Día: 28 de mayo de 2025

Con el fin de impedir el ingreso de insumos y equipos vinculados a la minería ilegal y otras actividades ilícitas, efectivos del Comando Unificado Pataz se desplegaron en distintos puestos estratégicos de control en dicha provincia de la región La Libertad.

Esta acción fue supervisada por el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército David Ojeda Parra, quienes constataron las acciones y operaciones combinadas que ejecutan elementos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Fiscalía, con la participación de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en el punto de control de Shicun.

También se desplegaron efectivos a los puestos de control de Calquiche y Pamparacra, donde se intensifica la supervisión de vehículos y personas las 24 horas del día. Adicionalmente, se implementó un puesto de control en el distrito de Parcoy y se evalúa implementar otro en el sector de Suyubamba.

El comandante general del Comando Unificado en Pataz, General Marco Marín, subrayó que la estrategia implementada es integral y muestra resultados positivos. Destacó la participación de diferentes entidades para ubicar a los grupos hostiles.

“Consideramos que se ha logrado restablecer el principio de autoridad y el orden interno en Pataz. La población ha sido un factor fundamental, hemos logrado sensibilizarlos y manifestarles que estamos acá para brindarles seguridad y contribuir con el desarrollo de la provincia. Hoy en día, el control territorial se viene realizando al 100%, logrando considerables intervenciones a personas con requisitorias, y a quienes transportan armamento ilegal”, apuntó.

Las acciones desplegadas en Pataz, bajo el liderazgo de un Comando Unificado, se ejecutan en el marco del Decreto Supremo N.° 060-2025-PCM, publicado el 8 de mayo en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. La medida prorroga por 30 días calendario el Estado de Emergencia en toda la provincia liberteña en mención.

En este periodo, las fuerzas del orden han ejecutado diversos operativos durante los toques de queda establecidos para los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, así como diversas intervenciones para enfrentar las amenazas generadas por la minería ilegal y el crimen organizado, logrando incautar diversos insumos ilegales.

Estas acciones reflejan el compromiso inquebrantable del Gobierno Nacional y del sector Defensa en la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado, que tanto daño causan a la seguridad, el desarrollo y el medio ambiente en la provincia de Pataz. A través del trabajo articulado entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras entidades del Estado, se avanza de manera decidida en el restablecimiento del principio de autoridad y del orden interno, garantizando la protección de la ciudadanía.

La construcción del proyecto de cobre y molibdeno Los Calatos, ubicado en el distrito de Mariscal Nieto, en Moquegua, tendrá una inversión de US$ 600 millones, afirmó el gerente general de Minera Hampton, Jim Bannantine, durante su participación en el evento “Rumbo a PERUMIN: Minería para el desarrollo de Moquegua”.

Los Calatos es un proyecto que “está avanzando bien y cuenta con el apoyo de la comunidad”, según explicó el representante de Minera Hampton, en el auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Los Calatos está avanzando rápido, está bien coordinado. Estamos avanzando bien en temas de velocidad. Estamos mirando US$ 600 millones de inversión inicial para la construcción. Nuestro método de mina y diseño es la mitad de la inversión y se destina a servicios mineros para llegar a producción y la segunda mitad va a ser sobre los 20 años para la inversión sobre la vida de la mina. Es un capex inicial light”, sostuvo en el evento del IIMP.

Bannantine indicó que la empresa espera iniciar la construcción de la mina en el 2027 y empezar a producir en el año 2029. “Estamos en medio del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Estamos hablando de producción en 2029 y la construcción en 2027 basado en todos esos estudios”, comentó.

Apoyo social y sostenibilidad
El gerente general de la minera resaltó que, en las reuniones sostenidas con pobladores de la comunidad aledaña al proyecto, así como de las autoridades la percepción de la industria y del proyecto en la zona es positiva. Refirió que los dos desafíos en los que trabaja la compañía de cara a la comunidad son: el agua como recurso y la capacitación laboral.

“Cada trimestre que trabajamos parece más viable, con el apoyo nacional, regional y de la misma comunidad y los municipios que se acercan (…) Hace 6 meses tuvimos los talleres participativos en la comunidad, en Ilo, en Moquegua, y la población no tenía miedo de la minería, nos hicieron dos preguntas sobre el no tocar el agua que van a usar para consumo humano y la agricultura, y cómo se les va a capacitar”, mencionó.

El ejecutivo señaló además que el proyecto se desarrollará de manera sostenible pues empleará agua desalinizada y trabajos con eficiencia energética.

