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Patagonia: para preservar las áreas protegidas se necesitan US$238 millones adicionales en el presupuesto

Un cálculo del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral estimó que para lograr una adecuada gestión de las 18 áreas protegidas ubicadas desde Los Lagos al sur, se requiere al menos esa cantidad de recursos adicionales. Proponen un aumento gradual en 15 años, con un promedio anual de US$20 millones.

Un aumento de al menos US$238 millones en el presupuesto de los 18 parques nacionales de la Patagonia es lo mínimo que se requiere para que éstos puedan tener una adecuada preservación y gestión, indica un informe del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral, que calculó las diferencias en la asignación de recursos a estas áreas protegidas.

El informe analiza los planes de gestión, personal y presupuesto de 18 espacios ubicados desde Los Lagos al extremo sur del país, con el objetivo de poder definir el mínimo de recursos necesarios para que estas áreas protegidas puedan cumplir con su objetivo de conservación de la biodiversidad y desarrollo de las comunidades aledañas.

“Para los 18 parques nacionales en conjunto, el total del gasto proyectado a 15 años en el escenario actual asciende a US$76 millones. Mientras que, bajo un escenario ideal el gasto proyectado a 15 años equivale a US$314 millones, lo que en promedio es de US$20 millones al año. Así la brecha presupuestaria proyectada asciende a US$238 millones”, es una de las conclusiones del documento.

Desde 1971, la protección y conservación ambiental está en manos del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que maneja la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Tiene a su cargo 18.620.139,08 hectáreas, divididas en 42 parques nacionales, 46 reservas nacionales y 18 monumentos naturales.

Y eso cuesta plata. Tener un plan de manejo actualizado con infraestructura adecuada, un cuerpo de guardaparques bien equipado, tecnología para el monitoreo permanente de especies y una gobernanza que involucre a las comunidades supone un esfuerzo fiscal robusto. “Situación que, en la práctica, está lejos de ser la óptima ya que, pese a los esfuerzos del Estado chileno, el erario nacional no ha sido suficiente frente a los innumerables desafíos y requerimientos que supone la administración de las áreas protegidas”, sostiene el informe.

Según el Programa Austral Patagonia de la UACh, Chile está entre los 10 países que menos invierte en la gestión de su biodiversidad, y entre los 14 que menos guardaparques tienen por hectárea protegida a nivel mundial, además de poseer 21 áreas silvestres protegidas sin infraestructura ni personal asignado. “Para que éstas cumplan con su objetivo, es decir, la conservación de la biodiversidad y desarrollo de las comunidades aledañas, deben cumplir con estándares de sostenibilidad que abarcan el factor social, ambiental y/o económico de un área protegida”, añade el investigador César Guala.

Desde abril de este año, Chile forma parte del sistema Lista Verde, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que propone un estándar internacional de gestión de áreas protegidas que el estado chileno -a través de CONAF- se ha propuesto utilizar como parámetro para evaluar y mejorar el estado de gestión de sus áreas protegidas. Para ello, sin embargo, se requiere de mayor financiamiento.

El piso

En todas estas extensiones de territorio donde las especies pueden relacionarse libremente con la menor intervención humana posible, la realidad financiera es muy diferente.

Solo en las regiones del sur, que analiza el informe, hay algunas áreas que se llevan la mayor parte del presupuesto nacional como los parques nacionales Pumalín, Patagonia y Torres del Paine que ya tienen personal e infraestructura, mientras que, en otros, como Isla Guamblin en Aysén o Pali Aike en Magallanes donde no hay casi nada porque soy muy nuevos o sencillamente la plata no alcanza. Y el temor es que los parques que actualmente están rezagados, por falta de inversión, seguirán en esa situación de no existir una inyección de recursos que potencie su desarrollo.

La definición de los recursos mínimos suficientes para que estas áreas puedan operar se estableció a través de un trabajo conjunto entre administradores de Parques Nacionales, Directivos de Conaf y de Áreas Silvestres Protegidas. “Un mínimo suficiente en este caso se define como un estándar de los bienes y recursos que son necesarios para cumplir labores de conservación y de uso público por visitación a los Parques, que garanticen los derechos de los guardaparques (seguridad y salud laboral, protección legal, derechos humanos, acceso a recursos) y de los visitantes (acceso, seguridad personal, información, servicios básicos)”, explica el economista de la UACH, Juan Carlos Miranda, coordinador del estudio.

