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El Tren Maya ha requerido 156,602 mdp en 10 meses: Sectur

La dependencia también informó que el Tramo 2 (Escárcega-Calkiní) es el que tiene mayor avance general (de 79%), seguido del Tramo 1 (Palenque-Escárcega), con un 77% de avance.

La Secretaría de Turismo informó que, de septiembre de 2022 a junio de 2023, se invirtieron 156,602.53 millones de pesos en la construcción del Tren Maya y que al cierre del primer semestre del presente año el tramo 2 (Escárcega-Calkiní) es el que tiene mayor avance general, de 79%, seguido del tramo 1 (Palenque-Escárcega), con 77%, el tramo 3 (Calkiní-Izamal), con 76%, y el tramo 4 (Izamal-Cancún), con el 70 por ciento.

Sin embargo, los tramo 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen), 5 Sur (Playa del Carmen-Tulum), 6 (Tulum-Chetumal) y 7 (Chetumal-Escárcega) tienen avances menores al 27%, a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador planea inaugurar la obra en diciembre próximo y el próximo fin de semana realizará un recorrido a bordo del tren, como parte de su proceso de supervisión.

Además, como parte de sus actividades de impulso al desarrollo turístico integral mediante esquemas de coordinación interinstitucional para favorecer la generación de bienestar en destinos turísticos, ya se hizo la “entrega del proyecto prioritario Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.

A la fecha, la obra pública ha requerido de una inversión superior a los 400,000 millones de pesos, a pesar de que el último dato oficial compartido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) lo ubicó en 230,000 millones de pesos el año pasado.

Para la Secretaría de Turismo, a cargo de Miguel Torruco, el Tren Maya, tiene como objetivo impulsar el desarrollo socioeconómico de la región sureste del país, a través de un servicio de transporte de pasajeros y carga que interconectará Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

También se buscará promover “una gran oferta para facilitar al turismo nacional e internacional, el acceso a destinos y atractivos muy diversos y con ello propiciar una derrama económica local, oportunidades laborales y de distribución de la riqueza”.

Como parte de sus actividades del último año, relacionados con el proyecto ferroviario, recordó que se realizaron las gestiones con la SICT para la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) respecto a las nuevas asignaciones del FONATUR, FONATUR Tren Maya y la empresa Tren Maya, a fin de formalizar la participación de las dos empresas para la consecución del tren, lo que implicó que la Sedena quede a cargo total. En el último año, derivado de la consulta indígena del Tren Maya, la secretaría elaboró estudios de prefactibilidad turística en 29 comunidades de la zona de influencia y entre las comunidades relacionadas están: Sahcab Mucuy, Cenote Nohoch Ha, Ta’akbil Ja y Ta’akbil Ja.

Y, como parte de la política de la 4T, se destacó que: ante las complicaciones económicas, en lugar del rescate de las grandes empresas que pedían por todos los medios, se profundizó en los programas sociales y en las grandes obras de infraestructura que habían sido planeadas desde el inicio y que tienen un impacto turístico innegable. El Tren Maya y el Interoceánico, los aeropuertos nuevos y en construcción, la nueva refinería, carreteras, presas, infinidad de obras urbanas en ciudades y pueblos, grandes y pequeños, muchos con el sello de Pueblos Mágicos.

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“Se entiende que suba el riesgo país, pero no que se paguen más siniestros por revueltas sociales”: aseguradora internacional

Con un nuevo líder en Colombia y tras pagar la contingencia de Hidroituango, Mapfre se prepara para seguir creciendo en el país y disputar una mayor porción del mercado.

La aseguradora española Mapfre, que llegó a Colombia desde 1984 tras la compra de Seguros Caribe, tomó la decisión de convertir al país en la punta de lanza para su estrategia de crecimiento en Centro y Suramérica. Para ello, en este año tiene previsto invertir en proyectos encaminados en fortalecer las relaciones con sus grupos de interés, mejorar su portafolio en productos de vida y su eficiencia operativa.

