Día: 17 de septiembre de 2025

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, anunció que este miércoles 17 de septiembre se oficializará el ingreso de Chevron, la tercera mayor empresa petrolera del mundo, al mercado peruano. La firma participará en trabajos de exploración en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados frente a las costas de Lambayeque y La Libertad, en una zona de más de dos millones de hectáreas.

Montero explicó que la empresa Anadarko, actual operadora de los lotes, realizó exploraciones sísmicas que revelaron “trampas de hidrocarburos en cantidades asombrosas”. Este hallazgo atrajo de inmediato a Chevron, que adquirió el 35% de participación en los lotes. La firma oficial del convenio entre Perupetro, Anadarko, Chevron y Westlawn está programada para las 3 de la tarde del miércoles, en Palacio de Gobierno.

El ministro precisó que la inversión estimada en esta fase de exploración asciende a 150 millones de dólares y que próximamente se iniciarán las perforaciones en busca de petróleo. Según sus proyecciones, los resultados de esta apuesta energética se podrían ver dentro de unos cinco años, con la posibilidad de que Perú se convierta en un exportador de hidrocarburos.

“Con un poco de suerte y como Dios es peruano, en unos cuatro o cinco años, Perú podría ser un pequeño país exportador de petróleo”, declaró Montero ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso. El funcionario destacó que este avance sería significativo para la balanza comercial del país, que actualmente presenta un déficit elevado debido a la importación de diésel por un valor aproximado de 5 mil millones de dólares anuales.

El titular del Minem subrayó que el ingreso de Chevron no es casual, y que compañías de su envergadura solo invierten cuando existe una alta probabilidad de éxito comercial. Además, recordó que TotalEnergies, una de las cinco mayores petroleras del mundo, también está realizando exploraciones técnicas en la costa norte del país. “La revolución de los hidrocarburos en el Perú está en el litoral. Y ahí vienen los más grandes del mundo”, afirmó.

Respecto a Petroperú, Montero señaló que la empresa estatal necesita un socio estratégico con visión de largo plazo, más que uno financiero que exija rentabilidad inmediata. En ese sentido, mencionó que actores como Saudi Aramco podrían ser ideales. “Un socio como Aramco no busca retorno inmediato, sino posicionamiento geopolítico. Ellos sí pueden esperar 10 años”, afirmó. El Gobierno, aseguró, buscará alianzas de este tipo para asegurar la sostenibilidad futura de Petroperú.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, afirmó este lunes ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso que el Perú podría ser considerado uno de los países con mayor seguridad energética del mundo. Este posicionamiento, explicó, se debe a la diversidad de fuentes de generación con las que cuenta el país, entre ellas gas natural, petróleo, energía solar, eólica e hidroeléctrica.

“Tenemos energía en todas partes. Por el tamaño de nuestro territorio y nuestra población, probablemente seamos el país con mayor seguridad energética del mundo. Contamos con una matriz diversa y abundante”, sostuvo Montero. En esa línea, subrayó que el Perú tiene importantes reservas de gas natural: actualmente se estiman en 10 trillones de pies cúbicos como reservas probadas, 7 trillones como recursos inferidos o contingentes, y hasta 43 trillones adicionales como recursos prospectivos.

Montero también resaltó que el país cuenta con una Política Energética Nacional al 2040, que plantea nueve objetivos estratégicos para consolidar una matriz energética sostenible, eficiente y moderna. En particular, destacó el enorme potencial hidroeléctrico del país, gracias a su geografía andina y su abundancia hídrica tanto en la sierra como en la selva.

Respecto a la producción de energía, señaló que el Perú genera actualmente alrededor de 1.1 millones de terajoules al año. De este total, el 68 % proviene del gas natural, el 12 % de la hidroenergía, el 7.5 % del petróleo, y porcentajes aún pequeños de las fuentes renovables: 0.5 % de energía solar y 0.8 % de energía eólica. No obstante, remarcó que estas últimas están creciendo rápidamente y que “apostamos a que la solar y la eólica reemplacen gradualmente al diésel”.

El ministro también destacó la competitividad del sistema eléctrico peruano, señalando que se trata de uno de los más robustos de la región gracias a décadas de planificación. “Tenemos un sistema interconectado nacional muy eficiente y competitivo. Las oportunidades de mejora están principalmente en el perfeccionamiento de la normatividad”, indicó.

