Día: 5 de agosto de 2025

Codelco informó sobre el avance de las acciones desplegadas tras el accidente en la División El Teniente, en un reporte que detalla las medidas de apoyo a las familias, la situación operacional y las investigaciones en curso.

En el ámbito de asistencia a las familias, la compañía mantiene el acompañamiento psicológico y social a los cercanos de los trabajadores afectados. Durante la jornada de este lunes se realizaron los funerales de Jean Miranda (Q.E.P.D.), instancia en la que estuvieron presentes representantes de Codelco.

Respecto de la operación, la actividad minera subterránea continúa suspendida por resolución de Sernageomin. Cerca de un tercio de la dotación habitual (aproximadamente 4.250 personas) ingresó al área industrial para realizar labores de mantención e inspección en la zona afectada. Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco, encabezó el Comité Ejecutivo Corporativo para revisar el plan de contingencia y los pasos hacia una eventual reanudación progresiva de operaciones. Además, se realizó una reflexión de seguridad con la participación de cerca de 6 mil trabajadores de toda la empresa, en un acto de memoria por los trabajadores fallecidos y reforzando el compromiso con el cuidado de la vida.

En materia de investigación, la PDI realizó el cierre de diligencias en el sector del derrumbe, mientras que Sernageomin efectuó una inspección en terreno encabezada por su director nacional y la directora regional. Paralelamente, está en desarrollo la conformación de una Comisión Auditora Internacional y una comisión de investigación interna para esclarecer las causas del accidente. En paralelo, la empresa recibió una citación de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Codelco reiteró que continuará informando de manera transparente los avances en cada una de estas líneas de acción, manteniendo como prioridad el apoyo a las familias de los trabajadores fallecidos y la seguridad de sus operaciones

En el marco de ENLOCE, el principal encuentro logístico de puertos y comercio exterior, el Puerto de Valparaíso da un paso decisivo para posicionarse como el primer laboratorio portuario del país en materia de transformación energética sustentable mediante el uso de hidrógeno verde. Esta iniciativa es liderada por el Centro Mario Molina (CMM) y la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV).

Este avance representa un hito para la transición energética chilena, al poner en marcha Hydrotech Industries, programa tecnológico adjudicado por Corfo, que ha otorgado un significativo financiamiento para desarrollar un ecosistema industrial integrado, con la participación de empresas nacionales e internacionales, para la producción, conversión y adopción de vehículos comerciales a hidrógeno verde.

El programa busca descarbonizar el transporte y mejorar la eficiencia logística del sistema portuario, incorporando el desarrollo de diferentes proyectos, como el pilotaje de camiones convertidos a hidrógeno, el desarrollo de furgones con celdas de combustible, uno de los cuales será exhibido en la feria, y la habilitación de centros de carga para vehículos a hidrógeno. De esta manera, Valparaíso sigue avanzando en un camino hacia el desarrollo sustentable y de innovación aplicada.

La estrategia contempla el fortalecimiento de la “Mesa Técnica de H2 Puerto Valparaíso”, una instancia de articulación público-privada, que ha demostrado ser un modelo de colaboración efectiva entre actores estatales, gremiales y privados. Gracias a este trabajo conjunto, se proyecta un ecosistema de hidrógeno con impacto nacional orientado a la descarbonización de las actividades logísticas de transporte y carga asociadas al puerto de Valparaíso, y agrupadas en FOLOVAP, el foro logístico más antiguo del país.

Gianni López, director del Centro Mario Molina, destacó que “lo que estamos construyendo en Valparaíso es un ejemplo replicable en otros puertos del país, donde la innovación, la colaboración multisectorial y la sustentabilidad se integran para hacer frente a los desafíos del cambio climático y la logística del futuro”.

El debut de este desarrollo tecnológico de vanguardia se verá reflejado en ENLOCE 2025, a realizarse el 21 de agosto, con la presentación concreta de un vehículo a H2 y la activación del piloto de reconversión de camiones de gran tonelaje en la región.

Jorge Riesco Valdivieso, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), asumió la presidencia del directorio de ChileValora en representación de la CPC por un periodo de dos años (2025-2027), tiempo en el que conducirá el directorio tripartito de este servicio público para ampliar el despliegue territorial de la certificación de competencias laborales a lo largo del país, como herramienta que favorece la empleabilidad de las personas y la productividad de las empresas. El traspaso de la presidencia desde la CUT a la CPC se realizó el pasado 1 de agosto en Santiago.

