Día: 12 de noviembre de 2024

Creado en 1980, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) es el organismo técnico responsable de generar información geológica básica y de peligros geológicos, así como de regular y fiscalizar el cumplimiento de normativas mineras en materia de seguridad, propiedad y planes de cierre.

Consultados los socios de Voces Mineras sobre este doble rol que tiene la institución, una amplia mayoría estimó necesario generar una discusión sobre su función y estructura, buscando optimizar su trabajo.

El 75% de los socios que respondieron la consulta se inclinó por la opción de convocar a expertos tanto del ámbito público como del privado para analizar la posibilidad de reestructurar el Sernageomin, con sus ventajas y limitaciones, o de mantener su estructura sin cambios, dotándolo de mayores recursos financieros y mejorando la selección de sus directivos.

En ese sentido, se planteó la necesidad de evaluar el actual aporte que hace la institución y qué se espera de este servicio para el desarrollo de una minería sustentable, y en función de ello, analizar y proponer la mejor organización para alcanzar tales objetivos.

En tanto, un 25% de los consultados dijo parecerle razonable dividir al Sernageomin en dos servicios independientes, uno que se dedique exclusivamente a la gestión minera (una Superintendencia de Minería, por ejemplo) y otro que se dedique al conocimiento geológico (un Servicio Nacional de Geología).

“Los geólogos anhelamos volver a tener una institución como el antiguo IIG (Instituto de Investigaciones Geológicas), donde la exploración geológica tenía los recursos necesarios para encontrar los proyectos mineros, los que actualmente en su mayoría son yacimientos en explotación”, dijo una socia de VVMM, para quien la actual estructura que tiene el Sernageomin hace que los proyectos geológicos compitan con los mineros “y, por lo general, se ven reducidos en presupuesto, porque los que deciden no son geólogos y no dimensionan claramente los tiempos y recursos que se necesitan para encontrar un yacimiento exitoso”.

Una propuesta que quedó sobre la mesa

Durante el segundo periodo presidencial de Sebastián Piñera se consultó a diversas organizaciones gremiales sobre los efectos que tendría una modificación del Sernageomin. El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) y el Colegio de Geólogos analizaron en profundidad, y durante varias sesiones, la conveniencia o no de reemplazar esta institución por dos servicios independientes y que reporten a ministerios diferentes. Entonces se propuso al gobierno la creación de una Superintendencia de Minería (SupMin), que reporte al Ministerio de Minería, y un Servicio Nacional de Geología (SerGeo), dependiente del Ministerio de Ciencias.

La SupMin mantendría todas las responsabilidades esenciales a la gestión minera nacional, incluyendo el control de estados de seguridad en la actividad minera, la revisión y aprobación de proyectos mineros integrales (mina-planta-infraestructura), así como el desarrollo de capacitación de trabajadores para la adopción de tecnologías modernas y de alta productividad.

El SerGeo, por su parte, mantendría la información geológica nacional, apta para definir políticas de Estado y para la evaluación de peligros geológicos trascendentales, como terremotos, tsunamis y otros.

“Este informe fue entregado al Ministro de Minería y Energía de la época, pero se adujo que el gobierno tenía otras prioridades”, recuerda Juan Rayo, a quien le tocó liderar la evaluación como cabeza del IIMCh en su momento.

Hoy, como presidente de Voces Mineras, hace ver que el tema sigue vigente y que, enfrentados a un nuevo ciclo electoral –por las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año– debiera volver a ponerse sobre la mesa.

En ese sentido, Rayo adelanta que la asociación organizará un foro sobre esta temática, que se realizaría en abril del próximo año.

Tras un año de trabajo en laboratorio con muestras de salmuera sintética, comenzaron las pruebas en entorno semireal de la tecnología electroquímica para la extracción de litio desde el Salar de Atacama.

El estudio “Sistema electroquímico integrado, tipo flujo, para la extracción de litio desde salmueras provenientes del salar de Atacama” es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y SQM, y ejecutado por el Departamento de Química de la Universidad Católica del Norte (UCN) y Lithium I+D+i. El proyecto concluirá en mayo de 2025.

Si bien existen otras tecnologías como las tecnologías de adsorción (fenómeno de disolución de átomos, iones y moléculas), intercambio iónico, nanofiltración que ya están a escala de piloto y se pone a prueba en algunos salares,  a nivel de tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL), las soluciones electroquímicas están algo más rezagadas y Chile destaca entre los líderes en esta línea investigativa.

“A diferencia de otras minas, el salar es una mina viva, en constante dinamismo. La composición química de la salmuera varía según las condiciones ambientales, incluso estacionales y por ende, la salmuera con la que trabajamos, no es constante. Eso es lo más desafiante de este estudio, probar tecnologías que funcionan en nuestro Salar de Atacama, pero posiblemente que no sean replicables con exactitud en otros lugares del mundo, razón por la cual siempre deben ser adaptadas localmente. Los resultados de este estudio son de gran interés para países con salares ubicados en el triángulo de litio -zona limítrofe entre Chile, Bolivia y Argentina-, pero también para aquellos demandantes de litio, como son China, Japón y Europa”, explica Claudia Núñez, doctora en química e investigadora asociada de Lithium I+D+i y líder del proyecto.