En relación con el futuro de la energía, Montero subrayó el potencial del hidrógeno verde como fuente limpia e ilimitada. Explicó que este se obtiene mediante la descomposición del agua utilizando energía solar, separando el hidrógeno del oxígeno. “Ya contamos con un reglamento para promover el hidrógeno verde en el Perú, aprovechando que tenemos una de las radiaciones solares más intensas del mundo”, agregó.

Finalmente, informó que una empresa española, Sol de Verano, ha presentado al Minem una propuesta para invertir 11,000 millones de dólares en una planta de producción de hidrógeno verde en la región Arequipa. “Es una inversión gigante que podría transformar nuestra matriz energética, y aunque tomará tiempo madurar, representa un paso clave hacia el futuro energético del país”, puntualizó.

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió una controversia que venía enredando la política de vivienda desde hace cuatro años. El 25 de agosto, el máximo órgano en materia constitucional declaró infundado el reclamo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que buscaba anular el Reglamento de Vivienda de Interés Social (VIS) aprobado en abril de este año.

De esta manera, el TC avaló que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) sí puede fijar el tamaño mínimo de las viviendas sociales.

La disputa viene de atrás. En 2021, los municipios de Lima y Barranco denunciaron al Ministerio porque en el Reglamento VIS 2020 incluyó disposiciones sobre la altura de los edificios y la zonificación (es decir, qué se puede construir en cada zona). En 2023, el Tribunal Constitucional les dio la razón y anuló esas normas, dejando claro que esas son competencias exclusivas de las municipalidades.

Desde entonces, el Ministerio de Vivienda fue corrigiendo sus normas, pero en abril de 2025 lanzó un nuevo reglamento (DS 005-2025-VIVIENDA) que esta vez fijaba estándares mínimos de área: 40 metros cuadrados para una vivienda sin ampliación, 35 metros cuadrados para una vivienda unifamiliar básica que puede crecer en el tiempo, y 66 metros cuadrados para los lotes en habilitaciones urbanas.

Sin embargo, para la Municipalidad de Lima, esto también era una invasión de sus competencias. Tras la publicación del nuevo reglamento VIS, el municipio acudió de nuevo al TC El TC a pedir, una vez más, que se emita un Auto de Ejecución y que declare la nulidad de las disposiciones VIS del 2025.

Sin embargo, el TC fue tajante al indicar que lo único que se prohibió en 2023 fue regular sobre zonificación y altura, no sobre el tamaño de las viviendas.

TC: municipios deciden zonificación y altura, no áreas mínimas

En su resolución, el Tribunal precisó que «las normas cuestionadas no se ocupan de la zonificación municipal ni tampoco, concretamente, de la altura máxima de sus edificaciones, razón por la cual no podrían considerarse un incumplimiento de la sentencia original».

Dicho de otra forma, mientras los municipios seguirán decidiendo dónde se puede construir y cuántos pisos puede tener un edificio, el ministerio puede exigir que cada vivienda social cumpla con un tamaño mínimo que garantice condiciones dignas de habitabilidad.

El artículo 18 del reglamento no solo fija números en metros cuadrados, sino que pide que los proyectos consideren la composición familiar, el clima de cada localidad y la accesibilidad universal para personas con discapacidad. Es decir, no se trata solo de un metraje, sino de asegurar que la vivienda cumpla criterios básicos de diseño y uso.

En la práctica, si una municipalidad aprueba un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) en su distrito, tendrá la última palabra sobre cuántos pisos se permitirán y en qué zonas específicas se podrá construir. Sin embargo, será el Ministerio de Vivienda quien garantice que, sin importar el lugar, ninguna unidad habitacional sea menor a 35 o 40 metros cuadrados.

El reglamento también incorpora la figura de la “Vivienda Única”, pensada para familias que nunca han recibido apoyo del Estado, que se financiará mediante subsidios indirectos como créditos blandos o exoneraciones. Con ello, el Poder Ejecutivo busca ampliar el acceso a vivienda en un país donde el déficit habitacional todavía afecta a millones de personas.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, destacó que la nueva ley para la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público–Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), permitirá viabilizar proyectos por más de US$ 30 000 millones, consolidando un marco regulatorio más ágil y transparente, que se complementará con las modificaciones del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.

La Ley Nº 32441 Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privada y Proyectos en Activos, fue publicado este martes en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

Consta de 66 artículos, 19 disposiciones complementarias, una disposición complementaria transitoria y una disposición complementaria derogatoria. 

En la víspera, y durante la ceremonia de suscripción de la autógrafa, a cargo del presidente del Congreso, José Jerí, el titular del MEF señaló que esta nueva herramienta legal marca un hito en la promoción y desarrollo de infraestructura sostenible y en la prestación de servicios públicos que beneficiarán directamente a la ciudadanía.

