El gobierno de Gustavo Petro tiene listo un plan para tumbar una billonaria demanda que recibió a finales del año pasado, por cuenta de una megavía a las afueras de Bogotá que no se podrá construir y cuyo contrato deberá terminar antes de tiempo.

Se trata de la Perimetral Oriental de Bogotá, que pretendía ser una conexión por uno de los bordes más importantes de la capital, pero que quedó en veremos debido a una controversia ambiental.

Según el laudo emitido, el Estado tendrá que pagar US$305 millones, equivalente a más de $1,3 billones, debido a problemáticas asociadas a dos tramos del corredor y la imposibilidad de desarrollar las actividades constructivas.

Particularmente, las diferencias se dieron por la presencia de decenas de cuerpos de agua en cercanías a la vía, que frenaron las intervenciones e hicieron inviable toda la concesión.

Plan para tumbar billonaria demanda por megavía a las afueras de Bogotá

Y aunque la Nación perdió esta demanda ante un tribunal internacional, el gobierno Petro ya lanzó un plan para tumbarla en los estrados judiciales locales.

Así lo confirmó el vicepresidente jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ariel Lozano, quien le dijo a este medio que ya interpuso un recurso de anulación ante el Consejo de Estado.

Incluso, dijo que este ya fue admitido por la Sección Tercera del alto tribunal y está siendo coadyuvado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), entidad que hace las veces de abogado de la Nación.

De acuerdo con el funcionario, la magnitud del golpe financiero es importante, pero va más allá de los recursos a pagar. «Lo peor es que puede sentar un precedente complejo en lo que tiene que ver con responsabilidades por temas ambientales«, anotó.

Por todo lo anterior, Lozano indicó que la estrategia de defensa de la ANI para tumbar la billonaria demanda por una megavía a las afueras de Bogotá se centrará en una crítica al tribunal que emitió el laudo.

«Lamentablemente, esto es un tribunal internacional y los tribunales internacionales no conocen las realidades de la contratación de la Ley 1508 que se da en nuestro país. Hay cosas que ese tribunal no tuvo en cuenta (…). Esos árbitros cometieron una falencia«, dijo Lozano.

¿Contratos sin tribunales de arbitramento internacionales?

El anuncio de este plan se da en un momento en el que propio presidente Gustavo Petro ha abierto la puerta para no aceptar nuevos contratos en el Estado que incluyan tribunales de arbitramento internacionales para resolver controversias.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) anunció que, con la publicación de la Resolución CREG 101 079 de 2025, inició el proceso de convocatoria para la subasta de energía de expansión del Cargo por Confiabilidad para el periodo 2029- 2030 en Colombia.

A través de estas subastas, la Comisión indicó que garantizará un abastecimiento de energía para cubrir la demanda que se proyecta para este lapso, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

Al respecto, el director ejecutivo de la CREG, Antonio Jiménez Rivera, explicó que en esta nueva subasta de expansión se ampliaron los incentivos para aquellas plantas de generación de energía que puedan iniciar su operación antes de diciembre de 2029.

Pero también para aquellas que deseen realizar procesos de renovación tecnológica para utilizar un recurso primario más eficiente o para mejorar o cambiar la tecnología de producción de energía, es decir un incentivo de transición energética.

Adicionalmente, se incorporan los análisis realizados en mesas de trabajo interinstitucionales realizadas entre la CREG, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y el Ministerio de Minas y Energía, que buscaron facilitar la participan en la subasta para aquellos proyectos sin capacidad de transporte asignada.

En ese sentido se expidió para comentarios el proyecto de resolución CREG 701 095 de 2025 y se estableció en la resolución de la convocatoria un conjunto de acciones por parte de la UPME.

“Los proyectos sin capacidad de transporte asignada que vayan a participar en esta subasta de expansión recibirán suficiente información técnica para conocer de mejor manera el impacto de la conexión de sus proyectos y presentar una oferta en la subasta valorando adecuadamente sus riesgos”, afirmó el director.

