A inicios de octubre del año pasado, se publicó la Ley N° 31589 que tiene como objetivo dictar una serie de medidas para reactivar los proyectos paralizados en los tres niveles de gobierno del Perú.
Sin embargo, después de siete meses de vigencia, la norma aún no tiene resultados positivos, pues no ha logrado reactivar los proyectos que se había previsto.
La intención de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo era lograr la reactivación de unos 967 proyectos de inversión con más de seis meses de estar detenidos y que cuenten con un avance superior al 40% en ejecución, para la modalidad por contrata; y mayor a 50% cuando es por administración directa.
Sin embargo, de acuerdo con la Contraloría General de la República, en el primer trimestre de este año, las entidades a cargo de 685 obras públicas paralizadas se encuentran bajo los alcances de este marco normativo, y pese a ello continúan detenidas.
La mayor parte de estos proyectos, que de reactivarse permitirían una inversión que supera los S/ 1,640 millones, que es lo pendiente por ejecutar, se concentra en los gobiernos locales con un total de 522 proyectos, seguidos de los gobiernos regionales, con 84, y el gobierno nacional, con 79 (ver tabla).
El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, afirmó que el poco efecto que tienen las normas para reactivar proyectos paralizados está ligado a la complejidad de las razones por las que estos dejaron de ejecutarse.
Entre las tres principales causas por las que se paralizan los proyectos figuran la falta de financiamiento, los incumplimientos contractuales y los expedientes técnicos deficientes, refirió. Los tres casos no son tan sencillos de solucionar, dijo.
En efecto, el último reporte de la Contraloría señala que, en total, a nivel nacional había 1,746 obras paralizadas a marzo. De estas, el 20% tuvo como causa la falta de recursos financieros y liquidez, el 18% el incumplimiento de contratos y el 5% fue por discrepancias, controversias y arbitrajes.
