Desafíos en la Inversión Pública: 73 proyectos con sobrecostos excesivos en tres provincias

A pesar del notable aumento en el presupuesto de inversión pública, que ha pasado de S/3.000 millones en 2004 a más de S/56.000 millones en 2024, Perú aún enfrenta significativas brechas en infraestructura y servicios básicos. Esta disparidad subraya la urgencia de evaluar no solo el monto invertido, sino también cómo se gestionan esos recursos. En este sentido, el simple hecho de gastar más no garantiza una mejor ejecución.

Para abordar esta cuestión, Videnza ha desarrollado el Índice de Eficiencia en la Inversión Pública (IEIP), que ofrece una perspectiva más detallada sobre la eficacia en la gestión de inversión pública tanto en gobiernos regionales (IREI) como en municipalidades provinciales y distritales (ILEI).

Hasta el 30 de junio de 2024, el ILEI evaluó a 872 municipalidades en tres categorías: 196 provincias, 639 distritos a nivel nacional (excluyendo Lima) y 37 distritos en la provincia de Lima. En los primeros lugares del ranking se encuentran Callao, San Martín y el Santa, que destacan por un desempeño relativamente bueno en indicadores como retraso de proyectos y obras paralizadas. En contraste, Huancavelica, Cañete y Huancayo se encuentran en los últimos puestos debido a deficiencias en la programación y una sobrecarga de proyectos.

Al igual que en ediciones anteriores, el ILEI revela una gran variabilidad en los resultados dentro de cada provincia. Por ejemplo, Callao, que ocupa el primer lugar en el ranking, muestra una alta puntuación en algunos indicadores, como la reducción de sobrecostos y la minimización de obras paralizadas. Sin embargo, en términos de transparencia de proyectos, Callao se encuentra en el puesto 22, ya que solo el 22% de sus proyectos están actualizados.

El hecho de que una provincia tenga una alta ejecución de proyectos no necesariamente se traduce en eficiencia. Provincias como Utcubamba (Amazonas), Lima Metropolitana y San Martín, que presentan avances en ejecución superiores al 40%, no se encuentran entre las mejor posicionadas en el ranking debido a problemas significativos en indicadores como sobrecosto y costo promedio de proyectos.

En particular, Utcubamba reporta un avance en ejecución del 82%, pero ocupa el puesto 11 en el ILEI. Esto se debe a que en obras paralizadas se sitúa en el puesto 22 (con un 39% de su cartera paralizada) y en el cierre de proyectos está en el puesto 25 (liquidando solo el 7% de sus proyectos).

Un problema recurrente es el sobrecosto en los proyectos. De los 10.416 proyectos analizados, 1.013 requirieron recursos adicionales a los estipulados en sus expedientes técnicos. Los sobrecostos varían desde menos del 1% en provincias como San Martín y Callao, hasta un 33% en Mariscal Nieto (Moquegua) y un 57% en San Román (Puno). En algunas provincias, como San Román y Mariscal Nieto, al menos uno de cada cuatro proyectos en ejecución presenta un sobrecosto superior al 50%.

La liquidación de proyectos es otro aspecto crítico. La falta de liquidación formal impide que los activos generados por los proyectos concluidos puedan entrar en funcionamiento, lo que retrasa el cierre de brechas sociales. Además, una baja tasa de liquidación dificulta la actualización de la cartera de proyectos en ejecución, afectando la planificación y programación de futuras inversiones.

En el ámbito nacional, solo Tacna y Coronel Portillo han logrado liquidar más de la mitad de sus proyectos. Por otro lado, provincias como Pasco, Lima, Huancayo, Utcubamba e Ica liquidan aproximadamente solo 1 de cada 10 proyectos terminados. Ica, en particular, destaca negativamente, con solo 25 proyectos liquidados de un total de 526, lo que equivale a liquidar solo el 4% de sus proyectos activos.

