La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) manifestó su preocupación ante la propuesta de aumentar la sobretasa del impuesto de renta al petróleo, una medida que podría, según la entidad, comprometer severamente el futuro energético y económico del país.
El gremio recordó que, en 2022, el Gobierno de Colombia promovió una reforma tributaria que incluyó, sin el respaldo de un análisis técnico riguroso, una sobretasa al petróleo de cinco, diez y 15 puntos adicionales al impuesto de renta, justificada en los altos precios internacionales (para ese año promediaron los US$100 por barril.
Dichos precios, actualmente, han bajado a cerca de los US$70, lo cual, para la ACP, es incoherente con el incremento en la sobretasa que se propone), entre otros nuevos gravámenes a la industria del petróleo y gas.
Fruto de dicha decisión, “este sector tiene una tasa efectiva de impuesto de renta de hasta el 50 %, mientras otros no llegan siquiera al 30 %, lo cual evidencia un claro ejemplo de inequidad tributaria”, precisó Frank Pearl, presidente ejecutivo de la ACP.
Ahora, la ‘Ley de Financiamiento’, propuesta por el Gobierno, aumentaría la sobretasa del impuesto de renta para la exploración de petróleo hasta en 5 puntos porcentuales, llevándola “-sin fundamentación técnico-económica-” hasta el 20 %.
Esto implicaría un impuesto de renta del 55 % para la industria, además del pago de regalías, derechos económicos, contribuciones sociales, ambientales y demás aportes que esta realiza, desbordando con ello su capacidad contributiva y desincentivando sus inversiones en el país.
Para la industria, esta medida supone un nuevo cambio en las reglas de juego que pondría en riesgo la sostenibilidad económica de los proyectos e incidiría en menor inversión exploratoria y de desarrollo, por lo cual, también en nuevas reservas y producción futura.
“Como consecuencia de la reforma de 2022, las inversiones exploratorias se han reducido en un 57%, lo que ha conllevado a que las inversiones voluntarias caigan a mínimos históricos. Aquí es importante considerar que, si no se hubiera debilitado al sector, no se necesitaría Ley de Financiamiento”, señaló Pearl.
El líder gremial añadió que esta tendencia se agrava con nuevas cargas impositivas, por lo que, con este panorama, se vislumbra el final de la actividad exploratoria en Colombia a partir del 2030, en razón a que incrementos adicionales a la sobretasa inviabilizaría la exploración.
Pearl agregó que este aumento también compromete las metas de producción de hidrocarburos (MinHacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 contempla una producción promedio de 750.000 barriles día de petróleo hasta 2035), en la medida en que el incremento en los gravámenes afectaría a todos los campos, principalmente, a los que producen crudos pesados y a los marginales, que representan respectivamente 54 % y 10 % del total nacional.
“Los cuales serían inviables al adicionar los nuevos gravámenes”, precisó el presidente de la ACP.
Asimismo, se vería comprometida la aprobación de nuevos proyectos de desarrollo, necesarios para incrementar la producción y evitar la declinación natural de los campos. “Llevando al país a una caída precipitada de la producción”, enfatizó.
Así, teniendo en cuenta que el 45 % del total de la matriz energética colombiana proviene del petróleo y el 21 % restante del gas natural, la ACP señaló que es innegable que la aprobación de esta propuesta representaría un riesgo para la seguridad energética de Colombia.
Lo anterior porque para garantizar el abastecimiento energético se requiere inversiones constantes y significativas en exploración y producción.
Por lo tanto, en el mediano plazo el país estaría condenado perder su autosuficiencia en hidrocarburos, afectando la generación de regalías, empleos, encadenamientos productivos en las regiones e ingresos a la nación.
En este contexto, el detrimento de la industria de petróleo y gas generaría que, en el corto plazo, otros sectores deban soportar la carga con la cual ya no podría contribuir este sector, que en 2023 representó el 20 % de los ingresos corrientes de la Nación, el 16 % de la inversión extranjera directa y el 4,6 % del PIB.
Además, los recursos de regalías que financian proyectos en las regiones para cerrar brechas en materia de educación, salud, servicios públicos, entre otros, y cuyo presupuesto bienal 2025-2026 recientemente aprobado por el Congreso fue de $30,9 billones, declinarían significativamente en el futuro.
En resumen, un incremento adicional en los impuestos amenaza las contribuciones de esta industria al país y las regiones.
Finalmente, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas hizo un llamado a los integrantes de las comisiones económicas del Congreso de la República, para que no se apruebe el aumento de la sobretasa y ninguna otra medida confiscatoria que conlleve a marchitar una industria para la seguridad energética, estabilidad macroeconómica y desarrollo de las regiones.
“Y al Gobierno a propender por mantener un equilibrio que incentive la inversión y el desarrollo del sector, y preserve su capacidad de generación de recursos para el país y los territorios en beneficio de la seguridad energética y la calidad de vida de los colombianos”, concluyó el gremio.
