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El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, afirmó que su cartera tiene en agenda entregar certificaciones ambientales a 32 proyectos mineros, los cuales implican una inversión de US$ 18 mil millones. Así lo reveló durante una entrevista exclusiva con el programa Diálogos Mineros, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“En cartera, en evaluación para la certificación ambiental, tenemos 93 proyectos en total, suman alrededor de US$ 21 mil millones, de los cuales 32 son proyectos mineros y bordean los US$ 18 mil millones y están a la espera de la certificación ambiental”, comentó.

En ese sentido, indicó que el Ministerio del Ambiente (Minam) tiene en evaluación iniciativas mineras desde el 2019, las cuales aún no tienen luz verde para que continúen con su desarrollo. ¿Cuál es el problema y qué está haciendo el Gobierno para contrarrestar la tramitología?

“Los proyectos que llegan al Senace pasan por opinante. Pasan por la evaluación de la ANA, Senanp, Serfor, Ministerio de Cultura y gobiernos regionales. Este paso en el que se emiten opiniones es donde tenemos el problema de dilatación de plazos por criterios discrecionales, por falta de herramientas para la evaluación y por términos de referencia muy generales. Todo eso se suma y hace que un proyecto tenga 3 o 4 años en espera”, explicó el ministro.

Sinceramiento

Ante esta disyuntiva, la solución que planteó el Minam es el sinceramiento de la tramitología. Castro recordó que en el 2021 se aprobó una ley sobre el sistema de impacto ambiental y en la que ya se establece los plazos que debe tomar el sector para aprobar o desaprobar un estudio ambiental.

“El plazo más largo que tenemos es de 120 días hábiles, es decir, 7 u 8 meses, ese es el plazo que pone la ley. Hoy en día estamos aprobando o desaprobando en 4 años, entonces hay que mirar qué ha pasado en el tiempo. Lo que ha pasado es que se han creado pasos burocráticos, cuyos motivos son diversos, temores, desconocimiento, alta rotación de funcionarios, rotación de equipos técnicos, que han hecho que esto se demore”, detalló.

Bajo esa premisa, manifestó que con la reciente publicación del Decreto Supremo 004-2024 MINAM de este año, se establece que la admisibilidad debe hacerse en 5 días; la evaluación debe realizarse en simultáneo y no esperar a que un opinante tenga su informe para recién comenzar otro a evaluar. Por ello, en el Minam se han planteado la meta de entregar las certificaciones ambientales para los proyectos mineros en un plazo de ocho meses o como máximo de 1 año.

Si bien la cotización del cobre mantiene una tendencia al alza desde la pandemia a la actualidad, y los inversionistas están incrementando sus inversiones en países mineros, el Perú sigue sin reaccionar, a pesar de ser el segundo productor del metal rojo a nivel mundial.

Tal falta de reacción se refleja en diferentes situaciones y hechos que advierten los gremios empresariales y entes especializados, como por ejemplo en la evolución de los petitorios y concesiones mineras.

Un análisis que realizó la ONG CooperAcción observa que en los últimos años la evolución de las concesiones mineras en el Perú se ha mantenido estable, a pesar de que, en décadas pasadas, los superciclos de precios de los minerales, se reflejaban en un boom de empresas exploradoras junior.

Así, recuerda que en la década de 2003 al 2013, se produjo una expansión notable de las concesiones en buena parte del país coincidiendo con precios altos de los metales, si bien después de ese superciclo las inversiones mineras se contrajeron.

Tal “estabilidad” o crecimiento plano de las concesiones se aprecia desde el año 2016 hasta ahora, anotó.

Menor superficie explorada que el 2010

En efecto, según cifras delMinisterio de Energía y Minas (Minem), en el año 2023 se otorgaron 4,696 concesiones, que abarcaban una superficie total de 2.1 millones de hectáreas (has), cuando el 2010 la superficie dada en concesión era mayor (3.63 millones de has).

Además, el año que pasó se presentaron 6,833 solicitudes de petitorios mineros, cantidad que casi no varió respecto al 2022, pero que resulta inferior a los más de 9,000 petitorios solicitados el 2011.

Concesiones en su mayoría inactivas

Pese al número de concesiones otorgadas (4,696 en el 2023), en su mayor parte éstas permanecen inactivas, pues entre enero y marzo del 2024, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) reportó actividad en solo 1,081 concesiones, por parte de 559 unidades de exploración.

Además, esa cantidad de unidades exploratorias ocupaba el 0.29% del territorio nacional, espacio inferior a hace una década, cuando realizaban actividad en el 0.33% de la superficie del país, en 418,234 has.

Exploración que se deja de ejecutar

Coincidentemente, según ComexPerú, un total de 49 proyectos, de la cartera de 55 proyectos de exploración minera que registraba el país, se dejaron de ejecutar entre febrero del 2022 y el 2024, por motivos ajenos a la actividad minera.

