El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, en el marco del IV Foro de Hechos de Sostenibilidad, habló sobre cómo desde el gremio se ve el panorama tributario del país, y si la coyuntura podría traerle nuevas cargas -en materia de impuestos- al sector petrolero.

“No, no lo tenemos contemplado. Porque las cargas fiscales de este sector en Colombia ya llegaron al límite. Y lo que nosotros hacemos es una reflexión para invitar a cambiar el rumbo”, instó Pearl.

El líder gremial expuso que mientras que en el mundo hay un consenso sobre un aumento en la demanda de energía de 2,2 % a 2050, que es más del 1,3 % de la última década; mientras que en América Latina Brasil firmó en 2024 185 contratos nuevos y Argentina está utilizando los yacimientos de Vaca Muerta para sanear su situación fiscal y reactivar su economía; mientras que México y Guyana siguen aprovechando sus hidrocarburos, “Colombia va en contraria a las tendencias mundiales”, sentenció.

“Aquí hay que tener esto claro: el mundo va a necesitar hidrocarburos en mayor cantidad de la que hay hoy, por lo menos, hasta 2050. La transición energética mal entendida quiere suprimir fuentes, pero la transición bien entendida se trata de adicionar fuentes de energía para garantizar seguridad y soberanía energética.

Recordó que en Colombia hay, únicamente, menos de seis años de reservas de gas y solo cerca de siete años de petróleo; con los contratos que hay en la actualidad, puntualizó Frank Pearl, solamente hay 70 pozos por explorar de aquí a 2030; es decir, 14 pozos anuales en promedio.

“Eso es insuficiente. Como vamos, en pocos años vamos a tener que importar petróleo para sostener la capacidad de carga de las refinerías y, claro, seguimos importando gas. Quiero aclarar que el problema del gas en Colombia no es nuevo, llevamos 15 años sostenidos disminuyendo las reservas”, manifestó el presidente de la ACP.

Por eso, destacó que el sector de petróleo y gas colombiano necesita medidas de fondo que entreguen más y mejores garantías: por ejemplo, ajustes de tarifas, para la infraestructura, conectividad e incentivos apropiados para que haya más exploración y producción de hidrocarburos.

“Colombia necesita orden, debemos forjar una sostenibilidad institucional y democrática”: Frank Pearl, presidente de ACP

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) adelanta el IV Gran Foro “Hechos de Sostenibilidad” en el que se dan cita representantes nacionales e internacionales del sector para analizar, proyectar y plantear acciones que contribuyan al desarrollo sostenible del país, las regiones y la industria.

Ante la incertidumbre y preocupación por los recientes hechos de seguridad y orden público registrados en diferentes regiones del país, durante la instalación Frank Pearl, presidente de ACP, planteó la reflexión “¿Qué vamos a hacer por Colombia?”.

Además, destacó que el sector de hidrocarburos está decidido a contribuir al desarrollo sostenible y que el evento en Cali es un respaldo a la ciudad, al Valle del Cauca y a todas las regiones del país afectadas por la inseguridad y la violencia.

“Colombia necesita el talento de su gente y la decisión de forjar una democracia sostenible. El país necesita orden”, remarcó el presidente de ACP.

Insistió que las instituciones también las construyen los ciudadanos y las empresas, “es necesario pasar de tener una democracia que no genere resultados, a una que lo haga, debemos superar los factores críticos, es necesario superar la ilegalidad y la desigualdad”.

Al tiempo que fue enfático en destacar que “la decisión frente a la regla fiscal es una irresponsabilidad enorme que compromete el desarrollo social y económico de Colombia”.

Frank Pearl agregó que “tenemos una crisis de institucionalidad y debemos recuperar la confianza. El camino por dónde va el país no es sano para los ciudadanos, las empresas y el Gobierno. Es necesario crear diálogos genuinos, estar dispuestos a escuchar. Estamos frente a retos adaptativos, no técnicos”.

El 6 de junio, por medio del Decreto 0630 de 2025, fue nombrada en firme Lina Beatriz Franco Idarraga como presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en reemplazo de Álvaro Pardo que salió de la entidad en mayo de este año.

