el MINJUSDH, tuvo serias irregularidades, que detalló se exponen en el informe 13616. Asimismo, reveló que en un inicio se les aplicaron penalidades a las empresas pertenecientes al Consorcio Ejecutor Ica, pero luego de la generación de las controversias, tanto la entidad como el propio constructor fueron a un arbitraje, donde se anuló el contrato.

“¿El proceso de nulidad en que decanta? En que la entidad tiene que hacer una nueva evaluación de la documentación que tuvo a la vista para que se vuelva a pronunciar, y una vez que se pronuncia el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia se ratifica en la decisión de la nulidad. Dijo, las causas que motivaron la resolución del contrato están bien aplicadas y por lo tanto me ratifico en el mismo fundamento”

Cada llamada de amenaza, cada “cupo” exigido, obra o negocio paralizado por miedo se traduce hoy en menos crédito, menos inversión y menos confianza. La ola de extorsiones se ha convertido en un factor económico que frena el crecimiento y altera la dinámica del sistema financiero.

Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, los préstamos de los bancos al sector transporte se redujeron en S/551 millones, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). También cayeron los créditos en construcción, actividades inmobiliarias y enseñanza, sectores donde las extorsiones se han vuelto parte del día a día.

En la construcción, la reducción fue de S/219 millones, en inmobiliarias el crédito cayó en S/1.222 millones, y en educación, en S/139 millones. Las empresas financieras, que atienden principalmente a micro y pequeñas empresas. muestran también un retroceso. En transporte, los préstamos cayeron en S/126 millones, construcción (-S/118 millones), actividades inmobiliarias (-S/97 millones) y enseñanza (-S/17 millones). En conjunto, la contracción supera los S/2.400 millones en ambos sistemas.

«La inseguridad ya tiene un efecto sobre el crédito»

En diálogo con La República, el economista Arturo García, docente de ESAN y presidente del Comité de Empresa, Banca y Finanzas del Colegio de Economistas de Lima, sostuvo que el sistema financiero refleja directamente el comportamiento de la economía real, y hoy la inseguridad se ha convertido en un factor determinante.

«El sector financiero es el espejo del sector real. Si la economía crece, el sector financiero crece; pero si la economía enfrenta inseguridad y extorsión, eso afecta a todos los sectores y, sobre todo, a las microempresas y pequeños negocios», explicó García.

El especialista precisó que los efectos de la actividad económica se trasladan al crédito con un rezago de entre cuatro y seis meses. En ese contexto, el incremento de las actividades delictivas durante los últimos meses ya empieza a reflejarse en una mayor cautela de la banca.

«Las entidades financieras ven a estos negocios —especialmente los más pequeños en transporte o construcción— con mayor riesgo y, por lo tanto, con menor capacidad de pago. Esto los hace sujetos de menores niveles de crédito», afirmó.

Para García, la inseguridad y las extorsiones no solo afectan la liquidez (dinero inmediato) de las empresas, sino también su capacidad de operar y su voluntad de crecer.

«Muchos pequeños han cerrado, otros emprendimientos ya no se han dado, y los que siguen activos han reducido su nivel de actividad. Tienen que destinar recursos no solo a pagar extorsiones, sino también a incrementar medidas de seguridad», detalló.

Los sectores más expuestos son también los más morosos

En la misma línea, el economista César Antúnez, especialista en finanzas, señaló que los sectores más afectados por la inseguridad —como construcción, transporte e inmobiliarias— coinciden con los de mayor morosidad.

«Construcción tiene una morosidad de 13,9%, la más alta de todos los sectores. Transporte está en segundo lugar con 5,1%. Educación tiene una tasa menor, pero igual presenta dificultades. Son sectores donde la actividad depende mucho del día a día y son más fáciles de extorsionar», indicó.

Antúnez explica que en el caso de la construcción, “es vox populi” que ninguna obra —grande o pequeña— está libre de extorsión. «Las extorsiones han subido el cupo, el gasto. Se paga no solo a subcontratistas, sino a personas que teóricamente hacen guardianía, pero muchas veces ni siquiera están en campo. Eso ha elevado costos y afectado la morosidad», agregó.

Según el especialista, la banca está respondiendo con mayor rigidez. «Estas restricciones que ha sentido el último año, cuando la extorsión comenzó a ponerse más fuerte, han hecho que los bancos exijan mayores garantías y sean más estrictos en sus políticas de crédito. Piden estados financieros más sólidos o garantías reales que puedan ejecutar en caso de impago», explicó.