“Casi todo el trabajo del acarreo es mediante una faja eléctrica usamos pocos camiones, empleamos una relavera seca con una huella pequeña que recircula el agua que traemos de la planta, es una mina subterránea con un método de mina donde casi no hay desmontera”, dijo en el auditorio del IIMP.

Producción
Asimismo, indicó que la compañía ha estimado una producción de 65 mil toneladas de cobre refinado al año.
“Estamos en el inicio del Estudio de Viabilidad definitivo que nos muestra una mina de 65 mil toneladas de cobre fino al año con una vida de 27 años. Nuestro concentrado en las pruebas es muy parecido al de Quellaveco de muy alta calidad y limpia”, detalló.

La minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) fue reconocida legalmente en Perú desde 2002 con la Ley N° 27651, que marcó un proceso de descentralización donde los gobiernos regionales asumieron la responsabilidad de la formalización. Sin embargo, a pesar de varias normas y esfuerzos del Estado, los avances han sido limitados y los resultados no han alcanzado las metas propuestas. Hasta el 23 de mayo de 2025, se registraron 82,166 operadores en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero solo 20,684 permanecen activos, mientras que más del 75% están suspendidos. Esta realidad muestra que el problema no se reduce a cifras, sino que responde a causas más profundas, como explica José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental e investigador de CooperAcción.

El crecimiento acelerado de la MAPE se explica por tres factores principales: el alza en los precios de minerales como el oro, la falta de oportunidades económicas alternativas para las comunidades y la limitada capacidad institucional para fiscalizar y controlar los territorios mineros. Además, un gran obstáculo para la formalización es la normativa vigente, que exige a los mineros acreditar un contrato de explotación, documento difícil de obtener. Muchos trabajan en concesiones extinguidas, lo que los deja fuera de cualquier procedimiento legal. Franco Bequer, presidente de Confemin, propone cambiar este requisito y en su lugar incluir el derecho de servidumbre para que puedan operar en denuncios abandonados, recordando que el recurso natural pertenece al Estado y que este debe promover la formalización.

En todo el país, se han otorgado derechos mineros sobre aproximadamente 21 millones de hectáreas en zonas con gran riqueza geológica, lo que provoca una saturación territorial y limita la liberación de espacios para una minería más ordenada. Ante esto, De Echave destaca la urgencia de revisar la política de concesiones mineras, pero el diálogo con las autoridades no ha sido fluido, como demuestra la cancelación de una entrevista con el director general de Formalización Minera del Minem, Máximo Gallo. Por su parte, expertos como William Zabarburú insisten en que para solucionar la expansión descontrolada de la MAPE es indispensable un ordenamiento territorial riguroso que defina claramente qué zonas son aptas para la minería.

La falta de planificación ha generado superposiciones entre concesiones mineras y otros usos del suelo, afectando ecosistemas sensibles, especialmente en la Amazonía. Entre 2020 y 2024, el Ingemmet otorgó 510 concesiones en áreas frágiles, lo que ha provocado conflictos entre la gran minería y los mineros artesanales, quienes invaden territorios de comunidades campesinas y áreas protegidas, e incluso realizan actividades directamente en ríos con dragas, causando daños ambientales severos. Organizaciones indígenas como el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) han denunciado el avance de la minería ilegal y la deforestación masiva que esta ha generado, con más de 40 dragas operando en ríos importantes de la región.

Pese a la gravedad de estos problemas, las voces de estas comunidades han sido excluidas de las mesas de diálogo impulsadas por la Comisión de Energía y Minas para debatir una reforma de la ley MAPE, que busca reemplazar el Reinfo, un sistema que muchos califican como un manto de impunidad. Aunque la discusión estaba programada para mayo, la convocatoria no se concretó, dejando en evidencia la falta de acuerdos y voluntad política. Esta situación se enmarca en una disputa de intereses donde la gran minería busca terminar con el Reinfo, mientras que los mineros informales han logrado prórrogas que mantienen vigente el registro.

El Ministerio de Energía y Minas envió recientemente una serie de propuestas al grupo de trabajo liderado por Paul Gutiérrez para la nueva ley, incluyendo temas como la trazabilidad del oro, beneficios tributarios y mecanismos de inclusión financiera. Sin embargo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) aclaró que esas propuestas no reflejan su postura oficial, evidenciando la falta de consenso en el sector. Para José De Echave, queda poco tiempo para que el Congreso apruebe una nueva ley MAPE, por lo que probablemente se termine extendiendo nuevamente el Reinfo, sobre todo considerando la débil autoridad del Ministerio y la baja popularidad del actual gobierno.

