Día: 15 de enero de 2025

A pesar de lo anterior, el Gobierno viene realizando los estudios de prefactibilidad, que es la primera etapa que debe surtir este tipo de megaproyectos de infraestructura.

Al frente de esta iniciativa está la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), entidad encabezada por Martha Coronado.

Según dijo la funcionaria durante el año pasado, los primeros estudios de prefactibilidad del tren interoceánico que prometió Petro para Colombia debieron quedar listos antes del 31 de diciembre pasado.

Así es el tren interoceánico que prometió Petro para Colombia

Al margen de lo anterior, la UPIT ha logrado definiciones clave para desarrollar a futuro el megaproyecto férreo.

Por ejemplo, la entidad ya encontró que es posible ubicar dos puertos de gran calado en cada uno de los océanos (Atlántico y Pacífico), que podría funcionar como alternativa al Canal de Panamá.

Adicionalmente, se fijaron tres posibles trazados por los que podría pasar el corredor férreo. Dos de estos saldrían de Juradó (Antioquía) hasta Titumate, cerca de Unguía (Chocó), mientras que el tercero arrancaría en Cupica llegando también a Titumate.

Cualquiera de los elegidos implicaría la construcción de un ferrocarril de 240 km, que requeriría inversiones de unos $60 billones.

“Este es un proyecto muchísimo más grande de lo que se piensa. Hay que ponerlo en términos de un megaproyecto, que incluso requiere un análisis mucho más profundo y una visión de la geopolítica”, dijo Coronado en una entrevista con Valora Analitik en noviembre.

Además, indicó que en el tren interoceánico que prometió Petro para Colombia es clave estudiar temas de demanda por parte de las navieras y de impacto ambiental sobre la zona del Tapón del Darién.

De hecho, sobre este último punto, la directora de la UPIT afirmó que se requieren diversos diagnósticos y evaluaciones que deben hacer las autoridades competentes y que por ahora no se han iniciado.

Eso sin contar con que también es vital llegar a acuerdos con las comunidades de la zona, tal y como ha pedido el propio presidente Gustavo Petro.

En ese sentido, la funcionaria afirmó: “No se trata pasar por encima de ellos y por eso estamos conversando”, para lo cual ya se han realizado varias socializaciones en conjunto con la Gobernación de Chocó.

La decisión se tomó este martes, 14 de enero, mediante una resolución firmada por el vicepresidente de estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Eduardo Acosta.

Con este documento, el funcionario levantó la suspensión de términos determinada una semana atrás para el contrato del tren La Dorada – Chiriguaná, revelada ayer por este medio. Sin embargo, también cambio las fechas siguientes para dicho proceso.

Así las cosas, los tiempos de la licitación para el megaproyecto se retomarán el martes, 21 de enero, y el día siguiente (22 de enero) será el plazo máximo para que los empresarios presenten sus propuestas formales.

Nuevo aplazamiento de adjudicación de la primera gran APP de un ferrocarril

A pesar de lo anterior, Acosta también modificó los demás puntos del cronograma y, con esto, aplazó por tercera vez la adjudicación de la primera gran APP de un ferrocarril.

Inicialmente, cuando la ANI publicó los pliegos definitivos del tren La Dorada – Chiriguaná, determinó que el contrato sería entregado a un privado el 13 de diciembre de 2024.

No obstante, por la falta de aprobaciones y trámites, modificó por primera vez los tiempos y determinó que la nueva fecha de adjudicación de la primera gran APP de un ferrocarril sería el 9 de enero de 2025.

De ahí en adelante, todo transcurrió con normalidad, o por lo menos así se dio hasta noviembre del 2024, cuando se anunció un segundo cambio en los plazos del proceso de licitación. En ese momento, la Agencia Nacional de Infraestructura determinó que la adjudicación del megaproyecto se daría el 13 de febrero de 2025.

Eso sí, la resolución de este martes confirma que la fecha volvió a ser modificada y, con ello, el país deberá esperar un mes más para conocer al posible ganador del corredor férreo, que prevé inversiones por $3,4 billones en un periodo de 10 años.

