La petrolera más grande de Colombia, Ecopetrol, atraviesa un complejo episodio corporativo y legal que podría tener repercusiones internacionales: un memorando confidencial de la firma de abogados estadounidense Covington & Burling, revelado por Caracol Radio, advierte que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) podría investigar a la empresa por un presunto conflicto de interés que involucra a su presidente, Ricardo Roa Barragán.

El documento, fechado en octubre de 2024 y titulado “Evaluación sobre el posible interés de la SEC en las acusaciones de conflicto de interés”, analiza con detalle la compra, en diciembre de 2022, del apartamento 901 en Bogotá por parte de Roa a una empresa presuntamente vinculada al empresario del sector hidrocarburos Serafino Iacono.

La transacción bajo sospecha que involucra a Ecopetrol

Según la investigación periodística de Daniel Coronell, la operación se realizó a un precio presuntamente inferior al valor real del inmueble. La escritura pública indica que Roa pagó $1.800 millones, mientras que un año antes, un apartamento con menos de la mitad de su tamaño en el mismo edificio se vendió por $1.200 millones.

El vínculo entre ambas partes no se limita a esa compraventa. Meses después, en abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol. Y en marzo de 2024, NG Energy -una empresa ligada a Iacono- obtuvo los derechos de exploración del bloque Sinú 9, uno de los activos estratégicos del sector hidrocarburos en Colombia.

Las advertencias de Covington & Burling sobre Ecopetrol

El memorando de seis páginas sostiene que, hasta la fecha de su redacción, la Junta Directiva de Ecopetrol “no ha llevado a cabo una evaluación independiente para determinar si Iacono buscó o recibió algún beneficio indebido o ventaja comercial” a raíz de la transacción con Roa.

Por ello, la firma advierte que la SEC podría interesarse en investigar tres aspectos clave:

1. Si la compra del apartamento representó un conflicto de interés para el presidente de la petrolera.
2. Si las políticas y controles internos de Ecopetrol fueron efectivos para detectar y manejar dicho conflicto.
3. Si los registros y la documentación de la empresa sobre esta operación son exactos y cumplen con las disposiciones contables exigidas por la ley estadounidense.

Aunque Covington descarta una probable investigación formal por soborno bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) —ya que la compra ocurrió antes del nombramiento de Roa—, advierte sobre precedentes en la región. Cita los casos de Petrobras y Eletrobras en Brasil, en los que la SEC sancionó deficiencias en controles internos, manipulación de procesos y documentación incompleta o falsa.

El “otrosí” de la discordia

La historia se complica en diciembre de 2024, cuando Ecopetrol firma un otrosí con Covington & Burling por US$5,8 millones para evaluar el impacto en Estados Unidos de las acusaciones contra Roa. Según la versión oficial de la Junta Directiva, este contrato fue suscrito a sus espaldas, lo que llevó a suspenderlo el 3 de febrero de 2025.

No obstante, el entonces gerente de cumplimiento, Alberto Vergara, asegura que la Junta sí estaba al tanto y que nada se hizo sin su conocimiento. La consecuencia directa de esa suspensión es que, hoy en día, se desconoce el resultado de las investigaciones que Covington había empezado a desarrollar.

Promesas incumplidas y preguntas abiertas

Pese a que el memorando advierte la necesidad urgente de realizar una investigación independiente, la Junta Directiva no ha cumplido esa promesa. Esto mantiene abiertas las dudas sobre la posible existencia de un conflicto de interés y sobre la relación comercial de Ecopetrol con Iacono y sus empresas, incluidas las operaciones con NG Energy, compañía de la que Iacono fue CEO desde 2019 hasta febrero de 2024.

En un contexto donde Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York y, por tanto, está sujeta a la supervisión de la SEC, las revelaciones de este documento confidencial elevan el riesgo de que la petrolera enfrente un escrutinio internacional.

La pregunta clave, que ni la Junta Directiva ni el propio Roa han respondido públicamente, es si la compra del apartamento 901 en 2022 y las decisiones posteriores en beneficio de empresas vinculadas a Iacono constituyen o no un caso de conflicto de interés que pueda derivar en sanciones o pérdida de confianza de inversionistas globales.

Durante su visita a la sede de Monómeros para conocer de primera mano los estados financieros de la compañía, la infraestructura y las condiciones laborales de sus 522 trabajadores directos y cerca de 1.200 indirectos, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó la resiliencia de la compañía y los resultados positivos en materia financiera y laboral, a pesar de los enormes retos que esta enfrenta.

Según información del Ministerio, el funcionario encontró «una empresa vital y en funcionamiento, con un gran potencial, respaldada por un equipo de trabajadores y un sindicato comprometido con su sostenibilidad, y totalmente de acuerdo con que la adquiera el gobierno colombiano».

