El contrato de concesión del Muelle 13 de Buenaventura volvió a ser objeto de debate jurídico luego de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca emitiera el auto número 380, mediante el cual ordenó dar continuidad a la ejecución del acuerdo vigente con la empresa Grupo Portuario S. A.

La decisión se enmarca en lo dispuesto previamente por el Consejo de Estado, que también había manifestado un concepto favorable para que la concesión continuara con el desarrollo del proyecto.

El auto del Tribunal no solo ratifica la obligación de cumplir con el fallo del Consejo de Estado, sino que además convoca a una audiencia inicial dentro del nuevo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta diligencia quedó programada para el 11 de diciembre de 2025 y será clave en la definición del futuro de la obra.

En paralelo, desde el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, se había planteado la posición de que la operación del Muelle 13 debía regresar a manos del Estado desde enero del presente año. Sin embargo, la empresa concesionaria sostiene que tales actuaciones han vulnerado el debido proceso y han desconocido los derechos adquiridos en el marco del contrato.

La propuesta de Grupo Portuario S. A. contemplaba la extensión de la concesión hasta el año 2045, lo que, en su criterio, garantizaría la continuidad y estabilidad de una obra considerada estratégica para el desarrollo portuario de Buenaventura y del país.

Por su parte, el Consejo de Estado precisó en su pronunciamiento que la ANI debía contar con la autorización de la autoridad ambiental para realizar modificaciones contractuales, pero aclaró que las decisiones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no afectan la validez de los actos administrativos que ya se habían expedido. Esta postura busca delimitar las competencias y responsabilidades en la gestión del contrato.

El director de la ANI, Óscar Torres, anunció que se llevará a cabo un nuevo peritaje con el fin de establecer el estado real de la obra. Según explicó, el objetivo es garantizar que, en caso de que se active la cláusula de reversión, el muelle pueda ser entregado en condiciones óptimas de funcionamiento.

A este escenario se suma la vigilancia de la Contraloría que ha advertido sobre posibles riesgos de detrimento patrimonial asociados a la falta de claridad en la administración del muelle. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, indicó que el organismo continuará haciendo seguimiento al proceso y alertó tanto a la ANI como a la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas sobre la importancia de proteger el patrimonio público frente a eventuales irregularidades.

La empresa insiste en que sus derechos deben ser respetados y que el proyecto requiere continuidad para cumplir con los objetivos planteados, el Gobierno y los órganos de control recalcan la necesidad de garantizar transparencia, legalidad y eficiencia en la ejecución del contrato.

Los bicitaxis en Bogotá se consolidaron durante varios años como una opción de transporte en sectores donde no existían rutas alimentadoras hacia el sistema de TransMilenio.

Para muchos ciudadanos, representaron una solución práctica de conexión con los portales o estaciones cercanas. Sin embargo, a pesar de su popularidad, este modelo ha enfrentado serias restricciones debido a su carácter informal y a la falta de condiciones técnicas y de seguridad exigidas en el marco normativo vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad ha señalado que los bicitaxis no cumplen con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Tránsito. En consecuencia, su operación presenta limitaciones que buscan garantizar la seguridad de peatones, ciclistas y usuarios de la vía.

Un ejemplo de estas disposiciones es la Resolución 137609 de 2023, emitida por la misma entidad, la cual prohíbe la circulación de ciclomotores en ciclorrutas y en espacios destinados exclusivamente a peatones y bicicletas. Esta medida cobija también a los bicitaxis con motor, que son considerados vehículos no autorizados para transitar por esas vías.

A esto se suma que los bicitaxis con motores de combustión interna no cuentan con aval para prestar servicio de transporte, ya que no alcanzan los estándares mínimos de seguridad requeridos para ser reconocidos como un medio formal de movilización.

Con el fin de atender esta situación, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20243040038565, en la que se establecen requisitos técnicos y de seguridad para permitir la operación de tricimóviles como alternativa de transporte público en la capital.