Gracias a esta investigación, la doctora Núñez probará un amplio abanico de sistemas de extracción, evaluando eficiencia y costos, además de vida útil de los materiales. Para la especialista, la variable más relevante es el costo energético que podría tener y su rendimiento en cuanto al uso de agua, abriendo la posibilidad de reinyectarla al salar. Al equipo de Claudia Núñez, se suman los investigadores Sergio Conejeros y Jonathan Cisterna, además del investigador postdoctoral Víctor Rojas.

Actualmente, la producción de litio involucra procesos de muy largo plazo. Las nuevas tecnologías atenderían este problema operacional, reduciendo los tiempos de obtención de litio. Se estima que el proceso de la salmuera toma entre 12 a 17 meses para poder llegar a un nivel de concentración, donde se pueda llevar a una planta para generar un carbonato de líquido e hidróxido de líquido. No obstante, el rendimiento actual de Chile está bajo el 50%, abriendo una importante ventana de mejora.

“La tecnología propuesta consiste en un sistema de recuperación electroquímica de litio tipo flujo, compuesto por dos electrodos modificados con un material captador de litio. El proceso opera en ciclos donde se aplican potenciales negativos para adsorber litio desde la salmuera y potenciales positivos para liberarlo en una disolución de recuperación. Sin embargo, estos ciclos provocan deformaciones en la estructura de los electrodos, lo que afecta la vida útil de la tecnología. Además, se está evaluando su respuesta ante posibles interferentes presentes en matrices complejas, como las salmueras, para garantizar la eficiencia del sistema bajo condiciones reales”, añade Núñez.

La primera etapa del proyecto finalizó en agosto y se centró en el desarrollo y diseño de los electrodos. Dichos electrodos fueron probados con éxito en salmueras sintéticas, y ahora se inicia el trabajo en salmueras reales. Posteriormente, se diseñará la celda de flujo y se comparará con otras tecnologías operativas en faenas de Atacama.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio con la formulación de un cargo contra la Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco), titular del proyecto Fundición Potrerillos, ubicada en la comuna de Diego de Almagro, en la Región de Atacama.

Este proyecto corresponde a una fundición de cobre por lo que se encuentra regulada por el Decreto Supremo N°28, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece norma de emisión para fundiciones de cobre y otras fuentes emisoras de arsénico. Y respecto al artículo 14, (letra a) de dicha norma, para medir dióxido de azufre (SO2) en las plantas de ácido, se debe implementar un sistema de monitoreo continuo (en adelante, “CEMS”).

Luego, la normativa agrega que los datos que se obtengan del monitoreo continuo deberán estar en línea con los sistemas de información de la SMA, así como de las exigencias asociadas a las instrucciones de carácter general dictadas por la Superintendencia, donde se establecen los requisitos técnicos y los plazos para la implementación de la conexión en línea para aquellos titulares de Unidades Fiscalizables que tengan la obligación de instalar un CEMS, en función al cumplimiento de lo dispuesto en un instrumento de carácter ambiental.

Este caso tiene como origen una fiscalización consistente en el examen de información asociada a dicha unidad fiscalizable, respecto a la implementación de la conexión en línea de los CEMS. La fiscalización concluyó que dicho sistema no se ha implementado.

A partir de todos estos antecedentes, y luego del análisis legal, la Superintendencia del Medio Ambiente imputó un incumplimiento por parte del titular, y que fue clasificado como grave.

Infracción que se sustenta porque la empresa no tiene implementado el sistema de monitoreo continuo para el parámetro SO2 y para las variables operacionales flujo de gases procesado, estado de sopladores y producción de ácido sulfúrico, ya que no se encuentra con una conexión en línea operativa con los sistemas de la SMA.

De acuerdo con la LOSMA, por las infracciones graves un titular se expone a una multa de hasta 5.000 UTA, junto con la revocación de la RCA o clausura. En este caso la empresa, arriesga una multa de hasta 5 mil UTA, equivalentes a $3.997 millones (valor actual).

Tras la notificación de esta formulación de cargos, la empresa cuenta con un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos.

SERC Chile (Solar Energy Research Center) impulsa en Chile el primer proyecto en utilizar energía fotovoltaica junto al cultivo de alimentos en latinoamérica, el cual contempla 32 hectáreas: 22 hectáreas con un sistema agrovoltaico y 10 con un cultivo de cerezos tradicional e intensivo.

Así lo informó el director de SERC Chile, Rodrigo Palma, quien entregó más detalles de la iniciativa. “Ayla Solar es un proyecto que inició en febrero de 2023, ubicado en Rancagua, que implica una inversión de USD 12 millones y es desarrollado y construido por Grupo oEnergy para generar beneficios para la agricultura local y la sostenibilidad energética de la Región de O’Higgins”, dijo Palma.

