CChC realiza lanzamiento del proyecto de innovación y cultura empresarial para socios

Durante la jornada, más de una decena de socios de la CChC Tarapacá, fueron parte del lanzamiento de la alianza formada por la consultora SEID Global y el gremio local. Durante el evento, se abordaron temas como las expectativas de aprendizaje en innovación y cómo esta alianza estratégica puede ayudar al ecosistema empresarial. El curso proporcionará herramientas diversas y será gratuito para los socios.

Tras la pandemia del Covid-19, el mundo ha experimentado una aceleración en términos de tecnología y digitalización. Esto ha llevado a muchas empresas a embarcarse en la transformación digital y buscar la innovación en diversas áreas. Para Francisco Zavala, gerente de SEID Global Consulting, el impacto del coronavirus ha marcado un antes y un después. “Muchas organizaciones desean innovar, pero no saben cómo hacerlo. Se enfrentan a escenarios de incertidumbre y se preguntan cómo pueden innovar y destacarse. ¿Estamos preparados?”, planteó Zavala. Tras la pandemia, se busca desarrollar instrumentos que evalúen cultural y organizacionalmente cómo abordar estos procesos, generando acciones permanentes y sistemáticas para fomentar la creación de dichos procesos.

Por su parte, Alexis Celis, gerente comercial de SEID Global Consulting, considera que innovar no es difícil; lo complicado es comprender que sí es posible. “La innovación suele asociarse a la tecnología, y si bien esta es fundamental, ya que toda tecnología surge de alguien que pensó de manera diferente y buscó automatizar algo, la innovación comienza con pequeños cambios que se pueden mejorar procesos dentro de cada industria”, explicó Celis.

Construye Tranquilo: el programa integral de salud que impulsan las empresas socias del sector Construcción del Maule

Este programa, que la Cámara Chilena de la Construcción pone a disposición de sus empresas socias para que cumplan el Rol Social con sus trabajadores y trabajadoras, está enfocado en brindar una atención integral que ha cambiado la vida de cientos de personas en la región.

Un diagnóstico médico inesperado puede transformarse en un gran problema para cualquier familia. Según los últimos datos del Ministerio de Salud, una persona espera 261 días por una consulta de especialidad y 330 días por una cirugía.

Para la mayoría es una espera difícil y a veces invalidante. Ana Rivas, ejecutiva de ventas de Inmobiliaria Malpo, comenta que “a través de la asistente social de mi empresa, conocí el programa y se presentó mi caso para solicitar mi cirugía”. Ana tiene una doble cirugía de columna y cuenta que, sin el Construye Tranquilo, no hubiese podido operarse debido al elevado costo de la intervención. “No hubiese tenido posibilidad de operarme sin esta oportunidad, porque para mí era inalcanzable…estoy muy agradecida”.

En Maule, 18 empresas cuentan con el programa, beneficiando a un total de 1.483 personas, que solo pagan 2 UF ($72.190 aproximadamente), por una cirugía.

Codelco cumple fallo ordenado por la Corte Suprema en caso Consorcio Belaz Movitec

En un téngase presente enviado a la Corte de Apelaciones de Copiapó y a la Corte Suprema, Codelco informó que cumplió con el fallo emitido por el máximo tribunal la semana pasada, respecto del pago del saldo retenido al Consorcio Belaz Movitec (CBM), así como de la restitución inmediata de sus equipos.

Entre los documentos remitidos a los tribunales, la cuprífera adjuntó dos cartas enviadas a CBM en las que le informa que se encuentran a su disposición para ser retirados desde la mina Rajo Inca, en la División Salvador, los equipos, perforadoras, maquinaria pesada y otros bienes de su propiedad e ingresados por el consorcio al lugar en que se ejecutaban las obras.

