Día: 10 de enero de 2025

Así lo confirman datos entregados por el Ministerio de Transporte a la ciudadanía, luego de la rendición de cuentas realizada al cierre del 2024.

La entidad respondió a una consulta en la que se preguntó sobre los avances de esta iniciativa, con la cual se pretende tener una línea férrea de pasajeros y carga entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

 

Avances en el megaproyecto para construir el tren del Caribe

Según el MinTransporte, el megaproyecto para construir el tren del Caribe surgió como una iniciativa de los gobiernos locales y ya cuenta con los primeros estudios y diseños a nivel de prefactibilidad.

Estos fueron realizados y entregados por Findeter a finales de 2022, y allí se definieron aspectos clave como la ruta que cubrirá y los detalles de su operación.

Así las cosas, se indicó que la longitud de la alternativa seleccionada sería de 359 km, con un diseño en trocha estándar, 25 municipios beneficiados y una velocidad promedio de 100 km/h.

Con esto en mente, el tren del Caribe podría llegar a movilizar 13,7 millones de toneladas al año y cerca de 57.000 pasajeros por día.

De acuerdo con los estudios desarrollados, la ejecución de esta iniciativa férrea tendría un valor de US$1.582 millones, es decir, cerca de $7 billones, y se podría ejecutar en unos cinco años.

Una vez se lograron estos avances, en agosto de 2022, Findeter y los gobernadores de Bolívar, Atlántico y Magdalena firmaron un acuerdo para ejecutar los estudios y diseños restantes y así llevar el tren del Caribe a nivel de factibilidad.

 

Apoyo del Gobierno y estudios pendientes

De hecho, en el evento también participó el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien manifestó el apoyo desde el gobierno de Gustavo Petro para ejecutar las obras.

“Hay compromisos del Gobierno Nacional por impulsar este proyecto y vamos a trabajar de la mano con los gobernadores para sacarlo adelante, un transporte de carga y de pasajeros amigable con el medio ambiente”, dijo el extitular de la cartera.

No obstante, más de dos años después, el megaproyecto para construir el tren del Caribe sigue sin tener contratados los estudios y diseños pendientes, que se calcula cuestan $40.000 millones.

Por lo pronto, el MinTransporte indicó que el sector transporte está presentando la iniciativa a diferentes bancas y embajadas, “con el fin de buscar el apoyo para la ejecución de los estudios en la fase de factibilidad”.

A su vez, en diciembre pasado, la ministra María Constanza García afirmó que el Gobierno cofinanciará el tren del Caribe: «Es una obra que desde el Gobierno Nacional queremos acompañar en inversión (…). Vamos a respaldar su financiación», anotó la funcionaria.

Adicionalmente, en el pasado, el exministro William Camargo anotó que una de las alternativas para conseguir los recursos es la valorización nacional, que busca recaudar recursos mediante contribuciones en zonas de influencia de grandes obras.

Según el más reciente de Asoportuaria (Asociación de Puertos del Atlántico), se cerró con más de 13,44 millones de toneladas (t), que representan un incremento de 9 % respecto al 2023.

“Esto ubica a nuestra ciudad puerto, además, como la zona portuaria de mayor crecimiento del país en los últimos años”, resaltó el gremio liderado por Lucas Ariza.

Las cifras fueron impulsadas por todos los tipos de carga, que tuvieron crecimientos positivos, destacándose la recuperación de la carga contenerizada y el crecimiento a doble dígito de los graneles líquidos y del coque.

El granel sólido, por su parte, también alcanzó cifras históricas, superando las 5,4 millones de toneladas.

Entre tanto, las exportaciones se elevaron un 13,5 % mientras que las importaciones lo hicieron un 12 %, en el año anterior.

Mayo (1,3 millones de t) y octubre (1,2 millones de t) cerraron como los periodos en los que la zona portuaria de Barranquilla registró los mayores movimientos de carga, mientras que agosto (967.000 t) y septiembre (954.000) fueron en los que se sintió el nivel más bajo.