Por eso el Congreso se convertirá, en las próximas semanas, en el escenario donde se buscará aumentar los recursos. “En el marco del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas esperamos que el gobierno pueda dar una señal clara de colocar recursos considerables para estas áreas protegidas y combatir el cambio climático. Este será su primer presupuesto con esta nueva institucionalidad (SBAP) y creo que son contundentes las evidencias que nuestros ecosistemas necesitan ser protegidos y eso se hace con recursos”, adelantó a Pulso el senador Ricardo Lagos Weber de cara a la discusión presupuestaria 2024.

En los últimos años, los recursos estatales han priorizado el combate de los incendios forestales por lo que el parlamentario añade que buscará conseguir un compromiso del Estado para ir incrementando los presupuestos para la protección.

Participación de privados

“El camino hacia la autosustentación financiera de los Parques Nacionales requiere la colaboración entre diversas partes interesadas, incluyendo el gobierno, el sector privado, las comunidades locales y las organizaciones de conservación. Para que se encaminen hacia la autosustentabilidad financiera, los parques nacionales deben disponer de todos los elementos esenciales”, sostiene Miranda.

Asegura que ello implica equipamiento e instalaciones turísticas como lodges ecológicos, áreas de acampada sostenibles y centros de interpretación ambiental, que atraigan a visitantes conscientes del entorno, generando así ingresos.

“El sector privado puede aportar recursos y experiencia valiosos, pero la conservación a largo plazo y el desarrollo sostenible deben seguir siendo prioridades estatales. Así, el sector privado puede desempeñar un papel importante en el desarrollo sostenible de las áreas protegidas en la Patagonia chilena, aportando recursos financieros, experiencia en gestión y tecnología”, añade.

Fuente: Pulso

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Capacidad de la industria de Data Centers aumenta 20%

De acuerdo a un reporte de mercado realizado por Colliers, durante el primer semestre de 2023 la capacidad de megawatt de los data centers en Chile se incrementó un 20% en comparación con el primer semestre de 2023, pasando de 100 MW a 120 MW en 1 año.

«Esto se debe a que las empresas quieren tomar ventaja del cable submarino que conecta hoy con Norteamérica, y que en un futuro se ampliará con la incorporación del proyecto de Humbolt, que conectará a América con Asia y Oceanía. Las grandes empresas de cloud, principalmente de los Estados Unidos, han migrado a Chile y se han instalado en el mercado, absorbiendo un 80% de este”, afirma el estudio.

El análisis destaca que Santiago se ha potenciado como el centro que alberga la gran mayoría de data centers, debido a su ubicación, infraestructura, disponibilidad energética y conectividad. “Actualmente hay un total de 14 data centers funcionando activamente, y se espera la llegada de 23 nuevos centros. Los data centers que operan actualmente se ubican principalmente en Quilicura y Pudahuel, debido a que éstas son comunas que cumplen de mejor manera con las características necesarias de suelo para su desarrollo, y con accesibilidad y seguridad, aspectos muy valorados por los operadores”, explica Rebecca Emmons, Subgerente del Área de Datacenters de Colliers.

“Dado al fuerte crecimiento e inversión en energía renovable -que se ha mantenido en torno a los 6 mil millones de dólares- y al buen potencial que Chile tiene en este sentido, las perspectivas de nuevos desarrollos de data centers son muy positivas, pero es importante que se siga trabajando en la transmisión”, concluye el análisis.

FUENTE: COLLIERS

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Informe del Minvu: precio de materiales de construcción cae -8,7% anual en julio

Una nueva versión del Boletín Económico del Sector Vivienda destaca también el crecimiento de la actividad económica en dicho mes, junto con un repunte importante en los permisos de edificación y un aumento incipiente en las ventas de viviendas en Santiago.

El Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) publicó una nueva edición del Boletín Económico del Sector Vivienda con cifras actualizadas al segundo trimestre de 2023. Este boletín de difusión trimestral busca ser una herramienta para analizar y entender el estado actual de la economía y del sector construcción.

En esta publicación se muestra un panorama completo del sector construcción durante el segundo trimestre, en que destacan de forma positiva el crecimiento de la actividad económica en julio, de 1,8% según el IMACEC, superando las expectativas del mercado.

Por lo demás se consolida una fase de caída en precios de materiales de construcción, tendencia iniciada a mediados de 2022, con una variación anual del -8,7% según el Índice de Precios de Materiales e Insumos de la Construcción (IPMIC) del INE.

