Día: 11 de julio de 2025

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), impulsa el desarrollo de dos proyectos bajo la modalidad Asociación Público Privada (APP), que mejorarán el tratamiento de las aguas residuales, así como el abastecimiento de agua potable en las regiones Cajamarca y Lima, respectivamente, beneficiando a más de 1.8 millones de personas.

En una ceremonia, desarrollada en el Centro de Convenciones de Lima, en la que participaron el Viceministro de Construcción y Saneamiento, Christian Barrantes junto al Director Ejecutivo de Pro Inversión, Luis del Carpio, se declaró de interés la obra de la PTAR Cajamarca.

En coordinación con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – ProInversión, Vivienda trabajará en el desarrollo de estos proyectos, con financiamiento del sector privado.

“Hemos logrado que el día de hoy se pueda hacer el lanzamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para la ciudad de Cajamarca que va a beneficiar a más de 370 mil personas”, indicó el viceministro de Construcción y Saneamiento.

Esta infraestructura, valorizada en más de S/ 317.42 millones, tiene por objetivo mejorar el tratamiento de las aguas residuales y reducir la contaminación de los ríos Mashcón y Cajamarquino.

Mientras que, para fortalecer el abastecimiento de agua potable en la región Lima, se impulsará la primera etapa del proyecto Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua para Lima.

Este proyecto, que significará una inversión de S/ 1940 millones, asegurará el acceso sostenible y continuo a agua potable para más de 1.5 millones de limeños. En esta primera fase, se implementará una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y una línea de conducción (Ramal Sur), que incluye 5 reservorios de gran capacidad que servirán para abastecer de agua potable al Sur Este de Lima.

“Son dos proyectos que hemos venido trabajando con Pro Inversión para promover las asociaciones público privadas; y también con el apoyo de la cooperación internacional vamos a poder cerrar las brechas a nivel nacional. Hemos incrementado nuestra cartera de APP que actualmente consta de 23 proyectos, enfatizó Barrantes.

Con estas acciones, el Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso de promover el desarrollo de infraestructuras para una gestión más eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional, asegurando condiciones sostenibles para miles de familias peruanas.

El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, advirtió que el desarrollo sostenible del sector minero en el país depende de tres pilares fundamentales: estabilidad institucional, mayor inversión en exploración y una política nacional firme y efectiva para enfrentar la minería ilegal.

A través de una columna firmada en el Semáforo Minero del IIMP expresó su preocupación por la falta de nuevos descubrimientos significativos en los últimos años, pese al potencial geológico del Perú. Desde la construcción de Quellaveco, no se han desarrollado proyectos greenfield de gran envergadura, lo que representa un riesgo para la continuidad de la producción minera a largo plazo.

En ese contexto, saludó el reciente anuncio de la empresa canadiense Hannan Metals, que reportó resultados alentadores en su proyecto de oro Valiente, en Huánuco. “Este tipo de avances son claves para dinamizar la etapa de exploración, que es la base de toda actividad minera futura”, subrayó Ortiz.

El pronunciamiento también abordó la situación crítica generada por el avance de la minería ilegal, especialmente tras la masacre ocurrida en Pataz (La Libertad), que dejó 13 personas fallecidas. Si bien el restablecimiento del orden por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es valorado como un paso positivo, Ortiz considera necesario implementar una política integral que se replique en otras regiones como Madre de Dios y Apurímac.

En cuanto al proceso de formalización minera, el vicepresidente del IIMP cuestionó la eficacia del actual esquema basado en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según datos del Ministerio de Energía y Minas, más de 50 mil registros han sido excluidos y otros 31 mil continúan en proceso. “El Reinfo debe ser reemplazado por un modelo con reglas claras, plazos definidos y herramientas técnicas que realmente conduzcan a la formalización”, indicó.

Piden fortalecer la institucionalidad

Asimismo, expresó su preocupación por las protestas encabezadas por gremios de mineros informales que desde fines de junio vienen bloqueando vías en diversas regiones del país, exigiendo la derogación del cierre del Reinfo. De acuerdo con estimaciones, estas medidas de fuerza podrían generar pérdidas diarias de hasta S/400 millones para la economía nacional.