Rafael Prado González, nuevo CEO de la aseguradora para Colombia y quien venía de la operación en Perú, junto a Antonio Huertas, presidente mundial de Mapfre, quien estuvo de visita en el país, señalaron que los seguros son una actividad no solo comercial, sino también social, pues permiten protegerse ante diversos riesgos, que en caso de materializarse, pueden implicar una ruina financiera. Pusieron el caso de la creciente siniestralidad derivada del cambio climático, que, respecto a América Latina, tiene una muy baja cobertura en seguros. De hecho, estiman que en los últimos cinco años la media de siniestros climatológicos ha sido de 120.000 millones de dólares y apenas el 20 % de los habitantes de la región tienen coberturas para estas tragedias naturales, que en muchos casos no solo destruyen viviendas, sino que llevan al cierre de empresas o zonas que nunca logran recuperarse, con su respectivo impacto económico y social.

También resaltaron las amenazas asociadas a los ciberataques, los cuales están incrementando en frecuencia. A pesar de ello, las empresas continúan mostrando resistencia a protegerse contra este tipo de eventualidades.

Ambos directivos destacaron que Colombia es un país con un alto conocimiento técnico en seguros, pero que tanto en este como en otros mercados es necesaria la confianza para que cada vez más gente se asegure. “Se puede cubrir con seguros lo que se puede prever, por eso esta actividad requiere de una economía previsible”, puntualizaron y dijeron que Colombia hasta ahora ha tenido esa estabilidad.

No obstante, señalaron que la reciente subida del llamado riesgo país no es mala per se, mientras se tengan soluciones para corregirla, pero que lo que no puede pasar es que en Colombia permanentemente se esté pagando más siniestros por las revueltas sociales.

Opinaron que, si bien Colombia es uno de los países mejor preparados para abordar las transiciones energética y digital, no le sirve crecer a niveles de 1 % o 1,3 %. ”Eso es completamente insuficiente. Es economía de subsistencia y se tienen que preparar planes más transformadores para que se pueda acelerar el paso. Es un plan a 15 o a 20 años, con fases de 2 a 5 años”, indicó Huertas.

Los dos directivos de Mapfre también se refirieron al pago que realizaron por 983 millones de dólares a Hidroituango por la póliza ‘Todo Riesgo Construcción’ que tenía el megaproyecto tras los problemas y retrasos que presentó. Para los directivos de la aseguradora española este proceso indemnizatorio fue todo un éxito y una prueba de la utilidad de los seguros, así mismo destacaron que lograron aglutinar a un grupo de entre 10 y 12 reaseguradoras mundiales para apalancar este pago.

Mapfre tiene presencia en 19 ciudades del país con 700 colaboradores, 88 oficinas y 1.950 intermediarios. En 2022 logró afianzar su operación con más de 1,6 millones de clientes y un incremento en primas del 12,6 %.

Para este año, prevé terminar con primas superiores a los 2 billones de pesos, un crecimiento de más del 15% y un alcance de 1,8 millones de clientes, con el fin de consolidarse dentro del top 5 del mercado asegurador nacional.

Las cifras de Fasecolda indican que las 46 aseguradoras que operan en el país reportaron primas por 24,1 billones de pesos en el primer semestre de 2023, 22,2 % más que un año atrás. Sura Vida, Alfa Vida y Bolívar Vida (todas colombianas) son las de mayor facturación, cada una con primas por encima de 1,7 billones de pesos. Mapfre se ubica como la primera aseguradora de origen internacional con 968.000 millones de pesos.

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La Contraloría abrió proceso en contra del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, por posibles irregularidades en un contrato de alumbrado público

La irregularidades por más de 20 mil millones de pesos están relacionadas con un contrato para el servicio de alumbrado en Villavicencio, cuando Zuluaga se desempeñaba como alcalde de esa ciudad.

SEMANA conoció que la Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de alumbrado de Villavicencio, cuando se desempeñaba como alcalde de esa ciudad.

De acuerdo con la Contraloría, en el auto 0238 del 23 de junio de 2023, durante su administración como alcalde de Villavicencio, entre los años 2012 y 2015, Zuluaga modificó mediante un acta las condiciones del contrato de concesión del alumbrado público, favoreciendo al privado al haber incorporado la metodología de los costos máximos definidos. Lo anterior, se habría hecho a pesar de no contar con las condiciones técnicas y financieras establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Dichas actuaciones, según la Contraloría, “afectaron económicamente el contrato desde mayo de 2015 hasta su liquidación, en contravía de los intereses del municipio y específicamente de la prestación del servicio de alumbrado público”.

