En el panorama minero mexicano, un caso reciente ha suscitado un gran interés y debate. El gobierno de Fresnillo, Zacatecas, se enfrenta a una situación complicada tras la orden de un juzgado federal de devolver 16 millones de pesos en impuestos prediales a las compañías mineras del Grupo Peñoles-Fresnillo PLC, referentes en la producción de oro, plata y zinc. Esta resolución no solo tiene implicaciones financieras para el gobierno local, sino que también plantea preguntas sobre la legislación fiscal y su aplicación en el sector minero.
Para comprender mejor este escenario, es crucial analizar los detalles del caso. Fresnillo PLC, Juanicipio y Saucito del Poleo, las empresas afectadas, son actores clave en la minería de plata, oro, cobre, zinc y plomo. La controversia surge a partir de la interpretación del artículo 133 constitucional y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, con respecto a quién corresponde el impuesto predial en actividades mineras. Mientras la ley estatal asigna esta responsabilidad a los propietarios de inmuebles con actividad minera, las empresas argumentan que corresponde a la Federación.