“Estos resultados se dan gracias al trabajo articulado entre el sector público y el sector privado, en donde desde el gremio portuario, en conjunto con Cormagdalena, Ministerio de Transporte, Dimar, Findeter, autoridades locales y toda la cadena de valor del sector portuario, se han trazado objetivos comunes y se ha trabajado para garantizar el dragado”, destacó Asoportuaria.

Los desafíos en las terminales portuarias del Atlántico

Sin desconocer los buenos resultados alcanzados el año anterior en la zona portuaria de Barranquilla, el gremio es consciente de que todavía existen factores que son necesarios reforzar para mejorar la competitividad en la zona.

Entre ellos, está garantizar la seguridad en las inmediaciones de las terminales portuarias, seguir combatiendo el flagelo del narcotráfico, afianzar la inclusión de las comunidades aledañas en el desarrollo económico del sector, potencializar la sostenibilidad del sector, y continuar mejorando las operaciones y la competitividad de la zona portuaria.

La decisión se adoptó luego del análisis del “Informe Diagnóstico de Gestión” remitido por el agente especial de Air-e (intervenida), que muestra la compleja condición financiera y operativa de la empresa.

Según la SuperServicios, el análisis del componente financiero concluye que la empresa de energía Air-e presenta un deterioro financiero y operativo representado en indicadores financieros negativos por cuatro periodos consecutivos y caja limitada con atrasos en pagos a proveedores que limitan la operación, reflejando una situación financiera no óptima y retrasos significativos en la ejecución del plan de inversiones en redes.

De la misma forma, indicó que existen importantes deficiencias de infraestructura que afectan la calidad y continuidad del servicio.

En consecuencia, la decisión se fundamenta en que dicha modalidad de intervención permite que la empresa continúe desarrollando con normalidad su objeto social y se garantice la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica.

Sin embargo, esto es con el fin de salvaguardar los derechos de los usuarios en el área de operación de la empresa. Es decir, se le estaría dando la última oportunidad a Air-e para subsanar sus problemas que eviten la liquidación.

“Adicionalmente, esta modalidad de intervención permite abrir un espacio de administración temporal dentro del cual se pueden adoptar diferentes medidas para atender de manera estructural, a corto y largo plazo, los problemas financieros, técnicos y operativos por los que atraviesa la compañía”, explicó la entidad.

De no ser así, Air-e estaría condenada a su desaparición por medio del proceso de liquidación.

“Con la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho, y desde la Superservicios se adelantarán las medidas necesarias para que Air-e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley”, concluyó la Superintendencia.

Luego de que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, decidiera dar la orden de suspender, por un tiempo, el proceso de expedición de dicho permiso ambiental -que frenó por completo el cronograma de las petroleras para iniciar operaciones en Komodo-1- y se concediera la licencia a finales de 2024, se conoció que las condiciones dadas hacen inviable el proyecto.

En un recurso de reposición de Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia -socio del proyecto con Ecopetrol-, dirigido a la ANLA, se exponen 57 motivos de inconformidad con la licencia otorgada a Komodo-1 y por qué estas razones hacen que la iniciativa no pueda prosperar como se esperaba.

“De conformidad con lo establecido en el Artículo 77 del CPACA, Anadarko procede a exponer sus motivos de inconformidad frente a varias de las consideraciones y decisiones adoptadas mediante la Resolución 2821 proferida por la ANLA, muchas de las cuales hacen inviable la ejecución misma del Proyecto por su desproporcionado o imposible cumplimiento”, dice el documento.

 

¿Qué animó el recurso de reposición de Anadarko y Ecopetrol sobre la licencia de Komodo-1?

Durante los últimos dos años, Anadarko y Ecopetrol han realizado inversiones significativas y han llevado a cabo las acciones preoperacionales necesarias para comenzar a perforar el pozo exploratorio Komodo-1 en una ventana de tiempo específica que ofrecía condiciones climáticas estables y predecibles (específicamente entre el 15 de noviembre y el 20 de diciembre de 2024).

Algunas de estas inversiones y esfuerzos preoperacionales -que requirieron al menos dos años- incluyeron, entre otros, el acondicionamiento y certificación de la embarcación de perforación, el acondicionamiento de la base terrestre (shorebase), y la adquisición de bienes y servicios diseñados especialmente para el Proyecto.