Además, el órgano de control advierte que para el año en que se suscribió la modificación al contrato de concesión, el concesionario no había realizado la modernización permanente a la que estaba obligado, “ya que el alumbrado público del municipio no contaba con un sistema eficiente de energía eléctrica que generara ahorro y que cumpliera con el uso racional de la energía”.

El proceso por responsabilidad fiscal se hace por por más de 20 mil millones de pesos y vincula también como posibles responsables fiscales al jefe de la oficina de contratación de la época, Juan Mario Flórez; al concesionario del servicio de alumbrado público “Iluminación Villavicencio S.A.S.”, del poderoso contratista William Vélez, y a la empresa a cargo del contrato de interventoría.

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Este fue el contundente mensaje del expresidente Duque al Presidente Petro por la crisis en el sector energético

Político, gremios, entidades, empresas se han pronunciado por el futuro de la prestación del servicio de energía en Colombia.

En Colombia, desde la semana pasada, diferentes gremios del sector energético alzaron la mano para pedir ayuda. Por una parte, las electrificadoras advirtieron inminente apagón financiero, se vería en riesgo servicio de la energía, y por el otro, si bien la presidente de Acolgen, fue enfática en manifestar que no hay riesgos de apagones, precisamente en la manera como se contrata la energía en el país, si le pide al Gobierno nacional mayor atención a lo que podría ocurrir en 2026, porque lo que podría ocurrir es posible racionamiento del servicio.

La explicación que da Gutiérrez es que el colchón de la demanda de energía que a hoy, año 2023, está en 9,5 % y este llegaría a 2025-2026 a 2,5 %, situación que aumentaría las decisiones de racionamiento de energía en el país, advierten los expertos. Según como lo manifestó la líder gremial, estas cifras fueron recogidas de los informes de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y agregó que el 80 % se negocia a largo plazo a través de contratos bilaterales o por mecanismos, y solo el 20 % se negocia en bolsa y se ve tan solo reflejando en 7 % en el valor del precio de la factura que pagan los colombianos.

Ahora bien, teniendo claro este panorama, el expresidente Iván Duque respondió al presidente actual de la República, Gustavo Petro por crisis del sector energético. En días pasados, el presidente Petro señaló que por consecuencia de una opción tarifaria que creó el expresidente Duque existe una deuda de superior a 5 billones de pesos en el sector de empresas comercializadoras de energía.

“La opción tarifaria la creo Duque de una manera similar a como lo hizo con el déficit del fondo de la gasolina pero en energía eléctrica. Decidió unas tarifas de energía eléctrica más bajas de lo que debería cobrar normalmente en los tiempos del covid; pero lo hizo no con cargo a las utilidades del sector eléctrico, sino como una deuda de los usuarios que se acumuló y que deben pagar ahora. Al final de su gobierno esa deuda asciende a 5 billones de pesos y deben ser pagados”, indicó el mandatario Petro.

El expresidente Duque respondió en su cuenta de X (Antes Twitter). ”A las cortinas de humo del populismo, una vez más, la verdad les da una lección. A las comercializadoras las está quebrando el populismo”, respondió quien gobernó a Colombia entre 2018 y 2022.

El hecho también ocasionó la respuesta del exministro Mesa del Gobierno Duque, quien indicó que la opción tarifaria se creó en la Ley 143 de 1994 y la han aplicado, voluntariamente, comercializadoras de energía en múltiples gobiernos, la más reciente durante el Gobierno actual. “Es falso que estos mecanismos, que han operado con normalidad en más de cinco gobiernos, los haya creado el gobierno Duque”.

De otro lado, por medio de una carta que envió la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) al ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, quedó evidenciada la preocupación por la situación de liquidez que atraviesan las empresas comercializadoras del país.

“Continúa empeorando debido a las demoras y la falta de medidas para mitigar el efecto de los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria, así como de otras deudas de entidades estatales que se estiman en dos billones de pesos y que agravan la exigencia en el flujo de caja y en la liquidez”, sostuvo José Camilo Manzur, director de Asocodis.

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Vía al Llano: reabren el tránsito para motos y carros particulares con ciertas restricciones

La ANI activó la fase tres del plan de contingencia sobre la vía al Llano, aunque hay restricciones para los automotores.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) activó este jueves, 31 de agosto, la fase tres del ‘plan de contingencia’ sobre la vía al Llano: habilitó el paso para motociclistas y carros particulares, sumado a los vehículos de servicio público de pasajeros y transporte especial que circulan desde este miércoles, con ciertas restricciones.

