Día: 18 de septiembre de 2025

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) presentó a empresas constructoras el proyecto conocido como Megapenal de Ica, con el objetivo para que participen en la convocatoria de su construcción, la cual se encuentra paralizada desde el 2020.

Según informó el ministerio este establecimiento penitenciario tendrá capacidad para 3,168 personas (2,970 hombres y 198 mujeres) y contará con una inversión superior a 600 millones de soles, lo que cubre tanto la construcción como la supervisión de la obra.

El jefe de la Oficina General de Administración del Minjusdh, Tiberio Cayo Robles Yanoc, indicó que la construcción de este penal tiene el objetivo de disminuir el hacinamiento carcelario, reforzar la seguridad ciudadana y brindar espacios para la resocialización conforme a estándares internacionales.

Por otra parte, la arquitecta Sheyla Morales, jefa de la Oficina de Gestión de Inversiones del ministerio, explicó que la contratación se realizará a precios unitarios y existe un monto adicional destinado a la supervisión.
Por su parte, el coordinador del proyecto, Juan Álvaro Colp Espinoza, anotó que el proyecto se encuentra en un terreno de 88 hectáreas, de las cuales 25 estarán destinadas a la construcción de pabellones y áreas complementarias.

La infraestructura contempla 17 pabellones especializados, entre ellos módulos para régimen cerrado, áreas de salud, educación, talleres productivos, aulas, espacios deportivos, locutorios y un pabellón femenino diferenciado. Todo estará reforzado con un sistema de seguridad inteligente, que incluye cámaras de videovigilancia, Rayos X, body scan, sensores de movimiento y un sistema automatizado con inteligencia artificial para el control de accesos.

La obra se encuentra paralizada

Según un informe de Canal N, el proyecto permanece paralizado desde el año 2020. Iniciado en el año 2018, tuvo una inversión inicial de 380 millones de soles y debió estar listo en 2020, pero debido a problemas contractuales se detuvieron las obras.

“Es un penal que empezó su construcción en el año 2018, y se paralizó el 2020 por problemas ya de orden contractual entre el consorcio ganador y el ministerio de Justicia. Por lo tanto, hay un perjuicio”, señaló Luis Vila Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio de Ica.

El Minjusdh informó en abril de 2025 que aprobó el expediente técnico de saldo de obra.

“Este penal ya cuenta con un expediente técnico de saldo de obra y esperamos que a más tardar en julio podamos lanzar la convocatoria y así culminar, en el plazo aproximado de dos años, con la construcción de este penal y entregarlo al INPE”, indicó el entonces ministro Juan Alcántara.

El proyecto Escuelas Bicentenario, que se consolida como el mayor legado de infraestructura educativa de los últimos 20 años y es sello del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, mantiene actualmente 34 colegios en construcción que serán entregados este año, completando un total de 75 Escuelas Bicentenario en Lima y regiones, para beneficio de 119 000 estudiantes y 5100 docentes con una inversión de más de 5 millones de soles.

Desarrollados bajo el modelo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido y la asistencia técnica de Finlandia, lo que garantiza transparencia, eficiencia y calidad internacional, actualmente el proyecto construye 23 colegios en Lima.

En San Juan de Lurigancho, el distrito más grande de Lima Metropolitana, se construye la mayor cantidad de Escuelas Bicentenario, con 14 colegios que benefician a más de 29000 estudiantes, entre los que destaca la  IE 126 Javier Pérez de Cuéllar, con un 74 % de avance de obra.

La inversión en San Juan de Lurigancho supera los S/1082 millones e incluye también las instituciones educativas Toribio de Luzuriaga y Mejía, Gran Amauta Mariátegui, Mártir Daniel Alcides Carrión, Independencia Americana, 10 de Octubre, Coronel Néstor Escudero Otero, Juan Velasco Alvarado, Santa Elizabeth, Inca Manco Cápac, Tomás Alva Edison, 166 Karol Wojtyla, Francisco Bolognesi Cervantes y Ramiro Prialé Prialé. Además, se construyen 5 colegios en Villa María del Triunfo, 3 en Villa El Salvador y 1 en Carabayllo.

En Puno se construyen 6 Escuelas Bicentenario que beneficiarán a más de 5600 estudiantes con una una inversión de 527 millones de soles.

Destaca la IE Glorioso 821 (Macusani, Carabaya), con un 96 % de avance de obra. Las demás escuelas que se construyen son IE Tawantinsuyo (Desaguadero, Chucuito), IE Varones (Huancané), IE Telésforo Catacora (Juli, Chucuito), IE Pedro Vilcapaza (Azángaro) e IE José Gálvez (Yunguyo).