Asimismo, se marcó un aumento importante en los permisos de edificación, variando en 54% respecto de junio y 73% anual, esto último con un crecimiento del 82,5% en el destino habitacional. Junto a ello, se registró un aumento incipiente en las ventas de viviendas en Santiago, según lo informado por la Cámara Chilena de la Construcción.

Ante la entrega de este informe, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, comentó que “si bien la situación del sector construcción aún no se recupera completamente de la pandemia y la crisis posterior, tuvimos dos buenas noticias: el IMACEC de julio de 2023, que fue el más alto del año, y el crecimiento de los permisos de edificación. Por otro lado, se están reactivando las ventas y están cayendo los precios de los materiales de la construcción, lo que ha reactivado proyectos de vivienda social”.

Asimismo, en el informe se muestra que, si bien las expectativas de los agentes económicos continúan pesimistas, es posible observar un repunte respecto de meses anteriores, principalmente en relación con la inflación y nivel de tasa de política monetaria que podría impulsar paulatinamente la inversión en los próximos periodos.

Destaca, por lo demás, el impulso que los proyectos sociales están generando en todas las zonas del país según el Informe de Percepción de negocios de agosto y la generación de empleo asociado a la inversión por parte del Minvu durante el segundo trimestre (193.135, estimado por Dipres).

Resumen:

Indicadores macroeconómicos: baja actividad de la construcción, menor empleo y aumento de la informalidad. Para julio se presentan cifras más positivas

  • El PIB mostró una variación anual negativa durante el segundo trimestre de 2023 (-1,1%), mientras que el producto del sector construcción disminuyó en un 1,9% anual. En el caso del IMACEC, julio de 2023 registró un alza de 1,8, la más alta del año.
  • El trimestre enero-marzo presentó un retroceso de 63.424 empleos en el sector construcción, lo que equivale a una caída interanual de 8%.
  • La tasa de ocupación informal llegó a 26,9% a nivel nacional y a 36,2% en el caso de la construcción, 2,4 pp. más que hace un año.
  • Las remuneraciones nominales, a nivel general y para la construcción, presentan tasas de crecimiento anual de 10,3% y 7,2%, respectivamente.
  • El MINVU generó durante el segundo trimestre 193.135 empleos, el 41% de los puestos de trabajo resultantes de la inversión pública.

Precios y oferta de viviendas: caen los precios de acuerdo con el IPV, mientras sigue creciendo el stock de viviendas

  • El IPV tuvo una variación anual de -3,1%, misma variación para casas y departamentos durante el primer trimestre del año 2023. Esta caída es la segunda que se registra desde el segundo trimestre del año 2009.
  • El stock de viviendas en el Gran Santiago, al segundo trimestre de 2023, aumentó 7,1% anual, mientras las ventas un 33%.
  • Según Colliers y la CChC las ventas de vivienda en Santiago crecen 40,3% respecto al trimestre anterior y 33% respecto a un año.
  • El precio de materiales de la construcción, IPMIC, tuvo una variación anual del -8,7%, mientras que para la construcción de edificios se evidenció una caída de -6,8% anual.
  • La Superficie Total Autorizada creció un 73% comparada con julio 2023. En particular, la superficie con destino habitacional aumentó 82,5%. El total de viviendas autorizadas llegó a 11.934 unidades, lo que significó un alza de 104% anual.

Financiamiento habitacional: se desacelera el crecimiento de créditos mientras tasas hipotecarias bajan marginalmente

  • La tasa de interés de créditos hipotecarios promedió 4,24% en julio de 2023.
  • El número de cuentas de ahorro para la vivienda creció en 4,1% anual en mayo de 2023, acentuando una fase de desaceleración.
  • El saldo vigente de créditos hipotecarios aumentó un 9,9% en julio de 2023, presentando una ralentización en su crecimiento.

Las expectativas de inflación y tasa de interés mejoran, así como expectativas, aunque permanecen en zona de pesimismo

  • La percepción de consumidores, medida por el IPEC, llegó a 30,2 puntos, 8,7 pp. más que hace un año, pero continúa en la zona pesimista.
  • La confianza empresarial a nivel general menora en julio (41 puntos). En el sector de la construcción las expectativas continúan en la zona de pesimismo, con 26,4 puntos.
  • Las expectativas inflacionarias se ajustan a la baja, llegaría a 3,5% en los próximos 11 meses. Al igual se espera que la TPM alcance un 5% en el mismo plazo. Sin embargo, el consumo de los hogares en 2023 caería 3,8%, mientras la inversión lo haría en 3,5%, peor escenario al proyectado en meses anteriores.

