El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que el cobro por valorización para los predios ubicados en la zona de influencia del corredor Barranquilla – Cartagena – Circunvalar de La Prosperidad continúa vigente.

La declaración se produce porque el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Procuraduría 118 Judicial II Administrativa habría solicitado la suspensión de este cobro en los predios ubicados en la Vía al Mar y la Circunvalar de La Prosperidad, entre Cartagena y Barranquilla.

“A la fecha, ni el Ministerio de Transporte ni el Invías han sido notificados oficialmente por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico sobre alguna decisión que implique la suspensión del mencionado cobro”, señala el comunicado oficial.

Además, Invías precisó que, tras una revisión en el Sistema de Gestión Judicial (Samai), no se encontró ningún registro de pronunciamiento por parte del despacho que conoce la acción popular interpuesta en relación con la solicitud de medida cautelar elevada por la Procuraduría General de la Nación el pasado 2 de abril de 2025.

Por ello, la entidad advirtió que las versiones divulgadas por algunos medios de comunicación son engañosas.

El Ministerio de Transporte recordó que, desde octubre de 2024, informó a la ciudadanía que el 100 % de los recursos recaudados por concepto de valorización en el corredor Barranquilla – Cartagena serán invertidos en la región Caribe.

Asimismo, reiteró que los rumores sobre una eventual destinación de estos recursos a otras zonas del país ya fueron desmentidos ampliamente en su momento.

“Como entidad comprometida con la legalidad y el respeto por las decisiones judiciales, hemos presentado ante las autoridades competentes los argumentos que respaldan la legalidad y los beneficios de esta contribución, la cual permitirá realizar inversiones urgentes en infraestructura para la región Caribe, donde serán destinados en su totalidad dichos recursos”, concluyó Invías.

La conformación de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca representa uno de los procesos de integración territorial más relevantes en la historia reciente del país. Este modelo busca coordinar la acción de varios municipios con una ciudad núcleo —Bogotá— para ejecutar proyectos de alto impacto en áreas como movilidad, seguridad, abastecimiento alimentario, medioambiente y acceso al agua.

En este contexto, Luis Lota, gerente de la Región Metropolitana, explicó en entrevista con Valora Analitik que esta figura jurídica y administrativa permite articular esfuerzos entre los gobiernos locales, el Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno nacional.

“La región actúa en función de la declaración de hechos metropolitanos, es decir, determina en qué puede intervenir y en qué no. Actualmente, hay siete temáticas definidas y ocho hechos metropolitanos declarados en áreas como movilidad, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, medioambiente y uso del agua”, señaló Lota.

Financiación de la Región Metropolitana: Nación, territorios y aportes voluntarios

Uno de los aspectos clave para el funcionamiento de la Región Metropolitana es su esquema de financiación. Según Lota, este se sustenta en tres fuentes principales: recursos del Gobierno Nacional, transferencias del impuesto vehicular y aportes voluntarios de los municipios asociados.

“El primer rubro proviene del Gobierno nacional. Por ley, cada año deben llegar recursos obligatorios a la región. Este año están aplazados, no cancelados. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Hacienda para definir cuándo se desembolsarán esos $86.000 millones”, explicó el gerente.

Añadió que el segundo componente corresponde al 2 % del impuesto vehicular que recaudan Bogotá y Cundinamarca, lo que representa aproximadamente $90.000 millones en el caso de Bogotá y $20.000 millones en el de Cundinamarca.

La tercera fuente está compuesta por aportes voluntarios de los municipios. Según Lota, “hoy no hay ninguna obligación de que los municipios aporten recursos adicionales mientras se definen los proyectos a ejecutar. Por ejemplo, Soacha destinó $11 millones para el cuatrienio”, lo que representa un alivio económico para dicho municipio.

¿Qué proyectos se ejecutarán en la Región Metropolitana?