En Cusco, la Institución Educativa Agustín Gamarra, en el distrito de Anta, cuenta con una inversión de 121.9 millones de soles y atenderá a más de 1500 estudiantes.

En Cajamarca, la Institución Educativa San Marcos, ubicada en Pedro Gálvez, tiene una inversión superior a 100 millones de soles y beneficiará a 1100 estudiantes. Además, se construyen dos colegios adicionales en La Libertad y Lambayeque, completando la entrega del primer paquete.

Segundo paquete de proyectos

En 2026 se inaugurará un segundo paquete de 17 colegios, con lo que el proyecto alcanzará un total de 92 Escuelas Bicentenario en 18 regiones, que beneficiarán de forma directa a más de 140,000 estudiantes.

Estarán ubicadas en San Martín (1), Moquegua (1), Loreto (1), La Libertad (1), Amazonas (2), Apurímac (3), Huánuco (2), Ayacucho (1), Pasco (1), Cajamarca (1), Lima (1) y Piura (2).

Estas escuelas contarán con talleres de Arte y de Educación para el Trabajo, que incluirán cortadoras láser, impresoras 3D, escáneres y máquinas de sublimación.

También se implementarán aulas de innovación pedagógica, laboratorios de ciencia y tecnología, bibliotecas y espacios administrativos y de bienestar estudiantil. Además, tendrán diseño bioclimatológico, adaptado a cada región para garantizar confort térmico, ventilación natural, luz adecuada y eficiencia energética.

Hasta la fecha, 41 colegios ya están operativos, beneficiando a más de 62 000 estudiantes en Lima y regiones como Junín, Ucayali y Callao, con una inversión superior a 3000 millones de soles.

Ucayali: primera Escuela Bicentenario

El proyecto empieza a transformar regiones amazónicas con la próxima inauguración de la Institución Educativa Fernando Carbajal, la primera Escuela Bicentenario en la región Ucayali, donde atenderán a 1163 estudiantes de nivel secundaria. La obra tiene una inversión de más de 104.4 millones de soles.

Construida en solo 14 meses, la nueva infraestructura cuenta con 25 aulas modernas, laboratorios de ciencia y tecnología, 3 aulas de innovación pedagógica, 3 talleres creativos de arte, 2 talleres de Educación para el Trabajo, biblioteca, así como ambientes administrativos y de bienestar estudiantil.

Desde 2023, el Gobierno ha destinado más de 11 400 millones de soles en mantenimiento, renovación y construcción de colegios, entregando 153 escuelas en 15 regiones y beneficiando a más de un millón de estudiantes.

La minería ilegal y delitos conexos en territorios de pueblos indígenas u originarios, en los departamentos de Amazonas y Loreto, fue el tema por el cual sesionaron conjuntamente esta tarde las comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología con la de Energía y Minas.

La sesión fue conducida por la congresista Silvana Robles Araujo (BS) y el parlamentario Víctor Cutipa Ccama (JP-VP-BM), presidentes de los grupos de trabajo mencionados, respectivamente.

Silvana Robles Araujo mostró su preocupación por lo que viven las comunidades nativas de las naciones Wampis y Awajún “por las actividades extractivas ilegales, como son la minería ilegal de oro, la tala ilegal indiscriminada y el accionar del crimen organizado que destruyen sus territorios y ponen en riesgo su supervivencia”.

La congresista Elizabeth Medina Hermosilla (SP) señaló que en el Legislativo “le hemos dado la espalda a los hermanos de las comunidades nativas, porque ellos piden presencia del Estado para combatir la minería ilegal”.

“Debemos exigir, precisó, que el Ejecutivo haga el redimensionamiento de todas estas zonas (bosques) para poder atender los pedidos de los hermanos de las comunidades nativas”.

Precisamente, en la sesión, se hicieron presentes los representantes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), Rojas Wachapa Impi; y del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), Teófilo Kukush Pati.

Ambos expresaron su preocupación por la presencia de los mineros ilegales en los bosques de Amazonas y Loreto, y denunciaron que cuando el gobierno central organiza interdicciones, utilizan a niños de cinco a diez años como escudo para defender sus dragas.

Además, dijeron, hay conflictos sociales, contaminación de las aguas de los ríos, y la falta de agua potable.

Como respuesta, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, dijo que “el minero ilegal no es un administrado del Ministerio de Energía y Minas. No tenemos registros de mineros ilegales. No perseguimos mineros ilegales. Tampoco tenemos ningún trato con ellos”.