En línea con la Gerencia de Monómeros, el ministro Palma dijo que los resultados son positivos a pesar de que algunos sectores han desinformado sobre el estado de la empresa y sus potencialidades. «Durante esta reunión, se encontraron resultados alentadores. De acuerdo con cifras de la compañía, solo en el primer semestre de 2025, la utilidad bruta creció un 543 %, frente al mismo periodo del 2024».

«¿Eso qué significa? que las y los trabajadores están comprometidos con sacar adelante la empresa, que mantienen la estabilidad laboral, que los insumos agrícolas para cerca de 1,5 millones de familias campesinas de Colombia están garantizados, y que es estratégica dentro del tejido empresarial del país para la aceleración del crecimiento agrícola», indicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

De acuerdo con Iván Sánchez, gerente general de Monómeros, la compañía está dando resultados positivos con incrementos en la capacidad de operación.

“Después de siete años, comienza a dar resultados positivos, teniendo un Ebitda, con corte a julio de 2025, de US$7,8 millones respecto al 2024, y generando utilidades. Esa es la verdad de Monómeros el día de hoy. Una empresa productiva, una empresa socialmente responsable. Además, aportamos a más de 1.5 millones de familias en Colombia, e impactamos a más de 40 millones de colombianos”

Dentro de los informes presentados por las directivas de Monómeros, también se destaca el incremento del 134% en la utilidad operacional y la capacidad de producción de más de 800 mil toneladas de fertilizantes compuestos.

Por su parte, Alexis Lewis Muñoz, presidente del Sindicato de Trabajadores de Monómeros – Sintramonómeros, aseguró que “actualmente, existen 522 trabajadores directos y alrededor de 1.200 trabajadores indirectos. Nos sentimos orgullosos y somos una empresa resiliente, que hoy está más viva que nunca».

Agregó que «con el apoyo del Gobierno vamos a seguir adelante. Le estamos demostrando a Colombia que sí se puede, y que somos una empresa fundamental para el agro y la alimentación de los colombianos”.

Actualmente, el Gobierno de Colombia, con el liderazgo del ministro de Minas y Energía, sostiene conversaciones con Venezuela para avanzar en la adquisición de la compañía, para dedicarla al desarrollo de la agricultura colombiana.

El 1 de noviembre Puerto Antioquia, que será una de las terminales marítimas más relevantes del país, entrará en operación desde Turbo, Antioquia.

Según estimaciones de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), esta terminal concentrará hasta el 10 % del comercio exterior nacional.

En ese sentido, Alejandro Costa, presidente de Puerto Antioquia, en conversación con El Colombiano afirmó que el puerto estará en total capacidad al año y medio después de entrar en operaciones.

“Todo depende de la migración del tamaño de los barcos, nosotros esperamos que en seis meses alcancemos el plan de trabajo máximo que tenemos para el primer año de operación, pero el puerto estará en total capacidad al año y medio después de abrir. Eso significará mover las siete millones de toneladas”.

Por otra parte, también se refirió a la vía Río Grande – Nueva Colonia y la variante, en donde explicó que: “Dado que el control del volumen lo manejamos en Puerto Antioquia al aceptar o no la carga de los clientes, en el buen sentido de la palabra, hemos limitado la oferta del inicio de la operación del puerto a la capacidad de la vía actual, en concordancia al trabajo conjunto con las comunidades que viven a lo largo de Río Grande y Nueva Colonia”.

Y, agregó: “Nuestro volumen del primer año de operación va relacionado con la cantidad de camiones que puede soportar la vía actual mientras construimos la variante”.

¿Qué le falta a Puerto Antioquia?

Según Costa, al proyecto le falta aproximadamente un 5 %, el cual abarca las siguientes actividades: “Terminar los patios de contenedores y la red eléctrica y sanitaria, aguas lluvias e internet; y terminar la adecuación interior de los edificios, enchapes, baños, pintura y el mobiliario. Es básicamente lo que nos tiene pendiente para poder lograr la apertura”.

Asimismo, hizo énfasis en que la fecha de apertura fue definida al ver todas las tareas y decidir cuando están listos al 100 % para prestar los servicios, “es decir, cuál es la fecha última entre las actividades constructivas, de alistamiento, comisionamiento de equipos, capacitación, reglamento del personal y obtención de licencias y permisos pendientes para operar”.

“Al juntar esas líneas se determinó que el primero de noviembre es la fecha más próxima en la que todas esas actividades se pueden realizar de manera conjunta”, concluyó.

En Cundinamarca ya está en operación una nueva ruta de transporte intermunicipal que conecta directamente a Soacha con Chía, sin necesidad de pasar por Bogotá. La iniciativa busca ofrecer a los ciudadanos una alternativa más eficiente para sus desplazamientos, reducir los tiempos de viaje y fortalecer la conectividad entre varios municipios de la región.

El trayecto recorre puntos estratégicos como Cota, Funza, Mondoñedo y Soacha, antes de llegar a Chía. Uno de los principales beneficios de este recorrido es que evita el ingreso a la capital, lo que representa un ahorro significativo en tiempo y costos para los usuarios, especialmente al evitar los habituales trancones de la ciudad.

