Día: 9 de enero de 2025

Después de más de 40 años, una iniciativa apoyada por cientos de vecinos y liderada por el alcalde de Independencia, en un trabajo conjunto con el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, viene cobrando forma y a futuro promete mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta jurisdicción.

Se trata de la avenida Los Ficus, donde el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, junto a funcionarios del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, llegó para supervisar el trabajo de renovación que se realiza en esta importante avenida.

Acompañado por los vecinos de la zona, el alcalde verificó el avance de los tramos, así como las intervenciones en veredas y sardineles.

“Tenemos proyectado que a fines de febrero se concluya esta importante infraestructura, que incidirá notablemente en la calidad de vida de 250 000 vecinos de estos dos ejes zonales y sus alrededores, al optimizar la fluidez vehicular y peatonal,» señaló la autoridad municipal, quien precisó que estas mejoras demandarán una inversión de 3 450 966 soles”.

Precisó que esta arteria era hace unos años una trocha en mal estado, lo que representaba una incomodidad para los vecinos que viven o transitan por el lugar. 

La obra tendrá una extensión aproximada de 1026 kilómetros, y comprende el tramo entre la avenida Los Jazmines y la avenida 18 de enero. 

La obra, que se inició en noviembre, tiene más del 25% de avance y considera la construcción de pavimento rígido, veredas, sardineles, rampas peatonales y vehiculares, señalización horizontal y vertical, bermas y reductores de velocidad, con la finalidad de ofrecer múltiples beneficios y mayor seguridad a los vecinos.

La autoridad edilicia señaló también que se instalarán 965 metros cuadrados de áreas verdes, con el fin de mejorar ambientalmente el distrito .

El gerente regional del Gobierno Metropolitano de Lima, José Tello, destacó, por su parte, que la renovación incluye más de un kilómetro de pavimento rígido con una capa de hormigón y acero de 25 cm de grosor, y que ha sido diseñada para un período de vida de 50 años.

Estas mejoras en Independencia buscan optimizar la movilidad vehicular y peatonal, además de fortalecer la seguridad vial.

• Cae la construcción en noviembre pero cierra el año al alza y recibe el 2025 entre problemas y posibilidades.
• Los resultados obtenidos por el sector construcción tanto en el mes de octubre como en el mes de noviembre reflejarían una ralentización del ritmo de crecimiento del sector que se había producido en los últimos trimestres y señalan un probable camino de reducción de la expectativa del crecimiento sectorial al cierre del año 2024, situándolo cerca al 3%.
• Para el próximo año el sector construcción tendría también un crecimiento importante, aunque no el suficiente como para revertir la caída de 7.9% que tuvo el año 2023.

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) presentó la edición 84 del Informe Económico de la Construcción (IEC), donde se analizan los principales indicadores y desafíos del sector de cara al cierre del 2024 y las proyecciones para el próximo año. Guido Valdivia, Director Ejecutivo de CAPECO, destacó los avances logrados en un entorno desafiante, así como los puntos críticos que deben abordarse para garantizar un crecimiento sostenido.

Análisis del Sector: Recuperación intermitente marcada por el contexto político y económico

El sector construcción ha mostrado indicadores mixtos en 2024. Pese a que se logró un crecimiento acumulado del 3.5% entre enero y noviembre, este se encuentra por debajo del promedio histórico, principalmente por retrasos en la ejecución de obras públicas y una reducción en la inversión privada. Valdivia afirmó que “la incertidumbre política ha sido uno de los factores determinantes en la desaceleración del sector, lo que subraya la necesidad de un entorno más estable para fomentar la inversión”.

Uno de los datos más relevantes fue el aumento en la producción de cemento en el último trimestre, que creció un 5.2% en comparación con el mismo periodo de 2023, impulsado por proyectos habitacionales y pequeñas obras de infraestructura. La ejecución de obras públicas mostró una ligera recuperación en los últimos meses, con un incremento del 8.4% en octubre. Sin embargo, CAPECO alertó que a pesar de este avance, el subejercicio presupuestal sigue siendo un problema persistente, con cerca del 35% de los fondos asignados sin ejecutar al cierre del año fiscal.

