Fortalecer y mejorar la eficacia de la Superintendencia del Medio Ambiente, tanto en sus funciones de fiscalización como en el cumplimiento de la normativa ambiental es uno de los principales objetivos del proyecto, en segundo trámite, que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente.
La Sala realizó la primera jornada de debate en general relevando los principales cambios que introduce esta normativa con el fin de superar las falencias detectadas desde su diseño inicial, como por ejemplo, dar una mayor presencia y cobertura regional a la superintendencia.
El senador Alfonso De Urresti, en su calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente fue el encargado de rendir cuenta ante la Sala de la iniciativa y explicó que “la Comisión se concentró en el debate de los nudos críticos identificados en el diagnóstico realizado respecto al funcionamiento de la Superintendencia, desde su creación el año 2010, los que se refieren a instrumentos de incentivo al cumplimiento, el procedimiento sancionatorio, gravedad de las infracciones y sanciones, la distribución de competencias en materia de ruido, los mecanismos correctivos y de fiscalización, la regulación de riesgos ambientales y el sistema de denuncias”.
Luego hicieron uso de la palabra diversos senadores y senadoras con el fin de exponer sus distintos puntos de vista, tales como: Rojo Edwards, Francisco Chahuán, Esteban Velásquez, Carlos Kuschel, Juan Ignacio Latorre, Daniel Núñez, Sergio Gahona, Alfonso De Urresti, Yasna Provoste, Gustavo Sanhueza, Kenneth Pugh, Ricardo Lagos Weber y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Argumentos
En la oportunidad, senadores como Edwards, Chahuán, Sanhueza y Gahona (éste último solicitó segunda discusión en nombre de su comité) coincidieron en expresar sus aprensiones y reparos al texto de la iniciativa señalando que “se afectan principios esenciales del Estado de derecho: presunción de inocencia, proporcionalidad de las sanciones, principio de culpabilidad, certeza jurídica frente al poder del Estado”.
Asimismo abogaron por “fortalecer la Superintendencia de Medio Ambiente mediante la entrega de un marco institucional que permita hacerse cargo de las falencias y aspectos a mejorar identificados en los diez años de vigencia y operación”.
En tanto, precisaron que este proyecto de ley parte de un diagnóstico que compartimos: la necesidad de fortalecer a la Superintendencia del Medio Ambiente, dotándola de herramientas más eficaces para fiscalizar, reaccionar a tiempo y hacer cumplir la normativa ambiental. Pero fortalecer no puede significar desbalancear. Y eso es lo que ocurre cuando se amplía en exceso la potestad cautelar, por ejemplo, de la Superintendencia del Medio Ambiente, sin delimitar con claridad sus límites ni sus fundamentos”.
Puntualizaron que “los problemas ambientales no se solucionan, se gestionan con distintos instrumentos, no solo sancionando, sino que haciendo cumplir los planes de reparación, de cumplimiento, entre otros “.
En tanto, senadores como Velásquez, Latorre y Núñez precisaron que “es difícil que alguien en Chile, o algún sector en Chile, piense que una superintendencia no respeta el Estado de derecho”.
Agregaron que “la Superintendencia se guía por la resolución de calificación ambiental. Es decir, solo puede fiscalizar que se cumpla lo que la ley establece, no puede tomar una sanción de un punto en que en la comunidad o alguien denuncie como contaminación si hay acciones que no están contempladas en la resolución de calificación ambiental. No tiene nada de arbitrario. Y eso está muy normado, muy establecido”.
Finalmente, el senador Kuschel solicitó la respuesta a algunos oficios para “cuantificar los montos de inversiones que se han atrasado por el Ministerio del Medio Ambiente”.
