Día: 16 de mayo de 2024

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó Medidas Urgentes y Transitorias (MUT) al proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Salares Norte”, de la empresa Minera Gold Fields Salares Norte SpA, luego de constatar que en el reporte de avance de acciones comprometidas en el programa de cumplimiento que está ejecutando -en particular, al iniciarse el desmantelamiento del roquerío N°3 del sector del Área Mina -Planta- no hay certeza de la ausencia de ejemplares de la especie Chinchilla, la que se encuentra clasificada como en peligro crítico.

Por lo anterior, el titular no estaría dando cumplimiento al Plan de Rescate y Relocalización para esta especie, conforme lo establecido en su Resolución de Calificación. Cabe indicar que el proyecto se encuentra ubicado en la cordillera de la Región de Atacama.

Las medidas ordenadas a Minera Gold Fields consisten, en primer lugar, en la prohibición de ejecutar actividades de desmantelamiento del roquerío N°3, del sector del Área Mina-Planta. Esta medida será verificada mediante la presentación de documentación que acredite que no continuó ejecutándose la liberación del roquerío mencionado. El plazo de ejecución es de 10 días corridos contados desde la notificación de la referida resolución.

En segundo lugar, se ordenó remitir antecedentes relacionados a la ejecución de las actividades de rescate y liberación del roquerío N°3, de forma de acreditar fehacientemente la ausencia total de ejemplares de la especie Chinchilla chinchilla. Dicha medida será verificada mediante la presentación de todos los archivos originales que registren las trampas cámara, trampas tomahawk, cámaras de visión nocturna y sondas endoscópicas. El plazo de ejecución es de 5 días corridos contados desde la notificación de la indicada resolución.

Al respecto, la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer relevó que “la dictación de estas medidas se justifica en que, en el reporte de avance de las acciones comprometidas por el titular, no se han dado certezas de la ausencia de una población de chinchillas para poder proceder con el desmantelamiento en el roquerío número 3. Acá el objetivo es poder garantizar la protección de esta especie que se encuentra en peligro crítico y cuyo resguardo es parte de las medidas contempladas en la RCA del proyecto”.

Por su parte, Felipe Sánchez, jefe de la Oficina Regional de Atacama sostuvo que “este es un proyecto que está siendo constantemente fiscalizado por nuestro equipo de la Oficina Regional, en coordinación con el SAG Atacama, por su impacto ambiental en la fauna de la cordillera de la Región de Atacama, y en particular, debido a su importancia ya que en su Resolución de Calificación Ambiental se establecieron medidas especiales para esta especie”.

Cabe destacar que el Proyecto Salares Norte, se encuentra ubicado a 180 km al Noreste de la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, a una altitud media entre los 3.900 metros (campamento) y 4.700 metros (rajo) sobre el nivel del mar. El proyecto se relaciona con el procesamiento y producción de metal doré (oro y plata).

La Comisión de Minería y Energía inició la discusión del proyecto de ley que dispone el resguardo de la capacidad de fundición de la Empresa Nacional de Minería (Enami).

En la sesión, presentó la iniciativa (boletín 16605) el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien señaló que ésta busca que las autoridades velen por el resguardo de la capacidad de fundición de Enami.

En específico, la norma establece que, en el caso de cese de funciones de la Fundición Hernán Videla Lira, en Copiapó, por obsolescencia tecnológica, incumplimiento de estándares medioambientales u otras razones, se deberá garantizar la construcción de un proyecto de modernización con los más altos estándares ambientales y productivos.

Mulet afirmó que Enami ha contribuido mediante su acción de fomento a la creación permanente de negocios de pequeña minería y minería artesanal, que comercializan de forma competitiva sus productos en el mercado internacional.

Por su parte, la diputada Sofía Cid (RN), también autora de la iniciativa, mencionó que el directorio de Enami tomó la decisión de suspender “temporalmente”, en febrero de 2024, las operaciones de la citada fundición.

Por ello, es necesario que el Gobierno entregue las garantías necesarias a la comunidad que la fundación siempre estará localizada en la Región de Atacama. “Esa es la preocupación que tenemos y qué mejor para establecerlo que a través de un proyecto de ley”, acotó.

Junto con ello, indicó la parlamentaria, se deben entregar las certezas a la región, que este cierre no va a ser  permanente.