El traspaso de la presidencia de ChileValora se realizó en el encuentro Certificar para crecer: competencias, trabajo y futuro, instancia a la que asistieron cerca de 200 representantes del tripartismo nacional (Estado, empleadores y trabajadores/as). La cita fue encabezada por la directora ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo y asistieron el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo; el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón; la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez; y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), José Manuel Díaz, además del oficial a cargo de la oficina de la OIT para el cono sur de América Latina, Gerson Martínez, entre otras altas autoridades.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, destacó el rol de ChileValora señalando que este “cumple un rol fundamental como organismo que pone en el centro las competencias laborales, reconociendo trayectorias muchas veces invisibilizadas de trabajadores y trabajadoras. Su labor permite conectar mejor las capacidades de las personas con las necesidades del mundo productivo”.

Asimismo, el secretario de Estado afirmó que “la capacidad de ChileValora para actuar con rapidez y certeza permite a los sectores identificar a tiempo nuevas tendencias, certificaciones clave y oficios estratégicos. Esto no solo mejora la productividad y la calidad del empleo, sino que también abre paso a una distribución más justa de los frutos del trabajo. En ese sentido, ChileValora representa, en buena medida, cómo quisiéramos que funcionara el país”.

El nuevo presidente del directorio de ChileValora, Jorge Riesco, planteó la necesidad de que dicho servicio sume tres nuevas oficinas regionales durante 2026. “En este día triste para la minería y el país, asumo la presidencia de este directorio con la convicción de que este servicio debe crecer más. Hoy tenemos oficinas en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía. Necesitamos crecer y esperamos que, previa discusión presupuestaria favorable, podamos inaugurar tres regiones adicionales durante 2026. Nuestra intención es que al 2030, cada región del país cuente con una Oficina Regional de ChileValora”, sostuvo.

Cabe destacar que la apertura de las primeras tres oficinas regionales de ChileValora es parte del proceso de modernización del servicio, que fue aprobado a través de una ley aprobada en 2024 por unanimidad en el Congreso Nacional.

Por su parte la directora ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo, reforzó la visión de Jorge Riesco al señalar que “se requiere ampliar el despliegue territorial, abrir más oficinas en regiones, escuchar lo que no hemos podido oír todavía. Con la nueva presidencia de Jorge Riesco en ChileValora tenemos nuevos desafíos, que es fortalecer nuestra institucionalidad y ampliar nuestra cobertura. Para eso trabajaremos en este nuevo periodo, generando rutas laborales y rutas formativas para que trabajadores y trabajadoras tengan un impulso en su carrera laboral y las empresas tengan recursos humanos competentes para alcanzar los desafíos que tiene Chile en cuanto a desarrollo”.

Quien también manifestó su opinión sobre el trabajo de ChileValora fue la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien destacó que “esta entidad entrega una certificación de competencias fundamental para darle mayor empleabilidad a las personas, lo que genera un aumento de productividad en la economía, por lo tanto, es un círculo virtuoso para trabajadores, empleadores y para la sociedad en su conjunto. Que tenga un directorio tripartito le da un valor especial, porque estamos todos mirando la necesidad de aumento de empleabilidad y de productividad laboral, eso nos convoca”.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y a ocho empresas eléctricas de transmisión y generación, por su eventual responsabilidad en el corte masivo de energía que afectó al 98,5% de la población del país, desde las regiones de Arica hasta Los Lagos, a partir de las 15:16 horas del 25 de febrero de 2025.

La exhaustiva investigación desarrollada por la SEC determinó diversos focos de análisis para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

El primer foco de la investigación, vinculado con las condiciones que originaron el mega apagón, permitió determinar que el Coordinador Eléctrico Nacional habría estado operando el sistema en condiciones inseguras, específicamente al mantener el corredor Nueva Maitencillo – Polpaico transmitiendo 1.800 MW, superando el límite de 1.600 MW definido como seguro por sus propios estudios. Esta operación expuso al Sistema Eléctrico Nacional a un riesgo elevado de inestabilidad ante contingencias, como la que finalmente ocurrió. Por ello, la SEC formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador, por infringir su deber de vigilancia sobre la operación del sistema.

