El Comité Intergremial del Atlántico le solicitó al Gobierno Nacional dejar sin efecto la Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas y Energía y la Resolución No.101042 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y, en su lugar, aplicar medidas que logren una mayor eficiencia en la generación, transmisión, distribución y comercialización que se reflejen en las tarifas de energía.
Asimismo, la organización pidió concretar decisiones que lleven a un mejor diseño del mercado de este insumo básico para la productividad de las empresas, el bienestar de los hogares y el desarrollo económico del país.
Vale mencionar que, a la fecha, no hay una decisión definitiva por parte del Gobierno Nacional o la CREG sobre la intervención de los precios de energía en bolsa de Colombia. Sin embargo, los gremios se adelantan con las alertas para evitar que las facturas de la luz se puedan disparar.
Las solicitudes del Comité Intergremial del Atlántico se basan en las estas consideraciones:
Las tarifas de energía eléctrica subirán aún más a partir de mayo como consecuencia de la Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas que obliga a las termoeléctricas a hacer despachos forzados y fija nuevas reglas para el despacho de las hidroeléctricas.
Para el Comité, esa medida ocasiona incrementos en el costo de las restricciones a través de las cuales se distribuye el costo de la generación forzada del parque termoeléctrico.
“El aumento del costo del componente de Restricciones impacta el Costo Unitario que, en los primeros dos días de la aplicación de esta resolución, subió de $8 por kilovatio hora a $256 por kilovatio hora”, detalló la organización.
Y a lo anterior, según el Intergremial, se sumarán los pagos de los saldos de deuda que tienen los usuarios con los comercializadores por la llamada opción tarifaria; las alzas derivadas de tener una oferta de energía menor a las necesidades de la demanda del mercado; y los incrementos por el castigo establecido por el Gobierno Nacional para quienes excedan sus consumos.
Aunque las medidas del Gobierno han ayudado a bajar -de manera artificial- el precio de la energía en bolsa, el impacto de ese hecho será superado en exceso por el incremento del costo de las restricciones aplicadas a la generación.
Para la entidad, esto no tendrá efecto alguno en el propósito de superar las amenazas de racionamiento por el bajo del nivel que aún presentan los embalses.
“Al inducir a una inadecuada valoración de los recursos energéticos se aumenta de manera relevante el riesgo de racionamiento, y se pone a cargo del usuario final un sobrecosto en su factura. Son las hidroeléctricas las que deben asumir los costos que les permitan guardar agua y recuperar los embalses”, precisó el Comité Intergremial del Atlántico.
