El más reciente Informe del Sector Gas Natural 2025 advierte que, pese a los avances en cobertura y acceso al servicio, la pobreza energética en Colombia sigue siendo un desafío que afecta a millones de ciudadanos en distintas regiones del país.
El documento, que recoge cifras nacionales y territoriales, revela profundas desigualdades en la disponibilidad de energía limpia y asequible, lo que amenaza con agudizar las brechas sociales y económicas en el marco de la transición energética.
Uno de los hallazgos más relevantes del informe está en la aplicación del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), que muestra marcadas diferencias entre departamentos y municipios. Mientras algunas capitales registran porcentajes bajos de carencia en el acceso a energía, otras regiones presentan cifras alarmantes.
Por ejemplo, departamentos como Guainía alcanzan un 73,3 % de pobreza energética, mientras que en zonas como Guaviare y Sucre los niveles se ubican por encima del 50 %.
En contraste, regiones más consolidadas en infraestructura muestran indicadores cercanos al 5 % o 10 %.
Este panorama refleja que el desarrollo energético del país ha sido desigual y que buena parte de la ruralidad permanece sin acceso a servicios básicos como el gas natural.
La pobreza energética en Colombia y la transición hacia energías limpias
El informe también alerta sobre las tensiones que genera la transición energética en países como Colombia.
A diferencia de Europa o Estados Unidos, donde los debates se concentran en sostenibilidad y reducción de emisiones, en América Latina la discusión se entrelaza con la necesidad de garantizar crecimiento económico, seguridad energética y reducción de la pobreza.
En este contexto, el documento enfatiza que la pobreza energética se convierte en un obstáculo directo para una transición justa y ordenada. Si bien la expansión de energías renovables es una meta deseable, en muchas zonas apartadas del país aún se lucha por el acceso básico a gas o electricidad confiable.
El informe sostiene que el gas natural mantiene un rol estratégico en Colombia, no solo como fuente de seguridad energética, sino también como herramienta para mitigar la pobreza energética.
Actualmente, el 67 % de la población colombiana tiene acceso al servicio domiciliario de gas natural, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de millones de familias.
Sin embargo, más de 200 municipios permanecen desconectados de la red.
La reducción sostenida de las reservas probadas de gas, que hoy garantizan apenas 5,9 años de abastecimiento, plantea un riesgo adicional: si el país no asegura nuevas fuentes de suministro, la cobertura alcanzada podría estancarse o incluso retroceder, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables.
Un reto para la política pública
La pobreza energética en Colombia no solo implica la falta de conexión a la red de gas o electricidad. También se traduce en la imposibilidad de acceder a energéticos de calidad, seguros y asequibles.
El informe subraya que la política pública debe encontrar un equilibrio entre los compromisos de mitigación del cambio climático y las necesidades sociales urgentes del país.
En palabras del documento, avanzar hacia una transición energética justa significa garantizar que los beneficios de la modernización del sector lleguen a las comunidades más rezagadas, evitando que las brechas actuales se amplíen.
El desafío, en conclusión, radica en que la transición energética no deje atrás a los millones de colombianos que hoy aún viven en condiciones de pobreza energética, al tiempo que se asegura un sistema energético sostenible y competitivo.
