Día: 1 de septiembre de 2025

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) realizó la entrega oficial de la obra de pistas y veredas que beneficiará a más de 10 mil vecinos del distrito de Checca, en la provincia de Canas, región Cusco.

Esta intervención marca un hito en la historia del distrito, al tratarse del primer proyecto de infraestructura de movilidad urbana ejecutado en la zona. La obra permitirá mejorar el transporte local, optimizar la conectividad y dinamizar el desarrollo económico y social de Checca.

“Este Gobierno busca llevar desarrollo a cada rincón del Perú, cerrando brechas históricas. Y el distrito de Checca es ejemplo de que el trabajo articulado entre el Ministerio de Vivienda y las autoridades locales lo pueden hacer posible”, informó el ministro de Vivienda.

El proyecto fue ejecutado por la Municipalidad Distrital de Checca, con una inversión total de S/7,7 millones, a través de la gestión del Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) del Ministerio de Vivienda, que también realizó el seguimiento y monitoreo a la ejecución física y financiera de la obra.

Durante décadas, la población de Checca, dedicada principalmente a la agricultura y ganadería, transitó por vías sin adecuadas condiciones de movilidad. Con esta obra, las familias del distrito ya cuentan con pistas y veredas que garantizan un acceso seguro, ordenado y digno.

El proyecto incluyó la construcción de 12,575.27 m² de pavimento de concreto; 6,967.65 m² de veredas, rampas y martillos; 5,294.32 metros de drenaje pluvial; 2,495.20 metros lineales de sardineles; 575.66 m² de gradas; 60.7 m³ de muros de contención y 1,630.27 m² de paseos peatonales, entre otros componentes.

Las vías mejoradas corresponden a las calles San Andrés, Jr. Óvalo, Consa, Orccocca, Collana, Chorrillos, Porvenir, Tocto, Chitibamba, Chiaraje, 30 de Noviembre, 20 de Enero, Irubamba, Sausaya, Coccairo y Juan Marcos.

La entrega de esta obra representa no solo una mejora en la infraestructura, sino también el compromiso del Gobierno de trabajar por el bienestar de toda la comunidad de Checca, brindándoles mejores condiciones para su desarrollo.

Un reciente estudio del Centro Wiñaq revela que ningún candidato presidencial o congresal se beneficia políticamente al apoyar la minería ilegal. Según encuestas y focus groups, el 65.8% de la población percibe esta actividad como destructiva, altamente contaminante, violenta y ligada a redes criminales. En contraste, solo un 16.9% considera que la minería ilegal aporta positivamente al país, principalmente por la generación de empleo y su bajo impacto ambiental. Para la mayoría, esta práctica está asociada al aumento del crimen tanto a nivel local como nacional.

El respaldo a la minería ilegal podría costarle a varios candidatos el apoyo de sus electores, quienes mayoritariamente rechazan esta actividad. Por ejemplo, el 68.8% de los votantes de Keiko Fujimori considera negativa la minería informal; cifras similares se registran entre los seguidores de Rafael López Aliaga (80%), Carlos Álvarez (70%), López Chau (80%) y Phillip Butters (58%). Este rechazo transversal refleja un fuerte desapego político hacia quienes apoyan estas actividades.

Más de la mitad de los ciudadanos (54.6%) aseguró que en las próximas elecciones generales preferiría votar por un candidato que proponga controlar y restringir la minería informal e ilegal. Este dato es clave, ya que obliga a partidos y políticos vinculados a gremios mineros ilegales, muchas veces disfrazados de informalidad, a revisar su postura sobre el tema. Además, la minería ilegal representa un perjuicio económico al Estado peruano, que deja de recaudar alrededor de 5,200 millones de soles en impuesto a la renta, recursos que deberían destinarse a obras públicas a nivel regional y local.

El Centro Wiñaq interpreta esta postura ciudadana como una extensión de la demanda de “mano dura” para enfrentar las economías ilegales y su impacto en la inseguridad. Solo un 8.9% de los consultados dijo que votaría por un candidato que defienda la minería ilegal. “La gente no está reconociendo a ningún político por apoyar la minería informal. No hay capitales políticos que estén ganando; la percepción es muy negativa”, afirmó Franco Olcese, socio del Centro Wiñaq.