El informe se encuentra disponible en el sitio web del Centro de Estudios del Minvu, https://centrodeestudios.minvu.gob.cl/

Fuente: Minvu

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El Gobierno federal publica nuevas normas para remodelar los contratos de concesión de carreteras

“Los nuevos contratos aportarán mayor seguridad y previsibilidad jurídica, lo que debería atraer a más inversores y garantizar la mejora de las infraestructuras en las principales autopistas del país”, afirma el Ministro de Transportes, Renan Filho.

La nueva política pública de remodelación y optimización de los contratos de concesión de carreteras del Gobierno Federal fue publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU) el pasado lunes (28). La Ordenanza nº 848/2023, emitida por el Ministerio de Transportes, entra en vigor el 1 de septiembre de 2023 e incluye prerrequisitos y criterios para la adaptación de los llamados contratos estresados.

Los pilares básicos de las directrices son la defensa del interés público; la viabilidad técnica, económica y jurídica; la ejecución, a corto plazo, de inversiones destinadas a garantizar la transitabilidad segura y la fluidez de la carretera, con la mejora de la capacidad del nivel de servicio; y la modicidad tarifaria.

Según el ministro de Transportes, Renan Filho, una reciente decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que permite la renegociación de los contratos sin necesidad de volver a licitar los activos, fue fundamental para definir la nueva política pública. Calificando de “innovadora” la decisión del Tribunal de Cuentas, Renan Filho recuerda que la medida tiene el potencial de inyectar R$40.000 millones (cerca de US$8.000 millones) en los sectores ferroviario y vial durante los cuatro años del actual gobierno, al posibilitar la reanudación de las inversiones.

“En consonancia con las prácticas jurídicas modernas, la decisión del TCU es un parteaguas para las concesiones del país y una gran victoria para nuestro gobierno: desbloquea inversiones, da seguridad y califica el servicio prestado”, afirma el ministro de Transportes, Renan Filho. “Los nuevos contratos traerán mayor seguridad y previsibilidad jurídica, lo que deberá atraer más inversores y garantizar la mejora de las infraestructuras en las principales carreteras del país”, afirma.

Aspectos destacados de la nueva política pública

  • Presentación de estudios para demostrar la ventaja de firmar una enmienda para ajustar y optimizar el contrato de concesión;
  • Los contratos serán actualizados de acuerdo con la política pública en vigor,
  • Renuncia a todos los procedimientos judiciales, administrativos y de arbitraje existentes;
  • Inicio inmediato de las obras, preferentemente para aumentar la capacidad y la seguridad vial;
  • Anticipación del calendario de ejecución de las obras;
  • Previsión de un ciclo de obras de mantenimiento y restauración del pavimento y señalización en todo el tramo, para restablecer las condiciones mínimas de seguridad y transitabilidad en el primer año de la enmienda;
  • Previsión de un ciclo de obras de señalización y restauración del pavimento, de carácter estructural, en un plazo máximo de tres años, en los tramos con parámetros inferiores a los establecidos;
  • Tarifas de peaje inferiores a las previstas en los estudios en curso o en la media de los estudios en curso ya sometidos a audiencia pública;
  • Previsión de un mecanismo de reclasificación tarifaria vinculado a la ejecución de las obras;
  • Previsión de una prórroga del contrato de un máximo de quince años;
  • Seguimiento y fiscalización diferenciados, por medio de un cronograma de ejecución de las obras y parámetros de desempeño;

Procedimientos

El seguimiento y la inspección de los nuevos contratos serán responsabilidad de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que contará con verificadores independientes para auditar el tráfico y los ingresos, evaluar el cumplimiento de los parámetros de rendimiento y evaluar técnicamente las obras en ejecución. La inspección tendrá lugar preferentemente cada tres meses y, además de comprobar el cumplimiento de los parámetros preestablecidos, supervisará la ejecución de las obras.

Fuente: CLAS

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Producción de cobre en Chile a julio alcanza su menor nivel en más de una década, arrastrada por Codelco

Pese a que durante el séptimo mes del año la elaboración del metal rojo en la industria minera local encadenó dos meses consecutivos con leves incrementos interanuales, en siete el indicador no repunta y se ubica en su nivel más bajo desde 2011, principalmente arrastrado por la caída del 11% que registra Codelco. Expertos prevén que la producción de la estatal en 2023 se ubicará por debajo de lo estimado por la minera.