Tras la publicación de esta resolución, XM presentará a la ciudadanía y a los interesados en participar las fechas exactas de cada una de las etapas de este proceso.

Los generadores de energía tendrán aproximadamente tres meses para evaluar su participación a través de una manifestación de interés, posteriormente deberán cumplir algunos hitos para seguir haciendo parte de este ejercicio.

“Las subastas de expansión son el mecanismo a través del cual trabajamos por el suministro confiable de energía en el mediano plazo, al tiempo que damos señales positivas para la inversión en Colombia. Muestra de ello es el ejercicio que finalizamos en febrero del año pasado, en el que se desarrollaron compromisos para el desarrollo de 4.400 megavatios (MW) con fuentes renovables y una inversión de más de US$4.000 millones que deben estar a disposición de nuestro sistema para diciembre de 2027”, recordó el director de la CREG.

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, anunció que viene analizando la posibilidad de introducir modificaciones al Decreto 2860 de 2013 con la finalidad de contar con los recursos que permitan subsidiar el costo por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica de los estratos 1, 2 y 3 desde enero de este año.

Esto, según el funcionario, ha avanzado con diferentes mesas de trabajo en las que también han participado los ministerios de Hacienda y Comercio, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La intención del Gobierno Nacional es focalizar la exención del pago de la ‘Contribución de Solidaridad’, que se creó en el año 1994 por las leyes 142 y 143.

Para ello, publicó para comentarios, a través de MinHacienda, un proyecto modificatorio del Decreto 2860 de 2013, en el que reduce el segmento de actividades económicas sujeto de la exención del pago del 20 % que comprende dicha contribución, de modo que muchos sectores industriales volverían a colaborar en el pago de la tarifa de la población de estratos bajos, con lo que se apalancarían recursos para el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), para garantizar los subsidios por menores tarifas del sector eléctrico de los estratos 1, 2 y 3.

De acuerdo con Palma, se mantendrán algunas de las exenciones como, por ejemplo, para la industria manufacturera con el fin de avanzar en la política de reindustrialización.

Adicionalmente, se pretende que los industriales no exentos desarrollen acciones de eficiencia energética y adopten otras fuentes de energía limpia, en el marco de la estrategia nacional de transición energética justa, de modo que disminuyan sus niveles de consumo.

El ministro Palma resaltó que, durante en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se expidió el Decreto 2860 de 2013 estableciendo los usuarios industriales excluidos del pago del 20 % de la contribución y que cobija a sectores como:

–        Explotación de minas

–        Extracción de petróleo y gas natural

–        Textiles y prendas de vestir

–        Productos informáticos y electrónicos

–        Equipos eléctricos, maquinarias

–        Fabricación de vehículos

–        Producción de electricidad

–        Distribución de agua

–        Construcción

De igual forma, comprendió las empresas dedicadas a la elaboración de productos de refinación de petróleo, farmacéuticos, de caucho, metalúrgicos, entre otros.

¿Quiénes quedarían exentos con este proyecto de decreto?

De acuerdo con el proyecto de modificación, los sujetos no obligados al pago de la contribución especial en el sector eléctrico son usuarios de la industria manufacturera como: elaboración de productos alimenticios, de productos de tabaco, productos textiles, de cuero, transformación de la madera, fabricación de papel, impresiones, productos de la refinación de petróleo, productos químicos y farmacéuticos, productos metalúrgicos básicos, informática y electrónica, equipos eléctricos, la maquinaria, los automotores y fabricación de muebles, entre otros.

“Cómo se podrá comprender, no significaría un aumento del 20 % en el servicio de energía para los usuarios, lo que se pretende es seguir apoyando el pago por menores tarifas de los usuarios de estratos 1, 2 y 3, a través de la contribución que deben pagar las industrias no exentas”, aclaró el ministro de Minas y Energía.