“El respaldo político que han recibido estas movilizaciones por parte de algunos congresistas es alarmante. No se puede construir un sector minero sólido si se cede ante presiones de la ilegalidad”, remarcó.

Finalmente, Ortiz reiteró su llamado a las autoridades a fortalecer la institucionalidad del sector y avanzar hacia una política nacional de minería que articule la promoción de nuevas inversiones con acciones firmes de fiscalización. “El Perú tiene el potencial geológico y humano para liderar la transición energética global, pero eso solo será posible si se garantiza seguridad, predictibilidad y respeto al Estado de derecho”, concluyó.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, expresó su firme rechazo a los actos de violencia y a los bloqueos de carreteras que se vienen registrando en diversas zonas del país, muchos de ellos promovidos por sectores vinculados a la minería ilegal, actividad que además está estrechamente ligada a delitos como la trata de personas.

“Nosotros desaprobamos rotundamente que dirigentes utilicen a la población en estas marchas que no son pacíficas. Nuestro país reconoce el derecho a la protesta, pero esta debe ser siempre pacífica y sin vulnerar los derechos fundamentales de otras personas”, señaló.

La titular del Mimp advirtió que los bloqueos de vías afectan directamente a la ciudadanía, impidiendo el libre tránsito, el traslado de alimentos, combustibles y la atención de emergencias médicas, lo cual pone en riesgo la vida y el bienestar de miles de peruanos y peruanas.

Montellanos fue enfática en condenar las actividades de minería ilegal que vienen originando conflictos sociales y ambientales en diferentes regiones. “La minería ilegal no debe existir en nuestro país. Estamos trabajando articuladamente con los sectores involucrados y confiamos en la labor de la Policía Nacional para restablecer el orden y garantizar la seguridad de todas y todos”, afirmó.

Además, con relación a la trata de personas, la titular del sector indicó que se está trabajando de manera articulada con los ministerios de Justicia y del Interior. “En zonas como Pataz, Madre de Dios e Ica, estamos coordinando acciones y laborando con los actores involucrados y responsables en este tema”, precisó.

La ministra Montellanos hizo un llamado a la responsabilidad social de quienes participan en estas manifestaciones, exhortándolos a no involucrar a niñas, niños ni personas en situación de vulnerabilidad. “Eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia”, puntualizó.

Las rondas campesinas de la provincia de Pataz, en la sierra de La Libertad, iniciaron un paro indefinido con el cierre parcial de las principales carreteras de la zona. Esta medida busca respaldar la protesta de los mineros en proceso de formalización, quienes llevan más de una semana acatando una huelga similar.

En entrevista con RPP, Santos Quispe, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, señaló que aunque el bloqueo afectará el tránsito, se permitirá el paso controlado de vehículos que transporten alimentos, aunque con restricciones horarias. “Los carros con alimentos pasarán, pero cada dos o tres horas para que el pueblo también sienta la situación y el Gobierno atienda nuestras demandas”, explicó.

El dirigente dejó en claro que la protesta no está dirigida contra la población local, sino contra el Gobierno y las empresas mineras, a las que acusan de favorecer solo a las grandes compañías y de no atender las necesidades del pueblo. “Este paro no es contra nuestros propios pobladores, es contra las empresas mineras. No vamos a dejar pasar camiones con madera, petróleo ni otros insumos que abastecen a estas empresas”, añadió.

Sobre el control de las vías, Quispe indicó que no se trata de una toma violenta, sino de un resguardo para evitar desórdenes y actos de violencia. “No vamos a controlar las carreteras como si fueran nuestras, sino que daremos seguridad para que no haya problemas”, sostuvo.

Mientras tanto, la población local observa con preocupación la medida, dado que podría ocasionar desabastecimiento de productos básicos en la zona si la protesta se extiende por más tiempo.

