La Procuraduría General de Colombia confirmó que abrió investigación por cuenta de un contrato firmado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que podría “impactar” el metro de Bogotá y otros proyectos férreos en el país.
De acuerdo con el entre de control, el proceso se da contra el vicepresidente (e) de estructuración de la ANI, Iván Humberto Baquero.
Esto por las presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) para brindar asesoría en el análisis y evaluación de proyectos ferroviarios de pasajeros y de carga.
Este tiene un valor por $8.375 millones y hace parte del plan del gobierno de Gustavo Petro para revisar alternativas de la primera línea del metro de Bogotá.
Contrato podría impactar el metro de Bogotá
De hecho, en su momento, el tema levantó polémica, ya que pretendía cambiar el megaproyecto, de tal modo que uno de sus tramos -en la Avenida Caracas- se realizara de manera subterránea.
La tarea de la SCI consiste en hacer esto viable, de manera técnica, de tal modo que el Gobierno Nacional pueda presentar las alternativas para el metro de Bogotá ante las mesas técnicas que tiene abiertas con la Alcaldía.
Con esto en mente, la Procuraduría busca establecer si el objeto del contrato, así como la destinación de los productos que deberá entregar la SCI, podrían eventualmente impactar proyectos férreos territoriales, como la primera y segunda línea del metro de Bogotá.
Eso sí, según la entidad, también podría generar coletazos en el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanías del Valle; el Tren Regional del Caribe, y los Regiotram de Occidente y Norte, en Cundinamarca.
Uno de los principales argumentos es que, eventualmente, se podría invadir la competencia de las entidades territoriales que tienen dentro de sus funciones la gestión y administración de corredores férreos regionales o distritales y que, por ende, no le corresponden a la ANI.
“Es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia ni mucho menos de las entidades territoriales”, precisó el Ministerio Público.
¿Proceso entregado a dedo?
La Procuraduría también investiga si los funcionarios pudieron incurrir en una infracción a la Ley de Contratación para este contrato que podría impactar el metro de Bogotá, pues entregaron de manera directa la ejecución de los trabajos a la SCI.
En su concepto, lo procedente era convocar un concurso de méritos, dadas las obligaciones y fines de las actividades que se debían realizar.
Además, se habría presentado una falta de planeación, pues aparentemente no se realizó un análisis a profundidad que justificara el valor fijado, así como tampoco se explica la razón por la que se pactó por concepto de administración la suma de $1.871 millones.
Para el ente de control, este monto cantidad resulta extraño para esta clase de contratos y fue dejado a criterio del contratista.
En medio de este proceso, la Procuraduría también abrió investigación a los gerentes de proyectos de la ANI, Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas.
Los tres investigados pueden solicitar ser escuchados en versión libre si así lo solicitan, en ejercicio de su derecho de defensa.