Los resultados del ILEI ponen de manifiesto grandes diferencias en la capacidad de gestión de recursos entre provincias. Mientras algunas, como Callao y San Martín, se destacan en el índice, otras con mayor capacidad instalada, como Lima Metropolitana o Trujillo, aparecen en la parte baja del ranking. Esto resalta la necesidad urgente de mejorar la planificación y gestión a nivel local para cerrar brechas y mejorar el bienestar de la población.

Aunque los resultados no son responsabilidad exclusiva de los alcaldes actuales, recae en ellos la tarea crucial de mejorar el desempeño de sus provincias para asegurar una gestión más eficiente de la inversión pública.

Gobierno peruano se enfoca en finalizar obras públicas inconclusas

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, anunció que el Gobierno está decidido a finalizar las obras públicas que quedaron inconclusas. Para lograrlo, se ha aprobado una nueva normativa que facilita este proceso.

“Hace 15 días emitimos un decreto legislativo que establece un procedimiento de adjudicación rápida para completar los proyectos en curso que se encuentran a medio construir”, explicó en una entrevista para TV Perú.

Arista subrayó que dejar una obra a mitad de construir es una de las peores formas de desperdiciar dinero público. “Se pierde el capital inicial, ya que con el tiempo los materiales se deterioran, y la obra no se pone al servicio de la población”, comentó.

El ministro destacó la importancia de concluir proyectos como escuelas y hospitales que han sido abandonados a medio camino. “Es esencial retomar estos proyectos y terminarlos lo más rápido posible”, afirmó.

Arista también mencionó que algunos gobiernos regionales y locales carecen de la capacidad técnica y financiera necesaria para llevar a cabo grandes obras. “La falta de especialización y experiencia en la gestión de proyectos complicados ha llevado a que muchos de ellos no se concluyan”, indicó.

Puso como ejemplo el caso del Hospital de Tingo María, que lleva 10 años paralizado. “Es dinero del Estado que no está siendo utilizado adecuadamente. Estamos buscando maneras de organizarnos para concluir las obras que se inician en el menor tiempo y al menor costo”, señaló.

El ministro también abordó la intervención de la Contraloría General de la República, argumentando que, en su opinión, esta ha sido excesiva. “Las auditorías han generado una parálisis en los funcionarios encargados de ejecutar y avanzar los proyectos”, comentó.

Arista manifestó que, a través de los nuevos decretos legislativos, se está tratando de ofrecer más flexibilidad a los ejecutores de obras, incluyendo gobernadores y alcaldes, para que puedan continuar con los proyectos y ponerlos al servicio de la población.

“No niego la importancia de la Contraloría, pero considero que también ha cometido excesos que han obstaculizado el avance de las obras”, concluyó el ministro.

Cobre se estabiliza cerca de máximos de dos meses mientras se espera la decisión sobre tasas de interés

El martes, los precios del cobre se mantenían cerca de los niveles más altos en dos meses, impulsados por las expectativas de una posible reducción en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que presionaba a la baja al dólar.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 0,1%, alcanzando los 9,396 dólares por tonelada a las 09:35 GMT. En la sesión anterior, el metal alcanzó los 9,466.5 dólares, un nivel no visto desde el 18 de julio.

Se prevé que el cobre y el aluminio se mantengan en un rango estrecho, ya que los fondos ajustan sus posiciones en anticipación a la decisión de la Reserva Federal, programada para el miércoles, según indicó una fuente comercial.

El aluminio también subió un 0,1%, cotizando a 2,331.5 dólares, con una gran cantidad de contratos de futuros en la Bolsa de Metales de Londres (LME) para comprar en octubre y vender en noviembre.

El principal factor que respaldó los precios de los metales fue el debilitamiento del dólar, que se acercaba a su nivel más bajo en un año debido a las expectativas de un posible recorte agresivo de las tasas por parte del banco central estadounidense. Un dólar más débil reduce el costo de los metales para los tenedores de otras monedas.

Sin embargo, los precios del zinc y del plomo enfrentaron presión debido a un aumento significativo en los inventarios en los almacenes de Singapur controlados por la LME.