En esta misma línea de investigación, y respecto del origen de la falla, se formularon dos cargos a la empresa InterChile: el primero, por no mantener sus instalaciones en buen estado y con condiciones adecuadas de seguridad, lo que habría contribuido al inicio del evento; y el segundo, por reactivar remotamente un equipo de comunicaciones, correspondiente al esquema de protecciones de la línea 2×500 kV Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar, sin contar con la autorización ni el conocimiento del Coordinador Eléctrico Nacional.

El segundo foco de la investigación se concentró en la propagación o ramificación de la falla, es decir, en cómo esta se extendió hasta provocar el apagón masivo. En este ámbito, la SEC formuló cargos a diversas empresas de transmisión y generación eléctrica.

En el caso de Transelec, el cargo es por no contar con el Centro de Control Principal ni con el Centro de Control de Respaldo del sistema SCADA, lo que habría dificultado una adecuada supervisión y capacidad de respuesta frente a la emergencia.

Engie Energía enfrenta dos cargos: uno por no disponer de sistemas de supervisión y control de sus instalaciones, y otro porque sus instalaciones se habrían desconectado producto de la operación de protecciones de baja frecuencia.

Por su parte, CGE Transmisión, Alfa Transmisora y AES Andes enfrentan cargos por no contar con los sistemas de supervisión y control requeridos para sus instalaciones, lo que habría afectado su capacidad de respuesta ante la contingencia.

Finalmente, Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales fueron objeto de cargos debido a que sus instalaciones se habrían desconectado como consecuencia de la operación de protecciones de baja frecuencia, las que se habrían activado, antes de lo permitido, desconectándose y contribuyendo así al colapso del sistema eléctrico.

Avances de la investigación 

La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, afirmó que “la SEC ha desarrollado una investigación exhaustiva y rigurosa. Hemos llegado a un convencimiento técnico y jurídico respecto de responsabilidades, tanto del Coordinador Eléctrico Nacional como de ocho empresas integrantes del sistema de transmisión y generación. La investigación avanza, pero todavía no ha terminado”.

En este sentido, la autoridad señaló que la investigación continuará en los focos vinculados a las eventuales responsabilidades asociadas al funcionamiento del plan de recuperación del suministro eléctrico, así como a las labores de coordinación que debió ejercer el Coordinador Eléctrico Nacional para permitir una recuperación rápida y eficiente del servicio tras la ocurrencia del apagón.

Respecto de las posibles sanciones, se indicó que las empresas arriesgan multas que pueden alcanzar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA). En el caso del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, cada consejero arriesga una multa de 30 UTA, las que deben ser canceladas desde su patrimonio personal, ya que dichas multas se encuentran afectas a un régimen de sanciones distinto al de las empresas.

En tanto, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor A.G.) afirmó que “tras la falla que dejó a casi la totalidad del país sin electricidad el 25 de febrero, valoramos que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles haya avanzado en esta etapa de la investigación. Un blackout como este no solo afectó a millones de personas: generó pérdidas estimadas por Acenor en más de 400 millones de dólares para el país. Por eso esperamos que este proceso avance con celeridad, se determinen las sanciones que correspondan y se proceda a ejecutar el pago de las compensaciones correspondientes a todos los usuarios afectados. Desde la Asociación de Clientes Eléctricos consideramos que ahora es fundamental que el sector eléctrico se aboque a tomar las medidas concretas que permitan evitar que se repita un evento de estas características en el futuro”, concluyó.

El segundo trimestre de 2025 marcó un repunte en la incorporación de nuevos proyectos inmobiliarios en el Gran Santiago, según da cuenta el informe Inmobiliario elaborado por NielsenIQ Chile -powered by GfK Intelligence, que analiza el comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago.

El reporte indica que entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año se alcanzó un total de 32 nuevos proyectos, el número más alto desde el primer trimestre de 2024, cuando se registraron 39 ingresos, superando los últimos cuatro trimestres, donde no se habían registrado más de 26 incorporaciones. En todo caso, dicha cifra sigue lejos de los 91 nuevos proyectos del 2T de 2022 y otros peaks de ingresos anteriores a la pandemia

De estos 32 nuevos proyectos, 24 iniciaron ventas durante el trimestre. El detalle muestra una concentración mayoritaria en edificios de departamentos (21 proyectos), principalmente en las comunas de Providencia, Santiago, Ñuñoa y Lo Barnechea. En cuanto a casas, se contabilizan 11 nuevos proyectos, con foco en San Bernardo y Las Condes.

