La Asociación Colombiana de Minería (ACM) manifestó su preocupación por la expedición del Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, mediante el cual el Gobierno Nacional prohíbe las exportaciones de carbón de Colombia a Israel.
“Esta decisión materializa los riesgos que la ACM ha venido advirtiendo al país, al ser una medida inconstitucional e ilegal ya que transgrede los artículos 150 y 189 de la Constitución, la Ley 7 de 1991, el artículo 259 del Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en sus Tratados de Libre Comercio, lo que representa un grave precedente para la seguridad jurídica y una amenaza directa a la libre empresa y competencia”, anotó la entidad.
La asociación recordó que el TLC con Israel prohíbe expresamente la adopción de restricciones o prohibiciones a la importación o exportación de mercancías, salvo en circunstancias excepcionales y comprobadas, como una escasez aguda de bienes esenciales.
“Este no es el caso. Además, la medida pone en riesgo los Acuerdos de Libre Inversión con Suiza y Estados Unidos que protegen las exportaciones de las compañías de carbón en Colombia”, indicó la ACM.
Al respecto, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, aseguró que «el argumento de moral pública no puede ser utilizado para justificar decisiones desproporcionadas e inadecuadas que afectan gravemente la economía del país y el bienestar de las regiones».
Nariño agregó que «esta medida debilita la confianza en los compromisos internacionales de Colombia y aumenta la incertidumbre para la inversión”.
Es importante destacar que, en 2023, las exportaciones de carbón térmico a Israel representaron el 5 % del total de exportaciones de este mineral, lo que equivale a US$447 millones.
Para ponerlo en perspectiva, esta cifra es equivalente a la totalidad de las exportaciones de Colombia al Reino Unido, 1,2 veces las exportaciones de rosas y 2,2 veces las de aguacate hass.
En términos fiscales, esta medida podría significar una reducción de aproximadamente $650.000 millones en impuestos, regalías y contribuciones para el país.
Y, de acuerdo con la agremiación, las regiones de La Guajira y el Cesar se verían particularmente afectadas, ya que dejarían de percibir más de $100.000 millones. Este aporte fiscal es equivalente al 31 % de lo que contribuye en renta todo el sector TIC y al 20 % del aporte del sector de la construcción.
“La firma de este decreto refleja que el Gobierno no tiene en cuenta los comentarios de la ciudadanía y los grupos de interés, lo cual es preocupante en una democracia que debe fortalecer la participación efectiva”, afirmó Nariño.
En un contexto económico complejo, con bajos ingresos y alta necesidad de inversión social, para la ACM es desconcertante que se impongan restricciones como estas, sin considerar las consecuencias para el comercio exterior, los compromisos internacionales y el desarrollo del país y sus regiones.