Codelco atraviesa por un mal año y aquello ha arrastrado las cifras de producción completa del sector. En los primeros siete meses del año, entre enero y julio, la producción de Codelco suma las 808.900 toneladas de producción, su peor desempeño para los primeros siete meses del año desde 2003, según cifras publicadas este lunes por la Comisión Chilena de Cobre (Cochilco). Ese nivel se traduce en una caída de 102.200 toneladas frente a igual lapso de 2022, marcando un descenso del 11,2%. La baja, sin embargo, fue menor en julio, con 124 mil toneladas, un 2,6% menos que en igual mes del año pasado.

En el año, la menor producción de Codelco supera, por sí sola, la merma global de la industria local. De acuerdo con lo reportado por Cochilco, la elaboración del metal rojo alcanzó entre enero y julio un total de 2.959.200 toneladas de cobre fino, el nivel más bajo para la industria local desde 2011, cuando fue de 2.944.300 toneladas. La cifra de este año es menor en 97.500 toneladas al período enero-julio de 2022, menos que la merma de Codelco. En julio, la producción en el país subió 1,7% en julio, hasta 430.800 toneladas, marcando así su segundo mes consecutivo de leves alzas interanuales.

Con todo ello, la participación de Codelco sobre el total de la producción de cobre en Chile cayó al 27,3%, ubicándose por debajo del 30,8% que promedió durante los últimos 10 años. El desempeño en 2023 de Codelco equivale a una caída de 3,2 puntos porcentuales frente a la cuota de los siete primeros meses del año pasado.

Desempeño privado

En la minería privada, no todas las compañías operan con números azules en términos productivos. Entre las que sí mejoran su desempeño destaca Escondida, el mayor yacimiento mundial de cobre, operado por la anglo australiana BHP. En los primeros siete meses, su producción se empina hasta 641 mil toneladas de cobre fino, 30 mil más que lo visto en el mismo período previo. La minera de BHP -que controla el 57,5% del yacimiento, junto al 30% de Río Tinto y el 12,5% del consorcio japonés Jeco- ha mejorado su producción un 4,9%.

Le sigue Los Pelambres, el principal yacimiento productivo de los cuatro operados en Chile por Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic. Dicho plantel acumula 162 mil toneladas de producción entre enero y julio, 26 mil toneladas más que el registro previo, un alza del 19% frente al mismo lapso del año previo.

En la vereda opuesta asoma Collahuasi, controlada en partes iguales por Anglo American y Glencore, con un 44% cada una, la que ha reducido su producción en más de 27 mil toneladas en 2023, llegando a las 309 mil toneladas a julio, un 8% menos que en 2022.

Le sigue El Tesoro, una de las dos operaciones que Antofagasta Minerals agrupa bajo Minera Centinela, el que produjo 42 mil toneladas entre enero y julio, 22% menos que en igual lapso de 2022.

Codelco cuesta arriba

Para el analista senior de industria minera de Plusmining, Andrés González Eyzaguirre, si bien durante julio “han habido caídas productivas relevantes en activos privados como Collahuasi, a causa de menores leyes de mineral en función a su plan minero, la causa fundamental de la caída en lo que va del año radica en las operaciones de Codelco”.

Fuente: Pulso

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Castillo Wulff: La icónica construcción de Viña del Mar inspirada en una mansión de Liechtenstein que ahora buscan rescatar

Fue construido en 1906 junto al mar sobre unos roqueríos por iniciativa de Gustavo Adolfo Wülff Mowle, un alemán radicado en Chile y encargado al arquitecto Alberto Cruz Montt.

Entre los numerosos palacios y castillos que se aprecian en Viña del Mar, hay uno que llama especialmente la atención de los turistas. Uno construido al lado del mar sobre unos roqueríos, con un puente estilo medieval que da hacia una torre.

Es el Castillo Wulff, declarado monumento histórico en 1995, y que ahora la Municipalidad viñamarina decidió intervenir para intentar restaurarlo y recuperarlo.

Para esto, el municipio abrió un llamado a licitación pública para una consultoría de diseño del proyecto de restauración, por un monto de $307 millones, proveniente de un programa de revitalización de infraestructura patrimonial emblemática de la Subdere. La consultoría deberá desarrollar el proyecto de arquitectura y refuerzo estructural de la construcción.