Y agregó: “Esperamos con la modificación promover un uso eficiente de la energía, así como la implementación de energías limpias por parte de los contribuyentes”.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, volvió a pronunciarse sobre el borrador de decreto que pretende reprogramar las vigencias futuras comprometidas en proyectos de infraestructura vial bajo el esquema de asociación público privada (APP).

Según explicó, el tema no es menor, pues tocaría compromisos financieros de gran envergadura en las concesiones 4G y 5G.

Rodríguez citó el Decreto 1082 de 2015, que regula cuándo procede la modificación de estas vigencias. En ese marco, recordó que en junio de 2025 ya había hecho una advertencia formal a los ministerios de Hacienda, Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre los riesgos de una eventual reprogramación unilateral. “Entiéndase que no estamos diciendo que no se puedan modificar, sino que existe un riesgo al hacerlo de manera unilateral”, subrayó.

El contralor detalló que, si llegara a materializarse el decreto en los contratos de concesión, no solo se podrían destinar los recursos a otros fines, sino que además la Nación y la ANI estarían obligadas a pagar intereses —remuneratorios y de mora—, lo que a su vez abriría la puerta a eventuales incumplimientos contractuales. Ello, advirtió, derivaría en demandas contra el Estado por parte de los concesionarios, afectando directamente los intereses públicos.

Desde el Gobierno, la respuesta vino del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien defendió la iniciativa y negó cualquier intención de poner en riesgo la responsabilidad fiscal. “Nadie está planteando desestructurar las vigencias futuras, ni acabar con el compromiso fiscal del Estado. Nada de eso se ha dicho”, sostuvo. Sin embargo, insistió en que resulta ‘inaceptable’ tener $13 billones en fiducias, mientras el país requiere recursos urgentes para programas sociales.

Ávila puso como ejemplo puntual: el proyecto Mulaló–Loboguerrero. “Lleva cerca de nueve años con vigencias futuras girándose cada año y no tiene el primer metro de ejecución, porque ni siquiera cuenta con licencia. Hemos guardado $2,2 billones en una fiducia a los señores de Corficolombiana por una obra que no ha empezado”, afirmó.

Así las cosas, mientras la Contraloría advierte sobre el riesgo de demandas millonarias contra el Estado, Hacienda insiste en que no puede mantenerse un esquema que congela millones en obras paralizadas.

Luego de culminar el proceso de reversión del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pudo corroborar que la infraestructura aeroportuaria que sirve a la ciudad de Cali, se encuentra en buenas condiciones y que permitirá continuar con completa normalidad la atención de pasajeros nacionales e internacionales.

La devolución de la principal terminal aérea de la región Pacífica hace parte de la etapa de reversión conformada por 14 subsistemas, cuyo avance, firmas y aprobaciones se suscribieron mediante mesas de trabajo previas y visitas de verificación con la Aerocivil.

De acuerdo con la entidad, apartir del 1 de septiembre, el Gobierno Nacional asumirá, a través de la Aeronáutica Civil, la operación y administración del aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira.

“El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón cumple este 31 de agosto su plazo de concesión de 25 años, en los que movilizó más de 100 millones de personas y generó $1,3 billones en contraprestaciones al municipio de Palmira y la Nación. Para la ANI, el esquema APP ha sido exitoso que le ha permitido una operación con los más altos niveles de calidad”, aseguró Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual.

Así las cosas, en el último trimestre de este año se abrirá el proceso de pliegos de la Iniciativa Privada denominada ‘Aeropuertos del Suroccidente’, que contempla la ampliación y modernización de esta terminal aérea y que beneficiará a toda la región pacífica.

Con este nuevo proyecto aeroportuario, se construirá un nuevo edificio de doble propósito (nacional e internacional), nuevos puentes de abordaje, un nuevo edificio para la Aerocivil, ampliación de la plataforma de carga y la construcción de una nueva torre de control, entre otras intervenciones.