Los conductores deberán respetar los horarios de apertura y cierre, así:

  • Sentido Bogotá – Villavicencio: apertura a las tres de la mañana y cierre para el último automotor a las dos de la tarde, en el sector de Uval.
  • Sentido Villavicencio – Bogotá: apertura a las cinco de la mañana y cierre para el último automotor a las cuatro de la tarde, en el CAI Buenavista.

Vale la pena aclarar que los vehículos que lleguen a los puntos de control luego del horario del cierre, no se les permitirá la circulación, solo a los conductores autorizados de la región. Es decir, los que demuestren un vínculo con el sector, sea residencial, laboral o comercial, entre otros.

Habrá cierre de la vía, de manera temporal o de larga duración, en dado caso de que se presenten fuertes lluvias; temblores que superen la escala tres o que sean perceptible en el sitio; desprendimiento de material; deslizamientos, crecientes súbitas y/o avenidas torrenciales producto de movimientos sobre el cauce del río Negro.

También se contemplará un bloqueo por “afectación estructural; combinación de dos o más factores anteriores o en otros puntos de afectación como el K50+100, K54+000, K55+000, K56+600, K58+000, K64+000, manifestaciones u otros no identificados”, aclaró la Agencia Nacional de Infraestructura.

Finalmente, la entidad reiteró que, de momento, está prohibida la circulación de vehículos de carga C3-S2 con PBV mayor a 48 toneladas y C3-S3 con PVB mayor a 52 toneladas. De igual manera, los que tengan cargas extradimensionadas con ancho mayor a tres metros y PBV mayor a 52 toneladas.

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EPM revela contrato confidencial de Hidroituango por orden de un juez

El contrato de seguros lo asumió con Mapfre por 983 millones de dólares, tras la contingencia de 2018.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) divulgó el acuerdo confidencial al que llegó con la aseguradora Mapfre en medio de la reclamación por la póliza de riesgos, tras el siniestro que puso a tambalear a Hidroituango en 2018. Después de una intensa negociación, el pacto se cerró por 983 millones de dólares a favor de la compañía antioqueña.

El documento estaba bajo reserva por petición de la empresa extranjera. Sin embargo, un juzgado le quitó el misterio al papel y ordenó su publicación inmediata, luego de una tutela que presentó el concejal y hoy candidato a la administración distrital, Daniel Duque. El togado anunció que el proceso era público, entendiendo la naturaleza jurídica de EPM.

El gerente de Empresas Públicas, Jorge Andrés Carrillo, indicó que el oficio contenía una cláusula de confidencialidad que frenaba su publicación, pese a la insistencia de la opinión pública por conocer los detalles del tratado: “No podíamos entregarlo porque estaríamos incumpliendo. No hay nada qué ocultar. Ojalá lo hubiéramos podido entregar antes”.

EPM no estaba al frente de algo menor. Los seguros tenían dos rubos y estaban cubiertos por altas cantidades de dinero: daños materiales en la construcción por 2.556 millones de dólares y el lucro cesante -por la no entrada en la operación del proyecto- por 628 millones de dólares. Como el daño no fue en toda la obra, Mapfre no entregó toda la plata.

El proceso de reclamación inició en 2018, después de la contingencia de mayo de ese año que afectó a Hidroituango. En ese momento, el monto probable de la indemnización fue de 2,8 billones de pesos, pero se lograron 4,3, tras el proceso de responsabilidad fiscal que profirió la Contraloría General de la República, categorizado como daño patrimonial.

Entre 2019 y 2021, mientras negociaba con EPM, Mapfre hizo tres anticipos que sumaron 350 millones de dólares. Cuando entró a la discusión el ente de control, se aceleró el pago de la deuda: con los 983 millones de dólares se cubrió el 90 por ciento del monto que fijó la Contraloría, el resto se logró con consignaciones de otras aseguradoras de Hidroituango.

Socio mayoritario de Hidroituango le pide a EPM que suelte la construcción y operación de la obra

La Gobernación de Antioquia, accionista mayoritario de la Sociedad Hidroituango, puso contra las cuerdas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), contratista de la iniciativa: le pidió que suelte la construcción y operación de la hidroeléctrica a cambio de frenar las demandas que están en trámite por incumplimientos en el contrato del megaproyecto.