“Porque la minería ilegal es un delito tipificado en el Código Penal, continuó. Sin embargo es un problema social real. Y desde ese punto de vista expresó que este gobierno está comprometido en la lucha contra la minería ilegal, en el entendido de que es una actividad sumamente peligrosa, más peligrosa que el narcotráfico”

Sobre la presencia de la minería en Amazonas y Loreto expresó que “en las dos concesiones mineras que hay en la Cordillera del Cóndor, solo hay 15 Reinfos, 14 en una, y 1 en otra. Todo lo demás ya no existe”

“Una vez terminada la depuración del Reinfo, estamos decididos a formalizar a la mayor cantidad de mineros que expresen la voluntad de querer pasar a la formalidad”, señaló.

En su momento, el viceministerio de Políticas para la Defensa, Ministro de Defensa, César Torres Vega; y el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Maxfredid Pérez Rodríguez, informaron sobre los operativos realizados en la zona.

Informaron que se ha observado gran cantidad de dragas en el río Santiago, “con perjuicio de comunidades nativas Wampís y Awajún. Muchas dragas operan en zonas cercanas a orillas de comunidades nativas”.

“El último operativo importante, realizado con apoyo de un helicóptero del Ejército Peruano y embarcaciones del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), fue en enero 2025. El resultado fue la destrucción de una sola draga, pues gran parte de la población de las comunidades nativas salieron a impedir la acción de los efectivos policiales”.

Dijeron que “se han llevado a cabo reuniones con autoridades regionales y locales y reuniones de trabajo con autoridades de las comunidades Wampís, quienes solicitan la realización de operaciones de interdicción y la presencia permanente de efectivos policiales para impedir esta actividad ilícita que tanto daño les viene ocasionando”.

En la sesión también participó el director regional de Energía y Minas, Edwin Mori Llanca, y el gerente de la Autoridad Regional Ambiental, Julio Ravines Boñón, ambos del Gobierno Regional de Amazonas.

La minería ilegal sigue ganando terreno en la región de Puno ante la paralización del proceso de formalización minera, responsabilidad que recae en el Gobierno Central. De acuerdo con Edwin Chambilla Palomino, director regional de Energía y Minas, la situación ha alcanzado niveles críticos. Aunque inicialmente más de 12,000 mineros estaban registrados en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), actualmente solo poco más de 4,000 mantienen su inscripción activa, lo que representa un retroceso significativo.

Esta reducción en el número de mineros formalizados ha generado un repunte de actividades ilegales, especialmente en zonas altamente sensibles como San Gabán y Carabaya. Chambilla advirtió que alrededor de 6,000 mineros han quedado fuera del sistema, lo que ha permitido la expansión de la minería informal sin ningún tipo de control ni regulación en estas áreas, muchas de ellas ambientalmente vulnerables.

El funcionario criticó directamente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) por la falta de avances concretos desde que asumió nuevamente la competencia de formalización, tras la aprobación de la Ley 32213. A seis meses de su entrada en vigor, aseguró que no se ha logrado formalizar a ningún nuevo operador, lo que está profundizando la crisis en el sector y debilitando los esfuerzos regionales para contener la ilegalidad.

Pese a este escenario, la Dirección Regional de Energía y Minas continúa desarrollando operativos de fiscalización ambiental con los recursos disponibles. Durante lo que va del año 2025, se han emitido más de un centenar de resoluciones, además de aplicar sanciones, suspensiones y multas a operadores ilegales, con el fin de reducir los impactos sobre la cuenca del río Ramis, una de las más afectadas por la contaminación minera en el país.

La creciente expansión de la minería ilegal, sumada a la falta de avances en la formalización, está generando preocupación en las comunidades locales. Dirigentes y pobladores advierten que la ausencia de regulación no solo agrava los daños ambientales, sino que también pone en riesgo la salud pública y compromete la sostenibilidad económica de muchas familias que dependen directa o indirectamente de la actividad minera.

La exfiscal ambiental y actual vocera del Observatorio de Minería Ilegal, Karina Garay, advirtió sobre la posible existencia de un corredor de minería ilegal que abarcaría un amplio territorio del norte del país, extendiéndose desde Trujillo hasta las regiones de Cajamarca y Amazonas. Según la especialista, esta red ilícita estaría operando de forma sistemática, aprovechando la falta de control en los traslados de material minero a lo largo de varios departamentos.

Juan Carlos Guevara, representante de la Federación Regional de Rondas Campesinas, expresó su preocupación por la aparente facilidad con la que los vehículos transportan insumos y material vinculado a la minería ilegal. “Es alarmante que estos camiones recorran tres regiones sin ser detectados. Esto evidencia una falta de vigilancia y articulación entre autoridades”, sostuvo, haciendo un llamado a reforzar los controles en las rutas críticas.

