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La decisión del presidente Gustavo Petro sobre reasumir temporalmente las funciones de regulación de servicios públicos y de la Creg, que quedó consignada en el decreto 227 de 2023, sigue levantando ampolla.

“El sector energético busca generar un acuerdo sobre los principios básicos estructurales para fortalecer el servicio de energía, el desarrollo de su infraestructura, y el marco de funcionamiento regulatorio y de mercado sobre los cuales se desarrollan las actividades que permiten su sostenibilidad en bien del país y los usuarios”, indican.

Así, el documento, dirigido a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, propone 10 principios para evitar un mayor retraso de inversiones que ponga en riesgo el abastecimiento eléctrico y de gas en el país, entre otros aspectos.

El primer principio, asegura, debe ser el “respeto por la libertad de empresa y la participación de capital público, privado, y mixto en el desarrollo del sector, propendiendo siempre por un libre mercado con franca competencia”.

En una línea similar, el segundo llamado es a respetar “la institucionalidad y la independencia de las funciones establecidas para cada una de las entidades que conforman nuestro sector”.

Igualmente, los gremios llaman a impulsar los procesos de exploración de hidrocarburos y combustibles fósiles que soportan la demanda energética del país, y piden estabilidad jurídica para la inversión.

Hasta altas horas de la noche se extendió el martes una reunión que sostuvieron el presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para discutir un posible congelamiento de las tarifas de los servicios públicos prestados por Empresas Públicas de Medellín (EPM) en varios departamentos.

Pese a la expectativa que la Alcaldía de Medellín había construido alrededor de la reunión, a través de un breve pronunciamiento grabado a las afueras del Palacio de Nariño, Quintero dio a entender que aún no se toma ninguna decisión y que durante los próximos días habría nuevas reuniones para abordar el tema.

“Siendo las 11:30 de la noche acabamos de terminar reunión con el señor presidente, una reunión en la que le mostramos el alcance de EPM, como opera en casi 12 departamentos, el tipo de usuarios que tiene, el alcance de nuestra propuesta y cuál es la realidad del sector”, expresó el alcalde en un video, grabado en compañía del gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo.

Más allá de esa precisión, el alcalde no entregó nuevos detalles sobre la controvertida propuesta, que desde el pasado viernes 24 de febrero, día en el que hizo pública una carta enviada el presidente en ese sentido, ha sido motivo de preocupación entre conocedores del sector y de la empresa de servicios públicos.

“Pedimos al alcalde informar y aportar la documentación correspondiente respecto a si esa solicitud fue discutida y aprobada por las juntas directivas de EPM y de cada una de las filiales del Grupo EPM que prestan sus servicios en esos departamentos, puesto que el señor Quintero no ha sido claro si fue facultado por parte de la junta directiva de EPM para enviar una carta firmada por él como alcalde de Medellín y no como presidente de dicha junta”, expresó el sindicato.