La reglamentación busca que estos vehículos operen de manera formal, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas. En particular, se promueve que los tricimóviles sean eléctricos y cuenten con la normatividad correspondiente, lo que además representa un paso hacia la transición energética y la reducción de emisiones contaminantes. Esta medida pretende sustituir progresivamente los bicitaxis que funcionan con gasolina y ofrecer un servicio más seguro y sostenible.

Un estudio de caracterización realizado en 2019 evidenció que existían más de 4.000 tricimóviles en Bogotá, de los cuales apenas el 9 % eran eléctricos o de pedaleo asistido. El desafío, entonces, no solo radica en la formalización del servicio, sino también en el reemplazo progresivo de los vehículos que no cumplen con los parámetros ambientales y de seguridad.

¿Cómo sería la solución de movilidad ante los problemas que hay con los bicitaxis en Bogotá?

Para avanzar en este proceso, el Concejo de Bogotá, en conjunto con el Ministerio de Transporte y el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), adelanta jornadas de capacitación dirigidas a quienes ya operan tricimóviles o a quienes deseen iniciar el proceso de homologación. Estas capacitaciones buscan orientar sobre los requisitos técnicos y legales que deben cumplir los vehículos para ser autorizados.

Entre las condiciones establecidas, se encuentran la obligación de contar con puertas en la carrocería y sistemas de ventilación adecuados, el uso de casco para los ocupantes, y la disposición transversal de los asientos. En materia de seguridad activa, los tricimóviles deberán tener un sistema eléctrico protegido, timbre o señal audible, refuerzos en la estructura, y capacidad máxima para tres ocupantes, incluido el conductor.

Adicionalmente, deberán operar con una velocidad máxima de 25 km/h, disponer de tablero con luces, suspensión en buen estado y cumplir con los registros en el RUNT a través de empresas cooperativas autorizadas, las cuales asumirán la responsabilidad de su operación.

El Concejo de Bogotá ha resaltado que viene liderando mesas de trabajo con los conductores para promover el diálogo y brindar acompañamiento técnico. El objetivo es mejorar la seguridad, garantizar la formalización del servicio y dignificar el trabajo de quienes se desempeñan en esta actividad, todo bajo un esquema de movilidad sostenible basado en energías limpias.

Colombia superó en 2025 un hito en su transición energética: el país ya cuenta con 2 gigavatios (GW) de capacidad instalada en energías renovables no convencionales dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Este avance reflejaría los esfuerzos de la última década por diversificar la matriz eléctrica y depender menos de fuentes hidroeléctricas y térmicas en el país.

Sin embargo, el logro llega acompañado de un reto mayúsculo: la meta del Gobierno del presidente Gustavo Petro es alcanzar 6 GW en energías renovables antes del cierre de su mandato en agosto de 2026, una cifra que, a la luz de los retrasos actuales, luce difícil de cumplir.

Avances y retrasos en la transición energética e implementación de energías renovables

En los últimos años, Colombia ha visto despegar proyectos solares, especialmente en regiones como Cesar, Atlántico, Meta y Valle del Cauca. Estos desarrollos se suman a la hidroeléctrica, que todavía representa más del 60 % de la generación nacional, y a las térmicas que actúan como respaldo.

No obstante, el gran potencial de la transición está en La Guajira, considerada el epicentro de las energías renovables del país por su altísimo recurso eólico y solar. Allí, el Gobierno busca consolidar un hub energético que pueda convertir a Colombia en un referente regional. Sin embargo, este objetivo enfrenta múltiples barreras:

• Conflictos sociales y comunitarios, en particular con comunidades indígenas wayuu que reclaman mayor participación en los beneficios de los proyectos.
• Consultas previas demoradas que ralentizan la construcción.
• Problemas ambientales relacionados con licencias y afectaciones a ecosistemas sensibles.
• Inseguridad jurídica y cambios regulatorios que generan incertidumbre en los inversionistas.
• Factores de orden público, que han impactado en zonas críticas del departamento.

