El contrato de concesión del Muelle 13 de Buenaventura volvió a ser objeto de debate jurídico luego de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca emitiera el auto número 380, mediante el cual ordenó dar continuidad a la ejecución del acuerdo vigente con la empresa Grupo Portuario S. A.
La decisión se enmarca en lo dispuesto previamente por el Consejo de Estado, que también había manifestado un concepto favorable para que la concesión continuara con el desarrollo del proyecto.
El auto del Tribunal no solo ratifica la obligación de cumplir con el fallo del Consejo de Estado, sino que además convoca a una audiencia inicial dentro del nuevo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta diligencia quedó programada para el 11 de diciembre de 2025 y será clave en la definición del futuro de la obra.
En paralelo, desde el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, se había planteado la posición de que la operación del Muelle 13 debía regresar a manos del Estado desde enero del presente año. Sin embargo, la empresa concesionaria sostiene que tales actuaciones han vulnerado el debido proceso y han desconocido los derechos adquiridos en el marco del contrato.
La propuesta de Grupo Portuario S. A. contemplaba la extensión de la concesión hasta el año 2045, lo que, en su criterio, garantizaría la continuidad y estabilidad de una obra considerada estratégica para el desarrollo portuario de Buenaventura y del país.
Por su parte, el Consejo de Estado precisó en su pronunciamiento que la ANI debía contar con la autorización de la autoridad ambiental para realizar modificaciones contractuales, pero aclaró que las decisiones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no afectan la validez de los actos administrativos que ya se habían expedido. Esta postura busca delimitar las competencias y responsabilidades en la gestión del contrato.
El director de la ANI, Óscar Torres, anunció que se llevará a cabo un nuevo peritaje con el fin de establecer el estado real de la obra. Según explicó, el objetivo es garantizar que, en caso de que se active la cláusula de reversión, el muelle pueda ser entregado en condiciones óptimas de funcionamiento.
A este escenario se suma la vigilancia de la Contraloría que ha advertido sobre posibles riesgos de detrimento patrimonial asociados a la falta de claridad en la administración del muelle. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, indicó que el organismo continuará haciendo seguimiento al proceso y alertó tanto a la ANI como a la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas sobre la importancia de proteger el patrimonio público frente a eventuales irregularidades.
La empresa insiste en que sus derechos deben ser respetados y que el proyecto requiere continuidad para cumplir con los objetivos planteados, el Gobierno y los órganos de control recalcan la necesidad de garantizar transparencia, legalidad y eficiencia en la ejecución del contrato.