«A la inauguración del Museo Palacio Vergara, el impulso al Palacio Rioja y la próxima reapertura del Teatro Municipal, hemos sumado el objetivo de intervenir el icónico Castillo Wulff, poniendo en valor su importancia como referencia turística de la ciudad», explicó la alcaldesa, Macarena Ripamonti, quien comentó que «esperamos avanzar rápidamente con esta etapa y comenzar su restauración».

Requirió una autorización especial para levantarse a la orilla del mar

El Castillo Wulff se levanta a la orilla del mar, entre la desembocadura del Estero Marga-Marga y el balneario Caleta Abarca, en Viña del Mar.

Fue construido en 1906 por iniciativa Gustavo Adolfo Wülff Mowle, un hombre de negocios y filántropo alemán radicado en Chile, que tuvo la idea de vivir en una casa emplazada sobre un roquerío, inspirada en una antiquísima mansión de Liechtenstein.

Para concretar esta extravagante idea, debió solicitar un permiso especial al Estado de Chile para poder edificar a la orilla del mar, el que le fue concedido en 1904. La construcción, de dos pisos y de estilo alemán y francés, se realizó durante los años 1905 y 1906. Al comienzo, era una estructura de piedra recubierta con madera, que contaba con una sola torre. Según consiga el Consejo de Monumentos Nacional (CMN), años más tarde, Wülff le encargó al arquitecto Alberto Cruz Montt transformarlo en castillo. Para esto, se reemplazó la madera por piedra y se levantó una segunda torre, dándole un aire medieval.

En 1920 se agregó el torreón circular característico del edificio, que está sobre una roca y se conecta con la estructura principal por un puente. También se le agregó el piso transparente que permite ver los requeríos y el mar.

Gustavo Wülff ocupó el castillo hasta su muerte, en 1946. Tras esto, fue heredado a doña Esperanza Artaza Matta, quien modificó el castillo quitándole dos de sus tres torres y ampliando su entrada principal.

En 1960 lo vendió a la Municipalidad de Viña del Mar. Ese mismo año la Armada lo solicitó para que allí funcionara el Museo Naval y Marítimo. Así fue hasta 1984, cuando la institución decidió trasladar el museo al antiguo edificio de la Escuela Naval en Playa Ancha.

El Castillo Wülff quedó desocupado hasta 1989, cuando fue entregado en comodato por 15 años para la instalación del Museo de la Cultura del Mar, dependiente de la Dibam.

En 2001 volvió a manos de la Municipalidad de Viña del Mar, que instaló allí diversas dependencias y oficinas municipales. Desde el 2005 en adelante ha sido sede de la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Viña del Mar, y al mismo tiempo un centro de exposiciones.

Por su valor arquitectónico, histórico, cultural y por su identificación con Viña del Mar, que hacían necesaria su protección, se declaró monumento histórico el 20 de septiembre de 1995.

Fuente: Emol.com

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Lambayeque y Piura inician construcción de defensas ribereñas en río Olmos

Con una inversión de 8.7 millones de soles se iniciaron los trabajos de construcción de defensas ribereñas en el río Olmos destinadas a proteger de eventuales inundaciones a 27 centros poblados de los distritos de Olmos y Jayanca, región Lambayeque; y en Huarmaca, región Piura, informó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

Precisó que estos trabajos forman parte de un megaproyectos que busca reducir el impacto de las lluvias en ambas regiones ante el anunciado evento el Fenómeno El Niño.

Según informó la ARCC, las obras corresponden a la construcción de diques con enrocado y gaviones, como sistemas de protección y encausamiento en las quebradas Huásimo y Chaquiros, ubicadas en la localidad de Nueva Esperanza, distrito de Olmos, provincia y departamento de Lambayeque.

La intervención constituye el inicio de una serie de obras que ejecutará la ARCC en la cuenca de Olmos, dentro del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de protección frente a inundaciones en la cuenca del rio Olmos, en 27 centros poblados en los distritos de Olmos, Jayanca y Huarmaca en la provincia de Lambayeque del departamento de Lambayeque y la provincia de Huancabamba, departamento de Piura”.

Los beneficiarios con los trabajos que ejecutará la ARCC son los pobladores del sector ubicado entre las quebradas de Huásimo y Chaquiros, así como en el área aledaña a la carretera Fernando Belaunde, con una población de 412 habitantes en la Pilca y de 117 habitantes en Nueva Esperanza.

Los trabajos también comprenderán la protección de las áreas de cultivo (35 hectáreas) que serán protegidas por el planteamiento de la solución integral al control de inundaciones de las quebradas.

