Durante 2025, el gobierno federal presentó y logró la aprobación de un paquete arancelario con el objetivo de proteger hasta 350,000 empleos en sectores clave de la industria manufacturera nacional. La medida fue explicada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras un proceso legislativo que incluyó discusiones técnicas, ajustes sectoriales y diálogo con cámaras industriales y gobiernos extranjeros.
El funcionario señaló que el paquete fue enviado al Congreso el 8 de septiembre de 2025 y que su finalidad fue corregir condiciones de competencia desventajosa derivadas del incremento de importaciones con precios por debajo de referencias internacionales. Los sectores identificados con mayores afectaciones al empleo fueron textil, vestido, calzado, acero y automotriz.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, las importaciones en estos rubros registraron crecimientos acelerados en los últimos dos años: 12.4% en acero, 20.8% en vestido, 22.3% en calzado y 34% en la industria automotriz. Bajo ese escenario, se estimó que, de no intervenir, hacia finales de 2026 podrían perderse hasta 350,000 empleos, considerando que el sector automotriz concentra alrededor de un tercio del empleo manufacturero del país.
Diseño del Paquete
El diseño del paquete no se estructuró por país de origen, sino por producto. Se incluyeron 1,466 fracciones arancelarias correspondientes a 17 sectores estratégicos, entre ellos autopartes, autos ligeros, siderurgia, plásticos, electrodomésticos, muebles, papel y cartón, aluminio, motocicletas, vidrio, jabones y cosméticos. Los aranceles aplicaron únicamente a importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratado comercial, respetando los compromisos internacionales vigentes.
Durante el proceso, se realizaron ajustes en sectores como autopartes, siderurgia, textil, vestido y aluminio, luego de que empresas advirtieran limitaciones para sustituir insumos importados en el corto plazo o posibles incrementos de costos. Estos cambios buscaron evitar impactos no deseados en la cadena productiva y presiones inflacionarias.
El paquete se alineó con los objetivos del Plan México, que planteó elevar el contenido nacional en las cadenas productivas, sustituir importaciones cuando fuera viable, reforzar la estrategia Hecho en México, aumentar la inversión nacional hasta 28% del PIB y generar 1.5 millones de empleos. Asimismo, se buscó fortalecer la proveeduría local, en particular de pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90% de las unidades económicas del país.
La iniciativa contó con diálogo institucional con organismos como la Confederación de Cámaras Industriales, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, así como representantes de las industrias textil, vestido, aluminio, automotriz, autopartes, comercio y manufacturas eléctricas, entre otras. También se mantuvieron conversaciones con países exportadores relevantes como China, Corea del Sur, India e Indonesia.
En términos regionales, los empleos en riesgo se concentraron principalmente en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro. Las autoridades señalaron que la intervención buscó actuar de manera preventiva ante un desequilibrio comercial que alcanzó relaciones de hasta 10 a 1 entre importaciones y exportaciones en algunos rubros.
La Secretaría de Economía estimó que el impacto inflacionario del paquete sería acotado, cercano a 0.2 puntos porcentuales, tras realizar cálculos fracción por fracción. El enfoque, según se explicó, fue económico y comercial, orientado a la protección del empleo y a corregir prácticas de competencia desleal, sin un componente geopolítico.
Polos de desarrollo y política industrial
En paralelo, se presentó un balance de los Polos de Desarrollo impulsados por el gobierno federal. Para 2026, se contempló el avance de 15 polos enfocados en la promoción de inversiones, infraestructura, incentivos fiscales y fortalecimiento de capacidades locales. Los sectores con mayor inversión confirmada incluyeron automotriz, logística, energía, siderurgia, manufactura, economía digital y agroindustria.
Entre los proyectos destacados se mencionaron inversiones en automotriz en Durango, Tlaxcala, Puebla y Michoacán; desarrollos logísticos en Celaya, Hidalgo, Tlaxcala y Michoacán; una planta de producción de APIs farmacéuticas en Hidalgo con una inversión estimada en 2 mil millones de dólares; y proyectos agroalimentarios en Puebla, Michoacán y Campeche.
Las autoridades indicaron que seis polos entrarían en operación o concluirían su primera etapa entre enero y marzo de 2026, con financiamiento del gobierno federal, la banca de desarrollo, gobiernos estatales y capital privado, con el objetivo de consolidar la política industrial y de desarrollo regional del país.