En cuanto al empleo, el sector construcción generó más de 45,000 nuevos puestos de trabajo entre septiembre y noviembre, una señal positiva que evidencia el dinamismo del mercado laboral. Valdivia enfatizó que “el empleo crece por encima del promedio nacional, lo que refleja la importancia del sector como motor de la economía”.

Por otro lado, las inversiones privadas han mostrado una ligera contracción, especialmente en el segmento de infraestructura. Los analistas de CAPECO indicaron que esto se debe a la incertidumbre política y a la falta de incentivos claros para atraer capitales extranjeros, un aspecto crítico que deberá ser atendido en 2025.

Finalmente, CAPECO destacó la necesidad de fortalecer las alianzas público-privadas para mejorar la ejecución de proyectos de gran escala, especialmente aquellos relacionados con infraestructura vial y educativa. “El sector necesita un enfoque integral que combine eficiencia y transparencia para garantizar resultados sostenibles”, concluyó Valdivia.

El sector construcción ha mostrado indicadores mixtos en 2024. Pese a que se logró un crecimiento acumulado del 3.5% entre enero y noviembre, este se encuentra por debajo del promedio histórico, principalmente por retrasos en la ejecución de obras públicas y una reducción en la inversión privada. Valdivia afirmó que “la incertidumbre política ha sido uno de los factores determinantes en la desaceleración del sector, lo que subraya la necesidad de un entorno más estable para fomentar la inversión”.

Vivienda de Interés Social: Persiste la resistencia municipal pese a su impacto positivo

El informe reafirma el impacto positivo de la Vivienda de Interés Social (VIS) en la dinamización económica y el desarrollo urbano. Sin embargo, persisten las trabas por parte de algunas municipalidades, especialmente en Lima Moderna y Lima Top, que limitan la expansión de este tipo de proyectos.

Valdivia destacó que “la VIS no solo provee soluciones habitacionales accesibles, sino que también genera un impacto económico positivo al fomentar la cohesión social y la integración económica en los distritos donde se implementa”. CAPECO enfatiza la necesidad de un marco regulatorio que garantice su sostenibilidad y promueva su implementación en zonas estratégicas.

Otro de los puntos resaltados por CAPECO es que la VIS no degrada la calidad de vida en los distritos donde se desarrolla, sino que promueve una mayor cohesión social al integrar a diferentes grupos socioeconómicos. “Es un modelo que aporta dinamismo económico y fortalece el mercado local”, afirmó Valdivia.

Asimismo, el informe destaca que los distritos que han apostado por la implementación de la VIS han visto un incremento en la recaudación fiscal y una mayor demanda de servicios, lo que beneficia directamente a sus economías locales. Esto subraya la necesidad de un cambio de percepción en los gobiernos municipales que se resisten a su desarrollo.

Valdivia concluyó haciendo un llamado a la acción: “Es crucial que las municipalidades entiendan que la VIS es una solución urbana que no solo beneficia a las familias que acceden a ella, sino también a los distritos que apuestan por un crecimiento ordenado y sostenible”. El informe reafirma el impacto positivo de la Vivienda de Interés Social (VIS) en la dinamización económica y el desarrollo urbano. Sin embargo, persisten las trabas por parte de algunas municipalidades, especialmente en Lima Moderna y Lima Top, que limitan la expansión de este tipo de proyectos.

Valdivia destacó que “la VIS no solo provee soluciones habitacionales accesibles, sino que también genera un impacto económico positivo al fomentar la cohesión social y la integración económica en los distritos donde se implementa”. CAPECO enfatiza la necesidad de un marco regulatorio que garantice su sostenibilidad y promueva su implementación en zonas estratégicas.