“Artículo 1. Nombramiento. Nombrar a partir de la fecha, con carácter ordinario a la doctora Lina Beatriz Franco Idarraga, identificada con cédula de ciudadanía 30.332.133 de Manizales, en el empleo denominado Presidente Agencia Código E1 Grado 07, de la planta de personal de la Agencia Nacional de Minería”, dice la normativa.

Y agrega: “Artículo 2. Comunicación. El Despacho del Secretario General del Ministerio de Minas y Energía comunicará el presente decreto a la doctora Lina Beatriz Franco Idarraga. Artículo 3. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición”.

Franco Idarraga tiene experiencia en el sector minero energético. Su cargo más reciente fue como asesora en el Ministerio de Minas y Energía, entre 2023 y 2024. Antes de eso y por siete años, estuvo en la misma ANM, llegando a ser gerente de Seguimiento y control.

Entre sus cargos se destaca que fue asesora en el Ministerio de Transporte y en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. También ha trabajado en entidades como Colciencias, Ingeominas (hoy Servicio Geológico Colombiano), Naciones Unidas y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Es geóloga de la Universidad de Caldas, y cuenta con especialización en Gerencia de Negocios Internacionales, así como con una maestría en Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

El Gobierno Nacional, a través de un comunicado oficial, anunció que el Consejo de Estado falló a favor de la Nación en una demanda interpuesta por la sociedad Concisa S.A.S., la cual solicitaba una indemnización por más de $464.921 millones.

La demanda se originó en el marco de la Licitación Pública No. SEA-LP-001-2010, cuyo objeto era la concesión de obras correspondientes al Sector 3 del Proyecto Vial Ruta del Sol, que comprende importantes tramos como San Roque – Ye de Ciénaga y Carmen de Bolívar – Valledupar.

La sociedad Concisa S.A.S., integrante del Consorcio Vías de la Competitividad – Ruta del Sol, alegaba haber sido excluida de manera irregular del proceso de selección y exigía una compensación económica por los perjuicios supuestamente ocasionados.

Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que la empresa no acreditó uno de los requisitos habilitantes esenciales en la etapa de evaluación financiera la cual era la verificación del cupo de crédito exigido. Esta omisión fue determinante para declarar inadmisible su propuesta.

En consecuencia, se respaldó la actuación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que había declarado no habilitado al consorcio, ratificando la legalidad de la resolución que excluyó su participación.

La sentencia también reconoció el trabajo conjunto de la ANI y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), cuya intervención fue clave para defender los intereses de la Nación. Al respecto, el director general de la ANDJE, César Palomino Cortés, destacó que “detrás de cada proceso hay un trabajo técnico y riguroso que busca lo esencial: defender al Estado con argumentos sólidos y decisiones responsables. Este caso refleja cómo, cuando las entidades trabajamos de forma articulada, logramos proteger recursos que son de todos los colombianos”.

¿Qué otros argumentos tuvieron en el Consejo de Estado para fallar a favor del Estado?

Respecto a los argumentos adicionales que sustentaron la decisión, el alto tribunal precisó que no se probó la capacidad jurídica de la sociedad mexicana Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A. de C.V. (CONOISA), integrante del consorcio. En particular, no se acreditó debidamente el registro público de comercio en México de la escritura pública No. 169.231, con la cual se reformó el objeto social de dicha empresa.

Si bien esta fue presentada ante el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) el 12 de julio de 2010, y registrada el 20 de mayo del mismo año —es decir, antes de la fecha de presentación de la propuesta—, el Consejo de Estado determinó que dicha inscripción no fue suficiente para cumplir con los requisitos establecidos.

Adicionalmente, el fallo reiteró, en este caso, no procedía la solicitud de nulidad absoluta del contrato de concesión como pretendía la parte demandante.

