Día: 6 de agosto de 2025

Dada la conmoción pública que ha generado el accidente en la mina El Teniente, el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo, la Comisión de Minería y Energía acordó invitar a la ministra del ramo, Aurora Williams con el fin de conocer mayores antecedentes del hecho, luego del término de las labores de búsqueda de las víctimas.

El presidente de la instancia, el senador Rafael Prohens tras conocer los alcances de la tragedia comentó que “en próximos días, una vez que concluya la operación del rescate, citaremos a la Comisión de Minería a todos aquellos que están involucrados en este hecho: la ministra del ramo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y Codelco propiamente tal”.

“Últimamente se han registrado muchos accidentes mineros, todos fatales y es necesario que la Comisión reciba a las autoridades para que nos expliquen qué es lo que está pasando y cuál es la razón de tantos fallecimientos en esta actividad que es tan importante para el país”, planteó junto con extender sus condolencias a las familias de los mineros fallecidos.

Circunstancias del accidente

Ahondando en las circunstancias en que se produjo el derrumbe, el integrante de la comisión, el senador Juan Luis Castro, quien también representa a la Región de O’Higgins reconoció que “es una situación muy compleja porque es un evento de gran alcance. Un sismo 4,3, en categoría de siniestro de la minería, es el máximo, tiene una envergadura superior a la imaginada. Un temblor de esa magnitud es poco pensando en la superficie, pero es distinto en una mina. Es como que el epicentro del temblor estuviera en el patio de la casa”.

“Quiero entender que eso es algo totalmente inesperado, inexplicable, difícil de poder captar a primera vista (…) Veo mucho profesionalismo en Codelco. Aquí no hay nada amateur. Vi a Sernageomín haciendo su pega como un órgano fiscalizador. Desde luego está la PDI, el Ministerio Público, veo mucho profesionalismo en el diálogo que se está haciendo con los sindicatos de trabajadores”, manifestó el congresista cuando se desarrollaban las faenas de búsqueda de los mineros atrapados.

Sobre las responsabilidades del evento, el senador Castro aseguró que “hay que tener cuidado porque no es cosa de decir simplistamente: ‘esto tenía que pasar porque alguien…’ No, cuidado porque los derrumbes pueden haber siempre, los hay en minería, siempre hay movimiento, pero este tipo de sismo llama la atención por el modo en que aparece y sobre todo de abajo hacia arriba. Es decir, la faena minera, la más profunda, está por arriba del origen del sismo. Eso es llamativo”.

Por su parte, la senadora por la Región de O’Higgins, Alejandra Sepúlveda, tras conocer el accidente planteó una hipótesis distinta. “Lo que ha ocurrido hoy día en El Teniente no es por causa de un sismo, como lo dicen los mineros. Este fue una sentada del cerro en donde no había ninguna medida de prevención ni de resguardo a los trabajadores”, denunció.

Finalmente hizo un llamado directo a la gerencia general de la compañía manifestando que “ya basta de tener heridos, basta de tener muertes en una mina tan importante como El Teniente. Espero que se entienda que aquí las vidas humanas son importantes y que la minería, sobre todo la estatal, tiene que tener los resguardos necesarios”.

La sesión de la Comisión de Minería y Energía, se realizará el miércoles 13 de agosto, entre las 12.30 y las 14 horas, en las dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso. Ese día también se analizará con la ministra Williams, la modificación del Reglamento 132 de Seguridad Minera de 2004.

El Decreto Supremo N° 132, del Ministerio de Minería, establece el Reglamento de Seguridad Minera en Chile cuyo objetivo principal es proteger la vida e integridad física de los trabajadores mineros, así como resguardar las instalaciones y operaciones mineras. Este reglamento aborda diversos aspectos de seguridad y salud ocupacional en la industria minera, incluyendo la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales.