Los dilemas del Presupuesto Público 2025, según CAPECO

El presupuesto público del 2025 enfrenta estimaciones divergentes respecto al crecimiento de la inversión estatal. Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta un aumento del 6.9% en el producto sectorial, el Banco Central de Reserva (BCR) y consultoras privadas prevén incrementos más conservadores de 4.5% y 2.2%, respectivamente. Aunque el optimismo del MEF se basa en proyectos clave como la Reconstrucción con Cambios y la Línea 2 del Metro de Lima, CAPECO advierte que factores como el déficit fiscal, estimado en 3.7% del PBI para el cierre del 2024, y la implementación de la nueva Ley de Contrataciones del Estado podrían limitar significativamente la ejecución presupuestal en el próximo año.

El Consejo Fiscal y otras entidades han cuestionado la viabilidad del presupuesto, señalando inconsistencias en las proyecciones de ingresos y gastos. Entre las medidas criticadas están las exoneraciones tributarias y las iniciativas legislativas que incrementan los gastos, como la creación de nuevas universidades. CAPECO respalda estas preocupaciones, destacando que un manejo inadecuado del déficit fiscal podría afectar la calificación crediticia del país, encarecer el crédito y aumentar la presión sobre el BCR.

En cuanto a los programas de saneamiento, el presupuesto asigna 4,084 millones de soles, con casi la mitad destinados a áreas rurales. Sin embargo, CAPECO resalta la necesidad de reformar el modelo de gestión de infraestructura sanitaria, argumentando que los servicios no han mejorado a pesar de las inversiones. Propone medidas como la fusión de EPS, la revisión de tarifas y la implementación de subsidios escalonados, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y eficiencia de estas inversiones.

Por último, el presupuesto incluye 1,513 millones de soles para los subsidios de vivienda, priorizando el Bono Familiar Habitacional y el Bono del Buen Pagador. Además, destaca la reciente aprobación de un financiamiento del BID por 300 millones de dólares, destinado a facilitar el acceso a viviendas para hogares con ingresos bajos. Estas medidas, según CAPECO, contribuirán a cerrar la brecha habitacional y promover el acceso a viviendas verdes, beneficiando a miles de familias peruanas.

En 2025, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN tiene previsto adjudicar ocho proyectos en Saneamiento por US$ 1651 millones que beneficiarán a 4.2 millones de habitantes y contribuirá al cierre de brechas en infraestructura, principalmente de manera descentralizada.

La cartera incluye seis Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR por US$ 1009 millones ubicadas en Chincha (US$ 97 millones), Puerto Maldonado (US$ 97 millones), Trujillo (US$ 427 millones), Huancayo (US$ 170 millones), San Martín (US$ 144 millones) y Cajamarca (US$ 74 millones).

Además, se ha previsto la adjudicación del proyecto Obras de Cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable de Lima (US$ 472 millones) que contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de obras nuevas y existentes con el objetivo de incrementar la disponibilidad de agua potable y mejorar la cobertura en el este y sur de la capital.

Así como la Desaladora Ilo, US$ 170 millones, que busca tratar el agua del mar en Moquegua para cubrir la demanda no atendida del servicio potable e incrementar la calidad del servicio las 24 horas del día.

Al respecto, el presidente del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN y ministro de Economía y Finanzas, José Arista, refirió que el sector Saneamiento ha venido apostando por las Asociaciones Público – Privadas (APP) para brindar servicios de alta calidad, como los casos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada y La Chira, que han permitido solucionar el problema de servicio en Lima.

Arista explicó que la adjudicación ayer de la PTAR Chincha (a la empresa española FCC Aqualia por US$ 96.5 millones) abre un capítulo importante en la apuesta del sector por las APP para cerrar brechas en Saneamiento, puesto que existe una cartera importante por adjudicar entre 2025 -2026 y que incluye plantas de tratamiento en diversas regiones del país.