El zinc a tres meses cayó un 0,9%, cotizando a 2,921 dólares, mientras que el plomo bajó un 0,8% hasta 2,022 dólares. Los inventarios de plomo crecieron un 17%, alcanzando las 205,000 toneladas, y los de zinc aumentaron en 12,950 toneladas.

Por otro lado, el níquel subió un 0,2% a 16,250 dólares, mientras que el estaño descendió un 0,4% a 31,800 dólares por tonelada.

Antofagasta destinará $3.5 mil millones en 2025 para expansión en Chile y Perú

Antofagasta, uno de los gigantes de la minería del cobre a nivel mundial y la mayor empresa privada del sector en Chile, ha revelado un ambicioso plan de inversión de $3.5 mil millones para 2025. Este monto representa una de las mayores inversiones en la historia de la empresa, con el objetivo de expandir sus operaciones en Chile y Perú. Según Iván Arriagada, director ejecutivo de Antofagasta, la compañía busca proyectos de cobre en Perú que puedan garantizar una producción mínima de 50,000 toneladas anuales durante al menos una década.

La minera, controlada mayoritariamente por la familia Luksic, proyecta realizar inversiones locales que superan los $7.5 mil millones en los próximos cinco años. En 2023, la empresa invirtió $2.13 mil millones, y se espera que para 2024 la cifra ascienda a $2.7 mil millones. Uno de los proyectos más destacados en Chile es la ampliación de la mina Centinela, con una inversión estimada de $4.4 mil millones, que añadirá 144,000 toneladas de cobre equivalente al año a la producción global de la compañía. La expansión también incluirá la ampliación de la planta de molibdeno existente y el desarrollo del pozo Esperanza Sur, incorporando camiones autónomos y tecnologías avanzadas.

Una de las iniciativas más recientes de Antofagasta es la inauguración de una planta desalinizadora de $2 mil millones para la mina Los Pelambres, una inversión significativa en una región que ha enfrentado sequías persistentes durante 15 años. Esta planta, pionera en su tipo en la región, subraya el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la reducción del impacto en las fuentes de agua locales.

La empresa también está trabajando en la extensión de la mina de cobre Zaldívar, con una inversión de $1.2 mil millones, esperando obtener pronto los permisos necesarios para que la mina continúe operando hasta 2051. Esta inversión refuerza el compromiso a largo plazo de la empresa con sus operaciones en Chile.

A nivel internacional, Antofagasta está presente no solo en Perú, sino también en Estados Unidos y Canadá. La minera planea destinar entre $40 y $50 millones anuales para el mantenimiento de sus activos en estos mercados. En 2023, adquirió una participación del 19% en la minera peruana Minera Buenaventura, fortaleciendo su presencia en el mercado del cobre en la región.

Sin embargo, la empresa ha enfrentado desafíos en Estados Unidos. A través de su filial Twin Metals, ha intentado durante más de una década desarrollar una mina de cobre y níquel en Minnesota. El proyecto sufrió un revés significativo cuando la administración de Biden canceló dos concesiones mineras clave y estableció una moratoria de 20 años en la zona. Aunque algunos analistas sugieren que la situación podría mejorar con una posible reelección de Donald Trump, Arriagada ha afirmado que la empresa no depende de la administración en turno para defender su derecho a desarrollar la mina.

El ejecutivo resaltó que Antofagasta sigue luchando por sus derechos mineros en Estados Unidos y está dispuesta a colaborar con cualquier gobierno. Arriagada también subrayó el valor estratégico del proyecto Twin Metals en el contexto actual de seguridad nacional y cambio climático. “Creemos que Twin Metals es crucial porque permitiría la producción local de cobre y otros metales clave en Estados Unidos, un aspecto relevante dado los desafíos globales en seguridad y medio ambiente”, explicó.

Con estas iniciativas, Antofagasta busca consolidarse entre los diez principales productores de cobre del mundo. El cobre, esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y en la construcción, juega un papel crucial en la transición energética global. El compromiso de Antofagasta con proyectos sostenibles e innovación tecnológica refuerza su posición como líder en la industria minera a nivel global.