Uno de los mayores impulsores del mercado de viviendas económicas en los últimos años ha sido el subsidio DS19 que permite a las familias acceder a viviendas económicas de calidad y en zonas consolidadas. También conocido como Programa de Integración Social y Territorial, este apoyo del Estado le está dando la opción a muchas personas de poder acceder a su primera vivienda, en proyectos con buena ubicación, conectividad y terminaciones de calidad, comparables con iniciativas dirigidas a segmentos de mayores ingresos. Estos subsidios se han transformado en una política pública de gran impacto tanto social como para la industria y que en conjunto con el sector privado (inmobiliarias, constructoras y bancos) han permitido a miles de familias acceder a una casa propia.

Según explicó Gastón Escala, gerente inmobiliario de Inmobiliaria Monte San Lorenzo, “los subsidios bajo el esquema DS19 se aplican de manera automática a los compradores, es decir, todas las personas que adquieren un departamento inmediatamente ven reducido el monto del crédito hipotecario que requieren para optar a una vivienda. Este beneficio no se entrega como un descuento del precio, sino como una rebaja en el monto del crédito hipotecario, es decir, funciona como un pie financiado por el Estado”.

“El DS19 está destinado para la compra de primera vivienda hasta 2.800 UF. Este beneficio es otorgado directamente a las inmobiliarias, por lo que no es necesario postular al Serviu para acceder a él, ya que son las entidades desarrolladoras las que compiten en procesos anuales de postulación, liderados por el SERVIU, para la adjudicación de dichos subsidios. Esto se logra a través del diseño y ejecución de proyectos con terminaciones de buen estándar, con facilidades que permitan a sus residentes aprovechar y disfrutar de los espacios comunes que gozan estos condominios”, puntualizó el ejecutivo.

“Otro factor importante y que en nuestro caso como empresa ha sido un factor clave, es la capacidad de entrega a los clientes dentro de los plazos acordados, sin atrasos y cumpliendo con todas las normas que se exigen para este tipo de operaciones. Esto queda de manifiesto en los distintos proyectos que ya hemos desarrollado y en los que también nos encontramos construyendo actualmente en Rancagua, Casablanca y San Felipe. En esta última ciudad, nuestra propuesta con Jardines de San Felipe ha tenido un importante impacto en la comunidad de la Quinta Región interior, en especial la zona de Aconcagua”, agregó.

“Este proyecto ha llamado la atención de familias jóvenes, profesionales y técnicos de sectores cercanos, que han optado por viviendas económicas con eficiencia energética certificada y con alto estándar de calidad en estructura, diseño y terminaciones bajo la modalidad del DS19. Este proyecto, ubicado en Av. Michimalongo 2140, a la altura de Julio Montero, consiste en 8 torres habitacionales de 5 pisos con tecnología de aislación exterior EIFS y ventanas de termopanel, lo que le otorga un estándar único en este sector para viviendas económicas, haciéndolo ganador del Premio a la Eficiencia Energética entregado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). Además, ha sido diseñado con un strip center, portería, sala multiuso, paisajismo en todas las áreas exteriores y riego por goteo”, destacó Escala.

Los subsidios son tremendamente importantes a la hora de tomar la decisión de compra, ya que, en muchos casos si no fuera por este mecanismo, a las personas no les sería posible concretar la compra. Para adquirir este tipo de departamentos solo se requieren tres condiciones: no tener una propiedad, ser sujeto de crédito y contar con un ahorro de UF 100, monto que incluso puede ser pagado en una o varias cuotas, dependiendo de la etapa de construcción en la que se encuentre el proyecto.

Además de los propios compradores, los DS19 han sido muy valorados por las empresas inmobiliarias dado que estos proyectos tienen menos riesgo de venta, además del gran impacto social que ello implica. “Aparte de los conceptos técnicos, la parte comunitaria es una de las que tiene mayor incidencia en la adjudicación que hace el Estado, ya que se está valorando el diseño y las prestaciones de las áreas comunes, así como la incorporación de tecnologías sustentables, como jardines de especies de bajo consumo hídrico e irrigación automática, luminarias solares y otras que permiten a estos proyectos ser eficientes en su consumo energético y con gastos comunes acotados”, acotó el gerente inmobiliario de Inmobiliaria Monte San Lorenzo.