Entre las principales innovaciones de la ley se encuentran la reducción de los plazos para la elaboración de estudios técnicos, la optimización de las fases de las APP, la priorización de proyectos de alcance nacional, medidas de simplificación para modificaciones contractuales y un fortalecimiento institucional de ProInversión, que ahora asumirá también el rol de concedente en nuevos proyectos APP.

“Si bien el Perú ha contado hasta hoy con un marco normativo promotor de inversiones, que otorgó predictibilidad en distintas fases y procesos, los retos de los últimos cinco años han puesto en evidencia la necesidad de importantes reformas. Con la nueva ley incorporamos las lecciones aprendidas y aceleramos la puesta en marcha de inversiones estratégicas”.

Pérez Reyes reafirmó que el Gobierno viene impulsando un nuevo ciclo de crecimiento económico en el cual los proyectos APP y PA son fundamentales no solo para dinamizar el PBI y generar más empleo, sino también para acelerar la construcción de infraestructura y servicios que mejoren la calidad de vida de los peruanos.

Pérez Reyes, señaló también que este nuevo marco regulatorio permitirá procesos de inversión más ágiles, predecibles y orientados a resultados. Los proyectos estarán mejor estructurados, se ejecutarán con mayor eficiencia y responderán a las necesidades reales de la población, promoviendo el desarrollo del país con un enfoque multisectorial y territorial.

Esta tiene por objeto regular el marco institucional y los procesos para el desarrollo de proyectos con participación privada bajo las modalidades de Asociaciones Público Privada y de Proyectos en Activos.

Tiene cómo ámbito de aplicación las entidades públicas pertenecientes al Sector Público No Financiero, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero.

En su Artículo 3°. se declara de interés nacional la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, dada su relevante contribución al crecimiento de la economía nacional, al cierre de brechas en infraestructura, en servicios públicos y servicios vinculados, a la generación de empleo productivo y a la competitividad del país.

Perú no tiene una red ferroviaria resaltante ni moderna, pero desde hace un tiempo intenta dar un primer paso hacia ello, aunque algo desordenado, pues ahora todos quieren ser partícipes. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya ha expuesto su cartera de ferrocarriles, la Municipalidad de Lima (MML) insiste con concretar el tren Lima-Chosica y el Congreso de la República también tiene proyectos de ley que avanzan en este sentido.

Justamente, la Comisión de Transportes del Parlamento acaba de aprobar por insistencia – con votación unánime- una iniciativa que promovería el estudio y fortalecimiento del desarrollo ferroviario, facilitando la ejecución de trenes y ferrocarriles (ya sea que formen parte del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario o no).

En concreto es un texto para declarar de necesidad pública e interés nacional una lista de proyectos ferroviarios “para la construcción, ejecución, mejoramiento, ampliación o modernización de la infraestructura ferroviaria en el país (…)”.

Entre la lista de proyectos que se considera está el Tren Bioceánico, proyecto en el que Perú no ha mostrado mayor interés aún pues la “condición” para que se concrete es que el costo de su construcción lo asuman los verdaderos interesados como China y Brasil (dicha infraestructura conectaría a Brasil con el puerto de Chancay, en Perú).

En total, los parlamentarios han considerado 15 proyectos:

1. Ferrocarril en el tramo Trujillo-Chiclayo-Piura, incluyendo las rutas de: Paita – Eten – Salaverry en los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad.
2. Tren logístico minero y de pasajeros en el tramo Cajamarca – Chiclayo – Puerto Eten.
3. Ferrocarril Lima-Ica incluyendo las rutas de Ica-Pisco-Chincha-Cañete y Lima.
4. Ferrocarril Puerto San Juan de Marcona-Andahuaylas, conectando a los departamentos de Apurímac-Ayacucho-Arequipa e Ica.
5. Ferrocarril Lima-Barranca.
6. Túnel Trasandino en la ruta Lima – Junín.
7. Corredor Ferroviario Este Lima – Ricardo Palma.
8. Rehabilitación complementaria de la infraestructura ferroviaria del Ferrocarril Huancayo Huancavelica.
9. Corredor minero macrorregional que conecta seis proyectos mineros en el departamento de Cajamarca (Michiquillay, Yanacocha, Galeno, Conga, Tantahuatay y La Granja), que desemboca en el terminal marítimo de Eten en el departamento de Lambayeque.
10. Ferrocarril en los tramos sur y suroriente de los departamentos de Arequipa, Puno y Cusco.
11. Construcción de un sistema de transporte eléctrico masivo en la ciudad de Arequipa que se denominará “El Tren Blanco de Arequipa” que conectará los distritos de Cerro Colorado, Yanahuara, Sachaca, Cercado, Tiabaya y Hunter.
12. Tren Iquitos-Yurimaguas.
13. Creación del megaproyecto ferroviario bioceánico, que une el puerto de Santos, Sao Paulo en Brasil con el puerto de Bayóvar y del megapuerto multimodal de Bayóvar ubicado en el distrito de Sechura de la provincia de Sechura del departamento de Piura.
14. Construcción del tren Puno-Desaguadero
15. Ferrocarril de Pucallpa a la Costa