Desde el sector privado, Miguel Inchautegui, director de Asuntos Sociales de la empresa Pan American Silver, también calificó la situación como grave. Indicó que el repunte de la minería ilegal está estrechamente ligado al alza en los precios internacionales de los metales, lo que incentiva aún más esta actividad ilícita. En ese sentido, alertó que sin un control eficiente por parte del Estado, la problemática solo tenderá a escalar.

Inchautegui hizo énfasis en la necesidad de aplicar medidas más contundentes y sostenidas. Planteó que las acciones contra la minería ilegal deben incluir interdicciones lideradas por el Gobierno Nacional, pero articuladas de forma efectiva con los gobiernos regionales y locales para lograr un impacto real y duradero en las zonas más afectadas.

Por su parte, el director regional de Minería de Cajamarca, Víctor Cusquisiban, señaló que desde su sector se vienen realizando esfuerzos constantes para frenar la minería ilegal. Si bien reconoció la presencia de personas provenientes de Pataz en zonas como Sorochuco, Sinchao, Cajabamba y La Encañada, aclaró que, hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de un corredor estructurado de minería ilegal en la región.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) destacó que el Perú busca convertir sus reservas de cobre en el motor de un desarrollo industrial sostenible, generando mayores ingresos y consolidando su posición en los mercados globales de productos de alto valor.

La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) precisó que los ejes de esta estrategia son:

· Promoción de plantas para transformar cobre en cátodos y alambrón, insumos claves para industrias globales.

· Desarrollo de polos industriales en departamentos mineros como Arequipa, Moquegua y Apurímac.

· Implementación de estándares ambientales y trazabilidad para asegurar un cobre responsable.

· Capacitación de mano de obra local para empleos especializados en procesamiento e innovación.

· Incrementar la capacidad de procesamiento mediante la construcción y modernización de fundiciones y refinerías.

El MINEM resaltó que las operaciones mineras en el país ya vienen incorporando tecnologías avanzadas para garantizar sostenibilidad y eficiencia. Un ejemplo es el proyecto Quellaveco (Anglo American), que ha implementado sistemas de automatización y control remoto para optimizar procesos y reducir la huella ambiental. De igual forma, el Perú acelera su transición energética con la modificatoria de la Ley N.° 28832, en línea con la demanda mundial de minerales críticos.

Según el Anuario Minero 2024, el Perú se ubicó como segundo país con mayores reservas de cobre del mundo (100 millones de toneladas métricas finas), equivalente al 10.2 % del total global, solo detrás de Chile (19.4 %).

“El cobre es un metal crucial para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del Perú, así como un mineral clave en la transición energética global, gracias a su rol en vehículos eléctricos, infraestructuras de energía renovable y transmisión eléctrica”, señaló Walter Sánchez, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del MINEM

El Perú cuenta con una cartera de 67 proyectos mineros valorizados en más de US$64.000 millones y 84 iniciativas de exploración por alrededor de US$1.039 millones. Sin embargo, el país no logra despegar como potencia minera debido a trabas políticas, normativas y sociales, advirtió Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde.

“Tenemos riqueza geológica, ubicación estratégica, fuerza laboral preparada, pero el principal problema no es geológico: es político y normativo”, afirmó durante su participación del webinar “Road to PERUMIN 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú”. Torreblanca explicó que la tramitología que enfrentan los proyectos puede alargar su puesta en marcha hasta seis o siete años, más del doble de lo que establecen los plazos normativos.

Según sus estimaciones, un retraso de cuatro años en un proyecto modelo puede ocasionar pérdidas equivalentes a S/12.000 millones en PBI, además de un impacto fiscal de S/2.066 millones y la no generación de 8.500 empleos en la fase de inversión y 7.400 en la etapa de producción.

La ejecutiva también alertó sobre el impacto de la conflictividad social. Entre 2021 y el primer trimestre de 2023, once unidades mineras fueron paralizadas por enfrentamientos con comunidades en ocho regiones del país. Estas interrupciones provocaron pérdidas de S/7.000 millones en PBI y S/1.791 millones en recaudación fiscal, según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Torreblanca señaló que el Estado debe asumir un rol más activo, no solo como mediador y garante del diálogo, sino también fortaleciendo su presencia institucional en las zonas de influencia minera y manteniendo una estrategia firme contra la minería ilegal. “Necesitamos empleos formales y seguros, pero para eso se requiere que las autoridades faciliten canales efectivos de comunicación y resuelvan los conflictos de manera oportuna”, puntualizó.

Asimismo, cuestionó el uso ineficiente de los recursos que generan las compañías mineras para las regiones. Recalcó que es indispensable que los gobiernos locales y regionales prioricen la inversión en salud, educación y saneamiento, antes que en proyectos de menor relevancia. “La población necesita servicios básicos que todavía no están cubiertos. Ese debe ser el verdadero impacto de la minería en el desarrollo del país”, subrayó.