La cantera evaluada y autorizada para extraer la roca destinada al enrocado y roca para gavión es la denominada cantera Nueva Esperanza, que se ubica en el cauce de la quebrada Chaquiros.

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Cusco busca inversión por S/ 6,000 mlls, esta es su cartera de proyectos

Para reducir las brechas de infraestructura y servicios públicos, la región de Cusco tiene un ambicioso plan de concretar 133 proyectos por un monto de inversión superior a S/ 6,000 millones.

Se trata de obras de alto impacto en sectores salud, educación, saneamiento, transporte, inmobiliario, desarrollo productivo, entre otros, cuyas ejecuciones fortalecerán el crecimiento económico y desarrollo sostenible del departamento, mejorando la calidad de vida de los cusqueños. Estos se tienen previsto ejecutar mediante las modalidades de Asociaciones Público-Privadas (APP), Proyectos en Activos y Obras por Impuestos (OxI).

Durante el foro Cusco Invierte, organizado por ProInversión, el Gobierno Regional del Cusco presentó 92 proyectos por S/ 4,430 millones: 86 proyectos de Obras por Impuestos por S/ 3,090 millones y 6 proyectos de APP y Proyectos en Activos por S/ 1,340 millones.

Entre ellos destacan, mediante OxI, el proyecto Mejoramiento y Ampliación de atención del Hospital de Apoyo Departamental de Cusco, por S/ 1,150 millones y Mejoramiento del Servicio de Educación del Colegio Nacional de Ciencias, por S/ 150 millones. Por APP resaltan el Tren de cercanía Cusco-Chinchero–Urubamba por US$ 200 millones (S/ 750 millones) y el Teleférico de Calca por US$ 40 millones (S/ 150 millones).

Por su parte, la Municipalidad Provincial del Cusco presentó en total 41 proyectos por S/ 1,578 millones: 33 proyectos mediante Obras por Impuestos, por S/ 721 millones, y ocho proyectos APP y Proyectos e Activos por S/ 857 millones.

Entre los proyectos OxI presentados están: Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Humberto Luna, por S/ 76 millones, y el Mejoramiento y Ampliación del Mercado de Abastos de Rosaspata, por S/ 23 millones.

También está el Centro de Convenciones turísticos en la ciudad del Cusco, con una inversión en infraestructura de US$ 16 millones. Aún por definir bajo que modalidad irá.

“Estos proyectos marcan la ruta a futuro que debemos seguir de manera conjunta para generar infraestructura y servicios públicos de calidad en Cusco”, resaltó el director ejecutivo de ProInversión, José Salardi.

Añadió que los proyectos presentados recibirán un acompañamiento técnico de ProInversión que permita su ejecución y entrega, en beneficio de la población.

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, expresó que desde el Gobierno Regional vienen promoviendo la inversión privada porque es necesaria.

“Hoy en Cusco tienen el espacio adecuado para realizar sus inversiones, y desde el Gobierno Regional garantizaremos el cumplimiento de los compromisos asumidos. Así, juntos podamos escribir la historia que corresponde, para el Cusco y el Perú”, expresó.

Más proyectos

ProInversión mencionó que viene promoviendo mediante APP diversos proyectos de inversión en beneficio de los habitantes de Cusco, entre los que resaltan el Teleférico de Choquequirao (US$ 190 millones) y la PTAR Cusco (US$ 44 millones).

El proyecto de iniciativa estatal “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Parque Arqueológico Choquequirao en la región Cusco”, tiene como objetivo generar facilidades de acceso turístico al monumento arqueológico, una adecuada presentación para la visita al monumento, y establecer una eficiente gestión y planificación turística en la Unidad Productora de Servicios Turísticos del Monumento Arqueológico.

Al respecto, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, señaló su importancia y la necesidad de que existe un espacio para que participe el aparato empresarial de Cusco aportando su conocimiento y experiencia.

La PTAR Cusco, que va a mejorar y ampliar la capacidad de la PTAR San Jerónimo, actualmente está en fase de estructuración. La iniciativa contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de las aguas residuales por un plazo de 23 años, en beneficio de una población futura cercana a los 750,000 habitantes de la ciudad de Cusco.