El estudio también evidencia que el 70.2% de la población cree que la minería ilegal tiene una fuerte influencia negativa en el Congreso, y que los legisladores que apoyan propuestas vinculadas a esta actividad lo hacen porque reciben financiamiento de actores ilegales. Asimismo, el 60.5% considera que ninguna bancada está gestionando bien el tema, mientras que un 22% no se siente informado al respecto. En definitiva, la minería ilegal se ha convertido en un problema central para el país, y los ciudadanos exigen a sus representantes un compromiso claro para controlarla y garantizar mayor seguridad y legalidad.

Quedan apenas cuatro meses para que termine la prórroga del Reinfo, pero hasta ahora no hay una fecha definida para debatir el predictamen de la Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Ante esta demora, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, hizo un llamado al Parlamento para que priorice el análisis y aprobación de esta normativa.

Castro subrayó que la comisión debe agilizar la propuesta y darle luz verde, pues beneficiará al sector y permitirá ordenar una actividad que requiere reglas claras. “Es momento de actuar con celeridad para darle un marco claro a una actividad que necesita reglas”, indicó en una entrevista con Canal N.

El ministro recordó que el proceso de formalización minera vence el 31 de diciembre de este año y que el Gobierno no tiene planes de extenderlo. Sin embargo, algunos grupos parlamentarios, como Juntos por el Perú, han presentado propuestas para prolongar el registro hasta fines de 2026. “No estamos en posición de ampliar el proceso. Desde el Gobierno sostenemos que debe concluir en diciembre. No hay otra opción”, afirmó.

Recientemente, el Ejecutivo entregó un documento con aportes para la Ley MAPE, que reemplazará al Reinfo. Aunque diversas instituciones y gremios apoyaron esta propuesta, la Confederación Nacional de Mineros (Confemin) no participó en su elaboración y manifestó críticas sobre el contenido del proyecto.

La propuesta aborda temas clave como la trazabilidad de minerales, modificaciones en el régimen de concesiones, incentivos para la minería artesanal y pequeña escala, así como mecanismos para la inclusión financiera y promoción de contratos de explotación.

Respecto a la lucha contra la minería ilegal, el ministro reconoció que los operativos gubernamentales no han logrado frenar su crecimiento debido a su estrecha relación con el narcotráfico, que opera en zonas con poca presencia estatal. Castro advirtió que el alto precio internacional del oro ha incentivado la expansión de mafias, lo que dificulta la fiscalización. Por ello, destacó que se está trabajando en un enfoque integral que combine control territorial, fortalecimiento institucional y regulaciones para diferenciar minería informal de ilegal.

El congresista Jorge Morante presentó el 22 de agosto un proyecto de ley que busca autorizar al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a recibir en custodia el oro extraído legalmente por empresas mineras dentro del país, así como por propietarios que voluntariamente lo soliciten. La iniciativa busca fortalecer las reservas internacionales del Estado a través de esta medida.

Según el proyecto, el oro permanecería bajo custodia por un plazo mínimo de 10 años, con posibilidad de prórroga automática si el titular no decide retirarlo. Durante este tiempo, el servicio de custodia no tendría costo y el propietario podría solicitar la devolución del IGV correspondiente a la exportación del metal.

En los fundamentos de la propuesta, Morante sostiene que este sistema no solo fortalecería las reservas internacionales netas, sino que también aportaría a la estabilidad económica y financiera del país. Además, señala que incentivaría la formalización minera y ayudaría a combatir la minería ilegal, promoviendo un uso más responsable y sostenible de los recursos naturales.

Esta no es la primera vez que se plantean iniciativas similares. Anteriormente, el expresidente del Congreso Eduardo Salhuana propuso que el BCRP comprara y vendiera oro a pequeños mineros en proceso de formalización. Asimismo, la Comisión de Economía impulsó un predictamen para ampliar las facultades del Banco de la Nación en la comercialización de oro proveniente de la minería artesanal y pequeña escala.

