En días recientes, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) alertó sobre la crítica situación que atraviesa el sector debido a la deuda del Instituto Nacional de Vías (Invías) con empresas de consultoría, construcción e interventoría. Esta situación ponía en riesgo la continuidad de grandes proyectos de infraestructura en Colombia y afectaba a las mypimes.
Ante este panorama, no se había logrado un acuerdo con el Gobierno Nacional para solucionar una deuda que ascendía a $1 billón, con 5.700 actas pendientes de pago.
Sin embargo, Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, anunció una noticia relevante tanto para las pequeñas y medianas empresas del sector como para los megaproyectos en ejecución, fundamentales para la conectividad del país.
A través de un video en su cuenta de X, Caicedo destacó que, gracias a los llamados de atención de la CCI, la Procuraduría General de la Nación confirmó que el Ministerio de Hacienda realizará los pagos correspondientes a Invías para saldar las deudas con los contratistas.
Caicedo explicó que el pago se efectuará de manera progresiva: en febrero se desembolsarán $200.000 millones, en marzo $600.000 millones y en abril de 2025, $800.000 millones.Además, enfatizó que estos pagos garantizarán la continuidad de proyectos estratégicos para la conectividad regional y aliviarán las finanzas de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería, generadoras de empleo y comprometidas con el desarrollo de la infraestructura nacional.
El presidente de la CCI también señaló que las firmas de consultoría e interventoría se verán beneficiadas, destacando que el diálogo y el entendimiento son herramientas clave para superar dificultades.
Para evitar problemas similares en el futuro, Caicedo hizo un llamado al Gobierno Nacional para implementar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sector.
Entre las propuestas se incluyen mecanismos de supervisión más estrictos, cronogramas de pago definidos y una asignación eficiente de recursos presupuestales. No obstante, la actual crisis de liquidez amenaza estos objetivos y podría debilitar la confianza entre las empresas y el Estado.