Otro de los puntos centrales en la decisión fue la evaluación de la certificación del cupo de crédito presentada por el consorcio, la cual fue expedida por el banco panameño Global Bank y respaldada por una calificación nacional A+ otorgada por Fitch Ratings. Sin embargo, el pliego de condiciones requería una calificación global o internacional, lo que no fue cumplido. El dictamen financiero contenido en el expediente evidenció que las calificaciones nacionales o domésticas no son directamente comparables con las calificaciones globales, motivo por el cual el INCO actuó conforme al marco normativo al rechazar la propuesta.

El Consejo de Estado determinó que las actuaciones de las entidades estatales se ajustaron a derecho, desestimó los argumentos de la empresa demandante y protegió los recursos del erario, evitando una condena que habría tenido un impacto significativo en las finanzas públicas.

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, en el marco del IV Foro de Hechos de Sostenibilidad, entregó detalles sobre cómo los problemas de orden público han afectado el libre desarrollo y crecimiento del sector petrolero en el país.

“El año pasado tuvimos cerca de 1.500 bloqueos a las operaciones del sector de hidrocarburos, perdimos cerca de cuatro millones de barriles de petróleo, más de 3.000 empleos. En los últimos dos años se ha dejado de contribuir al estado colombiano cerca de $15 billones anuales y, además, está en riesgo nuestra seguridad y soberanía energética”, señaló Pearl.

El líder gremial señaló que es necesario cambiar el rumbo y darle un vuelco a la situación. “En este sector representa la posibilidad de sanear las finanzas públicas y de llevar los recursos a las regiones. Nosotros, y todos los ciudadanos, debemos estar dispuestos a poner nuestro talento y capacidad al servicio de las instituciones”.

Solo con este mecanismo, de acuerdo con Pearl, se podrá exigir a los gobiernos que cumplan su función. “Colombia no puede ser, ora vez, un país de ciudadanos desprotegidos, eso no lo vamos a aceptar y vamos a contribuir a que eso sea distinto”.

Además, el líder de la ACP indicó que la visión de que “hay que marchitar al sector de hidrocarburos” ha hecho que se genere más pobreza.

“Con la política de marchitar el sector de hidrocarburos, lo que el gobierno está haciendo es aumentado la pobreza con la disminución de las actividades del sector. Y hay grupos de interés que, supuestamente amparados en los mecanismos de participación, están comprados por mafias que tienen intereses estrictamente económicos”, manifestó Pearl.

Aseguró que la manifestación y la protesta son un derecho, privilegio y un atributo muy positivo en relación con la democracia, pero, siempre y cuando, se haga dentro de ciertos límites.

“Siempre que quienes se manifiestan y protestan respeten los derechos de los demás, pero eso no siempre está pasando en Colombia: el Estado debe tener la capacidad de poner límites cuando esas acciones no son legítimas y cuando no representan los intereses de las comunidades, sino que las perjudican por ese tipo de actividades”, expuso el presidente de la ACP.

Otras cifras de orden público y violencia que afectan al sector de hidrocarburos

El vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la ACP, Andrés Bitar, señaló que es clave darle visibilidad a un tema en Colombia que no es menor y que también afecta al crecimiento y desarrollo del sector de los hidrocarburos en el país.

“Solamente en 2024, hubo más de 40 atentados a los oleoductos de Colombia. Hubo más de 180 pinchaduras ilegales a los oleoductos y hubo más de 300 válvulas ilícitas”, expuso el experto.

Entre tanto, Bitar describió los desafíos para el sector en esta materia:

Por un lado, aseveró que el país no puede volver a una generación que acepte, nuevamente, la violencia.

“Yo creo que esta es una industria que tiene que condenar los hechos de voladuras y pinchaduras a los distintos oleoductos y poliductos del país, ¿Por qué? Por una razón fundamental, el crudo que se está produciendo en los distintos campos es el que se lleva a los oleoductos para poder producir la gasolina, diésel y el combustible de aviación que requerimos para transportarnos”, describió Andrés Bitar.

El experto de la ACP indicó que este escenario de condenar los actos de violencia en el país es una condición que, hoy en día, no está dada. “Colombia tiene que volcarse a recuperar el orden público en las regiones”, concluyó el vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la ACP.