La mañana del miércoles 17 de septiembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el arranque formal del proceso de consultas públicas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en cumplimiento con lo estipulado en el propio texto del acuerdo comercial. Esta fase forma parte de la ruta crítica que conduce a la revisión sexenal que se efectuará en 2026.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum dejó claro que la apertura de las consultas no obedece a una decisión política coyuntural, sino a una obligación legal derivada del tratado firmado y ratificado por los congresos de los tres países en 2020. “Es por ley, no es algo que se invente en este momento”, puntualizó la mandataria, subrayando el carácter técnico y estructural del proceso.
En un esfuerzo de coordinación trinacional, México, Estados Unidos y Canadá lanzaron de forma simultánea sus respectivas convocatorias para que la ciudadanía, sectores productivos y organizaciones puedan opinar sobre el desempeño del tratado. En el caso mexicano, el periodo inicial será de 60 días, con posibilidad de extenderse otros 30. Estados Unidos estableció un plazo fijo de 90 días.
La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, publicó este martes el aviso correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. En él se invita a todos los actores relevantes a enviar propuestas, recomendaciones y observaciones sobre el funcionamiento del T-MEC. Este ejercicio de consulta pretende reunir insumos sustanciales que sirvan de base para las negociaciones de 2026, cuando se cumplan seis años de su entrada en vigor.
El tratado, que sustituyó al TLCAN, contiene una cláusula que obliga a los tres países a revisar su funcionamiento cada seis años. Esta revisión permite mantener actualizado el acuerdo conforme a los cambios económicos, tecnológicos y políticos de la región. En ese sentido, el proceso actual no solo cumple con el texto legal, sino que también abre la puerta a ajustes estratégicos en áreas clave.
Sheinbaum explicó que el enfoque de las consultas será integral. No se limitará a temas comerciales clásicos como aranceles o reglas de origen, sino que también se abordarán cuestiones sensibles como condiciones laborales, aspectos ambientales y mecanismos de solución de controversias. Es decir, se buscará evaluar la operación del tratado en todas sus dimensiones.
Este matiz es crucial. A diferencia de otros acuerdos, el T-MEC incluye capítulos específicos sobre derechos laborales, medio ambiente, propiedad intelectual y economía digital. Estos elementos lo convierten en un instrumento más amplio que un mero acuerdo arancelario. Por ello, su revisión exige un análisis profundo desde múltiples perspectivas.
La inclusión del tema laboral no es menor, especialmente tras las controversias registradas en los últimos años, donde Estados Unidos ha solicitado paneles de resolución por supuestas violaciones a los derechos de organización sindical en plantas mexicanas. Aún no se conocen los temas concretos que México buscará ajustar, pero todo indica que el gobierno federal se enfocará en mantener el equilibrio entre soberanía regulatoria y competitividad exportadora.
Cabe destacar que la revisión del T-MEC ocurre en un contexto económico global cambiante. Las tensiones geopolíticas, la relocalización de cadenas productivas —particularmente con la llegada del nearshoring— y la creciente digitalización del comercio imponen nuevos retos a la arquitectura de los tratados internacionales. En este escenario, México busca posicionarse como un socio confiable, moderno y alineado con las prioridades productivas de América del Norte.
La minería y la energía forman parte fundamental de esta discusión. Aunque no fueron mencionadas explícitamente por la presidenta, ambos sectores han estado bajo creciente escrutinio por parte de inversionistas, gobiernos y organizaciones. Temas como la transición energética, la explotación del litio, y la seguridad jurídica para inversiones mineras, podrían emerger en el debate, dada su relevancia para la integración regional.
Más allá de los aspectos técnicos, la dimensión política también pesa. La revisión del tratado coincidirá con los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, así como con un eventual segundo mandato presidencial en Estados Unidos. Esto podría alterar los equilibrios de negociación y abrir nuevas dinámicas de poder. En ese sentido, el trabajo preparatorio que ahora inicia será clave para evitar que México llegue improvisado al momento decisivo.
La presidenta también informó que este mismo miércoles se reuniría en Palacio Nacional con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien visita el país acompañado de miembros de su gabinete y empresarios canadienses. Este tipo de encuentros, aunque simbólicos, sirven para alinear posturas antes de las conversaciones formales.
Las mesas técnicas entre los tres países ya están en operación. Según palabras de Sheinbaum, estas mesas trabajan de forma continua para revisar elementos específicos del tratado, incluso fuera del calendario formal. Este trabajo constante permite identificar cuellos de botella y áreas de mejora que alimentarán el proceso de revisión.
México tiene ante sí una oportunidad estratégica. La región de América del Norte representa un tercio del PIB mundial, y el T-MEC es la columna vertebral de esa integración. Si el país logra articular una propuesta seria, sustentada y con amplio respaldo social, podrá reforzar su posición dentro del bloque y aprovechar las oportunidades del nuevo contexto económico global.