Sobre la materia, la presidenta de la instancia legislativa, diputada Yovana Ahumada (IND), recabó el acuerdo para invitar a la próxima sesión a la ministra de Minería, Aurora Williams.

Con un acuerdo entre las partes suscrito el pasado 26 de abril, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y Albemarle Ltda, resolvieron, de manera amistosa, el Juicio Arbitral que mantenían desde 2021 ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Este avenimiento, que contempla el pago de US$15.158.993 por parte de Albemarle y la renuncia de ambas partes a ejercer acciones futuras sobre el cálculo y pago de comisiones que generó la controversia, incorpora también modificaciones al contrato de explotación (denominadas “Anexo 2024”) que mejoran su funcionamiento y operación regular en aspectos muy relevantes para el futuro del Salar de Atacama.

“Los ajustes en los contratos reflejan los acuerdos alcanzados para perfeccionar los mecanismos de cálculo de las comisiones que la empresa norteamericana debe pagar a la Corporación por la explotación del litio, sin que ello implique cambiar el esquema de rango de precios y tasas progresivas y marginales ya definido en 2016. Pero junto con ello se establecen también una serie de cláusulas que permiten proyectar una producción con estándares más altos de sostenibilidad en el Salar de Atacama, en línea con las definiciones de la Estrategia Nacional del Litio (ENL), presentada en abril del año pasado por el Presidente Gabriel Boric”, destacó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

El “Anexo 24”

Entre las modificaciones más relevantes contenidas en el “Anexo 2024” se cuentan la incorporación de auditores contractuales y ambientales que reporten a las partes respecto del adecuado cumplimiento en materia de pagos y de obligaciones ambientales.

Esto último se refuerza con una nueva cláusula sobre cumplimiento ambiental que contempla la implementación de un sistema de monitoreo en línea; la colaboración de Albemarle en el desarrollo de estudios que lidere Corfo; la entrega de información técnica, productiva, geológica, hidrogeológica y ambiental; y el compromiso de la compañía de participar y trabajar conjuntamente con Corfo y/o con otros actores de la cuenca del Salar de Atacama en el desarrollo de un modelo hidrogeológico integral y/o el monitoreo integrado del conjunto del Salar, entre otros aspectos.

En línea con los objetivos de avanzar en la sostenibilidad de la industria que promueve la Estrategia Nacional del Litio, se agregan también dos nuevas cláusulas que comprometen los mejores esfuerzos de la compañía para la utilización de energías limpias y para disminuir los requerimientos de agua industrial en sus procesos productivos hasta su total reemplazo por soluciones alternativas.

Opción de cuota asociada a nuevas tecnologías

Corfo y Albemarle acordaron también una nueva cláusula que establece una opción que permitiría a la empresa ampliar su cuota de producción en 240.000 toneladas de Litio Metálico Equivalente (LME), en la medida que pruebe y valide el uso de nuevas tecnologías ambientalmente más sostenibles (como por ejemplo la extracción directa o DLE). Para ello, una vez que la compañía manifieste su intención de hacer uso de la opción, Corfo deberá llevar adelante un proceso de Consulta Indígena y la empresa deberá cumplir otras exigencias previas para acceder a esta nueva cuota adicional a la pactada en el año 2016.

“Entre las condiciones acordadas con Albemarle se cuenta el desarrollo de pilotajes que confirmen que la implementación de las nuevas tecnologías de extracción permite alcanzar niveles de eficiencia de a lo menos un 60% en la recuperación de litio. Y todo ello debe estar acompañado de la obtención, por parte de la empresa, de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y las autorizaciones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), además de la entrega a Corfo de un plan de inversiones asociado al proyecto”, explicó Benavente.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo añadió que “previo al cierre definitivo del acuerdo que pone término al arbitraje se informó también sobre las principales mejoras contractuales al Consejo de Pueblos Atacameños (CPA)”.