En contraste, Franco Bequer confía en que el dictamen de la Comisión de Energía y Minas se aprobará antes del fin de la legislatura, aunque advierte que no descartan volver a la movilización social para ejercer presión, tal como sucedió el año pasado. Entre las propuestas de su gremio destacan el reconocimiento del derecho de servidumbre, la creación de una ruta formal para la comercialización del oro, el reconocimiento del quinto estrato que incluye a las mujeres dedicadas a la selección manual de minerales, y la obligatoriedad de que las cuentas bancarias de los mineros estén en el Banco de la Nación para asegurar la trazabilidad.

Tanto especialistas como dirigentes coinciden en que es fundamental revisar la política de concesiones mineras, mejorar los sistemas de trazabilidad y comercialización del oro, promover el ordenamiento territorial y fortalecer los controles ambientales para avanzar hacia una minería artesanal más sostenible y formalizada. Sin estos cambios estructurales, el problema de la minería informal seguirá afectando no solo al sector minero sino también a las comunidades y el medio ambiente en Perú.

La Compañía Minera Santa Luisa, subsidiaria del grupo japonés Mitsui, informó la paralización temporal de su unidad minera Huanzalá, ubicada en Áncash, desde el 26 de mayo de 2025. Esta mina polimetálica, con más de cinco décadas de operación, produce concentrados de zinc, plomo y cobre. La suspensión responde a una falla técnica que ha afectado el suministro eléctrico principal del yacimiento.

Según un comunicado remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el transformador principal de 9 mega voltios amperios (MVA) —fundamental para la operación y procesamiento de mineral— dejó de funcionar debido a fallas internas. Actualmente, la mina opera únicamente con grupos electrógenos para mantener servicios esenciales, mientras se gestionan soluciones para restablecer la producción.

Carlos Alvarado, gerente de operaciones de Minera Santa Luisa, explicó que se han iniciado los trabajos para alquilar nuevos grupos electrógenos y reparar el transformador averiado, con el fin de reanudar las actividades en el menor tiempo posible. La empresa no precisó una fecha de reactivación, pero afirmó que se prioriza una recuperación rápida y segura.

Cabe destacar que, a fines de 2024, el Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles) aprobó el Segundo Informe Técnico Sustentatorio de la Unidad Minera Huanzalá, lo que permite a la empresa ejecutar un conjunto de mejoras operativas. Entre ellas se incluyen la ampliación del lecho de secado de lodos, del sedimentador de la planta de concreto, y la implementación de una tolva para dosificación de Dramix (fibras de acero), entre otros ajustes en infraestructura.

Asimismo, la minera proyecta hasta 20 nuevas áreas y modificaciones en componentes auxiliares. Estas abarcan la construcción de un nuevo laboratorio metalúrgico, depósitos de aceites, talleres de reparación, espacios para generadores y la ampliación del relleno sanitario. Estas inversiones buscan mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la unidad minera en el mediano plazo.

Entre enero y abril de 2025, la producción nacional de hidrocarburos (gas y petróleo) generó 836 millones de soles en canon y sobrecanon, según informó Perupetro. Estos recursos fueron transferidos a seis regiones productoras: Cusco, Piura, Loreto, Tumbes, Ucayali y la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, con el objetivo de financiar obras de infraestructura que impacten positivamente en el desarrollo local y regional.

Del total recaudado, Cusco concentró la mayor parte, con 568 millones de soles. Le siguieron Piura con 117 millones, Loreto con 91 millones, Tumbes con 34 millones, Ucayali con 23.6 millones y Puerto Inca con 2.3 millones de soles. Estas cifras reflejan la distribución proporcional basada en los volúmenes de producción fiscalizada en cada región.

El canon de hidrocarburos representa la participación económica que reciben los gobiernos regionales y locales, así como universidades e institutos estatales, como parte de los ingresos generados por la explotación de estos recursos naturales. Este aporte, gestionado por Perupetro, se calcula sobre la base de la producción fiscalizada y constituye una fuente clave para la inversión pública.

Desde 1993 hasta la fecha, el canon y sobrecanon transferido a nivel nacional ha superado los 44,830 millones de soles, lo que demuestra su importancia como instrumento de desarrollo territorial. De acuerdo con la normativa vigente, estos fondos deben destinarse al financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de infraestructura o inversión productiva sostenible en las zonas donde se explotan los hidrocarburos.