De los que se dejaron de realizar, 43 iniciativas, valorizadas en US$195 millones fueron descartados, al no cumplir con el ingreso de la solicitud de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) a causa de los cambios en la regulación en los años 2022 y 2023.

Por otro lado, seis proyectos valorizados en US$ 112 millones se cancelaron directamente por la “tramitomanía2 del Estado, observó el gremio.

Inversión en caída

Miguel Cardozo, presidente de Alturas Mineral Corp., advirtió que -según informó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)– , mientras en el mundo la exploración minera se incrementó en 61% el 2023, en el Perú, por el contrario, cayó 3%, siguiendo una tendencia negativa que se inició el 2017.

El especialista atribuyó esta caída, entre otros factores, a una norma que regula los permisos ambientales para exploración, el decreto supremo 042-2017, y que estableció el silencio administrativo negativo, que traba los proyectos, al no otorgárseles autorización, si los entes públicos no emiten opinión en un tiempo determinado.

Tramitología no resuelta

Según e lIIMP, existen 23 proyectos (de construcción de minas) por US$30,000 millones sin ejecutar a la fecha, por la excesiva tramitología estatal.

Esa entidad estima que son 407 las regulaciones que deben pasar las empresas mineras ante 29 instituciones del Estado, para lograr dar luz verde a esas iniciativas.

A su turno, Marcial García, socio de la División Tax Services de EY Perú, coincidió en que, mientras las inversiones mineras en el mundo están aumentando, en línea con los altos precios de los metales, en el Perú han venido cayendo.

¿Somos atractivos?

Observó que el hecho de que las concesiones mineras no registren mayor crecimiento tiene que ver con la pérdida del atractivo de Perú como destino para inversiones exploratorias, como lo reflejó la última encuesta del Instituto Fraser, donde Perú retrocedió varias posiciones.

Recordó que hace décadas atrás, en pasados ciclos altos de precios, en efecto, el Perú vivio un boom de empresas exploradoras, entre ellas muchas compañías junior de Canadá, que levantaban capital de riesgo en la Bolsa de Toronto e invertían en Perú.

“Desafortunadamente, el Perú ha perdido atractivo y probablemente esos capitales estén migrando ahora a otras zonas que sean percibidas de manera más favorable para los inversionistas”, aseveró.

Gobierno conforma grupo de trabajo multisectorial, de naturaleza temporal, para atender la problemática de las comunidades que forman parte del proceso de Consulta Previa del Lote 8, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Dicho equipo tiene por objeto abordar los acuerdos suscritos en las actas de consulta de las sesiones de diálogo del proceso de consulta previa del Lote 8, con el fin de dar propuestas a los pedidos trasladados a este grupo, así como monitorear el cumplimiento de los acuerdos resultantes del proceso.

El grupo de trabajo está constituido por los representantes de los sectores del Poder Ejecutivo, Gobierno Regional de Loreto y Gobiernos Locales; asimismo, está conformado por las 44 comunidades nativas y las federaciones que las representan, y que, para efectos de la presente norma, han sido organizadas en agrupaciones.

El equipo tendrá las funciones de coordinar, analizar y articular las propuestas de desarrollo, así como proponer solución a las problemáticas sociales de las comunidades nativas que suscribieron las actas de consulta de las sesiones de diálogo del proceso de consulta previa del Lote 8.

Asimismo, propondrá acciones y actividades orientadas a la mejora de la respuesta del Estado para la atención de las necesidades de las comunidades nativas.

También deberá articular con las entidades públicas y otros actores, la programación de las acciones para contribuir al desarrollo de las comunidades nativas, como consecuencia de las sesiones de diálogo del proceso de consulta previa del Lote 8.

Además, el grupo de trabajo tendrá que plantear acciones y medidas que coadyuven al cumplimiento del objetivo, informando públicamente los avances.

La mesa conformada deberá emitir un informe final que comprenda la descripción de las acciones y propuestas acordadas, a fin de ser remitidas a las entidades competentes responsables de su ejecución.

La norma detalla que el equipo podrá solicitar la colaboración, asesoramiento, apoyo, opinión y aporte técnico de representantes de diferentes entidades públicas o privadas del ámbito nacional e internacional; así como del gobierno regional y gobiernos locales que se encuentren en el ámbito de intervención, para lo cual puede convocar a los especialistas e instituciones que sean necesarios para la consecución de sus fines.

Finalmente, el equipo tiene vigencia de hasta 180 días calendario, contados a partir de la instalación del grupo de trabajo, plazo en el cual debe presentar un Informe Final al Titular del Ministerio de Energía y Minas, el cual atienda las problemáticas planteadas en el proceso de consulta previa.