Según el documento, solo hasta el 20 de marzo de este año (un mes y una semana después) se realizará la audiencia de adjudicación del corredor La Dorada – Chiriguaná, que es clave para la reactivación férrea pues recorre el país desde Caldas hasta Cesar, y luego se conecta con el puerto de Santa Marta.

Dudas de los empresarios del sector de infraestructura

En todo caso, para llegar a esa fecha aún hará falta que la entidad y los empresarios interesados se pongan de acuerdo en algunos puntos que aún les generan dudas.

Uno de estos tiene que ver con un pliego de peticiones de un sindicato de trabajadores del sector, que, aseguran, tendrían que asumir y que costaría medio billón de pesos.

La ANI ha afirmado que estas peticiones no hacen parte del nuevo contrato de concesión, por lo cual desestimó hacer algún cambio en los pliegos en ese sentido.

De igual forma, desde el sector privado le han solicitado al Gobierno ampliar el cierre de propuestas desde la fecha actual (enero) hasta finales de marzo, con el fin de tener tiempo suficiente de armar sus propuestas y que haya pluralidad de oferentes.

Por lo pronto, la Nación ha negado esta posibilidad y ha optado por cambiar el cronograma en apenas unas semanas. Con esto, la próxima semana será clave para conocer si existen empresas interesadas en el megaproyecto, que será la columna vertebral del sistema férreo en el país.

Durante esta jornada, que se llevará a cabo desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., la circulación de vehículos particulares y motocicletas estará restringida.

Ante dicha medida, se tiene previsto para el día sin carro y sin moto en Bogotá el funcionamiento del SITP y Transmilenio desde las 4:00 am hasta las 11:00 pm, así como la habilitación de 630 kilómetros de ciclorrutas.

Sin embargo, existen excepciones para ciertos tipos de vehículos que podrán movilizarse.

Estos son los vehículos que podrán movilizarse el día sin carro en Bogotá

• Vehículos eléctricos o de cero emisiones, incluidas motocicletas.
• Transporte público.
• Transporte escolar.
• Vehículos de emergencia: Ambulancias, carros de bomberos y otros vehículos de atención urgente podrán transitar sin restricciones.
• Vehículos de transporte de valores.
• Motocicletas destinadas a mensajería, domicilios, vigilancia y seguridad privada.
• Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección: Aquellos destinados a la protección de personas en situación de riesgo.
• Vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros.
• Vehículos diplomáticos o consulares
• Vehículos militares, de la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado: Incluyendo los del CTI seccional Bogotá.
• Carros fúnebres
• Transporte para personas con discapacidad

Es importante destacar que los vehículos híbridos no están exentos de la restricción y no podrán circular durante esta jornada.

Las autoridades de movilidad recomiendan a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar el uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta, caminar o utilizar el transporte público, que contará con una mayor oferta para facilitar la movilidad durante el día sin carro y sin moto.

El incumplimiento de esta medida puede acarrear sanciones, por lo que se aconseja a los conductores estar atentos a las disposiciones y excepciones establecidas para esta fecha.

Pese a lo anterior, para S&P Global los gobiernos de Chile y de Colombia han impedido que las tarifas eléctricas se ajusten, a pesar de la alta inflación, debido a las inquietudes en torno al poder adquisitivo de la población.

“Por ende, el aumento de la incertidumbre en torno a las operaciones de los servicios públicos regulados ha provocado la revisión a la baja de nuestra evaluación de los marcos regulatorios de Chile y Colombia a favorables al crédito [adecuados] desde muy favorables al crédito [fuertes/adecuados]. Las evaluaciones de ambos países están ahora en línea con las de Brasil y México”, aseguró la entidad.

Según S&P Global Ratings, su revisión no significa, necesariamente, que se considere que las regulaciones del servicio de electricidad en Chile y Colombia sean menos efectivas, ya que los contratos siguen vigentes y hubo compensaciones financieras o económicas por las intervenciones gubernamentales.

La calificadora de riesgo también destacó: “esperamos que los reguladores se enfoquen en aumentar el porcentaje de energías renovables no convencionales en la matriz energética, en mejorar los sistemas de transmisión y la conectividad con nuevas áreas urbanas y/o industriales, y en destinar inversiones adicionales y esfuerzos de digitalización para mejorar la eficiencia”.