Pese a lo anterior, los beneficios que reciben pueden ser significativos. En el caso de Soacha, según explicó el funcionario, se han estructurado proyectos por cerca de $200.000 millones, financiados con recursos provenientes del Distrito y la Gobernación.

“Estamos trabajando en proyectos como la estructuración de la línea 3 del metro entre Soacha y Bogotá, así como en el mejoramiento de las rutas de transporte público que conectan ambas jurisdicciones”, detalló Lota.

Agregó que la integración en materia de movilidad es una prioridad, dado que miles de personas se desplazan diariamente desde los municipios cercanos hacia la capital.

La articulación regional también incluye otras áreas, como la seguridad alimentaria. Para esto se están implementando programas como Compramos su cosecha, una iniciativa que busca adquirir productos agrícolas directamente a los campesinos de Cundinamarca para abastecer programas como el PAE (Programa de Alimentación Escolar), lo cual mejora los ingresos rurales y la calidad de los alimentos entregados a los estudiantes.

¿Cómo se toman las decisiones dentro de la Región Metropolitana?

De otro lado, Lota dijo que uno de los temas más importantes de la Región Metropolitana es cómo se toman las decisiones para elección e inversión de proyectos. Al respecto, explicó que el Consejo Regional —integrado por Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y los alcaldes de los municipios asociados— que delibera el principio del consenso.

“Cada uno de los tres actores principales tiene el mismo peso en la votación. Además, el Ministerio de Ambiente y representantes del sector privado participan con voz, pero sin voto. La primera votación debe lograrse por consenso, y si esto no ocurre, se hacen hasta tres intentos. Si después de estos no hay acuerdo, se aplican tres reglas: mayoría absoluta, que el proyecto no afecte negativamente a un municipio y que Bogotá y Cundinamarca estén de acuerdo”, explicó el gerente.

Según indicó, este modelo evita la imposición unilateral de decisiones, protege la autonomía territorial y promueve la colaboración. “Nuestra tarea es llevar proyectos que sean articulados y decididos en conjunto”, enfatizó Lota.

Planificación a largo plazo en seguridad y gestión del agua

Otro frente de trabajo es la seguridad. Recientemente, la seguridad ciudadana fue declarada hecho metropolitano, lo cual ha permitido avanzar en acciones como el fortalecimiento de la infraestructura judicial. En Soacha, por ejemplo, se proyecta la instalación de una Unidad de Reacción Inmediata (URI) que funcione las 24 horas, evitando así que los ciudadanos deban trasladarse hasta Paloquemao, en Bogotá.

En cuanto al recurso hídrico, Lota informó que, tras un proceso participativo con más de 40 mesas de trabajo, se declaró un hecho metropolitano en esta materia:

“Diseñamos un enfoque que beneficie a todos los municipios asociados. Ahora estamos formulando proyectos conjuntos entre Soacha y Bogotá para mejorar el acceso y la gestión del agua”, indicó.

Sin embargo, aclaró que las intervenciones solo pueden realizarse en municipios que formen parte oficial de la región, conforme a la ley.

La participación ciudadana en la Región Metropolitana

Lota destacó que actualmente se trabaja en la formulación de un plan de desarrollo regional a 12 años, que servirá como hoja de ruta para definir el rumbo de la región en el mediano y largo plazo.

“Estamos construyendo las bases de ese plan con todos los actores del territorio”, añadió.

El proceso también contempla un enfoque participativo para priorizar proyectos. Las comunidades pueden presentar iniciativas, siempre que cumplan con ciertos criterios: tener alcance metropolitano, estar incluidas en los planes de desarrollo y contar con estudios y diseños previos.

En palabras del gerente, la Región Metropolitana: “No es un ente que viene a suplantar a los municipios, sino a complementarlos en los temas donde tiene sentido actuar en conjunto”.

Su existencia plantea una nueva forma de gobernanza territorial que, aunque aún en desarrollo, ya muestra avances concretos y promete transformar la manera en que se planean y ejecutan políticas públicas en el centro del país.