De acuerdo con las proyecciones, el tiempo estimado para cubrir la ruta es de aproximadamente una hora, aunque este podría variar ligeramente dependiendo de las condiciones del tráfico en los municipios intermedios. Al ser un servicio directo, se elimina la necesidad de realizar transbordos en TransMilenio o en buses intermunicipales, lo que facilita el desplazamiento de quienes viajan a diario entre estos destinos.

Esta nueva conexión hace parte de un plan integral que busca optimizar la movilidad en la Sabana de Bogotá. Dentro de este proyecto también se contemplan otros corredores estratégicos, como el trayecto Soacha–Albán, que pasará por Madrid y Facatativá, y la ruta Soacha–La Vega, con paso por Siberia, Funza y Albán. Estos desarrollos pretenden fortalecer las alternativas de transporte regional y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.

Herramientas digitales que ayudarán a conocer el trayecto

La implementación del servicio incorpora herramientas tecnológicas que permitirán a los pasajeros acceder a información en tiempo real sobre horarios, tarifas y puntos de parada. De esta forma, los usuarios podrán planificar mejor sus desplazamientos y reducir la incertidumbre asociada a los tiempos de espera.

Además del beneficio directo para los viajeros, la ruta podría tener un impacto positivo en la movilidad de Bogotá. Al ofrecer un medio de transporte eficiente y directo, se espera que disminuya la cantidad de vehículos particulares que ingresan diariamente a la ciudad, lo que contribuiría a descongestionar las vías y reducir los niveles de contaminación.

El Gobierno Nacional anunció una inversión de $50.000 millones destinada a la ampliación del aeropuerto Almirante Padilla, en Riohacha, luego de que la proyección de pasajeros prevista para 2028 fuera superada anticipadamente en 2025. La decisión busca responder a las crecientes necesidades operativas de la terminal y potenciar su papel como punto estratégico para la movilidad y el desarrollo económico de la región.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que la intervención contempla una transformación integral del área terrestre de la terminal aérea, con el objetivo de incrementar su capacidad operativa en un 68 %.

Según la funcionaria, las obras permitirán que el aeropuerto pueda movilizar hasta un millón de pasajeros al año, una cifra que fortalecerá su posición como eje de conectividad para el norte del país.
“Riohacha despega como una puerta al desarrollo del norte del país. Le estamos cumpliendo a La Guajira con obras que vuelan alto”, señaló Rojas.

La obra prevé la construcción de más de 1.500 metros cuadrados adicionales, la adecuación de nuevas salas de espera con mejor ventilación y la creación de áreas comerciales que amplíen la oferta de servicios para los usuarios. También se renovará por completo la fachada de la terminal, dotándola de una imagen moderna que responda a estándares internacionales.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la intervención responde no solo al crecimiento sostenido de la demanda, sino también a la necesidad de ofrecer instalaciones más cómodas, seguras y eficientes. La ampliación busca, además, atraer un mayor flujo de visitantes nacionales e internacionales, lo que reforzará la posición de Riohacha como destino turístico y de negocios.

El Gobierno prevé que la modernización del aeropuerto tenga un impacto directo en el sector turístico, considerado uno de los motores estratégicos de la economía de La Guajira. La llegada de más visitantes impulsará actividades como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local, generando un efecto multiplicador en la economía departamental.

Durante la fase de construcción, se estima la creación de empleos directos e indirectos, lo que representará una oportunidad de ingreso para trabajadores de diferentes áreas. En este sentido, la ministra Rojas destacó que la obra “es un mensaje claro de que el desarrollo puede y debe aterrizar en todos los rincones del país”.

El pasado 12 de abril, la Concesión Vía Sumapaz puso en funcionamiento el tercer carril de la vía Bogotá–Girardot, una obra considerada clave para la infraestructura vial del país. El proyecto abarcó una intervención de 120 kilómetros, desde el municipio de Soacha hasta Girardot, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento en este importante corredor.

La obra incluyó la construcción de un tercer carril en puntos estratégicos, priorizando los tramos con mayor congestión vehicular. Con su culminación, la vía entró en una etapa de verificación y ajustes técnicos destinada a optimizar su funcionamiento y garantizar condiciones adecuadas para los conductores que transitan por la zona.

Fabian Lacouture, director técnico de la Concesión Vía Sumapaz, explicó en entrevista con Valora Analitik los alcances del proyecto y los beneficios para los usuarios. Señaló que el corredor está dividido en ocho unidades funcionales que fueron entregadas de manera progresiva:

“A medida que íbamos terminando las unidades funcionales, las poníamos a disposición de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Esto significa que notificábamos a la ANI que habíamos concluido las obras comprometidas, para que, junto con la interventoría, verificaran el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la ejecución completa de las obras y los indicadores establecidos en el contrato de concesión”, detalló.