Evaluación de las jurisdicciones regulatorias en Colombia, según S&P Global Ratings

S&P Global Ratings presentó un resumen de su evaluación de los marcos regulatorios del sector eléctrico en las mayores economías de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, y Perú. La entidad evaluó las jurisdicciones con base en cuatro indicadores que ayudan a determinar el riesgo regulatorio.

Colombia: ‘entre la pila y el agua bendita’

De acuerdo con el informe de S&P Global Ratings, hasta ahora, los intentos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de imponer cambios al marco del sector eléctrico no han tenido éxito.

“Sin embargo, el Gobierno ha detenido nuevos proyectos hidroeléctricos y reducido las inversiones en capacidad a base de combustibles fósiles, lo que puede representar un riesgo para la confiabilidad del sistema eléctrico en el futuro”, dijo S&P Global.

Además, los retrasos en el otorgamiento de licencias y la falta de certeza jurídica e institucional para los proyectos no convencionales, sumados a la necesidad de que la transmisión integre energía al Sistema Interconectado Nacional en los últimos años, son inquietudes adicionales.

Y es que cabe recordar que muchos de los nuevos desarrolladores de energía solar, que ganaron la licitación de energía renovable de octubre de 2021, tuvieron que cancelar sus contratos de suministro de energía a largo plazo porque no se construyeron las líneas de transmisión necesarias para permitir la entrega de energía a las áreas de consumo.

“Está en trámite un nuevo proyecto de ley sobre servicios públicos que podría cambiar el marco para los servicios de electricidad y agua. Esto, aunado a la ausencia de construcción de nuevas líneas de transmisión, puede obstaculizar la construcción de nuevos proyectos”, precisó S&P Global Ratings.

Establecimiento de tarifas y estabilidad financiera

La calificadora de riesgo sigue considerando que el regulador busca garantizar que todos los participantes puedan cubrir sus costos en su totalidad, y con márgenes que compensen sus inversiones o los riesgos que implica la actividad.

No obstante, señaló que el sector eléctrico colombiano ha experimentado una serie de cambios en su esquema de remuneración en los últimos dos años, debido a inquietudes en torno a la de accesibilidad económica para el usuario final derivadas del mercado spot altamente volátil y del Fenómeno de El Niño que han aumentado los costos de la energía.

Para la entidad, las regulaciones actuales limitan el incremento máximo del componente de generación, que depende de las características de cada entidad (por ejemplo, podría llegar a ser de 30 %).

“Si bien esta restricción puede afectar la liquidez a corto plazo de las discos, los costos asociados son totalmente recuperables en los meses siguientes. Conforme los precios de la energía se dispararon debido a la sequía en 2023, el Gobierno extendió dos líneas de crédito para apoyar la liquidez de los participantes”, manifestó el informe de la agencia calificadora.

Y recordó que la CREG, que determina las tarifas para la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, estableció la Resolución 101- 028/2023 para abordar el problema del saldo acumulado, la cual:

• Estableció una alternativa para la recuperación de la brecha entre los costos unitarios aplicados y los calculados
• Proporcionó la seguridad jurídica para la recuperación de saldos, a raíz del fallo del Consejo de Estado que sustenta la obligatoriedad de la opción y del saldo en el mercado comercial
• Facilitó el financiamiento del saldo de opciones de tarifas a través de tasas de interés diferenciales

“El impacto de estas medidas ha variado entre empresas, lo que influye en su rentabilidad y liquidez en función de su exposición a las fluctuaciones de precios del mercado spot. Sin embargo, dada su fuerte posición competitiva, apalancamiento y liquidez, no hubo impacto en la calificación de las entidades calificadas”, explicó.

En opinión de S&P Global, la autonomía de los organismos reguladores se ha debilitado bajo el actual Gobierno de Colombia, dados los cambios operativos y tarifarios mediante una secuencia de decretos del Ministerio de Minas y Energía (MME), la CREG y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Celsia debe presentar los estados financieros separados de la compañía al 31 de diciembre de 2024 en los siguientes días (fecha aún por definir), por lo que no podrá ingresar órdenes de compra readquiriendo sus acciones o títulos de participación, según el Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia.