“Es que el tema de brechas no solo las puede cubrir el sector público, para ello se incorpora al privado para trabajar mediante APP o contratos de concesiones y eso estamos trabajando en PROINVERSION”, subrayó.

Por su parte, Ezequiel Cambiasso, jefe de operaciones del BID en Perú, mencionó que vienen apoyando al país en nueve proyectos de Asociación Público – Privadas en Agua y Saneamiento que representa una inversión de US$ 1100 millones y que beneficiará a 3.5 millones de habitantes, principalmente de manera descentralizada.

Como se recuerda, PROINVERSIÓN adjudicó ayer el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto para el tratamiento y disposición final o reúso de las aguas residuales de Chincha – PTAR Chincha, que beneficiará a 345 mil pobladores de siete distritos:  Chincha Alta, Chincha Baja, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Alto Larán, Sunampe y Tambo de Mora.

La minera canadiense Cerro de Pasco Resources (CDPR) presentó nuevos resultados de perforación en su proyecto de Relaves de Quiulacocha, ubicado en Pasco, destacando un notable aumento en los niveles de galio. Entre los resultados más relevantes, un pozo de perforación reportó 31 metros con 47 gramos por tonelada (g/t) de plata, 1.30% de zinc, 0.87% de plomo y 58 g/t de galio, además de una sección con 5 metros que incluyó 0.21% de cobre y 0.43 g/t de oro. Otro pozo también mostró buenos resultados con 27 metros de 45 g/t de plata, 1.29% de zinc, 0.81% de plomo y 59 g/t de galio.

Guy Goulet, director ejecutivo de CDPR, calificó los resultados como muy positivos, superando las expectativas iniciales. Destacó que la presencia de plomo y galio aumentó considerablemente en las perforaciones hacia el sur, con niveles superiores al 1% de plomo y hasta 100 g/t de galio en algunos casos. Los promedios de galio en el sur son casi el doble de los que se reportan en el norte del proyecto, lo que refuerza el potencial del área.

El aumento en la concentración de galio, un metal esencial para la industria electrónica y las tecnologías de energía renovable, es particularmente significativo. Goulet resaltó que la creciente importancia de este metal ha sido impulsada por las restricciones de exportación de China a los EE. UU. y otras naciones, lo que ha provocado un aumento de los precios y una mayor demanda de fuentes seguras y diversificadas de galio.

Además, el descubrimiento de altos niveles de galio en el proyecto de Quiulacocha se produce en un contexto geopolítico favorable, con un mercado global de este metal que se ve cada vez más afectado por las dinámicas de suministro. Esto coloca a los hallazgos de CDPR en una posición estratégica dentro de la creciente demanda por fuentes alternativas de galio.

En cuanto al proyecto en sí, CDPR es titular de la concesión “El Metalurgista” en Perú, lo que le otorga el derecho a explorar y explotar los relaves de Quiulacocha dentro de su área de operación. La Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha confirmado la legalidad de estos derechos, lo que respalda la seguridad jurídica del proyecto.

El depósito de relaves de Quiulacocha cubre aproximadamente 115 hectáreas y se estima que contiene unas 75 millones de toneladas de material procesado entre las décadas de 1920 y 1990. Los relaves provienen de la extracción de más de 16 millones de toneladas de mineralización de cobre, plata y oro, y de la posterior extracción de más de 58 millones de toneladas de material mineralizado de zinc, plomo y plata.

Este proyecto tiene costos de explotación bajos debido a que el material está a nivel de superficie, lo que facilita el reprocesamiento con las plantas adyacentes. Además, la proximidad a las infraestructuras de procesamiento existentes ofrece una ventaja logística significativa para el desarrollo y operación del proyecto.

El proyecto Quiulacocha sigue posicionándose como una iniciativa de alto potencial económico gracias a sus bajos costos operativos y la creciente demanda global de galio, lo que podría aportar un valor considerable a la empresa y al mercado peruano en el futuro cercano.