Al cierre de junio, la oferta total disponible —considerando entrega inmediata, en verde y en blanco— alcanzó las 39.273 unidades. Esta cifra representa una baja del -10,8% en cantidad de unidades y del -10,9% en UF, en comparación con el segundo trimestre de 2024.

La oferta sigue siendo liderada por departamentos, con 34.946 unidades disponibles, de las cuales el 53% se concentra en Santiago, Ñuñoa y La Florida. Por su parte, las casas suman 4.327 unidades ofertadas, distribuidas en un 48% entre Colina, Puente Alto y San Bernardo.

Las ventas totales de viviendas nuevas se mantuvieron en terreno negativo en la comparación con 2024, pero presentando un leve repunte trimestral. En el segundo trimestre se vendieron 4.363 unidades, equivalentes a 20.888 MUF. Esta cifra representa una baja de -4,7% en relación al mismo trimestre de 2024, pero manifiesta un alza de 4,8% respecto al primer trimestre de este año.

Dentro de este contexto, el segmento de casas mostró un mejor desempeño, con 469 unidades vendidas, lo que implica un alza de 37,9% frente al trimestre anterior y un 9,8% más que el mismo periodo de 2024. Esta recuperación se explica en parte por un aumento de oferta de 11% respecto al trimestre anterior y 15% frente al año anterior.

En contraste, las ventas de departamentos llegaron a 3.894 unidades, con una leve alza de 1,8% respecto del trimestre anterior, pero -6,2% de baja frente al segundo trimestre de 2024. Este descenso coincide con una disminución en la oferta: -3,5% trimestral y -13,2% anual respecto al 2T de 2024.

En términos de precios, el mercado se mantiene estable. Los departamentos registran una leve alza, alcanzando las 83,7 UF/m², mientras que las casas se estabilizan en 78,4 UF/m².

La consultora inmobiliaria CBRE dio a conocer una nueva versión de su informe de Oficinas Clase A+B correspondiente al segundo trimestre de 2025, donde se observa una recuperación sostenida del mercado. La tasa de vacancia general cerró en 11,10%, con Santiago Centro mostrando el mejor desempeño del trimestre al reducir su vacancia en 4 puntos porcentuales, alcanzando 12,54%, su nivel más bajo en los últimos tres años.

En paralelo, el mercado registró una ocupación neta positiva de 33.802 m², lo que eleva la absorción acumulada del año a 60.000 m², equivalente al 68% de toda la absorción neta anotada en 2024.

Este dinamismo se explica por la constante actividad en el submercado El Golf, pero especialmente por el repunte de Santiago Centro, que concretó más de 15.000 m² en nuevas ocupaciones, destacando la participación de arrendatarios privados, a diferencia de trimestres anteriores en que predominaban organismos del Estado, esto marca un hito para una zona que, tras años de vacancia elevada, vuelve a captar el interés de empresas que optan por espacios premium valorando su conectividad, oferta de servicios y el carácter estratégico de estar en el centro de la ciudad.

En el caso de las oficinas Clase B, su tasa de vacancia continúa a la baja por tercer trimestre consecutivo, cerrando en 11,17% Este comportamiento reafirma su relevancia en el mercado, al consolidarse como una alternativa clave para empresas de menor tamaño o en etapa inicial, y posicionarse como un claro indicador de nueva demanda. El submercado clase B que bajó más su vacancia fue Vitacura, reduciendo en 1,6 puntos porcentuales su tasa hasta llegar al 11,57%.

“Este comportamiento del mercado confirma una recuperación gradual, pero consistente. Vemos una demanda más activa, tanto por espacios premium como por opciones más accesibles, lo que ha permitido avances en zonas tradicionales, como Santiago Centro, y también en submercados consolidados como Vitacura. Esto da cuenta de una demanda activa que no solo busca precios accesibles, sino además buenas ubicaciones y espacios que respondan a las necesidades operativas”, explicó la senior research manager de CBRE, Ingrid Hartmann.

Junto con este repunte, el informe destacó asimismo la incorporación de 47.885 m² de nueva oferta clase A, distribuida entre un edificio en Providencia y una sección de otro en El Golf, superficie que representa la mayor expansión de los últimos seis años. A esto, se suman 4.000 m² clase B en un nuevo edificio ubicado en Las Condes Oriente.

