En la misiva indicaron que el Gobierno debe impulsar planes de política pública que incentiven la inversión y que destraben las iniciativas.
En una carta firmada por varios gremios del sector energético y enviada al ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, y a las secretarías de la Comisión Quinta, tanto de Senado como de Cámara de Representantes, las organizaciones señalaron que las medidas incluidas en el proyecto de ley de tarifas no conducen a una verdadera reducción en las tarifas de energía.
Incluso, señalaron que hay artículos que ponen en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico y que generan incertidumbres sobre el sector.
En la misiva mencionaron que el reto está en garantizar el abastecimiento, no solo de energía eléctrica, sino de gas, ya que, a la fecha hay una insuficiencia en la oferta de energía firme.
Las organizaciones expresaron que, sin una expansión oportuna de la oferta, no se van a lograr tarifas competitivas y que se comprometerá el abastecimiento de la energía no solo a corto plazo, sino a largo plazo.
Agregaron que en los últimos cinco años ha entrado en operación menos de 30 % de la generación comprometida y más de 50 % de los proyectos de transmisión están con retrasos.
Determinaron que se necesitan acciones de política pública que destraben las iniciativas, impulsen nuevas inversiones y restablezcan la confianza en el mercado energético. A lo que recalcaron que el proyecto de ley del Ministerio no aborda las problemáticas de fondo del sector y tampoco incorpora instrumentos que mitiguen los riesgos de desabastecimiento o impulsen el desarrollo de la infraestructura energética, lo que aumentaría la brecha entre la oferta y la demanda.
Se enfatizó en que la iniciativa del Gobierno Petro genera incertidumbre y desconfianza en la estabilidad de las reglas de juego, en un momento, señalaron, en el que se necesitan reglas contundentes para que se superen los retos del sector.
Adicionaron que preocupa la situación de los comercializadores de energía, que a corte de septiembre tienen saldos por recuperar aproximados a $6 billones, y de estos, 68 % es deuda pública, tanto de orden nacional como territorial.
Para los gremios firmantes, las claves del proyecto deben estar en garantizar el pago de subsidios otorgados a las poblaciones más vulnerables para que tengan acceso al mercado energético.
Determinaron que la deuda en este rubro ya supera $2,8 billones a corte de septiembre de 2025, lo que compromete la liquidez de los prestadores.
Los presidentes de gremios firmantes manifestaron que debe honrarse lo que prometió el presidente, de que la Nación asumiría los saldos de la opción tarifaria. A esto se adicionó que se debe implementar un esquema para la prestación del servicio de la empresa del Caribe, Air-e, incluyendo el pago de las deudas que esta compañía tiene con otros actores del mercado y que, de esa manera, se reduzca el riesgo que enfrenta el sector a causa del no pago de estas obligaciones.
Dentro del documento se indica que se requiere de consultores independientes e idóneos, y que las reformas que se propongan en la ley sean con base en la evidencia.
La misiva fue firmada por los presidentes y directivos de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco; la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas; la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP; la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI; la Asociación Colombiana de Gas Licuado de Petróleo, Gasnova; la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía, SER Colombia, entre otros.
La misiva fue firmada por Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco; Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen; José Camilo Mansur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Asocodis; Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg; Luz Estela Murgas, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas; y Alexandra Hernández, presidente de SER Colombia.
Otros firmantes fueron Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP; Jorge Hernando Pedraza, presidente de la Cámara Colombiana de la Energía; Sara Vélez, presidente de la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas, Agremgas; Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Licuado de Petróleo, Gasnova; Jaime Mauricio Concha, vicepresidente de Hidrocarburos, Minería, Energía y Territorio de la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI; Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asoenergía; y Catalina Rueda, directora del Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua, Ceerea.
El documento se envió con copia al procurador general, Gregorio Eljach, y al contralor, Carlos Hernán Rodríguez.