I+D y valor agregado

Si bien se mantienen los montos comprometidos en el contrato del 2016 como Aportes para Investigación y Desarrollo (I+D), en el reciente acuerdo se amplían las temáticas para el uso de estos recursos, incluyendo entre ellas la conservación ambiental. Albemarle se obliga también a hacer sus mejores esfuerzos para vender a entidades de I+D productos de litio u otros productos, a precio y condiciones de mercado, y se compromete a cooperar y colaborar en materias de desarrollo de nuevas tecnologías, desarrollo de conocimiento, transferencia tecnológica, pilotajes y todas aquellas iniciativas tendientes a generar espacios de intercambio con Corfo u otra entidad que ésta designe, como puede ser el futuro instituto tecnológico de Litio y Salares.

En el Anexo 2024 se ajusta también la cláusula sobre “Precio Preferente” pactada en 2016, con el objeto de mejorar su implementación. Así, una vez que entren en vigencia las modificaciones, empresas chilenas y extranjeras establecidas en Chile (“Productores Especializados» de productos de litio) podrán pactar de mejor manera y con mayor flexibilidad con Albemarle un suministro de largo plazo de carbonato de litio (hidróxido de litio y cloruro de litio en la medida que estos 2 últimos productos la compañía los produzca) y que permita el desarrollo de proyectos de mayor valor agregado en el país, otro aspecto muy relevante en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

El resto de los compromisos de Albemarle pactados en 2016, tales como, los pagos sobre precio de mercado consumidor final fuera del grupo, el plazo de vigencia contractual hasta 2043, las opciones de compra sobre los activos en el Salar de Atacama y las causales de terminación anticipada de contrato, se mantienen inalterables.

Tecnologías son clave para testear soluciones escalables que recuperen y transformen los residuos de las obras en nuevas materias primas, como el yeso- cartón, que se desecha en grandes cantidades en la etapa de terminaciones.

En Chile, el 35% de los residuos sólidos proviene de la construcción y la demolición (RCD), lo que constituye un problema ambiental y un desafío para la productividad de la industria, los cuales están siendo abordados a través de Hoja de Ruta RCD para la Economía Circular en la Construcción, pero también mediante alianzas inspiradas en la economía circular, que buscan evitar que toneladas de materiales descartados de las obras terminen en vertederos o rellenos sanitarios y que sean reincorporados al sistema productivo en forma de nuevos materiales.

Una de estas iniciativas es impulsada por Empresas Siena, desarrollador con más de 60 años en la industria, que desde 2019 cuenta con un plan para la gestión responsable de los residuos en sus obras, logrado una tasa de recuperación en torno al 18%. “Hemos implementado espacios y procedimientos para recuperar materiales como madera, fierro, cartón, plástico, pallets, entre otros. Además, realizamos toda trazabilidad del proceso, reciclando un volumen de más de 2.529 toneladas de residuos anuales”, señala Daniel Flores, subgerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente de Empresas Siena.

El ejecutivo explica que la meta es incorporar más materiales al proceso de valorización, especialmente aquellos que generan en grandes volúmenes de residuos en la etapa de terminaciones, y con ello aumentar progresivamente los porcentajes de reciclaje. En esa búsqueda, acaba de iniciar un proyecto piloto con Ambipar Environment, empresa líder en soluciones ambientales, para recuperar las planchas de yeso cartón.

Daniel Flores explica que este material es ampliamente utilizado en todo tipo de obras, “en el dimensionamiento o segregación de espacios y su instalación genera grandes volúmenes de despuntes o descartes. Este desecho es voluminoso y utiliza mucho espacio en bateas de escombro y también en vertederos”.

Sin embargo, al estar constituido por yeso recubierto por capas de celulosa o cartón en ambos lados, “es un residuo altamente homogéneo y reciclable; el problema es que no existen soluciones técnicas que permitan separarlos de manera eficiente y en grandes volúmenes para su valorización”, detalla Leonardo Curotto, Gerente Comercial de Ambipar Environment.

La iniciativa conjunta apunta a salvar este obstáculo a través de una tecnología creada para la separación envase-producto que se utiliza principalmente como solución para la industria alimenticia, disponible en el Centro de Pretratamiento para la Valorización de Residuos GIRI, recientemente inaugurado por Ambipar Environment en la comuna de Quilicura. “Sabemos que, con algunas pequeñas adaptaciones o incorporación de procesos complementarios, esta tecnología puede hacer ese trabajo, lo que nos permitirá obtener fracciones separadas de los componentes del panel, el yeso y el cartón, que podrán seguir de forma independiente sus procesos de valorización vía reciclaje, convertidos en materia primas otros tipos de valorización”, precisa Curotto.