La inseguridad encarece el crédito y promueve la informalidad

El docente de ESAN, Arturo García, advierte que el aumento del riesgo percibido por las entidades financieras encarece el costo del crédito y restringe el financiamiento a los sectores más vulnerables.

«Al ser sectores de mayor riesgo por el tema de extorsiones, deben destinar parte de sus ingresos a pagar cupos o reforzar su seguridad. Eso reduce su capacidad de pago, y los bancos responden con mayor rigurosidad o tasas más altas. El crédito se vuelve más caro», explicó.

Antúnez coincide y añade que la morosidad alta obliga a los bancos a elevar sus provisiones, lo que también incrementa las tasas.

«Al tener mayor riesgo, los bancos se cubren con una tasa más alta, porque deben hacer más provisiones, que son un gasto que reduce su utilidad. Esa menor rentabilidad la trasladan a las tasas», dijo.

Además, advierte que las pequeñas y medianas empresas han sido las más golpeadas.

«Los bancos han ido dejando a las medianas —donde están transporte y construcción— para enfocarse en pequeñas empresas y tratar de reducir la morosidad. Pero eso ha restringido el crédito formal para muchos emprendedores», explicó.

Efecto regional y diferencias entre entidades

Antúnez también precisa que el impacto de la inseguridad es mayor en la costa, donde se concentra la banca comercial, mientras que las cajas regionales han resistido mejor. «Las extorsiones se sienten más en la costa, donde están los bancos. En la sierra y la selva, donde predominan las cajas, el efecto ha sido menor. Las cajas son más regionalistas —Cusco, Arequipa— y su cartera no está tan expuesta a la inseguridad urbana», señaló.

El experto añadió que, en transporte, la informalidad agrava el problema. «El transporte no es un mercado muy formal. La mayoría cobra en efectivo y no tiene contabilidad sólida. Cuando van a pedir crédito, no presentan estados financieros consistentes. Por eso los bancos son más restrictivos», explicó.

Criminalidad en aumento

Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), los casos de extorsión aumentaron 478% entre 2019 y 2024, al pasar de 3,872 a 22,400 denuncias. Solo entre enero y septiembre de 2025 se registraron 20,705 denuncias, un alza de 28,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

El analista de datos Juan Carbajal advierte que los casos de extorsión ya representan el 82% del total de 2024, lo que anticipa un nuevo récord. Las regiones más golpeadas son Lima (8,670 denuncias), La Libertad (3,097), Piura (2,054), Lambayeque (715) y Callao (633), que concentran el 78,4% de los casos.

En el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que el Perú pierde S/19.000 millones anuales por la inseguridad, mientras que la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierte que «la escalada de violencia que se vive desde 2021 afecta especialmente a sectores con alta informalidad, como transporte, comercio y construcción.

Ambos economistas coinciden en que la ley que fijó topes a las tasas de interés —aprobada por el Congreso hace tres años— agravó el problema del crédito formal.

«Esa ley afectó la inclusión financiera. Muchos pequeños negocios quedaron fuera del sistema y recurrieron al crédito informal. Fue una medida contraproducente que alimentó las actividades delictivas vinculadas a la extorsión», sostuvo García.

Antúnez sostiene que el mercado debe funcionar bajo el libre juego de la oferta y demanda. «Las tasas deberían ajustarse según el perfil de riesgo. Poner topes distorsiona el sistema y reduce el acceso al crédito», puntualizó.

Un reto para el nuevo gobierno

Finalmente, García destacó que el nuevo gobierno transitorio —tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jeri— debe colocar la seguridad como prioridad nacional.

«Más allá de los efectos económicos, está el tema de la seguridad de las personas. Este gobierno tiene que hacer gestión en ese tema. Es importante reactivar el Acuerdo Nacional con participación de todos los agentes económicos para definir medidas que disminuyan este impacto», remarcó.

Antúnez coincidió en que el crecimiento y la recuperación de la confianza serán claves para revertir la tendencia. «Si mejora la seguridad, la confianza empresarial y la inversión en infraestructura, la morosidad puede bajar. Al haber menos interrupciones de obra o atrasos, las empresas podrán volver a solicitar créditos con normalidad»

El Puerto de Matarani recibió una inversión de US$700 millones por parte del Estado peruano, consolidándose como un hub estratégico para el comercio exterior de la macrorregión sur. Esta inyección de capital fue aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como parte de la Adenda N.° 5 al contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, publicada el 4 de octubre mediante el Decreto Supremo N.° 015-2025-MTC. Este nuevo financiamiento se añade a los US$120 millones previamente asignados al proyecto.