El Ministerio de Educación y la empresa estatal Desarrollo País informan que el proyecto para construir el nuevo edificio del Colegio Insular Robinson Crusoe, en el Archipiélago Juan Fernández, dio un paso decisivo: ya fue adjudicada la licitación para el diseño y ejecución de la nueva infraestructura que reemplazará las instalaciones provisorias levantadas tras el tsunami de 2010.

La empresa Constructora DVC (Constructora De Vicente) tendrá a su cargo esta obra clave para garantizar condiciones dignas y seguras de educación en uno de los territorios más remotos del país.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó este hito del Colegio Insular Robinson Crusoe, pues “esta es una deuda que tenemos hace más de 15 años con la comunidad educativa de Juan Fernández. Construir infraestructura educativa no solo porque favorece los aprendizajes, también le cambia la vida a quienes estudian y trabajan ahí, y sobre todo les entrega dignidad”.

“La adjudicación de este proyecto es una señal concreta de que estamos cumpliendo con nuestro compromiso de llevar educación pública de calidad a todos los rincones del país, sin dejar atrás a ninguna comunidad. Después de más de una década en condiciones provisorias, las y los estudiantes de Juan Fernández tendrán, por fin, un espacio digno, seguro y pensado para su desarrollo integral”, afirmó el director de la Dirección de Educación Pública, Rodrigo Egaña.

Patricio Rey, gerente general de Desarrollo País, dijo que “este proyecto no solo entrega infraestructura, sino que devuelve dignidad, seguridad y proyección a una comunidad que ha demostrado una resiliencia ejemplar. Estamos orgullosos de ser parte de este hito, y de poner nuestras capacidades al servicio del desarrollo educativo en uno de los territorios más aislados del país”.

Por su ubicación geográfica, la ejecución del proyecto presenta altos desafíos logísticos. Para enfrentarlos, se implementará una estrategia integrada de diseño y construcción compatible con las capacidades de transporte y operación locales.

La empresa adjudicataria, Constructora DVC, es una compañía chilena con amplia experiencia en obras en lugares complejos y extremos, como Punta Arenas, el norte grande y zonas aisladas. Su propuesta para el colegio se inspira en el paisaje y la identidad local, con un diseño pensado especialmente para las condiciones del archipiélago. Utiliza materiales sustentables, como la madera, y técnicas que reducen el impacto ambiental. Además, incorpora eficiencia energética, reciclaje, tratamiento de aguas y espacios educativos diseñados junto a la comunidad.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, destacó que “la adjudicación representa un hito clave: es una excelente noticia que nos deja un paso más cerca de hacer realidad la construcción de esta escuela, una demanda muy sentida y esperada por la comunidad. Como Ministerio de Educación seguiremos monitoreando cada etapa del proceso y trabajando decididamente en este proyecto, que es además un compromiso presidencial».

Con una inversión proyectada de 600.000 UF para su diseño y construcción, el nuevo colegio se emplazará en un terreno de más de 11.000 m² y contará con una superficie construida cercana a los 3.300 m². Su diseño incluye recintos cerrados, áreas cubiertas y zonas al aire libre, con capacidad para acoger a 225 estudiantes en un entorno resiliente, moderno y respetuoso de las condiciones naturales de la isla. El inicio de obras, en tanto, está contemplando para último trimestre de este año.

Al respecto, el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, indicó que “como autoridad comunal me encuentro contento y con deseos en que ya se instale la primera piedra. Ha sido un proceso lento, desde el 2022 en que el Presidente Gabriel Boric lo estableció como prioridad presidencial, desde ahí también hemos sido parte de la gestión como administración junto al concejo municipal, comenzamos desde cero, de un proyecto colegio que por más de 12 años no tenía terreno ni mucho menos recursos. Ahora, con esta adjudicación, ya comienza la etapa en que como residentes seremos testigos de lo que por año buscamos; y que como indican desde el ministerio, las obras comienzan este último trimestre del año, tiempo en que factores climáticos son favorables para su ejecución”.