En materia de movilidad, Luis Felipe Lota destacó que la Región Metropolitana estudia la posibilidad de implementar un ramal que conecte con el aeropuerto El Dorado, o con un punto cercano a este, en línea con lo que anteriormente había mencionado el alcalde Galán.

“Obviamente, eso debe definirse con base en los estudios técnicos”, precisó.

Asimismo, se refirió a los avances en la movilidad entre Bogotá y Soacha, resaltando que “se contrató un diseño que tiene un costo de $102.000 millones. La Región aporta $33.000 millones, Bogotá $59.000 millones y Cundinamarca $10.000 millones. Este diseño contempla cuatro componentes. El primero es pensar no solo en el sistema metro hacia Soacha, sino también en cómo debe estructurarse el sistema férreo en toda la región”.

También enfatizó en otros proyectos de infraestructura vial, como el tercer carril en la vía de salida por la Calle 80, en el sector de la Guadua.

“Esperamos que antes de cerrar el semestre tengamos listos los términos de referencia para coordinar con la ANI y avanzar en la contratación de los estudios”, explicó Lota.

Añadió que el valor estimado de estos diseños podría oscilar entre $5.000 y $6.000 millones, y abarcarían un tramo de cinco kilómetros, considerado uno de los más críticos, entre el puente de la Guadua y Siberia.

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Cerrejón y 39 comunidades wayuu firmaron acuerdos de consulta previa para la línea privada de transmisión eléctrica, que abastece de energía a la operación de Cerrejón, en La Guajira.

Esta línea, instalada en los años ochenta, se extiende desde la subestación de Cuestecitas, en Albania, hasta Puerto Bolívar, en Uribia.

El proceso incluyó a 142 comunidades de los municipios de Albania, Maicao, Manaure y Uribia, se discutió los impactos y medidas de compensación asociadas a la operación y mantenimiento de la línea eléctrica.

Cabe mencionar, que, por el momento de las 142 comunidades, 39 – representadas por la Fundación Ainjawa- ya han firmado acuerdos.

Sobre este proceso, Raúl Roys, gerente de diálogo social de Cerrejón, mencionó: «En Cerrejón asumimos este proceso porque creemos en la construcción conjunta y en el respeto por las comunidades. Hoy celebramos este hito que representa un ejemplo tangible de que el diálogo sincero, respetuoso y constante sí da resultados”.

Alfonso Puerto Mejía, autoridad tradicional de la comunidad Ullarancen, habló sobre el desarrollo de las conversaciones: “El proceso se consultó con nosotros de una manera muy especial. Para nosotros fue de gran alegría porque con lo acordado vamos a hacer cosas en beneficio de las comunidades. Se cumplió la palabra y para nosotros es sagrada. Si damos nuestra palabra, ten por seguro que es así”.

Marlon Mejía, representante legal de la fundación Ainjawa, agregó: “Podemos decir que tuvimos un buen desarrollo en el proceso y, como asesores de las comunidades, estamos muy contentos. Fue un espacio de aprendizaje, tuvimos que reunirnos muchas veces, llegar a acuerdos, demostrarles a las comunidades que era un proceso serio. Hoy podemos decir que fue creíble y les cumplimos la palabra al 100 %”.

La línea eléctrica del Cerrejón

Aunque la línea fue construida antes de que existiera la legislación actual sobre consulta previa con comunidades étnicas, en su momento se concertó con las comunidades, la ejecución de este proyecto.

Sin embargo, con el tiempo surgieron nuevos escenarios que requirieron espacios de diálogo. Es importante resaltar que la definición de la inclusión de comunidades en este proceso está a cargo de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp) del Ministerio del Interior, que mediante un proceso administrativo estableció que la consulta procedía con 142 comunidades wayuu.

Este ejercicio de diálogo ha contado con la participación de garantes locales y nacionales. Así mismo, las comunidades cuentan con la asesoría de organizaciones indígenas y no indígenas, así como la de abogados seleccionados de manera independiente y autónoma.