La primera etapa del piloto consiste en validar la tecnología para su uso en la industria de la construcción, “lo que se enmarca dentro de uno de los pilares estratégicos de Empresas Siena y de los objetivos que busca Hoja de Ruta RCD para la Economía Circular en la Construcción”, señala Flores. El Gerente Comercial de Ambipar Environment agrega que “a partir de la validación de la tecnología, nuestro plan es poder escalarlo con algunas inversiones y nuevas capacidades no solo en la RM, sino también en regiones”, finaliza.

Fuente: Cuatro Ejes

HVAC-R Show Chile se podrá visitar, de manera gratuita, este jueves 16 y viernes 17 de mayo, de 11:00 a 19:00 horas, en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Este miércoles se inició HVAC-R Show Chile, el encuentro de negocios de la industria del Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Refrigeración y Agua Caliente Sanitaria.

La feria, dirigida a arquitectos, constructores, ingenieros, proyectistas, facility managers, instaladores, técnicos y todos los profesionales de la industria de la construcción, cuenta con la participación de empresas referentes del sector, tanto nacionales como internacionales.

Fabian Armagnague, director de HVAC-R Show Chile, señaló que “este tipo de instancias ofrecen siempre la oportunidad de que empresas y potenciales clientes puedan interactuar, permite logar mayor networking así como intercambiar conocimientos respecto a tendencias e innovaciones en el sector”.

Cabe indicar que en forma paralela a la exposición, hay un programa de conferencias donde se abordarán temas relevantes como la sustentabilidad, las nuevas energías, la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente.

Los temas y relatores se pueden ver en el siguiente link

HVAC-R Show Chile se podrá visitar, de manera gratuita, este jueves 16 y viernes 17 de mayo, de 11:00 a 19:00 horas, en el Centro Cultural Estación Mapocho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más info acá

Fuente: Aida Fardinez

Además, el último reporte del plan, dado a conocer por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, indica que en ejecución existen otras 121.391 viviendas y 83.629 unidades en proyectos aprobados por iniciar.
El titular del Minvu, Carlos Montes, señaló que las cifras permiten pensar que es posible alcanzar la meta de 260 mil soluciones habitacionales a marzo de 2026, “pese a los múltiples obstáculos que enfrenta este desafío país”, ya que existen 322.351 viviendas en distintas etapas de desarrollo.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) registró un 45% de avance a abril de 2024 con 117.331 viviendas terminadas. Además, el informe agrega que 121.391 viviendas están en ejecución y 83.629 unidades en proyectos aprobados por iniciar. Con estas cifras se llega a 322.351 viviendas en proceso en distintas etapas de desarrollo.

Para el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, “lo fundamental es cumplir la meta que nos planteó el Presidente de la República, Gabriel Boric, entregar 260 mil viviendas al finalizar el actual gobierno. Es difícil y estamos enfrentando múltiples obstáculos, pero para lograr esa meta tenemos 117 mil viviendas entregadas, 121 mil en construcción y 83 mil que están por entrar, o sea tenemos números que nos permiten pensar que es posible lograrla. Si la situación financiera no mejora nada, la de los bancos, el crédito y todo eso, vamos a tener más dificultades, esperamos que no”.

El titular del Minvu explicó que, pese a las dificultades, la estrategia avanza en sus distintas líneas, como el banco de suelos, ya que la meta aborda una parte del déficit habitacional y se requiere contar con terrenos para que el Estado planifique en el corto, mediano y largo plazo, nuevos proyectos que permitan responder a la demanda.

«El Plan de Emergencia Habitacional tiene una consistencia y vamos a seguir en cada una de las líneas. Creemos que en lo que se refiere a suelos tenemos una parte importante, no solo en lo que requerimos para el plan este año, en este gobierno, necesitamos más suelo para el futuro, eso es clave», precisó la autoridad.

El PEH es una estrategia desarrollada por el Minvu para abordar con sentido de urgencia el déficit habitacional que existe en Chile, ir en apoyo de las personas que más necesitan colaboración del Estado para acceder a una vivienda de calidad y alcanzar la meta establecida por el Presidente Gabriel Boric de entregar 260 mil viviendas durante el periodo de gobierno.