La propuesta la presentó el gobernador Aníbal Gaviria Correa en una carta que remitió al gerente y a la junta directiva de la compañía de servicios públicos. Allí, expresó malestar por una cifra revelada por EPM: la obra tiene un saldo negativo de 960 millones de dólares calculado a 50 años. Es decir, no produciría ganancias y las pérdidas serían millonarias.

“No puede ser que, en 50 años de operación de la hidroeléctrica, EPM gane miles de millones de dólares, mientras la Sociedad Hidroituango y sus socios -la Gobernación de Antioquia y el Idea- no reciben un solo peso, dineros necesarios y esperados para la inversión social en los 125 municipios del departamento”, redactó el mandatario.

Este dato lo suministró la compañía ante el Tribunal de Arbitramento que está definiendo las exigencias económicas de los dueños de Hidroituango, donde se alegan incumplimientos en el cronograma de la obra, cuya multa, que tendría que asumir EPM, se mediría en 1,2 billones de pesos. Esa cifra podría incrementar por futuros retrasos.

Ante este panorama financiero, el gobernador quiere tomar las riendas de la hidroeléctrica para poderle sacar provecho y satisfacer los deseos de las acciones que comanda. Como están las cosas, según Gaviria, solo saldría favorecida Empresas Públicas de Medellín: “Nos percibimos como víctimas y no como una entidad contratante y socia de EPM”.

Él pidió que, de manera concertada y anticipada, se dé por terminado el contrato BOOMT por medio del cual Empresas Públicas de Medellín tomó el control de Hidroituango y ceda las acciones que tiene dentro de la Sociedad. En dado caso de que se produzca este movimiento, la construcción y operación la asumiría la Gobernación de Antioquia.

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Investigarán a estas tres empresas por presuntas irregularidades en contratos con la ANI

Este proceso estará a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su calidad de entidad encargada de preservar la libre competencia en el país, anunció la apertura de una investigación contra tres empresas, señaladas de estar involucradas en presuntas irregularidades en procesos de contratación llevados a cabo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Estas acciones legales han sido tomadas como parte de los esfuerzos para garantizar la transparencia y la equidad en las relaciones comerciales en el ámbito nacional.

En concreto, la Superindustria ha formulado un pliego de cargos contra Juan Diego Arenas de la Hoz, quien, se presume, es el controlante de Arenas De la Hoz Ingeniería S.A.S., Consultoría Bogotana S.A.S. y Consultores Dónovan S.A.S. Asimismo, Gerardo García Londoño, supuesto controlante de Gerencia Interventoría y Consultoría S.A.S. (GIC) y Empresa de Servicios de Consultoría S.A.S. (ESERCON), también está bajo la mirada de la entidad.

De acuerdo con los señalamientos de la SuperIndustria, estas empresas habrían presentado propuestas a través de cuatro consorcios en el marco del Concurso de Méritos organizado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el cual tenía como finalidad adjudicar la interventoría integral del contrato de la concesión Briceño-Tunja-Sogamoso, un proyecto valioso con un valor de $ 5.730.517.858 (cinco mil setecientos treinta millones quinientos diecisiete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte).

El objetivo de la investigación es esclarecer si las empresas involucradas habrían simulado ser competidoras independientes, cuando en realidad habrían colaborado de manera coordinada para aumentar sus posibilidades de ser adjudicatarias en beneficio de sus respectivos controlantes.

“Estos trabajos fueron adelantados por el Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones de la SIC, fue determinar si las empresas habrían aparentado ser competidoras, aunque en realidad habrían actuado de manera coordinada para aumentar las probabilidades de resultar adjudicatarias en favor de su respectivo controlante. Estos comportamientos afectarían la dinámica de competencia en el proceso de contratación adelantado por la ANI, perjudicando los objetivos fundamentales de la contratación estatal, lo cual repercute en el interés general de la población”, dijo la SuperIndustria por medio de un comunicado.

Estas presuntas acciones contrarias a la competencia podrían haber afectado el desarrollo del proceso de contratación liderado por la ANI, lo que, a su vez, podría haber tenido un impacto negativo en los objetivos generales de los contratos estatales y, por ende, en el bienestar de la sociedad en general.

Este proceso de investigación fue iniciado a raíz de una denuncia presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura, entidad que busca garantizar la idoneidad y equidad en los procesos de contratación que lleva a cabo.