La minera canadiense C3 Metals anunció que su reciente programa de mapeo de superficie y muestreo de rocas en el proyecto Khaleesi, ubicado en el cinturón de pórfido y skarn Andahuaylas-Yauri en Cusco, ha mostrado resultados prometedores. Entre los hallazgos, se destacaron 1.80% de cobre, 4.4 gramos por tonelada de oro y 403 partes por millón de molibdeno, lo que expande la mineralización de cobre y oro identificada anteriormente en la zona de vetas epitermales, pórfido y skarn.

Dan Symons, presidente y CEO de C3 Metals, señaló que el prospecto Khaleesi abarca una huella de alteración de 1,500 metros por 1,000 metros, clasificándose como un objetivo de exploración de nivel 1 en una región minera de cobre de clase mundial. Además, destacó que la compañía consolidó un paquete estratégico de concesiones minerales antes de que empresas mayores se adentraran en la zona, lo que coloca a Khaleesi como uno de sus proyectos más prioritarios.

El presidente de la minera indicó que tras finalizar el programa de mapeo y muestreo de rocas, la empresa avanzará con un programa de muestreo geoquímico del suelo basado en cuadrículas, lo que ayudará a afinar la información geológica para futuras perforaciones. También se planea llevar a cabo un programa geofísico entre enero y marzo de este año para complementar los datos geoquímicos y geofísicos previos.

Para C3 Metals, Khaleesi representa una valiosa oportunidad de exploración en un prospecto mineralizado de cobre y oro que incluye skarn, epitermal y pórfido. La compañía ha reunido un paquete de más de 30,000 hectáreas dentro de los 45 kilómetros de distancia de importantes minas de cobre, como Las Bambas (MMG) y Constancia (Hudbay Minerals), ubicándose en una región minera clave.

En cuanto a los próximos pasos en el proyecto, C3 Metals ha comenzado un programa de muestreo de suelos en cuadrícula de 50 metros sobre el área del proyecto Khaleesi. Además, ha contratado a la empresa Arce Geofísicos para realizar diversos estudios geofísicos, como un estudio magnético terrestre, un estudio de polarización inducida y un estudio MT/AMT, todos previstos para el primer trimestre de 2025.

Los datos obtenidos de estos programas geoquímicos y geofísicos serán esenciales para el diseño de un programa de perforación inaugural en el proyecto Khaleesi. C3 Metals espera que estos estudios proporcionen información clave tanto de la superficie como del subsuelo, lo que permitirá avanzar con los planes de perforación de manera más informada y precisa.

El gerente general de Activos Mineros (AMSAC), Antonio Montenegro, adelantó, en entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que este año invertirán más de S/140 millones en remediación de pasivos ambientales mineros.

“Tenemos una mirada en una ejecución anual que va a superar los S/140 millones como presupuesto inicial de apertura. Entonces, esperamos superarlo y estamos en las mejores coordinaciones con el sector, que son nuestros encargantes, porque ellos son los que delimitan qué proyectos son los que debemos intervenir”, declaró al IIMP.

Bajo esa premisa, manifestó que AMSAC cuenta con 65 proyectos en 11 regiones del país. Entre ellos destacan Los Negros, La Pastora, Cinco Relaveras El Dorado, Delta Upamayo, Excélsior y Aladino VI.

Asimismo, Montenegro indicó que el organismo que preside advirtió hace tres años la existencia de aproximadamente de 9,000 pasivos a nivel nacional. No obstante, a la fecha, aún hay 6,000 pasivos, de los cuales, el Estado a través de AMSAC viene interviniendo en 1,200.

“Entonces, hay un escenario que tiene que fortalecerse, es decir, tenemos que tener un inventario de pasivos fuerte, totalmente fidedigno con la realidad, para que pueda establecerse esta priorización y caracterización a través de entes que sean especializados y que tengan la capacidad de delimitar cuáles son de alto o muy alto riesgo y cuáles son aquellos que pueden ser candidatos para cualquiera de las tres actividades: remediación, reaprovechamiento o reutilización y lo que es pasivo por impuestos”, apuntó.