Al detalle del último reporte del Plan de Emergencia Habitacional se puede acceder en: Plan de Emergencia Habitacional – Ministerio de Vivienda y Urbanismo (minvu.gob.cl)

Fuente: Minvu

En su alocución por la la semana de la construcción, el presidente del gremio constructor, Juan Armando Vicuña, instó a que se modifique el «obsoleto» reglamento para contratos de Obras Públicas.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, abrió los fuegos en el Encuentro Anual del gremio y pidió «prioridad presidencial» a 21 proyectos que buscan impulsar desde el gremio.

Dentro de las medidas que abarcan varias regiones del país, Vicuña en su alocución instó al Presidente Gabriel Boric a que «los evalúe, y que luego los declare ‘prioridad Presidencial’» y que «trabajemos juntos para concretarlos».

«No será fácil. La economía del país lleva más de una década estancada. Y una de las razones es la creciente dificultad para materializar inversiones. Como constructores también lo vivimos en el día a día, en particular con aquellos proyectos cuyo mandante ha sido el propio Estado, agregó el líder de la CChC.

En ese sentido, Vicuña manifestó que los proyectos de infraestructura pública «tienen falencias que aumentan la conflictividad durante su ejecución, elevan sus costos y, sobre todo, perjudican a las personas y las comunidades al retrasar su entrega».

En ese sentido, enfatizó en que «trabajar con organismos públicos debería ser garantía de una buena relación contractual. Pero, en la práctica, ello no ocurre. Y uno de sus efectos es la creciente pérdida de interés de las empresas por ejecutar obras para el Estado».

Según explicó Vicuña, diversos estudios «demuestran que la mala calidad de los proyectos se traduce en excesivas modificaciones en su etapa de construcción, provocando conflictos entre mandantes y contratistas, sin que existan vías adecuadas para resolverlos».

Por eso, propuso – y en línea con lo recomendado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad– que se modifique el «obsoleto» reglamento para contratos de Obras Públicas, «el DS 75», incorporando mecanismos de resolución temprana de controversias a los proyectos.

Asimismo, subrayó que «si bien ‘trabajo terminado’ debería ser ‘¡Trabajo pagado!’, es común que los mandantes públicos retrasen injustificadamente la recepción de estados de pago como una medida para no aparecer incumpliendo la ley de pago a 30 días».

Con todo, Vicuña detalló que eso «una práctica inaceptable y que debe terminar».

«Si tuviéramos relacionales contractuales modernas, justas y equilibradas, no estaríamos lamentando tanta quiebra de empresas, pérdida de puestos de trabajo, paralizaciones de obras, costosas relicitaciones y que muchos ciudadanos vean postergada la posibilidad de mejorar su calidad de vida», expresó.

Los proyectos prioritarios para la CChC

Vicuña detalló cuáles eran los proyectos que hay que «¡concretar ya!» y hay que darle «prioridad».

En primer lugar, sostuvo que hay que «aprovechar» que hoy existen 120 mil viviendas terminadas o por terminar en todo el país «para dar una respuesta a familias que llevan años esforzándose por obtener una casa propia».

Luego, instó a corregir «el negativo impacto» que provocó la aplicación de IVA a la compraventa de viviendas y que «se tradujo en un aumento de más de 13% en su precio».

También llamó a crear un mecanismo que «compense directamente a las familias por la eliminación del Crédito Especial para Empresas Constructoras». Asimismo, reponer «ciertos incentivos tributarios que tenían las viviendas del DFL-2, que favorecieron directamente a la clase media».

En tanto, consignó que «considerando que solo el año pasado los desastres naturales causaron 74 mil muertes a nivel mundial y que somos uno de los países más expuestos a este tipo de eventos en todo el planeta», propuso que «el futuro Consejo Asesor Presidencial en materia de infraestructura de largo plazo priorice la infraestructura resiliente».

«Esto pasa para que dicho Consejo tenga un rol resolutivo y sea independiente, para que no quede capturado por los gobiernos de turno», añadió.

Y también, dijo, «por cambiar el sistema de evaluación de proyectos, para que la incorporación de criterios de resiliencia no sea una barrera para estas obras, como ocurre hasta ahora».

Fuente: Emol.com