Tras analizar la información aportada, el Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones de la SIC determinó la existencia de dos posibles infracciones al régimen de competencia en el transcurso de este proceso de selección. Cabe destacar que esta investigación no involucra a funcionarios públicos de la ANI.

Es importante resaltar que los actos administrativos que han dado inicio a estas investigaciones no constituyen decisiones finales. Las personas que están siendo investigadas tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos de defensa ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Las conclusiones y decisiones correspondientes se tomarán una vez que se haya completado todo el proceso de investigación administrativa.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es la entidad encargada de la planificación y desarrollo de infraestructuras estratégicas para el país. Su misión es garantizar la viabilidad de proyectos de gran envergadura que promuevan el desarrollo económico y social de Colombia, también se encarga de la formulación, estructuración y gestión de proyectos de concesión, así como de la supervisión y control de su ejecución.

Cabe resaltar que, a través de su labor, la ANI busca asegurar la eficiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura, así como la transparencia y la participación activa de la comunidad en estos procesos, razón por la cual, la integridad en los procedimientos de contratación es fundamental para el éxito de los proyectos y para el beneficio de la sociedad en su conjunto.

“La SIC ratifica su compromiso de velar por la protección de la libre competencia para contribuir a la materialización de los objetivos de contratación estatal establecidos por la Constitución y la ley, como el de igualdad de oportunidades y la selección objetiva, así como el logro de los fines y la función social que implica la contratación estatal”, concluyó la Superintendencia de Industria y Comercio.

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Producción nacional de cobre crecería 3% anual promedio entre 2023 y 2027

La producción nacional de cobre aumentaría en torno a 3% anual promedio entre el 2023 y 2027, por lo que el Perú tiene gran potencial para seguir consolidando las exportaciones de este mineral que sumarían 21,000 millones de dólares en promedio anual en dicho período, de acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2024-2027.

Esta previsión se basa en la mayor extracción del metal en Quellaveco, Toromocho, Minas Justa y Las Bambas.

Adicionalmente, el Perú cuenta con una cartera de 46 proyectos mineros por desarrollar con un monto de inversión total de 53,000 millones de dólares, de los cuales el 72% corresponde al cobre. De esta cartera, se prevé el próximo inicio de la construcción de proyectos cupríferos como Corani, Magistral, Zafranal e integración Coroccohuayco.

Además, considera que el Perú es un país altamente competitivo para la producción minera, debido a que el costo de producción promedio (cash cost) ascendería a 159 centavos de dólar la libra para el 2025, por debajo del precio esperado para el metal entre 2023 y 2027 (355 centavos de dólar por libra en promedio).

Por ejemplo, una de las razones del bajo cash cost del cobre, es que el Perú tiene un bajo costo eléctrico industrial a nivel de los países de la región (primer semestre del año: 11.1 centavos de dólar por kWh).

En este contexto, con un precio del cobre alto en los próximos años y el potencial de Perú para desarrollar nuevos proyectos mineros cupríferos, las exportaciones de cobre seguirán siendo un componente importante de la canasta comercial peruana.

Así, se espera que las exportaciones de cobre se mantengan en niveles elevados en los próximos años y asciendan a 21,000 millones de dólares en promedio entre 2023 y 2027, señala el MMM 2024-2027.

Cotización internacional

Considera, asimismo, que el cobre alcanzaría un precio promedio de 380 centavos de dólar la libra, similar a lo previsto en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) y menor a lo registrado en 2022 (400 centavos de dólar), en un escenario de moderación de la demanda global, tasas de política monetaria menos flexibles y fortalecimiento del dólar; sin embargo, los menores inventarios ayudarían a sostener el precio del metal.

Para el período 2024-2027, la cotización del cobre se irá moderando y alcanzaría un precio promedio de cUS$/lb. 349, limitado por oferta cuprífera a nivel mundial proveniente de las minas en República de Congo, Perú y Chile; por el contrario, el desarrollo de los proyectos de descarbonización (energías renovables y producción de vehículos eléctricos) sostendrán el precio del cobre en niveles históricamente elevados, prevé el MEF en el MMM 2024-2027.

Desempeño

Resalta que en las dos últimas décadas, las exportaciones de cobre han registrado un avance significativo y contribuyeron de forma positiva al crecimiento económico.