¿Por qué esta brecha? Para el alto funcionario, ocurre lo siguiente: “Porque el Estado, desde la modificación de la norma, se dedicó a remediar pasivos ambientales, es decir, la norma, con excepción de estas modificaciones, no da mucho espacio a que el sector pueda promocionar el reaprovechamiento o promocionar las obras por impuestos, que sería un cierre brechas. Lo estamos proponiendo para que la misma norma genere un incentivo a través de ello. Entonces, hay que reconocer que el Estado no va a tener la capacidad económica para remediar todo”, finalizó.

El Poder Judicial de Perú dejó este miércoles 8 de enero la decisión sobre el futuro del proyecto minero Ariana, ubicado en Marcapomacocha, provincia de Yauli, en la región Junín, al voto. Esta decisión se produce tras una audiencia presidida por el magistrado Eduardo Romero Roca, quien lideró la última fase del proceso judicial. La demanda, que busca suspender el proyecto minero, argumenta que la minería en la zona pone en peligro la provisión de agua para más de 11 millones de personas en Lima y Callao.

El grupo demandante está compuesto por ciudadanos, exautoridades, trabajadores de Sedapal y técnicos especialistas, quienes han presentado argumentos contra la continuación de la actividad minera en la zona. Aseguran que el proyecto representa un riesgo para el suministro de agua en la región. En la audiencia, los demandantes expresaron su preocupación por el voto dirimente del juez, que definirá el futuro del proyecto, enfatizando el impacto que la minería tendría en los recursos hídricos esenciales.

Uno de los principales argumentos de los demandantes es que el sistema hídrico de Marcapomacocha, que incluye varias lagunas y canales de conducción de agua, es considerado un «activo crítico nacional». De acuerdo con la resolución 124-2020-DINI-01, el sistema está catalogado dentro del Inventario Nacional de los Activos Críticos Nacionales, lo que, según los demandantes, debería implicar que este recurso sea intangible. Dionel Martínez, geógrafo especializado en el caso, explicó que si este sistema falla, afectaría gravemente el bienestar social y económico de la región.

Los demandantes, sin embargo, aclararon que no están en contra de la minería, sino que buscan salvaguardar el derecho al agua. Martínez destacó que la inversión de Sedapal en proyectos hídricos en la misma zona es mucho mayor que la inversión minera, lo que resalta la importancia de proteger este sistema acuífero vital para la región. «El costo del agua para Sedapal en esta área superará, en diez años, la inversión de la mina», afirmó Martínez.

Sedapal, la empresa responsable de la captación y distribución de agua en Lima y Callao, presentó cuatro riesgos identificados por la empresa que podrían derivarse del proyecto minero. Estos incluyen afectaciones a la infraestructura del túnel trasandino Cuevas-Milloc, filtraciones de agua de las lagunas hacia el socavón de la mina, posibles contaminaciones por metales pesados, y la restricción en el acceso para mediciones necesarias sobre los volúmenes de agua. La empresa ha sostenido estos argumentos desde 2014, afirmando que el proyecto minero representa un riesgo considerable para el abastecimiento de agua en la zona.

El proyecto minero Ariana se ubica en una zona estratégica que es parte del sistema hídrico de Marcapomacocha, que abastece de agua a la cuenca del Rímac, la cual representa el 62% del agua potable en Lima y Callao en temporada de estiaje. El exviceministro José De Echave, parte de los demandantes, manifestó que no se cuestiona la minería en general, sino que el riesgo de afectar un sistema hídrico vital para la población limeña y chalaca es lo que justifica la demanda. En este sentido, reafirmó que el sistema de Marcapomacocha debería ser considerado intocable por su rol fundamental en el abastecimiento de agua.