Fuente: Gestión

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Se acabó Majes II: Angostura resuelve contrato de concesión, en Arequipa

Arequipa. Tras trece años de idas y venidas, la concesionaria Angostura Siguas S.A, integrada por la empresa Cobra, resolvió unilateralmente el contrato de construcción, operación y mantenimiento de Majes Siguas II, valuado en US$ 655 millones. Con la aprobación de la Adenda 13 en 2022, el proyecto agroindustrial aumentó su costo en US$ 104 millones.

Santiago Hernández Cataño, gerente general de la concesionaria, comunicó la decisión en una nueva carta dirigida al gobernador regional Rohel Sánchez este 1 de setiembre, un día después de que Sanchéz anunciara un arbitraje de derecho contra la transnacional.»Considerando los graves incumplimientos imputables al concedente, nos vemos forzados a tomar la decisión de dar por configuradas las causales de terminación anticipada (…) y por lo tanto dar por resuelto el contrato», señala parte de la misiva de Cobra.

La versión del concesionario es que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) «lejos de reconocer sus incumplimientos (…) los ha negado». Entre las acusaciones está la no entrega de los terrenos para las obras de la primera y segunda fase (control del proyecto), no revisar y aprobar obras nuevas, no contratar supervisión especializada y otros. La entidad regional respondió que son falsas las acusaciones y que no hay impedimentos para que no se reactiven las obras.

Además, la concesionaria cuestionó los incumplimientos que le achaca el GRA y las calificó de «artificiosas». El privado esgrime que el plazo para subsanar las observaciones era hasta el 31 de agosto, luego que activara la caducidad para resolver el contrato el 22 de junio. Vencido «se configura las causales de terminación anticipada», señala.

Cobra, además, advierte que se reserva el derecho de reclamar el pago de los daños y perjuicios ocasionados por encima de los US$ 200 millones ante la resolución por caducidad del contrato. Ante la postura tomada, pide al GRA nombrar una persona jurídica que actúe de interventor, que se fije fecha para la entrega de todos los bienes de la concesión, que se valorice el avance de obras y la devolución del monto de la garantía de fiel cumplimiento.

Hay que señalar que el GRA entregó a la concesionaria US$162 millones, pero hay un reducido avance en el proyecto. Además se achaca que Cobra no cumplió en incrementar las garantías que hoy exige. La postura del GRA, es que quién no quiere cumplir con el contrato es Cobra.

Para el exgerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Isaac Martínez, con la resolución unilateral está cantado el arbitraje internacional que solicitará Cobra. «Huele a arbitraje que puede durar años», sostuvo. Lo siguiente, indicó, es realizar un inventario de saldo de obra junto con valorizaciones.

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Remediación de pasivos mineros en proyecto Caridad supera el 60% de ejecución de obras

  • Empresa pública viene controlando los altos riesgos de contaminación a los que se veía expuesta la población y el medio ambiente.

Lima, setiembre de 2023.- La empresa pública Activos Mineros SAC (AMSAC) informó que avanza exitosamente con el cierre ambiental de los pasivos de origen minero existentes en el proyecto de remediación Caridad, ubicado en el distrito de Carampoma, provincia Huarochirí (Lima), cuya ejecución fue encargada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

El proyecto tiene como objetivo controlar los altos riesgos de contaminación que afectan a la población y al medio ambiente; y que comprenden, en su primera etapa, el cierre de 90 pasivos mineros de alto y muy alto riesgo, entre los que se encuentran: desmontes de mina, relaves, bocaminas, entre otros; los cuales están distribuidos en las microcuencas Caridad y Tacsacocha así como la quebrada Caranacunca.

El gerente de Operaciones de AMSAC, Ysmael Ormeño, señaló que, como parte de las acciones de remediación, se vienen desarrollando trabajos de estabilización física y geoquímica, lo que ha implicado la remoción de más de 210,000 metros cúbicos de residuos mineros, así como la cobertura de alrededor de 50,000 metros cuadrados; lo que permitirá la impermeabilización de los desmontes y relaves.

“Al cierre del primer semestre, registramos un avance acumulado en la ejecución de la obra de 60%. Esta cifra es superior en 20% a lo programado en el calendario de actividades operativas para esta intervención”, indicó.

Sumado a ello, Ormeño proyectó que, al cierre del 2023, la ejecución de la obra debería alcanzar el 75% incluyendo para este periodo actividades de estabilización hidrológica.

Impacto social en comunidades

El proyecto Caridad beneficia alrededor de 8,500 peruanos y peruanas ya que es fuente de empleo, así como de contratación de bienes y servicios, lo que implica la dinamización de la economía local.