Por su parte, Pablo Thomas, jefe de Explotación de Activos de oEnergy y líder del Equipo Agrícola, indicó que el proyecto es capaz de producir 12.012 MW de energía en peak, y de inyectar 9 MW peak por ser PMGD. “El proyecto no solo promueve la producción de energía limpia, sino que además potencia la agricultura local, demostrando cómo es posible integrar diferentes industrias para el beneficio mutuo y la sostenibilidad”, especificó Thomas.

Además, señaló que el uso combinado del terreno en una instalación agrovoltaica permite aumentar su eficiencia hasta un 186%, según datos del Instituto Fraunhofer, lo cual favorece la generación distribuida y el autoconsumo, ya que la electricidad puede destinarse a suministrar la energía necesaria para el funcionamiento de estas explotaciones, reduciendo su dependencia energética y los gastos asociados.

Agricultura inteligente

Asimismo, Ignacio Barraza, Ingeniero Agrónomo en oEnergy y encargado del Diseño y Operación de Ayla Solar, indicó que el proyecto es una muestra de agricultura inteligente, ya que los paneles solares mantienen protegidos los cultivos ubicados bajo ellos, además de conservar la humedad y reducir la evaporación y huella hídrica de las explotaciones agrícolas. “A nivel técnico, el proyecto está compuesto por 18.480 paneles canadian solar fotovoltaicos 650 W bifaciales, que se agrupan en 616 string de 30 paneles, además de 6 centros de transformación Rhona 1800Kva, 45 inversores Huawei y 124 estructuras tipo tracker”, especificó Barraza.

En esta misma línea, afirmó que cuentan con sensores climáticos generales que permiten calcular factores como la humedad relativa, temperatura ambiental, velocidad de viento y pluviometría. También posee telemetría para riego, que permite la eficiencia del 90% del agua que se ocupa. El proyecto también cuenta con telemetría para riego, lo que permite una eficiencia del 90% en el uso del agua. Además, el sector con paneles consume un 17% menos de agua en comparación con el sector sin paneles, gracias a la disminución en la radiación.

Finalmente, los representantes del proyecto comentaron que se encuentran en etapa de formación de la planta para que soporte la fruta durante los próximos 30 años, con una proyección de producción, a diciembre 2026, de 12 toneladas de fruta de exportación con certificación global GAP por hectárea.

La International Copper Association (ICA), en colaboración con la Delegación de la Unión Europea en Chile y el Banco Europeo de Inversiones, reunió a líderes de la industria, expertos financieros y representantes gubernamentales para discutir sobre el papel crítico de los motores en el uso eficiente de energía para mejorar la sostenibilidad operativa y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector minero.

Cabe destacar, que los motores y los sistemas que estos utilizan consumen casi la mitad de la electricidad mundial, por lo que se han convertido en un importante foco de ahorro energético.

Según cifras del Consejo Minero, Chile es responsable del 23 por ciento de la producción global de cobre, lo que convierte al país en el mayor productor del mundo. Además, de acuerdo con el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), hay alrededor de 1.300 empresas mineras en Chile, y la mayoría de estas se enfocan en la minería del cobre. En tanto, es de amplio conocimiento que la actual transición hacia energías limpias aumentará significativamente la demanda de cobre debido a sus usos en redes y vehículos eléctricos.

Por otra parte, el sector minero es un gran consumidor de electricidad. En 2022, según datos del Consejo Minero, la minería consumió el 35% de la electricidad nacional de Chile y los motores eléctricos de baja tensión representan aproximadamente el 70% del uso de electricidad en la minería del cobre. Con una vida útil promedio de 37 años, muchos motores en operación son menos eficientes y más costosos de operar que los modelos más nuevos.

Además, la intensidad energética en el sector minero chileno ha aumentado significativamente en las últimas décadas, por lo que medidas de eficiencia energética en motores podrían ayudar a revertir esa tendencia y convertirse en un foco estratégico para aumentar la competitividad del sector, reduciendo de paso los costos de la energía y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos climáticos de Chile.

“El reemplazo anticipado de motores eléctricos ofrece una excelente oportunidad para que el sector minero del cobre en Chile reduzca sus costos energéticos, además de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. La ICA cuenta con vasta experiencia en temas de eficiencia energética y estamos muy entusiasmados de poder liderar un nuevo proyecto de alto impacto para los productores de cobre en Chile. El financiamiento para proyectos de eficiencia energética como éste es fundamental, y estamos trabajando para desarrollar financiamiento para el reemplazo generalizado de motores”, señaló durante el encuentro Steven Kukoda, vicepresidente y director ejecutivo de la ICA.

El evento entregó valiosas oportunidades de networking, alentando la colaboración entre los participantes para impulsar más avances en eficiencia energética dentro de la industria. Todo esto respaldado por la Agencia Internacional de Energía, que sostiene que duplicar la velocidad global del progreso de eficiencia energética para 2030 es un paso clave en los esfuerzos para alcanzar las cero emisiones. Para lograrlo, las inversiones en el sector deben aumentar de 600 mil millones de dólares en la actualidad a más de 1.8 billones de dólares para 2030, porque, a pesar de los múltiples beneficios de mejorar la eficiencia energética, el financiamiento sigue siendo limitado en esta materia