El incremento de los riesgos fiscales amerita una estrategia que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Gobierno con en el sector de infraestructura a través de vigencias futuras, así como una evaluación de la capacidad de financiamiento con que se cuenta actualmente, de acuerdo con un informe del Grupo Cibest (Bancolombia).
“Blindarlas implica asegurar que las decisiones de gasto de hoy no comprometan la solvencia institucional del Estado mañana. Más que un instrumento presupuestal, las vigencias futuras representan un compromiso de ejecución a futuro que debe estar respaldado por disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica”, detalló la entidad.
Las restricciones de liquidez, según el análisis, son producto de la creciente deuda pública, que podría superar el 70 % del Producto Interno Bruto (PIB), y del aumento desbalance fiscal, derivado del mayor crecimiento del gasto en relación con el recaudo tributario. “En ese sentido, las decisiones del Ejecutivo en materia de priorización del gasto, reglas de caja y capacidad operativa en el Ministerio de Hacienda resultan claves para preservar la senda de pagos acordada”, señaló.
De acuerdo con el informe, las vigencias futuras, particularmente en infraestructura, son uno de los frentes más sensibles en este contexto y se convierten en un riesgo operativo directo porque se ve comprometida la capacidad del Estado para honrar estos compromisos de largo plazos debido a la falta de condiciones de sostenibilidad fiscal para poder ejecutarse sin sobresaltos ni retrasos.
“Aunque el país está lejos de un escenario de incumplimiento o default, la presión sobre la caja y el deterioro de las señales fiscales podrían traducirse en mayores costos de financiamiento, afectaciones a la cadena de pagos y una menor disposición de inversionistas a participar en nuevos proyectos bajo esquemas de cofinanciación”, indicó.
Una mala señal para los inversionistas
Además de poner en riesgo la continuidad de obras estratégicas, según el Grupo Cibest, el eventual incumplimiento en los pagos enviaría señales negativas a financiadores y contratistas.
“No se trata solo de evitar incumplimientos, sino de preservar la credibilidad del Estado como contratante, garantizar la ejecución ordenada de proyectos estratégicos y evitar que una eventual crisis de confianza termine afectando la inversión pública de mediano plazo”, indica el documento.
Finalmente, el Grupo Cibest señaló que, aunque Colombia mantiene capacidad de pago en términos agregados, la fragilidad en la caja del Tesoro genera una tensión creciente entre atender obligaciones corrientes y las adquiridas mediante vigencias futuras. “Esta situación se agrava en ausencia de un ancla fiscal clara y de mecanismos de priorización del gasto”, indicó.
El análisis fue enfático en que el riesgo de incumplimiento no proviene de la voluntad de pago, sino de un desbalance acumulado que limita el margen de maniobra, con potenciales retrasos en la ejecución y efectos reputacionales que podrían dificultar la estructuración y cierre de nuevos proyectos.
La entidad concluyó que, de no corregirse estas tendencias, el país podría enfrentar primas de riesgo más altas y una menor disponibilidad de recursos para honrar pagos futuros asociados a esquemas de Asociación Público-Privada (APP) y concesiones, por lo que insistió en que preservar su cumplimiento debe ser una prioridad explícita de la política fiscal “para garantizar la continuidad de la inversión pública como motor de crecimiento”.