Preocupaciones del Gobierno sobre proyecto de ley vinculado a trenes

Pese a ser un proyecto declarativo, ya el Poder Ejecutivo había mostrado su disconformidad observando el texto, pero la Comisión de Transportes decidió no allanarse a lo expuesto por el Gobierno.

Una de las alertas consideradas es que para incorporar un proyecto al Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario (PNDF) es necesario hacer una evaluación técnica previamente del tipo de proyecto y es el MTC el único competente para evaluar, identificar y priorizar los proyectos. Entonces, interpreta el Poder Ejecutivo, con el texto que se pretende aprobar en el Congreso, se estarían incluyendo, sin mayor análisis, proyectos ferroviarios al PNDF.

Además, considera que no se ha tomado en cuenta las eventuales amenazas y riesgos en términos ecológicos que se derivarían de la construcción de nuevos proyectos. Y tampoco se estarían considerando los derechos preexistentes, prioritariamente el de los pueblos indígenas y originarios, así como los intereses y necesidades de dichos pueblos y las poblaciones locales.

Otra de las observaciones es el concepto de ley declarativa. Según el Ministerio de Justicia: “Sirve en algún momento como sugerencia para el Poder Ejecutivo adopte medidas ante la imposibilidad del legislador de proponer alguna norma con iniciativa de gasto”.

Sin embargo, el proyecto aprobado desnaturalizaría el concepto porque no se limita únicamente a efectuar una declaración de interés nacional y necesidad pública, sino que pretende la construcción, ejecución, mejoramiento y ampliación o modelización de diversos proyectos.

“Si bien es declaratoria de interés, establece se ejecuten acciones, estudios y planes que permitan se implemente una lista de inversiones en infraestructura ferroviaria, así como nuevos proyectos de inversión de desarrollo ferroviario”, mencionó el Poder Ejecutivo en sus observaciones.

Lo que queda pendiente es que este texto retorne al pleno del Congreso para su votación.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, para gestionar el financiamiento del mejoramiento de la vía urbana en la Av. Lima en dicha localidad, beneficiando a más de 10 mil vecinos.

“San Martín es un distrito pujante y muy importante. Muestra de ello es la firma de este convenio, pues es uno de los tres proyectos en urbanismo más grandes de todo Lima. Además, esta obra dinamizará la economía del distrito pues se van a generar puestos de trabajo con mano de obra local”, se resaltó durante el acto protocolar, realizado en la cuadra 35 de la Av. Lima.

Por una mejor conexión entre distritos

Se trata de un proyecto esperado por más de 40 años por los vecinos de este distrito de Lima Norte y que tiene por finalidad aportar a la transitabilidad peatonal y vehicular a través de la construcción de veredas, sardineles, muros de contención, áreas verdes y pistas. Estos trabajos se realizarán en la Av. Lima, desde la Av. José Granda hasta el límite con la provincia constitucional del Callao.

“Esta obra, que representa una inversión de S/19.2 millones, comprenderá 16 mil m2 de veredas, 60 mil m2 de pistas y 3,800 m2 áreas verdes, que les permitirán ahorrar tiempo para movilizarse a sus destinos. Los invito a ser fiscalizadores para que ésta se haga sin corrupción y de manera eficiente”, resaltó el Ministerio de Vivienda.

El desarrollo de los trabajos, a cargo de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, con asistencia técnica del Programa Nuestras Ciudades (PNC) del MVCS, incluirá criterios de sostenibilidad ambiental y accesibilidad universal, asegurando la inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores.

De esta manera, el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, reafirma su compromiso de continuar impulsando inversiones para el desarrollo urbano sostenible, con miras a recuperar y poner en valor espacios urbanos, contribuyendo así con el cierre de brechas en infraestructura vial.