Cabe recordar que el proceso de licitación fue público y abierto, con bases disponibles en el sitio www.desarrollopais.cl. De acuerdo a lo establecido en las bases, las empresas interesadas debieron visitar la isla para evaluar la factibilidad técnica antes de presentar sus propuestas. Estas condiciones garantizaron un proceso transparente y competitivo, con igualdad de oportunidades para todos los oferentes.

Concretar obras fundamentales para el desarrollo, al mismo tiempo que se protege el patrimonio, es el centro del debate del que participó este lunes la Cámara Chilena de la Construcción, que expuso en la Comisión de Cultura del Senado la mirada del gremio sobre el proyecto de patrimonio cultural.

Esta iniciativa está en su segundo trámite constitucional, ya fue aprobada en general por la comisión, y precisa qué manifestaciones y elementos se consideran patrimonio cultural, además de entregar herramientas para su protección y regular un nuevo Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, entre otras cosas.

La discusión, de la que participaron también otros gremios como Sofofa y el Consejo Minero, se da en el marco del alto impacto que tienen los hallazgos arqueológicos sobre múltiples actividades -en especial la construcción-, tanto de infraestructura, caminos, hospitales, oficinas públicas, como también de vivienda.

¿Cuál es la mirada del gremio?

En la sesión de la comisión, la vicepresidenta de la CChC, Alicia Vesperinas, remarcó el conocimiento que el gremio ha desarrollado a partir de la experiencia práctica en relación con los hallazgos arqueológicos y el desarrollo de proyectos, y que las necesidades de avanzar en obras y proteger el patrimonio pueden estar en armonía.  “Nos anima la convicción de que sí es posible compatibilizar ambas necesidades y para ello se requieren reglas claras, incentivos correctos y procedimientos ampliamente validados”, afirmó.

En ese sentido, el presidente de la Comisión Ciudad y Territorio CChC, Bernardo Echeverría, se enfocó en dos puntos clave: generar mayores y mejores incentivos para la protección patrimonial, que en la propuesta son insuficientes; y una coordinación normativa con la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), para evitar la duplicidad de calificaciones y trámites.

Estos puntos, de hecho, fueron valorados por la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, quien agradeció al gremio por plantearlos y aseguró que había espacios de mejora en ambos ámbitos.

Financiamiento, duplicidad de normativas, hallazgos y depósitos

La CChC planteó que se incluyan explícitamente las fuentes de financiamiento (públicas, privadas o mixtas) en los Planes de Gestión Patrimonial, incorporar análisis de incentivos como la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC) y mejorar el beneficio tributario propuesto para la colaboración de privados, dado que habiendo hecho análisis de múltiples casos de restauración patrimonial, “las cifras son de otras magnitudes”, señaló Echeverría.

Asimismo, el gremio apuntó a la necesidad de superar la duplicación normativa entre la LGUC y la nueva regulación sobre patrimonio, proponiendo que en el caso de un inmueble declarado según la nueva ley de patrimonio, si este goza además de condición de Inmueble de Conservación Histórica o Zona de Conservación Histórica según el plan regulador local, pierda esa condición con el fin de evitar tener una doble protección y tramitación.

Sobre los hallazgos arqueológicos, una de las propuestas es acotar los objetos de protección, privilegiando los hallazgos prehispánicos y coloniales, así como los republicanos en su justa medida; y que se elabore con prontitud un reglamento que incluya metodologías claras para identificación y evaluación previa en proyectos de inversión.

En cuanto al depósito y custodia de materiales excavados, la mirada de la CChC es que, dado que estos hallazgos son propiedad del Estado, es fundamental contar con la máxima colaboración por parte de las instituciones públicas. En ese sentido, se propone establecer criterios y directrices claras para la selección de entidades depositarias, generar convenios de colaboración y definir responsabilidades y eventuales compensaciones para los privados que generen hallazgos custodiados.