Sin embargo, debido a la suspensión imprevista del proceso de licenciamiento ambiental por parte de la ANLA -mediante el Auto 5942 del 26 de julio de 2024-, que causó impactos significativos en el cronograma y los recursos del proyecto, no fue posible perforar el pozo exploratorio KomodoX1 en la ventana de tiempo planificada para el año 2024.

Anadarko y Ecopetrol proporcionaron información sustancial a la ANLA y al Ministerio de Ambiente respecto a los motivos técnicos y legales por los cuales no se debería convocar el CTC (Consejo Técnico Consultivo) y las razones por las cuales la suspensión del proceso de licenciamiento debería haberse levantado de inmediato.

Sin embargo, la ANLA, a solicitud de la cartera de Ambiente, convocó al CTC mucho después de la fecha legalmente prevista para hacerlo.

Así, como consecuencia de dicha convocatoria, el Ministerio propuso a la ANLA condiciones para la licencia ambiental del proyecto basadas en las recomendaciones del Consejo Técnico Consultivo.

Pero estas condiciones, según Anadarko, son en algunos casos ilegales, desproporcionadas y/o imposibles de cumplir.

La compañía recordó que, el 17 de diciembre de 2024, la ANLA levantó la suspensión del proceso de licenciamiento ambiental de Komodo-1 y, el 18 de diciembre de 2024, emitió la Resolución 2821, otorgando la licencia ambiental del Proyecto. Ambas acciones superaron los plazos legales, que se detallan en el recurso de reposición de Anadarko.

“Tras una revisión detallada de la Resolución 2821, Anadarko y Ecopetrol han concluido que no es posible perforar el pozo exploratorio Komodo-1 -o cualquier otro pozo subsiguiente- bajo los términos y condiciones impuestos por la ANLA en la licencia ambiental con la participación directa del Ministerio de Ambiente”, manifestó la empresa en el documento.

Para Anadarko, estos términos y condiciones no solo superan las regulaciones aplicables a este tipo de proyectos, sino que también son incompatibles con las mejores prácticas de la industria de hidrocarburos “y, en algunos casos, se reitera, son desproporcionadas e imposibles de cumplir”.

De ese modo, Anadarko decidió presentar este recurso de reposición para abordar varios de los problemas de la licencia ambiental del proyecto.

 

¿Cuáles son los problemas de la licencia ambiental de Komodo-1?

La compañía socia de Ecopetrol en el proyecto de perforación de Komodo-1 expuso tres problemas clave que enredan mucho más la ejecución de esta iniciativa en el mar Caribe colombiano:

• El requisito de obtener la aprobación previa del Plan de Manejo Ambiental Específicos, así como de los Planes de Contingencia Específicos, no está consagrado en la regulación aplicable, lo que obstaculiza significativamente la capacidad de la compañía para planificar de manera efectiva la perforación del pozo exploratorio Komodo-1 y cualquier pozo subsiguiente
• La clasificación de hábitats bentónicos y comunidades de aguas profundas como zonas de exclusión (donde no se pueden realizar actividades) hace que este proyecto -así como cualquier otro proyecto offshore- simplemente no sea viable debido a la presencia de estas especies en el mar Caribe
• La falta de un marco legal para la aprobación del Plan de Manejo Ambiental Específico y del Plan de Contingencia Específico para el pozo Komodo-1 -y cualquier pozo subsiguiente- impide que Anadarko y Ecopetrol aseguren la disponibilidad de la embarcación de perforación y completen todas las demás actividades preoperacionales necesarias para perforar los pozos

Bajo el contexto anterior, Anadarko hizo un llamado a ANLA para que revoque las condiciones propuestas por el Ministerio de Ambiente, basándose en los argumentos legales presentados en el recurso de reposición.

Lo anterior, incluyendo los derechos de la compañía a la legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, cuya vulneración podría socavar la confianza inversionista en el sector energético en Colombia.

“La ANLA, en el marco de la resolución de este recurso de reposición, tiene la oportunidad de revisar los términos de la licencia ambiental concedida para permitir que el proyecto se pueda desarrollar mientras se asegura la protección ambiental, y la seguridad y soberanía energética como parte de los objetivos de transición energética de Colombia”, señala el recurso de Anadarko.