Con corte al 13 de enero, Celsia reveló que de un monto de $300.000 millones para recompra de acciones (según el programa aprobado en la Asamblea General de Accionistas de 2023) ha ejecutado el 26 %. Solo el pasado lunes se recompraron 58.906 acciones, con lo que se acumula un total de 19.483.951.

Celsia puede readquirir hasta 2026 un máximo de 106.890.258 acciones ordinarias, el 9,99% de las acciones en circulación de la compañía a la fecha de aprobación.

En los últimos 90 días en promedio se han negociado $891.528.148, según la información del mercado.

La acción se ha valorizado un 8,84 % en el último mes hasta el 13 de enero, muy por encima del balance general del Colcap (1,93 %). Solo la semana pasada ganó 2,28 %, de acuerdo con el histórico que lleva la firma, y se ubicó el lunes en $3.815.

Con corte al tercer trimestre de 2024, Celsia reportaba un consolidado de $1,4 billones en ingresos ordinarios, un 4,9 % por debajo los de $1,48 billones del tercer trimestre de 2023. Y para el acumulado del año a septiembre las utilidades de $4,7 billones son superiores en 3 % a las del mismo periodo el año anterior ($4,5 billones).

En línea con la información entregada por la compañía del sector petrolero, esta reducción será del 50 %.

Lo anterior, como resultado de conversaciones con su banco depositario del programa de ADRs (American Depositary Receipts), JPMorgan Chase Bank N.A.

De acuerdo con la petrolera estatal, la medida es de carácter temporal y estará vigente hasta el 10 de julio de 2025.

Además, Ecopetrol afirmó que esta iniciativa gestionada por la compañía busca favorecer el interés de sus inversionistas, porque se logran disminuir sus costos de operación.

Entre tanto, se espera que haya una evolución favorable en términos de liquidez de la acción, porque los agentes de mercado pueden negociar a menor costo los ADRs.

Hay que decir que, después de tocar precios mínimos de cuatro años, el ADR de Ecopetrol comenzó a subir en noviembre de 2024 y se acerca a la resistencia técnica de los US$9.

Cabe recordar que, debido a problemas de orden público, desde noviembre de 2023, no se han recibido nominaciones para transportar crudo a través de este sistema. Los campos de producción del Putumayo están utilizando otras rutas para evacuar el hidrocarburo.

Cabe recordar que, entre 2022 y 2024 se registraron más de 1.570 perforaciones y válvulas ilícitas realizadas por grupos al margen de la ley en distintos puntos, incluso cuando el sistema no se encontraba operando.

Este oleoducto cuenta con una longitud aproximada de 307 km de los cuales 270 se encuentran en Nariño y los 37 restantes en Putumayo.

Durante 2023, el Oleoducto Trasandino sufrió un aumento significativo en las pérdidas no operacionales de crudo, con un promedio anual que equivale a 15 % del volumen transportado.

Este martes (15 de enero de 2025) luego de una reunión con el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, la compañía desmintió versiones que hablan de un supuesto desmantelamiento del oleoducto y, por el contrario, hizo énfasis en que preservará la infraestructura para asegurar su operabilidad a futuro.

Además, Cenit reiteró el compromiso de largo plazo con el desarrollo territorial del departamento a través del Plan Nariño, iniciativa de inversión socioambiental con proyectos estimados hasta 2029.

“A todos los nariñenses y habitantes del departamento queremos darles el mensaje que seguiremos presentes en la región generando valor para el territorio de manera conjunta con las autoridades”, afirmó Camilo Castro, gerente de Entorno de Cenit.

También anunció que la empresa suscribirá un memorando de entendimiento con la Gobernación de Nariño para coordinar acciones de progreso regional en el marco de la cooperación institucional.

“De esta manera la compañía ratifica el compromiso con la seguridad de sus operaciones, el mantenimiento de su infraestructura, y, sobre todo, con el bienestar de las comunidades y sus grupos de interés”, manifestó la compañía.