La Cámara de Diputados de México aprobó recientemente modificaciones a la Ley Federal de Derechos, que incluyen un aumento en los impuestos al sector minero, así como ajustes en derechos turísticos y migratorios. Estas reformas buscan incrementar los ingresos fiscales para el próximo año y redistribuirlos hacia áreas consideradas prioritarias. Sin embargo, estas medidas han generado inquietud entre expertos y representantes del sector debido a su posible impacto económico.
Con los cambios aprobados, el derecho especial sobre minería pasa del 7.5% al 8.5%, mientras que el derecho extraordinario sube del 0.5% al 1%. Estos ajustes se suman a otros incrementos, como el derecho por turismo extranjero, que aumenta de $717.14 a $860.56 pesos, y el costo de los servicios migratorios en aeropuertos, que pasa de $185.91 a $223.09 pesos.
¿Por qué aumentar los impuestos al sector minero?
El gobierno ha defendido estas modificaciones como necesarias para incrementar la recaudación fiscal y fortalecer el presupuesto destinado a proyectos clave. En el caso de los derechos mineros, los ajustes buscan que las empresas que operan en este sector contribuyan de manera más equitativa, considerando los altos precios internacionales de los metales en los últimos años.
Además, parte de los ingresos generados por estos impuestos se redistribuirán hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para proyectos como el Tren Maya, el fortalecimiento de los sistemas aeroportuarios y empresas sectorizadas bajo su coordinación. Aunque estas decisiones han generado debates sobre su pertinencia, el objetivo oficial es utilizar estos recursos para apoyar el desarrollo de infraestructura estratégica.
Impacto en la competitividad minera
México ocupa una posición destacada como productor global de minerales como plata, oro y cobre, pero los nuevos impuestos podrían alterar esta ventaja. Con una carga fiscal total cercana al 53%, el país se enfrenta al desafío de mantener su competitividad frente a mercados como Chile, Perú y Canadá, que ofrecen condiciones más atractivas para la inversión.
La Cámara Minera de México (Camimex) ha advertido que el aumento en los derechos mineros, junto con las restricciones en exploración, podría desincentivar proyectos por más de 6,900 millones de dólares en los próximos años. Esto impactaría no solo a las empresas, sino también a comunidades que dependen de la minería para generar empleos y desarrollar infraestructura.
Grandes empresas mineras como Grupo México, Minera Autlán y Newmont juegan un papel central en la economía mexicana, siendo pilares en la producción de minerales clave como cobre, zinc, oro y plata. Con el aumento de los derechos especiales y extraordinarios sobre minería aprobado recientemente, estas compañías podrían enfrentar una mayor carga fiscal, lo que las llevaría a reevaluar sus planes de inversión a corto y mediano plazo.
Impacto en las Inversiones
Para estas empresas, la decisión de invertir en nuevos proyectos o expandir operaciones existentes no solo depende de la calidad de los recursos minerales, sino también de la competitividad fiscal y regulatoria del país en comparación con otros destinos mineros como Chile, Perú o Canadá.
El aumento de la tasa del derecho especial del 7.5% al 8.5% y del extraordinario de 0.5% al 1%, junto con las restricciones en permisos de exploración, eleva los costos operativos. Esto podría generar un ambiente de incertidumbre para los inversionistas y desincentivar la entrada de capital en proyectos que necesitan años para madurar y alcanzar rentabilidad.
Consecuencias en el Empleo
La minería genera miles de empleos directos e indirectos, particularmente en regiones remotas donde esta actividad es a menudo la principal fuente de ingresos. Empresas como Grupo México emplean a miles de personas de manera directa y promueven cadenas de suministro que benefician a comunidades enteras.
Si las compañías reducen o posponen inversiones, podrían verse afectados puestos de trabajo tanto en las operaciones mineras como en las industrias relacionadas, como transporte, construcción y servicios. Esto impactaría especialmente a las comunidades locales, donde la minería actúa como un motor económico indispensable.
Efectos en las Comunidades Mineras
Las comunidades cercanas a las minas dependen de estas operaciones para acceder a infraestructura, programas sociales y desarrollo económico. Muchas de estas localidades enfrentan altos niveles de marginación, y la presencia de empresas mineras contribuye con inversiones en educación, salud y mejora de caminos.
Con un panorama incierto, las comunidades podrían enfrentar una reducción en los beneficios directos que actualmente reciben, lo que limitaría las oportunidades de desarrollo a largo plazo. Además, una disminución en los ingresos generados por la minería también afectaría las finanzas de los estados y municipios donde estas empresas operan.
Un Llamado a la Colaboración
Para mitigar los riesgos, es crucial que el gobierno y la industria minera trabajen en conjunto para encontrar un equilibrio. Esto podría incluir incentivos para proyectos sostenibles, mejoras en la transparencia de la redistribución de los ingresos y medidas que garanticen que los recursos generados beneficien directamente a las comunidades.
El reto no solo es mantener los ingresos fiscales, sino también conservar a México como un destino atractivo para la inversión minera, asegurando al mismo tiempo que las regiones más vulnerables sigan viendo en la minería una fuente de prosperidad y desarrollo.
Redistribución de ingresos: Oportunidad y reto
La redistribución de los ingresos derivados de estos derechos busca atender prioridades estratégicas. Sin embargo, algunos expertos han señalado que se requiere mayor transparencia para garantizar que estos recursos beneficien directamente a las comunidades afectadas por la actividad minera y a otras áreas críticas como la educación, la salud y el desarrollo rural.
Una distribución eficiente de los recursos podría transformar los ingresos fiscales en un motor de desarrollo sostenible. Para lograrlo, es esencial implementar mecanismos claros de seguimiento y rendición de cuentas que eviten que los fondos se desvíen a proyectos con poco impacto social.
Reflexión
Aumentar los impuestos a la minería parece tener sentido desde un punto de vista fiscal. México necesita recursos para atender muchos proyectos urgentes, y la minería genera enormes ingresos. Pero, siendo sincero, no creo que sea tan sencillo como eso. Estas medidas podrían terminar afectando una industria clave que no solo produce minerales, sino que también genera empleos y sustenta comunidades enteras. ¿Qué pasará si las empresas deciden llevar sus inversiones a otros países?
Pensemos en lugares como Sonora o Zacatecas, donde la minería es prácticamente el corazón de la economía local. Si las inversiones disminuyen, no solo sufrirán las empresas; las familias que dependen de esta actividad podrían quedarse sin sustento. Y eso sería devastador.
Por eso, creo que la clave está en encontrar un equilibrio. Necesitamos recaudar más, sí, pero también debemos cuidar que la minería siga creciendo y beneficiando a todos. No se trata solo de llenar las arcas del gobierno, sino de pensar en las personas que realmente dependen de estas actividades.