A esto se suma la fractura de confianza con inversionistas internacionales, quienes ven en Colombia un país con gran potencial renovable, pero con un entorno complejo para ejecutar proyectos a tiempo.

El cargo por confiabilidad: un pilar financiero para las renovables

En este contexto, el sector ha resaltado la importancia del cargo por confiabilidad como mecanismo clave para la viabilidad financiera de las nuevas tecnologías.

De acuerdo con Alexandra Hernández, presidenta del gremio SER Colombia, este instrumento no es un subsidio, sino una señal económica de largo plazo que otorga ingresos predecibles a los proyectos y les permite cerrar financieramente con apoyo de la banca.

“Todos los proyectos solares que hoy están en operación en Colombia se han financiado gracias al ingreso del cargo por confiabilidad. Gracias a este esquema se han movilizado más de US$800 millones, instalado 1.100 megavatios de capacidad solar y generado más de 10.000 empleos”, explicó Hernández.

La dirigente gremial advirtió que es indispensable que el país mantenga y ajuste este mecanismo para que las renovables sigan creciendo. Entre los puntos que considera urgentes están:

• Revisar el precio de escasez, que actualmente limita la contratación a largo plazo.
• Reconocer la complementariedad de las renovables con la hidrología, es decir, su aporte en épocas de sequía.
• Impulsar nuevas herramientas como el almacenamiento con baterías, la demanda flexible y los mercados intradiarios, que ya son comunes en otros países.

“Las renovables son variables, pero eso no significa que no sean inciertas. Su variabilidad se puede modelar, anticipar y gestionar si modernizamos el sistema. Por eso debemos verlas como parte integral de la confiabilidad del sistema eléctrico”, puntualizó.

Ahora bien, en comparación con otros países de la región, Colombia avanza, pero a un ritmo más lento. Brasil, Chile y México superan ampliamente la capacidad instalada en renovables, gracias a entornos regulatorios más estables y a una mayor ejecución de proyectos.

El rezago genera preocupación no solo por el cumplimiento de metas de transición, sino también por la seguridad energética. Colombia depende en más de un 60 % de las hidroeléctricas, lo que la hace vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño.

El desarrollo de fuentes solares y eólicas permitiría mitigar esa vulnerabilidad y garantizar precios más estables de la energía.

¿Podrá Colombia cumplir la meta de 6 GW?

Con apenas 2 GW en operación y más de 6 GW en meta, el país tendría que triplicar su capacidad en menos de dos años.

Expertos coinciden en que, con los actuales cuellos de botella sociales, ambientales y regulatorios, el objetivo del Gobierno difícilmente se logrará antes de 2026.

Pese a ello, el avance hacia una matriz más diversificada sigue siendo visto como estratégico para el desarrollo económico y social.

El reto, dicen analistas, está en destrabar proyectos en La Guajira, garantizar estabilidad regulatoria y recuperar la confianza de inversionistas, elementos sin los cuales la transición energética seguirá a medio camino.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó que la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. (HI) presentó una reforma a la demanda arbitral en curso por el contrato Boomt del proyecto Hidroituango, lo que representa un aumento considerable en las pretensiones económicas contra la compañía.

De acuerdo con la información revelada, el proceso se adelanta ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín, bajo el radicado 2024 A 00033.

La controversia tiene su origen en presuntos incumplimientos de EPM, particularmente relacionados con el Hito 10, que hace referencia a la entrada en operación comercial de la unidad de generación número 8 de la central hidroeléctrica.

En un inicio, la demanda solicitaba declarar el incumplimiento del contrato y pedía a EPM el pago de remuneraciones y cláusulas penales de apremio por un valor estimado en $2,49 billones.