“Estamos frente a un mercado que está probando su capacidad de absorber nuevas superficies sin generar una sobreoferta descontrolada. El desafío ahora es que esa nueva oferta se llene con rapidez y mantenga la tendencia positiva en absorción”, señaló Hartmann.

En cuanto a los precios, el valor promedio de arriendo en edificios Clase A subió un 7% durante el primer semestre, alcanzando los 0,48 UF por m². La excepción fue Santiago Centro, donde los precios llegaron a un mínimo histórico de 0,317 UF por m². Por el contrario, los precios promedio de Clase B disminuyeron levemente sus precios, cerrando el trimestre en 0,375 UF/m².

Revisar el contenido del proyecto que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos y revisar los cambios planteados por la Cámara Baja, será una de las tareas a las que deberá abocarse la Comisión de Minería y Energía del Senado.

El proyecto iniciado en mensaje, busca que la planificación de los denominados sistemas medianos propenda al desarrollo de las inversiones considerando las variables de eficiencia y seguridad actuales, la incorporación de energías renovables y almacenamiento.

Los sistemas medianos eléctricos son definidos como aquellos con una capacidad instalada de generación entre 50 y 200 MW, y que no están interconectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). En Chile existen 10 sistemas medianos, todos ubicados en la zona extrema sur: dos en la Región de Los Lagos, cuatro en la Región de Magallanes y cuatro en la Región de Aysén.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Energía, el número de clientes de los sistemas medianos es relativamente pequeño, llegando a unidades de mil o decenas de mil en algunos casos, como Palena. Ello contrasta con el SEN que cuenta con millones de clientes puesto que opera desde la región de Arica y Parinacota a la de Los Lagos.

La iniciativa tiene como fin mejorar el acceso de toda la población a los servicios eléctricos con tarifas equitativas, especialmente para aquellas personas que viven en las zonas más aisladas del país, con el fin de que la electricidad sea un motor de desarrollo de los territorios y mejore la calidad de vida independiente del lugar donde habitan.

Problemática

Tradicionalmente a los sistemas medianos se les han aplicado las mismas reglas del Sistema Eléctrico Nacional, lo que ha generado problemas en dos aspectos claves:

La desintegración vertical: en el Sistema Eléctrico Nacional, la generación, transmisión y distribución están legalmente separadas para evitar conflictos de interés y concentraciones de poder, lo que ha sido efectivo en mercados grandes, pero en los sistemas medianos, donde no hay escala suficiente, la desintegración genera desincentivos para invertir. Por ello, este proyecto busca permitir una cierta integración vertical en estos sistemas, adaptándose a su menor tamaño.

Los procesos tarifarios: actualmente, los periodos tarifarios son de cuatro años, lo que funciona en un sistema grande, donde la cantidad de usuarios permite amortizar inversiones en ese plazo. Sin embargo, en sistemas más pequeños, este periodo es insuficiente para financiar las inversiones, lo que se traduce en redes eléctricas más antiguas y servicios de menor calidad, tal como ocurre en las regiones de Aysén y de Magallanes.

Los mecanismos principales del proyecto dicen relación con:

Ajuste del precio nudo promedio. Este mecanismo equilibra los precios eléctricos a nivel nacional, reduciendo las tarifas más altas (como las de los sistemas medianos) y distribuyendo el costo entre un mayor número de usuarios. En Aysén, podría reducir tarifas en un 18 a 20% para pequeñas empresas y comercios, mientras el impacto en otros usuarios del país sería mínimo, menor al 0,3%.

Equidad tarifaria para clientes no residenciales. El mecanismo incorpora a clientes comerciales e industriales de los sistemas medianos en la política de equidad tarifaria, lo que beneficia a estas zonas.

En esa línea, el mensaje amplía los plazos tarifarios, lo que permitirá que las inversiones puedan financiarse en períodos más largos, facilitando la modernización de las redes y mejorando su calidad.

También apunta a la participación ciudadana, puesto que se incorporan mecanismos para que las comunidades puedan participar en el diseño de las expansiones de infraestructura y redes eléctricas.

Finalmente busca transferir ciertas competencias relacionadas con los sistemas medianos a las regiones, promoviendo una gestión más cercana y eficiente; crea un registro electrónico de promotores de proyectos de generación y transmisión en sistemas medianos; e incorpora un estudio único, licitado y adjudicado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).