La demanda de energía en Colombia sigue en terreno positivo. En julio de 2025 el consumo alcanzó los 7.294,30 GWh, lo que representó un aumento del 4,39 % frente al mismo mes del año pasado, cuando se reportaron 6.944,33 GWh, según cifras del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El crecimiento estuvo liderado por la región Caribe, que concentró el mayor consumo con 2.146,88 GWh, seguida por la región Centro con 1.704,48 GWh y Antioquia con 999,03 GWh.

Demanda de energía en Colombia: consumo por tipo de usuario

La demanda regulada, correspondiente a hogares y pequeños comercios, creció un 3,99 %, equivalente a 214,92 GWh.
Mientras que la demanda del mercado no regulado —grandes industrias y comercios— aumentó un 5,34 % (134,61 GWh adicionales).

Dentro de este segmento, las industrias manufactureras representaron 885,14 GWh y la explotación de minas y canteras 716,08 GWh, lo que equivale a un 39,35 % y 31,83 % de la demanda no regulada, respectivamente.

Por regiones, el crecimiento en estas actividades se destacó en:

• Caribe: +15,71 % en manufacturas y +9,29 % en minas y canteras.
• Centro: +42,53 % en explotación minera.
• Antioquia: +10,23 % en manufacturas y +9,96 % en minas.
• Tolima, Huila y Caquetá: +41,64 % en manufacturas y +31,12 % en minería.

Caribe, la región de mayor crecimiento

El Caribe no solo fue la región con mayor consumo, sino también la de mayor crecimiento con un 7,08 % frente a julio de 2024. Le siguieron el Centro (+5,54 %), Chocó (+4,97 %), Antioquia (+4,89 %) y Tolima, Huila y Caquetá (+3,67 %).

El incremento estuvo asociado a condiciones climáticas atípicas. Según el IDEAM, durante la segunda semana de julio se registraron temperaturas máximas de hasta 40 °C y ausencia de lluvias, lo que disparó el uso de equipos de refrigeración en la costa norte.

En contraste, las regiones de Oriente (-0,66 %) y Guaviare (-3,03 %) presentaron reducciones en la demanda.

Embalses y aportes hídricos

En julio, los embalses de energía del país cerraron en un 81,8 % de su volumen útil, ubicándose 4,07 puntos por encima de la senda de referencia fijada por la CREG (77,73 %).

Al 10 de agosto de 2025, el nivel agregado se encontraba en 82,48 %, lo que representa 5,13 puntos por encima de la senda de referencia.

Durante julio se registraron vertimientos por 2.971,26 GWh-mes, principalmente en los embalses Esmeralda, Guavio y Betania.

Los aportes hídricos cerraron el mes en un 118,64 % de la media histórica, con un buen desempeño en regiones como Oriente (134,76 %), Centro (159,12 %) y Caribe (127,39 %).

La generación total en julio fue de 7.290,18 GWh, con un promedio de 235,17 GWh-día, lo que significó un aumento del 3,48 % respecto a junio.

El 89,57 % provino de fuentes renovables, especialmente la hidráulica, que aportó un 92,81 % (195,5 GWh-día promedio). Las plantas solares aumentaron su aporte un 9,6 % frente a junio, alcanzando 11,89 GWh-día, mientras que las eólicas generaron 0,56 GWh-día, un 11,17 % más que el mes anterior.

En contraste, la generación con combustibles fósiles representó un 10,43 % del total, con predominio del gas importado (61,58 %).

Finalmente, las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) mostraron que en julio Colombia exportó 4,31 GWh hacia Ecuador, cifra 276,7 % superior a la de junio, mientras que importó apenas 0,5 GWh.

En lo corrido del año, el país acumula 300,88 GWh exportados frente a 106,58 GWh importados, consolidándose como un jugador clave en el intercambio regional de energía.

El presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, advirtió que el sector enfrenta un panorama complejo en materia de subsidios de energía para los usuarios, debido a la falta de recursos en el Presupuesto General de la Nación.

Con corte a agosto de 2025, el gremio calcula que la deuda total acumulada asciende a $6,1 billones, desglosados así: $2,2 billones por subsidios, $1,3 billones por usuarios oficiales y $2,6 billones por opción tarifaria.

“Es preocupante porque evidentemente no hay recursos para 2025. Solo hay apropiación para financiar un trimestre del año, y hasta ahora lo que se ha pagado suma cerca de $260.000 millones”, explicó Manzur a Valora Analitik.

Empresas con menor capacidad de caja y los subsidios de energía en Colombia

El dirigente gremial aseguró que la situación es aún más grave porque las empresas comercializadoras están perdiendo capacidad de ingresos, al tiempo que deben financiar parte de los subsidios.

Según detalló, hay dos factores que agravan la situación:

• El decreto del Gobierno que incrementó el anticipo de retención en la fuente, lo cual golpea especialmente a compañías sin utilidades. En el caso de Afinia, por ejemplo, el valor a pagar pasó de $100.000 millones a $200.000 millones.
• La próxima resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que según borradores preliminares plantea reducciones de entre 33 % y 45 % en los ingresos de los comercializadores.

“Eso es crítico porque, en ese caso, las empresas no van a tener los recursos ni siquiera para financiar los subsidios, ni para ser viables”, advirtió Manzur, quien pidió a la CREG republicar la resolución para comentarios y garantizar que el ajuste tarifario mantenga un equilibrio entre eficiencia, sostenibilidad empresarial y calidad en el servicio.

¿Qué pasa con el Presupuesto General de la Nación?

Si bien las deudas de subsidios correspondientes a 2024 ya se encuentran saneadas, en 2025 el panorama es incierto. A mayo, las empresas ya habían entregado $1,5 billones en subsidios, cifra que en junio ascendió a $1,8 billones.

En el proyecto de presupuesto para 2026, el Gobierno contempla recursos adicionales, pero la mayor parte de ese dinero llegaría en ese año y no ahora.

“Si en 2025 se mantiene el mismo nivel de apropiación actual, la plata alcanzaría únicamente hasta junio del próximo año”, advirtió Manzur.

El gremio ha pedido al Ejecutivo presentar ante el Congreso un proyecto de ley que garantice $3,7 billones para 2026, más los $2,7 billones deficitarios de 2025, lo que eleva las necesidades de financiación a $6,4 billones.

Las constantes alertas de la Contraloría por los subsidios de energía

El tema también preocupa a los organismos de control. El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, señaló en el Congreso de Andesco que, a enero de 2025, la deuda de la Nación y entidades oficiales por subsidios tarifarios y servicios públicos de energía y gas ascendía a $7,6 billones.

De esa cifra, $2,7 billones correspondían a subsidios de energía eléctrica, $3,3 billones a opción tarifaria, $1 billón a usuarios oficiales y $628.000 millones a subsidios de gas combustible.

“La apropiación suficiente y la ejecución oportuna debe programarse en cada vigencia, ya que estos recursos cubren necesidades periódicas y previsibles”, afirmó Rodríguez.

Además, advirtió que los esquemas de subsidios presentan fallas que comprometen objetivos de calidad, acceso equitativo y sostenibilidad financiera, y que aún falta medir el impacto real de estas inversiones, incluyendo incentivos a eficiencia energética y renovables.

Así, mientras el Gobierno logró sanear las deudas de 2024, la falta de apropiación presupuestal para 2025 mantiene en alerta a las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía.

El sector advierte que, de no resolverse, podría enfrentarse en los próximos meses a problemas de liquidez que comprometan la viabilidad de varias compañías y, en última instancia, la continuidad del servicio para millones de usuarios en Colombia.