Sin embargo, el pasado 29 de julio EPM fue notificada de una reforma a la demanda por parte de HI.

Con esta modificación, las pretensiones se incrementan sustancialmente hasta llegar a $7,52 billones, lo que representa un aumento de aproximadamente $5,03 billones frente al monto inicial.

De acuerdo con la compañía, el ajuste obedece a la actualización de sumas previamente reclamadas y a la inclusión de nuevas cláusulas penales exigidas por HI.

Ante este escenario, EPM reiteró que contestará la reforma dentro de los plazos legales, a más tardar el 22 de agosto de 2025, y que lo hará con argumentos técnicos, jurídicos y financieros alineados con la estrategia de defensa que viene desarrollando desde la contestación inicial de la demanda.

En paralelo, la empresa recordó que también interpuso una demanda de reconvención en el mismo proceso, como parte de su estrategia jurídica.

No obstante, y pese al incremento en las pretensiones, EPM y HI manifestaron su voluntad de seguir explorando un posible acuerdo, con el fin de alcanzar una resolución definitiva de los conflictos económicos y jurídicos derivados del contrato Boomt.

Cualquier negociación estaría sujeta a los procedimientos legales vigentes y a las decisiones que adopte el tribunal arbitral.

EPM subrayó que, con estas actuaciones, su prioridad es la protección de los intereses de la empresa, de sus accionistas y de la ciudadanía, al tiempo que se busca garantizar la continuidad y culminación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, considerado el proyecto energético más importante del país y clave para la seguridad eléctrica nacional.

La compañía enfatizó además que su gestión está orientada a mantener la confianza de los diferentes grupos de interés, a resolver los conflictos en el marco institucional y a salvaguardar el interés general de Colombia, dado que Hidroituango representa un pilar fundamental para el suministro energético de largo plazo.

Nuestro Bogotá, uno de los últimos centros comerciales en inaugurarse a nivel nacional, anunció que con los 710 paneles que se instalaron en su terraza, los cuales generarán un volumen estimado de 408.000 kilovatios hora (kWh) al año, se alcanzarían ahorros del 56 % en su tarifa energética durante el primer año de puesta en marcha.

Esta iniciativa, destacada en la reciente conferencia de resultados de Pei -propietario mayoritario del centro comercial- para el segundo trimestre del 2025, informaron que constituye una de las principales apuestas de eficiencia energética dentro del portafolio de este vehículo de inversión inmobiliaria, que es el más grande en el país.

“El portafolio de Pei se ha caracterizado por inmuebles de primer nivel, tanto por sus características comerciales como por sus prácticas de vanguardia. Y en ese sentido, Nuestro Bogotá no ha sido la excepción, pues, además de ser un activo altamente atractivo, estamos siendo un referente en la implementación de estrategias de sostenibilidad, como lo es la tecnología fotovoltaica”, explicó David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.

Cabe destacar que esta iniciativa se suma al conjunto de prácticas sostenibles que promueve el centro comercial desde su fundación: recolección y uso de aguas lluvias, aprovechamiento de desechos, recepción y circulación de ropa usada, y resocialización de mujeres pospenadas a través de empleo digno y formal.

Ventas en primer semestre y nuevas apuestas

Durante el primer semestre de 2025, el centro comercial Nuestro Bogotá reportó un crecimiento del 15 % en ventas, con US$39 millones en facturación.

Adicionalmente, el tráfico de visitantes creció 8,8 % frente al mismo periodo de 2024, acercando al centro comercial a su meta de alcanzar el millón de visitantes mensuales.

Por otra parte, anunció la operación de una ruta gratuita entre el centro comercial y el Aeropuerto El Dorado, mediante una van con capacidad para 19 pasajeros y espacio para equipaje, que conecta también con hoteles de la zona y el Puente Aéreo.

Y, para el segundo semestre, Nuestro Bogotá ampliará su oferta de entretenimiento con el lanzamiento de nuevas atracciones.