Así, las exportaciones de cobre y sus concentrados se han incrementado de forma significativa al pasar de 1,200 millones de dólares en el 2002 a 19,800 millones de dólares en 2022 (segundo nivel más alto, luego del nivel histórico de 20,600 millones de dólares alcanzado en 2021), aumentando casi 17 veces su valor exportado.

En el mismo periodo, la participación del cobre en las exportaciones totales pasó de 15% a 30% y en el PBI de 2.2% a 8.1%. Este incremento se explica por el inicio de operaciones de importantes minas como Cerro Verde (2007), Toromocho (2014), Las Bambas (2015), Mina Justa (2021) y Quellaveco (2022); además, del aumento de la cotización del metal, que pasó de 71 centavos de dólar la libra en el 2002 a su nivel más alto en 2021 (422 centavos de dólar la libra) y en el 2022, a 400 centavos de dólar la libra.

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Vilcanota II, obra de agua potable de S/198 millones para Cusco: ¿Cuáles serán los distritos beneficiados?

La empresa SedaCusco anunció la ejecución de un megaproyecto de agua potable Vilcanota II Etapa de 198 millones 957.947 soles, el cual garantiza una producción masiva del líquido elemento y abastecimiento para los próximos 20 años en el Cusco. La finalidad de la obra es mejorar la calidad de vida de los cusqueños a través del acceso a los servicios básicos de saneamiento.

La Entidad Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento (SedaCusco) informó que el expediente del Sistema Vilcanota II Etapa fue aprobado por la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, lo cual asegura el desarrollo de la obra de agua potable, siendo un hito trascendental en beneficio de las familias del Cusco.

¿Qué distritos se beneficiarán con el megaproyecto?

La obra tendrá un caudal de bombeo de 1.026 litros de agua para satisfacer la demanda de los siguientes distritos:

  • Provincia del Cusco: Cusco, Wanchaq, Santiago, San Jerónimo, San Sebastián, Saylla y Poroy.
  • Provincia de Quispicanchi: Oropesa, Andahualillas y la localidad de Huiarcarpay.
  • Provincia de Anta: Cachimayo.
  • Provincia de Utcubamba: Chinchero.

¿Cuál es el plazo para ejecutar la obra y cuántos cusqueños beneficiará?

Al oficializarse la entrega de la buena pro al consorcio ganador, la obra Vilcanota II Etapa debe ejecutarse en un plazo de 18 meses para beneficiar a 652.349 ciudadanos.

¿Cuál sería la modalidad de ejecución del proyecto Vilcanota II Etapa, en Cusco?

La EPS SedaCusco informó que el proyecto se ejecutaría vía contrata y en colaboración con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

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Buenaventura reanudará operaciones en su mina de Uchucchacua

En el Plan Minero Actualizado que Compañia de Minas Buenaventura presentó al Ministerio de Energía y Minas (Minem), se anunció la reanudación de actividades en la mina polimetálica Uchucchacua (Lima) a partir del 1 de setiembre de 2023. Las actividades de extracción y procesamiento de mineral habían sido suspendidas temporalmente desde el 15 de octubre de 2021.

De acuerdo al anuncio oficial, Buenaventura iniciará los trabajos de mantenimiento pertinentes y espera que la puesta en marcha de la planta de procesamiento comience el 1 de septiembre, asegurando la disponibilidad operativa de la planta de procesamiento para recibir mineral de Uchucchacua y Yumpag.

En la segunda quincena de setiembre, comenzará el tratamiento del mineral en la planta procesadora de Uchucchacua. Se apunta a una producción estable y continua de 2,600 toneladas por día, que luego se mantendrá.

Detalle de operación

La reanudación de las actividades en la planta de procesamiento de Uchucchacua también permitirá a Buenaventura realizar pruebas metalúrgicas de hasta 124,600 toneladas de mineral del rebaje piloto del proyecto Yumpag. Por ello, se espera que la producción combinada de ambas rinda entre 2.3 millones y 2.8 millones de onzas de plata para todo el 2023.

Asimismo, la minera peruana espera recibir la Evaluación de Impacto Ambiental(EIA) de la operación del proyecto Yumpag a finales del tercer trimestre de este año. Tras ser aprobado, la empresa presentará una solicitud al Minem para que autorice el inicio de las actividades mineras en dicho proyecto, el cual ha logrado notables resultados de exploración hasta la fecha.