“En mi condición de tercero interviniente reconocido dentro de la actuación administrativa del asunto, me permito manifestar que interpongo recurso de reposición en contra de la Resolución No. 2821 de 18 de diciembre de 2024, de la cual me he notificado por conducta concluyente. El recurso va dirigido a que se reponga o modifique parcialmente algunos artículos de la resolución, que son los siguientes: Parágrafo primero del artículo 20, artículo 21 y parágrafos primero y segundo del artículo 21”, dice el documento de la Procuraduría.

De acuerdo con el funcionario del Ministerio Público, estos son los apartados con los que no está de acuerdo:

ARTÍCULO VIGÉSIMO. (…)

PARÁGRAFO PRIMERO. Para que el solicitante pueda iniciar actividades deberá contar con el pronunciamiento previo y favorable de la ANLA frente al correspondiente Plan de Manejo Ambiental Específico.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales deberá coordinar interinstitucionalmente para construir un grupo de expertos con las más altas calidades, con el fin que se presenten recomendaciones o medidas de manejo a esta entidad, respecto de los factores biótico, abiótico, socioeconómico y las eventuales contingencias asociadas al proyecto.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las recomendaciones del grupo de expertos serán tenidas en cuenta por la ANLA en el marco del análisis y pronunciamiento (favorable o desfavorable) respecto de los Planes de Manejo Ambiental Especifico.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Teniendo en cuenta que la licencia ambiental puede estar sujeta a modificaciones y requerimientos adicionales a partir de la valoración de las recomendaciones del grupo de experto la ANLA determinará i) la necesidad de requerir información adicional para el respectivo plan de manejo especifico, ii) los requerimientos adicionales a que haya lugar, iii) la viabilidad del desarrollo de las actividades. Todo con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de los factores bióticos y abióticos que influyan en los ecosistemas marinos.

¿Qué animó el recurso de reposición de la Procuraduría sobre la licencia ambiental de Komodo-1?

La Procuraduría General de la Nación tiene el deber constitucional y legal de intervenir ante las autoridades administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales.

De la resolución que otorgó la licencia ambiental para el proyecto Komodo-1, dice la Procuraduría, preocupan las disposiciones incluidas en el parágrafo primero del artículo 20 y en el artículo 21, junto con sus dos parágrafos, pues se considera que podrían estar desdibujando y excediendo las funciones y competencias de la autoridad ambiental nacional.

¿Qué es lo que debe hacer la ANLA? Según la entidad del Ministerio Público, esta Autoridad tiene dos funciones esenciales frente a los proyectos que puedan impactar gravemente los recursos naturales renovables:

• Por un lado, es la función evaluadora para determinar si es procedente o no otorgar una licencia que permita el desarrollo y ejecución de la actividad, función que conlleva la evaluación del instrumento de manejo y control que presente el interesado con medidas orientadas a la mitigación, prevención, gestión y compensación de los impactos ambientales y sociales negativos asociados al proyecto.

“Es por ello que en la evaluación se debe considerar cada una de estas medidas y la autoridad tiene amplias facultades para imponer las que considere necesarias de manera adicional para garantizar que los impactos ambientales y sociales sean debidamente gestionados por el desarrollador del proyecto”, indicó el procurador delegado.

• Y, por el otro, la ANLA es el seguimiento y control ambiental a los proyectos que ya se encuentran licenciados para poder determinar si se están cumpliendo las obligaciones, términos, condiciones, prohibiciones, medidas en general impuestas en el instrumento de manejo y control ambiental, pero también para establecer si tales medidas son suficientes e idóneas para controlar adecuadamente los graves impactos que esté ocasionando desde el componente biótico, abiótico y socioeconómico la ejecución del proyecto.

El funcionario citó, además, que una licencia ambiental global no estará sujeto a evaluación previa por parte de la autoridad ambiental competente; “por lo que una vez presentado, el interesado podrá iniciar la ejecución de las obras y actividades, que serán objeto de control y seguimiento ambiental”.