El proyecto de ley N° 12172/2025-CR ha sido enviado a las comisiones de Constitución y Economía, lideradas por miembros de Fuerza Popular, partido al que pertenece Morante. Entre sus principales objetivos está contribuir a la estabilidad económica asegurando que parte del oro extraído permanezca como reserva internacional y sirva como activo confiable en tiempos de incertidumbre global.

Además, el BCRP emitiría un título valor minero a nombre del propietario que entregue su oro en custodia. Este título será negociable y podrá ser utilizado en operaciones económicas, sin que ello afecte la condición del oro como reserva internacional. La Sunat y el Banco Central supervisarán el cumplimiento de la norma.

El proyecto también establece sanciones para quienes incumplan la ley y su reglamento, que deberá ser aprobado mediante Decreto Supremo en un plazo máximo de 30 días tras la entrada en vigencia. Morante indica que la aprobación no derogaría leyes vigentes, aunque sí podría requerir ajustes regulatorios en el BCRP, la Sunat y el Ministerio de Energía y Minas.

Sin embargo, especialistas han expresado críticas a la iniciativa. William Zabarburú, del Instituto de Políticas Climáticas, señala que el BCRP ya realiza custodia de oro, pero en volúmenes pequeños que no afectan significativamente las reservas. Además, advierte que la propuesta no garantiza la trazabilidad del oro ni aborda la informalidad minera de fondo.

Por su parte, el abogado ambiental César Ipenza considera que el proyecto refleja una mala interpretación de las funciones del BCRP y que debería ser archivado. También alerta que no existe garantía alguna de que el oro custodiado provenga de fuentes legales, pues aún no se ha establecido un sistema efectivo de trazabilidad.

Silver X Mining Corp., la empresa canadiense que opera la mina polimetálica Nueva Recuperada en Huancavelica, logró mantener su rentabilidad antes de impuestos durante el segundo trimestre de 2025, a pesar de una disminución en su producción. La compañía destacó mejoras en sus resultados financieros y anunció que intensificará sus actividades de desarrollo y perforación en los próximos meses, respaldada por una reciente inyección de capital.

En términos operativos, el volumen de mineral procesado cayó un 22% en el segundo trimestre, totalizando 34,899 toneladas, comparado con las 44,601 toneladas del mismo período en 2024. En el acumulado del primer semestre, la reducción fue del 9%, con 75,099 toneladas procesadas. Además, las leyes de cabeza equivalentes de plata disminuyeron un 3% en el trimestre y un 12% en el semestre.

A pesar de estos retrocesos en producción, Silver X mostró un desempeño financiero sólido. Sus ingresos operativos casi se triplicaron en el primer semestre, y en el segundo trimestre crecieron un 55% interanual, alcanzando los 847,000 dólares canadienses. La compañía también revertió pérdidas, registrando una utilidad antes de impuestos de 166,000 dólares canadienses en la primera mitad del año, mientras que las pérdidas netas se redujeron en un 71% durante el mismo periodo.

José García, director ejecutivo de Silver X, señaló que una “modesta inyección de capital” será fundamental para liberar el potencial del distrito minero donde operan, considerado uno de los más prolíficos en plata y oro, pero aún poco desarrollado en Perú. “Al avanzar en actividades de desarrollo y perforación, esperamos que los próximos trimestres reflejen ganancias significativas. Estamos en una fase decisiva; nuestra estrategia está tomando forma y nos encontramos al umbral de un período transformador”, afirmó.

En cuanto a los próximos pasos, Silver X planea continuar con su programa de perforación de 8,000 metros durante 2025, de los cuales ya completó 2,253 metros en el segundo trimestre. Paralelamente, sigue avanzando en labores de desarrollo minero, habiendo completado 1,788 metros en el primer trimestre, lo que permitirá acceder a zonas con leyes más altas.

Finalmente, la empresa prevé que su Unidad de Producción Plata entre en operación en 2026, un hito clave dentro de su estrategia de expansión que podría marcar un cambio significativo en su capacidad productiva y financiera.