En la misma región, mineros artesanales y en proceso de formalización mantienen bloqueadas varias carreteras desde el pasado lunes 30 de junio. Los tramos afectados incluyen el centro poblado Shorey y Pampa de la Julia, en Santiago de Chuco, y el tramo Corrales – Aricapampa, en Sánchez Carrión.

Estas interrupciones han provocado daños en vehículos de carga pesada que transportan productos y alimentos, ya que solo se permite el paso de vehículos menores en horarios específicos. Las rondas campesinas han anunciado que mantendrán el paro indefinidamente hasta que sus demandas sean atendidas por el Gobierno y las empresas mineras.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el Octavo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente a la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Operativa Pallancata, presentada por la Compañía Minera Ares. Esta aprobación fue oficializada mediante la Resolución Directoral 00076-2025-Senace-PE/DEAR, publicada el 4 de julio de 2025.

El proyecto se encuentra ubicado entre los distritos de Coronel Castañeda, en la provincia de Parinacochas (región Ayacucho), y Cotaruse, en la provincia de Aymaraes (región Apurímac). La inversión para esta iniciativa supera los 1.5 millones de dólares, con el objetivo de mejorar y optimizar la operación minera.

Entre las modificaciones propuestas en el ITS aprobado se incluyen cambios en los caminos de acceso, canales y la reubicación de componentes menores relacionados con el depósito de relaves, todo ello en el marco de la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) Pallancata. Estas acciones buscan optimizar el desarrollo y funcionamiento de la unidad operativa.

El ITS es un instrumento de gestión ambiental que resulta indispensable para realizar modificaciones o ampliaciones en proyectos de inversión, siempre que estas no generen impactos ambientales significativos o impliquen mejoras tecnológicas. Su aprobación garantiza que las operaciones se mantengan bajo estándares adecuados de protección ambiental.

Senace, organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), cuenta con autonomía técnica y es responsable de evaluar la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión en el país, asegurando la rigurosidad técnica y la participación ciudadana en sus procesos.

Para Víctor Gobitz, es fundamental que la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) incorpore normas claras que garanticen la seguridad de los trabajadores, la protección de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) enfatizó la importancia de que estas garantías estén presentes para un desarrollo responsable de la actividad minera.

Gobitz explicó que una minería mal gestionada puede generar riesgos significativos, como la emisión de gases tóxicos en espacios sin una adecuada ventilación, el riesgo de derrumbes por falta de sostenimiento, accidentes causados por el mal diseño de accesos para personas y maquinaria, y daños ambientales derivados de una incorrecta gestión del agua interceptada en minas subterráneas.

Respecto al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Gobitz señaló que este no debe continuar tal cual y que la Ley MAPE debe considerar estos factores críticos para asegurar que quienes laboran en la base de la actividad minera puedan desempeñar un trabajo digno y seguro.

En cuanto a la fiscalización de la pequeña minería, el experto se manifestó en contra de modificar las competencias actuales que recaen en el Ministerio de Energía y Minas. Resaltó que entregar esta responsabilidad a los gobiernos regionales sin que cuenten con la capacidad necesaria sería un error, pues podría generar deficiencias en la supervisión y un aumento en actos de corrupción.

Gobitz insistió en que el Ministerio de Energía y Minas, a través del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), debe mantener el control de la fiscalización. Propone que esta se realice mediante empresas supervisoras especializadas, tal como sucede en la gran y mediana minería, para evitar un sistema fragmentado y poco efectivo.

El experto añadió que corregir este asunto llevará tiempo, ya que es necesario fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales. Sin embargo, considera que es preferible mantener un sistema centralizado que cuente con la experiencia consolidada de Osinergmin en temas técnicos y de seguridad, y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en asuntos ambientales.

Finalmente, Gobitz advirtió que no se puede aceptar un sistema laxo que fomente la ilegalidad, la cual ha desencadenado problemas graves como la criminalidad en zonas mineras como Pataz. “Eso es inaceptable”, afirmó, haciendo un llamado a reforzar la regulación y supervisión para evitar estas consecuencias.