En la misiva agrega que Codelco facilitará el acceso y las condiciones necesarias para el retiro de dichos bienes, sin necesidad de que se suscriba o entregue instrumento alguno. Cabe recordar que en abril Codelco requirió formalmente a CBM el retiro de sus equipos, con el único requisito de cumplir las medidas de seguridad necesarias para ello, lo que consorcio no efectuó. Codelco no utilizó los equipos que figuran bajo el contrato de CBM (aunque son de propiedad de otras empresas). Sí se reubicaron en un área de estacionamiento por razones operativas y de seguridad.

En la segunda carta, la corporación informó también el cumplimiento de la sentencia que le ordenó “poner fin inmediato a la retención de los fondos correspondientes al estado de pago N° 23” que CBM evaluó en una cifra que asciende a los $ 12.110 millones.

Sin embargo, de esa suma se descontaron dos montos. El primero, por $ 375 millones 789 mil, por el embargo ordenado por un tribunal en la causa que Transportes RAV SpA tiene contra CBM; el segundo, por poco más de $4.770 millones, relacionado al pago oportuno de las obligaciones laborales y previsionales a los trabajadores del Consorcio Belaz Movitec, quienes lo recibieron conforme.

Tras ambos descuentos, Codelco le informó a CBM que el saldo a pagar es algo superior a $ 6.964 millones, los que ya se transfirieron a la cuenta corriente del consorcio.

Empresas colombianas crean estaciones de intercambio de baterías eléctricas

El año pasado la venta de motocicletas eléctricas aumentaron significativamente en el mundo, con más de 10 millones de unidades vendidas. Representó un aumento de hasta 81 % frente a 2019. Ante la preponderancia de la movilidad sostenible, empresas colombianas diseñaron un plan promover el intercambio de baterías eléctricas.

En Colombia, durante 2022 se vendieron 2.688 motos eléctricas, según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos). Entre los beneficios de este tipo de vehículos, se destacan los bajos costos, pues en promedio, cargar una moto eléctrica es 5 veces más económico. En un trayecto de 100 km una moto normal gasta alrededor de $13.000 de gasolina, mientras que una eléctrica $2.400, dependiendo del costo de energía.

Pese a que la movilidad eléctrica está creciendo en el país, aún hay retos por resolver, uno de ellos es la autonomía y otro los costos de inversión. Ante este panorama, Unergo, de la mano de Muverang y NIU, instalaron una estación de intercambio de baterías eléctricas para motos en Medellín. E objetivo es promover el transporte sostenible, eliminar los largos tiempos de carga, aumentar la autonomía de la moto y optimizar la vida útil de las baterías.

Cortes de luz en Cali para este martes 11 de julio

Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó que este martes, 11 de julio, estará realizando algunas reparaciones para mejorar el funcionamiento de las redes de energía de la ciudad.

El servicio de energía se suspenderá por modernización de la red, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. en la calle 8 a la 8A entre carreras 44 a la 47, en el barrio Tequendama. También en la carrera 25 entre calles 6A a la 7, en el barrio Alameda.

Esta empresa prestadora de servicios aclaró que, durante las reparaciones, no se presentarán mayores afectaciones a la distribución del servicio de energía.

También les recordó a sus usuarios que pone a su disposición líneas de atención de servicio al cliente las 24 horas de los siete días de la semana.

En Colombia, el gasto de energía es una variable que debe tenerse en cuenta cada vez que se emplea un electrodoméstico o permanece una bombilla prendida. Al ahorrar la energía, no solo hay menos pagos de dinero, sino que a su vez se cuida al medioambiente.

Transición energética: Dinamarca le da un espaldarazo a Colombia para impulsarla

La Agencia Danesa de Energía, con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía (MME), y la participación de entidades relevantes en el proceso competitivo de energía eólica costa afuera en Colombia y la transición energética, llevó a cabo un espacio de transferencia de conocimientos sobre asuntos relacionados con evaluación ambiental estratégica y relacionamiento con comunidades pesqueras.

