El Ministerio de Minas y Energía de Colombia solicitó formalmente el respaldo de la Procuraduría General de la Nación con el fin de acompañar y fortalecer los procesos contractuales asociados a la implementación del programa de Comunidades Energéticas.
La petición, dirigida a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, destaca el carácter prioritario que tiene este tipo de proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
La cartera minero-energética resaltó que el objetivo del programa de Comunidades Energéticas es reducir brechas en el acceso a la energía en zonas rurales y no interconectadas, y promover la sostenibilidad ambiental mediante modelos de generación comunitaria, comercialización y uso eficiente de la energía.
La solicitud se enmarca en la reciente convocatoria pública -emitida por el Ministerio- dirigida a operadores de red y generadores públicos o mixtos con participación estatal mayoritaria, para postular proyectos comunitarios con energías limpias.
Además, la cartera pidió a la Procuraduría convocar una mesa de trabajo presencial para socializar los objetivos, alcances y avances de esta convocatoria.
También reiteró la importancia de asegurar decisiones articuladas y sostenibles que integren criterios sociales, ambientales y de participación ciudadana, conforme a lo establecido en la Circular 001 de 2024 de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
“Desde el Gobierno nacional con la implementación de Comunidades Energéticas no solo le apuntamos a cerrar brechas de acceso al servicio público de energía, sino también a fortalecer la gobernanza local y los procesos de participación en los territorios, haciendo efectiva la justicia ambiental”, comentó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Por esta razón, el Ministerio considera que el acompañamiento preventivo del órgano de control es un elemento clave para blindar estos procesos y garantizar su impacto transformador en las regiones más apartadas del país.
La misma solicitud fue elevada también ante la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, como parte de una estrategia integral de control preventivo.