El Terminal Portuario de Matarani, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa, eje clave para el comercio exterior del país, especialmente al movilizar actualmente la mitad de las exportaciones de cobre del Perú. Con la nueva inversión, el puerto busca responder a la demanda actual y al crecimiento proyectado de sectores estratégicos como la minería, la agroexportación y la industria manufacturera.

El plan de inversiones en el Terminal Internacional del Sur contempla ocho etapas sucesivas destinadas a garantizar la continuidad operativa, reducir cuellos de botella y posicionar a Matarani como una puerta estratégica para el comercio sudamericano.

Puerto de Matarani: infraestructura moderna con alto impacto económico para el sur del Perú

El plan de modernización del Termina Portuario de Matarani contempla la construcción de un nuevo amarradero multipropósito, la instalación de grúas eléctricas de última generación y la ampliación del muelle existente. Además, se incluye un almacén con capacidad para 40.000 toneladas métricas de minerales, así como espacios especializados para la gestión eficiente de contenedores, lo que permitirá mejorar la capacidad operativa y logística del puerto.

Más allá de la infraestructura, el proyecto tendrá un impacto significativo en la economía regional. Se estima la generación de 1.800 empleos directos durante la etapa constructiva, además de un aporte fiscal aproximado de US$356 millones. Asimismo, se proyecta un efecto multiplicador que podría alcanzar los US$11.000 millones en inversiones relacionadas, fortaleciendo el dinamismo económico de Arequipa y del sur del Perú.

El presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Piura, Mateo Gómez Matos, destacó los esfuerzos realizados para promover el diálogo entre empresas, comunidades y autoridades en torno al rol de la minería formal. En particular, mencionó el trabajo con jóvenes y pobladores de las zonas vinculadas al proyecto hídrico minero El Algarrobo, quienes —afirmó— han mostrado disposición a apostar por un modelo de desarrollo sostenible que integre inversión, empleo y mejora de calidad de vida.

“Nos hemos preocupado por incluir a los pobladores de Locuto y de todos los caseríos vinculados al proyecto El Algarrobo. Se ha demostrado que los jóvenes sí creen en la minería formal, porque entienden que puede ser una palanca de desarrollo en una zona históricamente abandonada por la inversión”, señaló Gómez, subrayando la importancia de informar y escuchar activamente a las comunidades locales.

Frente al anuncio de un congreso en contra de la minería formal, impulsado por el Frente de Defensa de los Intereses de Tambogrande, Gómez cuestionó que muchos dirigentes guarden silencio frente a la minería ilegal y el estancamiento del proceso de formalización en el país. “Nunca se oye una crítica a la minería ilegal o al fracaso del Reinfo, que desde 2019 ha tenido múltiples prórrogas sin resultados. El debate real debe enfocarse en la necesidad de una minería regulada, ambientalmente responsable y que beneficie directamente a las comunidades”, afirmó en declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR).

El dirigente empresarial también advirtió que, pese a señales macroeconómicas favorables, Piura ha retrocedido en el Índice de Competitividad Regional, ubicándose en el puesto 16 según el Instituto Peruano de Economía. Ante ese escenario, recalcó que la única forma de revertir esa situación es impulsar la inversión, tanto pública como privada, especialmente en infraestructura, conectividad y servicios básicos.

Finalmente, sostuvo que Piura tiene el potencial para convertirse en una región modelo en desarrollo territorial si se articulan correctamente las inversiones. “La minería formal, bien hecha y con control del Estado, puede convertirse en una verdadera oportunidad de progreso. Pero eso requiere dejar de lado discursos estancados y enfocarse en soluciones concretas. La región no puede seguir postergando su desarrollo”, concluyó.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas, las habilidades personales y el liderazgo de los futuros profesionales del país, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) desarrolló en Trujillo el XXXVI Taller de Integración Minera y Desarrollo Sostenible, que congregó a más de 200 estudiantes y egresados de diversas carreras de la región La Libertad.

El evento, organizado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se realizaron seis sesiones temáticas sobre la actividad minera moderna y un panel juvenil denominado “Juventud y Sostenibilidad: Construyendo la minería del mañana con innovación y propósito”.

Durante las jornadas, los participantes recibieron capacitación en temas como el rol del Ingemmet y el catastro minero en la gestión sostenible del territorio, buenas prácticas en minería, instrumentos de gestión ambiental, mecanismos de participación ciudadana, marketing estratégico para emprendedores jóvenes, entre otros.