A través de esta mesa de trabajo, que contó con la participación de más de 30 personas pertenecientes al MME, la ANH, Dimar, ANLA, Invemar y MinAmbiente, se abordaron los pasos para el primer proceso de asignación de permiso de ocupación temporal relacionados con los licenciamientos ambientales y los impactos en comunidades pesqueras que deben considerarse.

Esta actividad hace parte de los espacios de intercambio de experiencias y soporte técnico concretados con la Agencia Danesa de Energía, durante la misión legal desarrollada en Colombia el pasado mes de junio relacionada con la preparación del primer proceso competitivo de energía eólica costa afuera en Colombia y la transición energética.

En esta misión también se desarrollaron mesas de trabajo entre la Dirección General Marítima (Dimar), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el MME, sobre la estructuración de pliegos para el proceso competitivo de permiso de ocupación temporal, criterios de asignación, estabilidad regulatoria y requisitos para las diferentes fases del proyecto, entre otros.

“Tanto la misión legal como las mesas de trabajo interinstitucionales se reciben en el marco del plan de cooperación entre el Ministerio de Minas y Energía, la Embajada de Dinamarca y la Agencia Danesa para impulsar la transición energética justa en Colombia, y permite, entre otros aspectos, que nuestro país tenga acceso a la gran experticia de la Agencia para así fortalecer el proceso competitivo de energía eólica costa afuera”, afirmó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres.

En este sentido, el embajador de Dinamarca en Colombia, Erik Høeg destacó que este país lleva los últimos dos años poniendo gran atención a Colombia y su desempeño energético.

“Nuestra cooperación bilateral está avanzando fuertemente y estoy muy contento de arrancar esta nueva etapa con visitas estratégicas de nuestra agencia de energía para avanzar en el desarrollo técnico del sector”, destacó.

Colombia adjudica millonario contrato para operar ferrocarril de más de 500 km

El ferrocarril de más de 500 km, entre La Dorada y Chiriguaná, ya tiene un nuevo operador por un año, en medio del plan del gobierno de Gustavo Petro para revivir los ferrocarriles en Colombia.

Así se definió este lunes, 10 de julio, cuando se eligió al ganador del millonario contrato, que prevé inversiones por $76.000 millones para intervenirlo durante un año.

Esto fue realizado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que adjudicó el ferrocarril La Dorada – Chiriguaná, que es clave para conectar por tren al centro y el Caribe de Colombia.

La decisión fue tomada tras varias audiencias públicas, en las cuales ocho grupos pujaron por este millonario contrato para el ferrocarril de más de 500 km.

De acuerdo con la ANI, el contrato para operar este corredor en Colombia tendrá una duración de 12 meses.

La idea es que, en este tiempo, el consorcio San Felipe Férreo mantenga el corredor, pero también adelante labores de mantenimiento y diseñe e intervenga puntos vulnerables.

La reactivación del ferrocarril La Dorada – Chiriguaná será clave para el plan del gobierno Petro de revivir este tipo de transporte en Colombia.

Sobre todo, porque este ferrocarril de más de 500 km en Colombia es la columna vertebral del mapa nacionaly de allí también se desprenderán otros trenes.

La megaobra de $4,3 billones que está en grave riesgo de liquidarse en Colombia

La megaobra que busca construir una nueva conexión entre Cartagena y Barranquilla, paralela a la Vía al Mar, está en grave riesgo de liquidarse.

El corredor ha sufrido afectaciones por cuenta del no cobro de algunos de sus peajes y mantiene sus alertas.

De hecho, uno de estos -que está ubicado en el municipio de Turbaco- está suspendido desde hace un año y medio, y el panorama no pinta bien para su reactivación.

La razón de esto tiene que ver con que las comunidades se oponen al cobro de este peaje en la megaobra de Cartagena a Barranquilla.

En particular, este ha sido rechazado por diversos grupos de ciudadanos, algunos de los cuales se han agrupado en un comité que ellos mismos denominan como ‘Familia No + Peajes’.