Teniendo en cuenta esto, Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz aseguró que la norma que reglamenta las condiciones que implican el otorgamiento de una licencia ambiental global es clara en señalar que para los proyectos de hidrocarburos se deben presentar por el titular planes de manejos específicos para desarrollar cada una de las actividades y obras definidas incorporando todos los términos, obligaciones y condiciones impuestos en la licencia ambiental global.

Sin embargo, dichos planes de manejo específico no requieren aprobación de la autoridad ambiental para poder ser desarrollados e iniciar actividades, aunque si quedan sujetos al seguimiento y control ambiental que realice la autoridad ambiental en ejercicio de su otra función misional.

A juicio de este ente de control, lo consignado en parte del permiso ambiental de Komodo-1 llevaría a una vulneración al mandato superior del artículo 84 de la Constitución Política: “cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”.

El procurador también señaló que imponer la conformación de un grupo de expertos no tiene cabida en la labor de seguimiento y control ambiental, pues ésta le compete única y exclusivamente a la ANLA que cuenta con las facultades para controlar que los impactos ambientales y sociales que generan los proyectos sean debidamente gestionados, mitigados, controlados, prevenidos y compensados.

Para el experto, resulta extraño establecer como regla que el análisis y las recomendaciones del grupo de expertos incidirá en los pronunciamientos que la autoridad ambiental deba realizar frente a los planes de manejo ambiental específico.

Así como en exigir requerimientos adicionales o en determinar la viabilidad del desarrollo de las actividades.

La Procuraduría considera que con estas estipulaciones se podría estar desdibujando, fracturando o poniendo en riesgo la misionalidad propia de seguimiento y control que ejerce la ANLA en el marco de sus competencias.

En consecuencia, se solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales revocar dichos apartados de la licencia de Komodo-1, expuestos anteriormente.

Y, en cuanto al comité de expertos, la entidad solicitó dejar como posibilidad, y no como un deber, la conformación de dicho grupo.

“Lo anterior, por cuanto las recomendaciones de los expertos a quienes consulte la ANLA no deberían ser vinculantes en tanto estaría menguando la autonomía técnica y administrativa que tiene la autoridad ambiental en su labor de seguimiento y control”, manifestó.

Hecho que, aparentemente, ocasionó que el pasado 2 de enero de 2025 se suspendiera el suministro de energía eléctrica a la ciudad.

Para el órgano de control, del análisis de los hechos, registrados en distintos medios de comunicación, se “extracta que podrían existir irregularidades de orden disciplinario”.

Razón por la cual abrió la indagación con el propósito de identificar e individualizar a los posibles autores de la falta y establecer las conductas que pudieron cometerse.

Entre otras pruebas, el Ministerio Público requirió al Ministerio de Minas y Energía un informe detallado sobre el giro de recursos, por concepto de subsidios, que el Gobierno debía realizar desde abril de 2024 para que las empresas generadoras de energía suministraran el servicio a la capital del Vichada.

Igualmente, solicitó información sobre los funcionarios que tenían asignada la competencia para cumplir esa función.

 

Gobierno Petro dice que contingencia en energía en Puerto Carreño está resuelta

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia, por medio de un comunicado, aseguró que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha habilitado los recursos para el pago de saldos pendientes de subsidios de energía eléctrica a las Zonas No Interconectadas del país como Puerto Carreño.

Según la cartera minero-energética, los recursos ascienden a los $184.000 millones, que serán girados a las respectivas empresas que prestan el servicio de energía eléctrica, dentro de los que se encuentran $6.257 millones correspondientes a Electrovichada.

Por lo anterior, el día de hoy (martes 7 de enero de 2025) se deberá normalizar el servicio de energía en Puerto Carreño (capital del departamento de Vichada).

A su vez, la entidad indicó que, desde el Ministerio de Minas y Energía, se encuentran en desarrollo medidas estructurales que permitan garantizar la correcta prestación del servicio en el departamento.

Así como un proceso de modernización y transición energética con el fin de sustituir el uso de combustibles fósiles en la generación de energía, lo cual incluye la implementación de soluciones fotovoltaicas.

“Desde el Ministerio de Minas y Energía estaremos vigilantes al correcto uso de los recursos asignados para la operación de la empresa”, indicó el Gobierno Nacional.