La Procuraduría General de la Nación, a través de una Agencia Especial, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la adopción de medidas cautelares urgentes, en el marco de una acción popular interpuesta por la “Fundación para el Estado de Derecho”, que busca proteger los derechos colectivos de los ciudadanos en relación con la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental.
Asimismo, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, expresó que, ante la posibilidad de eventualmente tener que recurrir forzosamente a aumentar los niveles actuales de importación de gas, es importante que el Gobierno Nacional defina las alternativas proyectadas para aumentar los volúmenes y asegurar la disponibilidad de este energético.
Finalmente detalló que, si bien desde la etapa procesal aún no se podría determinar si ha sido acertada o no la decisión del Gobierno de suspender o prohibir la suscripción de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, por cuanto es un aspecto que debe ser objeto del debate probatorio, sugiere se ordene la adopción de un plan de trabajo coordinado de todo el sector energético del Gobierno Nacional, para estimular y facilitar la garantía efectiva del acceso al servicio de energía eléctrica y gas en el territorio nacional.
Lo anterior mientras se logra la implementación de la política de transición energética que prioriza los proyectos de generación a través de fuentes renovables no convencionales.