A pesar de lo anterior, las autoridades les acaban de presentar una nueva propuesta para reactivar el cobro del peaje y, de esta forma, no sea liquidado el contrato de la concesión Autopistas del Caribe.

Según el vicepresidente de planeación, riesgos y entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Guillermo Toro, en 11 mesas de trabajo se presentaron a la comunidad de Turbaco y Arjona las consideraciones de la megaobrade Cartagena a Barranquilla.

Y se plantó una propuesta para garantizar la continuidad del mismo y la cual se encuentra en análisis por parte de la comunidad.

Esta incluye retomar cobro de las categorías III en adelante (particulares no pagarían el peaje), así como el traslado de la estación fuera de Turbaco, para lo cual primero se realizaría un estudio.

Destinan US$150 millones para nuevo proyecto fotovoltaico en la Región del Maule

La empresa  Blue Light Energy presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de parque fotovoltaico Parque Solar San Javier que contempla una inversión de US$150 millones.

El proyecto corresponde a un nuevo parque fotovoltaico que se ubicará en la comuna de San Javier de Loncomilla, de la Provincia de Linares en la Región del Maule.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la energía eléctrica producida en los paneles fotovoltaicos del Parque Solar San Javier alcanzará una potencia instalada de 144,189 MWp.

Cabe destacar que el proyecto no considera la evacuación de la energía implementando o construyendo una línea de transmisión. La evacuación se generará desde la subestación de forma directa a la línea de alta tensión existente.

La iniciativa considera una superficie de 123,724 hectáreas y de acuerdo al cronograma el proyecto tendría un periodo de construcción de 12 meses.

Además, se estima que durante su fase de construcción se requieran contratar a más de 200 personas.

Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprueba proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la SMA

A 13 años desde la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, aprobó hoy de forma unánime el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la institución (LOSMA), que establece su marco normativo. Con este pronunciamiento, el proyecto de ley cumple con los requisitos establecidos en la Ley 19.300 y, por tanto, está en condiciones de ser remitido al Presidente de la República para su consideración y tramitación posterior ante el Congreso Nacional.

La reforma -que se basa en seis pilares- tiene como objetivo fortalecer las funciones de fiscalización y sanción de la SMA, corregir aspectos clave y adaptar al Servicio a nuevas áreas de intervención, como la Ley REP e impuestos verdes, entre otros.

El primer pilar tiene relación con los instrumentos de incentivo al cumplimiento y aborda materias como la Autodenuncia, Programas de Cumplimiento y Planes de Reparación, donde se realizarán ajustes para promover su uso y asegurar su finalidad, eliminando desviaciones actuales.

Como segundo pilar se encuentran los mecanismos de vías alternativas de cumplimiento -que procederá en casos de infracciones menores y cuando no exista afectación al medioambiente o la salud de las personas- y de fiscalización -que dará facultades a los fiscalizadores, previa autorización del Tribunal Ambiental, para incautar toda clase de objetos y documentos, cuando estos sean esenciales para el éxito de la investigación-.

En un tercer aspecto, se hacen ajustes a los procedimientos sancionatorios, a la calificación de gravedad y al monto de las sanciones. Acá se incluye, entre otros temas, el procedimiento simplificado para las infracciones leves; pasan a ser sanciones gravísimas todas las infracciones que impliquen daño ambiental y toda elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En cuanto a las multas, el monto máximo para las infracciones gravísimas se aumenta de 10 mil a 20 mil UTAs, y para las graves de 5 mil a 10 mil UTAs.

Por otra parte, la iniciativa busca aumentar las potestades de intervención frente a riesgos ambientales. Esto significa que se amplían las Medidas Urgentes y Transitorias (MUT) en los casos que una actividad no regulada por un instrumento de carácter ambiental genere un riesgo inminente o daño al medioambiente o a la salud de las personas. Junto con esto, se amplían a los casos de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).