En el caso de universidades e institutos públicos, la ley establece que los recursos del canon deben emplearse exclusivamente en investigación científica y tecnológica que promueva el desarrollo regional. Perupetro, como entidad estatal encargada de administrar los recursos de hidrocarburos, reafirma su compromiso con un aprovechamiento sostenible y equitativo que beneficie a todo el país.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que los ministros de Perú, China y Brasil han expresado su interés en realizar una reunión de alto nivel con el propósito de definir metas concretas para avanzar en la integración regional a través del Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC). Este megaproyecto ferroviario, que atravesará Perú y Brasil, conectará el océano Atlántico con el Pacífico mediante el puerto de Chancay, facilitando así el comercio entre Sudamérica y los grandes mercados asiáticos.

El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Raúl Pérez Reyes, junto con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, se reunieron con el embajador de China en Perú, Song Yang, para presentar la estrategia nacional de desarrollo ferroviario. En esta reunión, celebrada en la sede del MEF, se destacó la importancia de la cooperación internacional para impulsar este proyecto clave que potenciará la conectividad regional.

La delegación china, compuesta por funcionarios y empresarios, participó activamente en el encuentro donde se buscó alinear las visiones estratégicas de Perú y China, con la intención de incluir a Brasil como un socio fundamental en la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico Central. Esta colaboración multilateral es vital para lograr un acuerdo marco que regule inversiones, demanda y ejecución de las obras.

El ministro Raúl Pérez Reyes enfatizó que Perú está preparado para cofinanciar su parte del tramo ferroviario y resaltó la importancia de mantener una visión conjunta con China para fortalecer la infraestructura de conectividad. La iniciativa pretende mejorar el enlace entre la costa peruana y la selva central, lo que impulsará el desarrollo económico y social de estas regiones.

Finalmente, se subrayó la relevancia de conectar Lima con Pucallpa, ciudad cercana a la frontera con Brasil, ya que este tramo es crucial para extender la ruta hasta Cruzeiro do Sul y Vilhena, promoviendo así el comercio y la integración entre los países involucrados. Esta ruta ferroviaria es clave para fortalecer los lazos comerciales y estratégicos entre Perú, Brasil y China.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) informa que, a través de un trabajo articulado con las entidades públicas y empresas privadas, ha ayudado a destrabar 222 proyectos, por S/ 4241 millones, que se vienen ejecutando mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

Los proyectos destrabados pertenecen a sectores estratégicos como educación, 55 proyectos por S/ 976 millones; salud, 12 proyectos por S/ 927 millones; transportes, 41 proyectos por S/ 826 millones; saneamiento, 31 proyectos por S/ 759 millones; seguridad, 32 proyectos por US$ 353 millones; entre otros sectores.

El destrabe de proyectos en PROINVERSIÓN está a cargo del Equipo de Seguimiento de Inversiones de Obras por Impuestos de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de PROINVERSIÓN que, en marzo de 2023, recibió el encargo del destrabe de 237 proyectos que representaban una inversión mayor a los S/ 4400 millones. En ese sentido, los 222 proyectos destrabados a la fecha suponen un avance de un 92% con relación al primer paquete establecido.

Para alcanzar dicho logro se desplegaron esfuerzos que incidieron en un trabajo colaborativo entre PROINVERSIÓN, entidades públicas de todo nivel de gobierno, empresas privadas, sectores y la misma población beneficiaria, concretándose más de 1500 reuniones, fortaleciendo con ello el nivel de confianza de todos los actores. Esto ha sido clave para que, en 2024 se haya adjudicado 126 proyectos e inversiones mediante Obras por Impuestos, por un monto aproximado de S/ 4200 millones, y que en lo que va de 2025 se haya adjudicado 89 proyectos por más de S/ 700 millones.

Cabe mencionar que el Equipo de Seguimiento de Inversiones (ESI-OXI), conformado por un equipo multidisciplinario, tiene como objetivo fortalecer la asistencia técnica de PROINVERSIÓN a entidades públicas (ministerios, gobiernos locales, gobiernos regionales, universidades públicas, entre otros) y el sector privado durante la fase de ejecución contractual, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes en los Convenios de Inversión Pública y en el marco legal vigente del mecanismo de Obras por Impuestos. Todo ello con el propósito de prevenir riesgos potenciales, asegurar resultados tangibles y garantizar el cumplimiento de la finalidad de las inversiones públicas.

ESI-OxI viene orientado también a una tarea preventiva, por lo que los convenios suscritos son monitoreados desde su firma, esto en coordinación con el equipo de Asesores Técnicos de nuestras oficinas descentralizadas y el soporte a través de nuestro Sistema Automatizado de Alerta Temprana, sistema que fue creado por la agencia para prever potenciales riesgos de incumplimiento y gestionarlos de manera anticipada.