“El Programa de Integración Minera busca formar jóvenes con una visión crítica, técnica y comprometida con una minería responsable y respetuosa del medio ambiente, al servicio del desarrollo del país”, destacó Mayra Figueroa, directora de Sostenibilidad y Articulación Minera (DSAM).

La instrucción estuvo a cargo de especialistas del MINEM, Produce, Ingemmet y ProInversión, quienes resaltaron el potencial minero de La Libertad, región con una destacada actividad aurífera que constituye un espacio estratégico para el desarrollo de iniciativas de sostenibilidad, inclusión y formación ciudadana.

El panel juvenil —implementado por primera vez en esta edición— — se consolidó como un espacio de diálogo e intercambio de ideas, con la participación de jóvenes promotores del Programa de Integración Minera y egresados representantes del sector minero, quienes compartieron sus experiencias e inspiraron a los jóvenes a seguir formándose y participando activamente en una minería moderna y sostenible.

El taller reunió a representantes de diversas organizaciones estudiantiles como, Amautas Mineros, Women in Mining, Centros Federados de Estudiantes de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo, y la Student Scientific Association of Mining Engineering (SSASEM), entre otras.

Desde su creación en 2019, el Programa de Integración Minera (PIM) ha realizado 36 ediciones a nivel nacional, capacitando a más de 3,200 jóvenes de 120 carreras profesionales distintas, reafirmando el compromiso del MINEM con la formación de líderes para una minería sostenible e inclusiva.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) mediante el proyecto de Decreto Supremo Nº 317-2025-MINEM/DM que busca modificar los artículos 13 y 32 del Reglamento para el Cierre de Minas, ha planteado que el OEFA realice sus fiscalizaciones de campo en no más de 45 días.

La propuesta normativa tiene como fin establecer plazos claros y auditables en los procedimientos de evaluación de Planes de Cierre de Minas (PCM) y en la emisión del Certificado de Cierre Final, debido a que ha identificado deficiencias estructurales graves en los procedimientos de cierre de minas en los últimos tres años.

La reforma del artículo 32 dispone que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inicie la fiscalización en campo en un máximo de 45 días hábiles y remita su informe en 90 días, prorrogables 30 días por complejidad, mientras que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) deberá expedir su propio reglamento de plazos.

El texto propone introducir cambios al artículo 13, con plazos diferenciados, secuenciados y rígidamente auditables para cada etapa de los procedimientos de cierre de minas. La admisibilidad deberá tomar un máximo de 5 días hábiles; la subsanación de observaciones 2 días hábiles, en un solo acto; la evaluación por DGAAM unos 30 días hábiles para modificaciones, 45 días para actualizaciones y nuevos PCM. Mientras que el requerimiento de información complementaria, será único y no prorrogable, con un plazo máximo de 10 días para responder y la resolución final por DGAAM tendrá un máximo 5 días hábiles tras opinión definitiva de DGM.

Plazos legales incumplidos

Según la exposición de motivos del proyecto, mientras la norma vigente fija un plazo de 40 días hábiles para la evaluación de modificaciones y actualizaciones de planes existentes, el tiempo promedio real fue de 110 días. En el caso de los de planes nuevos, el tiempo efectivo subió a 196 días hábiles entre 2023 y julio de 2025.

En 2023 la tasa de cumplimiento bajo el plazo de ley fue de 2%, y en 2024 subió apenas a 8%, para luego este año desplomarse al 0%, es decir ningún plan de cierre de minas fue aprobado dentro de los plazos previstos en el presente ejercicio.

El documento señala que en la etapa de emisión del Certificado de Cierre Final (momento en el que el OEFA revisa que la mina haya culminado el cierre), los retrasos se agravaron: en el caso del Depósito de Concentrados Atalaya, el procedimiento se extendió hasta 1,094 días calendario (unos tres años), muy por encima de los plazos de ley; y en el Depósito de Concentrados Rímac, los procesos denegados se prolongaron hasta 3998 días (unos once años).

Factores del atraso

Según una nota publicada por Infobae, el MINEM ha identificado por ejemplo la ausencia de plazos claros para la recepción de aportes técnicos, la multiplicidad de requerimientos de información complementaria, y la carencia de plazos obligatorios para la emisión de informes por parte del OEFA y de Osinergmin.

Según el sector estos factores han propiciado un contexto de ineficiencia, debilitado la previsibilidad jurídica, e incrementado los costos para titulares mineros y para el propio Estado. La propuesta normativa está disponible en el portal institucional del MINEM y recibirá comentarios y aportes de la ciudadanía durante 15 días calendario.