Además, Ana Leyva, abogada de CooperAcción, señaló que el derecho al agua y la salud debe prevalecer sobre los intereses del proyecto minero. Agregó que la probabilidad de que el proyecto afecte el suministro de agua de la región es alta debido a los riesgos identificados. En este contexto, representantes de diversos sectores, como Luisa Eyzaguirre, del sindicato SUTESAL, también expresaron su preocupación, recordando que una gran parte de la población limeña carece de acceso adecuado al agua potable.

Por su parte, la excongresista Marisa Glave subrayó que la evaluación de impacto ambiental del proyecto minero no consideró adecuadamente los efectos sobre la calidad y cantidad del agua destinada a Lima. La exlegisladora, junto con otros demandantes, insistió en que la evaluación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) pasó por alto este aspecto crucial, lo que refuerza la necesidad de revisar el proyecto minero de forma integral.

El proyecto minero Ariana, aprobado en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), ha estado en el centro de la controversia desde su inicio. A pesar de las objeciones presentadas por Sedapal, las cuales fueron ignoradas en la aprobación inicial, el caso escaló a un proceso judicial. En 2019, un grupo de exfuncionarios y organizaciones defensoras del agua interpusieron una demanda de amparo contra el proyecto, argumentando que la minería pone en peligro las fuentes de agua de la zona.

Como resultado de la demanda, en enero de 2023, la jueza Rocío del Pilar Rabines ordenó la suspensión temporal del proyecto minero y la realización de estudios hidrogeológicos para evaluar los riesgos. Sin embargo, tanto la empresa minera como el Estado peruano apelaron la decisión, lo que llevó el caso a la sala constitucional. En esta instancia, los magistrados se han dividido entre quienes apoyan la suspensión del proyecto y quienes están a favor de su continuidad.

Este miércoles, el voto dirimente del magistrado de la sala constitucional podría ser decisivo para el futuro del proyecto Ariana. La audiencia que se celebró en este día marca un hito en el proceso judicial, que ha atraído la atención de diversos actores políticos, sociales y ambientales preocupados por el impacto que este proyecto minero pueda tener en el abastecimiento de agua en Lima y Callao. La decisión final será crucial para determinar si se suspende o no la actividad minera en la zona de Marcapomacocha.

El mal uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es un mecanismo para dar legitimidad al dinero de la minería ilegal, así lo advirtió Homar Lozano, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en una reciente entrevista con Radio Nacional. Lozano expresó su profunda preocupación por la proliferación de la minería ilegal en el país y su vinculación con el narcotráfico. Enfatizó que este «mal social» debe ser erradicado de raíz.

“Es un mal social que hay que erradicar de todas maneras y de raíz, porque el dinero del narcotráfico no tiene ningún mecanismo para que en algún momento eso pueda ser formal. Y, lamentablemente, el crimen organizado y este dinero de la minería ilegal, a través del Reinfo, ha encontrado una vía para que esa ilegalidad pueda ser formal”, señaló.

En su intervención, el director del IIMP también hizo mención de las rutas clandestinas que facilitan el tráfico de minerales provenientes de actividades ilegales. “Casualmente hay ciertas redes fronterizas, se habla de que, por ejemplo, mucha de esta ilegalidad está saliendo a través de Bolivia, a través de las fronteras con Ecuador y Colombia”, explicó.

IIMP participará del debate
Lozano también manifestó su preocupación por el respaldo de algunos sectores del Congreso al continuismo del Reinfo. “Nos da mucha preocupación que el Congreso y las autoridades, esta minería ilegal ha encontrado inclusive hasta bancadas que vienen soportando y alentando el continuismo del Reinfo”, apuntó.

Finalmente, dio a conocer que el IIMP ha sido convocado por la comisión de Energía y Minas del Parlamento para participar de la mesa técnica con el objetivo de discutir la nueva ley MAPE.