Zetti Gavelán: Proyectos mineros impulsan el dinamismo del sector, pero aún falta acelerar inversiones

Zetti Gavelán, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), destacó, en una entrevista a la revista Energiminas, que los recientes anuncios de avance de proyectos mineros como Reposición Antamina, San Gabriel, Inmaculada y Tía María son positivos para el sector minero peruano. No obstante, Gavelán advierte que, aún son pasos tímidos frente a la vasta cartera de proyectos que el país posee, la cual asciende a US$ 54,556 millones.

También subrayó que estos avances representan solo un 30% del total de la cartera minera del país, que incluye grandes proyectos con una inversión conjunta de más de US$ 12,000 millones. «Es crucial acelerar la viabilidad del resto de la cartera, ya que aún queda mucho por hacer para aprovechar al máximo el potencial del país», señaló.

Asimismo, el vicepresidente del IIMP destacó la importancia del cobre como uno de los principales motores de la economía peruana, sobre todo en el contexto de la transición energética global. Según Gavelán, la demanda de cobre podría triplicarse para el año 2050, lo que abre una ventana de oportunidad que no puede ser ignorada.

Sin embargo, pese al optimismo que generan estos proyectos, Gavelán también expresó su preocupación por los retos que enfrenta el sector, como la disminución de la inversión en exploración minera y el avance de la minería ilegal. «La expansión de la minería ilegal no solo genera contaminación y criminalidad, sino que también afecta gravemente la seguridad ciudadana y el clima de inversiones en el país», advirtió.

Inversión minera

Respecto a la imagen del Perú como un destino atractivo para la inversión minera, Gavelán reconoció que el país ha perdido competitividad en los últimos años. No obstante, el reinicio paulatino del proyecto Tía María es un buen indicio de que el Perú puede recuperar su liderazgo en el sector.

«Es una buena noticia para el país, ya que un proyecto de la magnitud de Tía María, con una inversión de US$ 1,400 millones y la generación de 9,000 puestos de trabajo durante su construcción, representa un impulso importante para la economía», señaló.

En cuanto al crecimiento de la producción de cobre, Gavelán mencionó que, según el boletín estadístico más reciente del Ministerio de Energía y Minas, el Perú está en camino de alcanzar la cifra récord de 2.75 millones de toneladas de cobre para este año. «Para alcanzar los 5 millones de toneladas, será imprescindible la ejecución de todos los proyectos cupríferos incluidos en la cartera nacional, que en total suman US$ 39,795 millones», explicó.

Finalmente, Gavelán destacó los esfuerzos de la industria minera nacional por reducir su huella de carbono. «El cambio climático es uno de los desafíos más grandes de nuestra era, y la industria minera está avanzando en el consumo de energía renovable certificada, así como en la electrificación de minas», concluyó.

Solis Descubre Zona Clave para Exploración en el Proyecto de Cobre Guaneros

Después de realizar un estudio de magnetometría con drones y trabajos geoquímicos en el proyecto polimetálico Guaneros (Moquegua), la minera canadiense Solis Minerals ha identificado una zona de alta prioridad para la exploración. Actualmente, el proyecto Guaneros, junto con los proyectos vecinos Ilo Este y Chancho al Palo, se ha convertido en el foco principal de su búsqueda de cobre en el sur de Perú.

Solis, que recientemente amplió su cartera de exploración en Perú al incluir el proyecto Guaneros de 6,400 hectáreas, informó que el estudio magnético reveló anomalías en zonas cercanas a un contacto de batolito intrusivo, con respuestas magnéticas similares a las del proyecto Ilo Este.

La minera espera obtener los permisos de perforación para estos nuevos objetivos en el primer trimestre de 2025 y llevar a cabo el programa de perforación a lo largo del mismo año. En la actualidad, se está interpretando los resultados del estudio magnético, y se prevé realizar evaluaciones para definir las áreas adecuadas para estudios de polarización inducida (IP).

Mike Parker, director ejecutivo de Solis Minerals, mencionó que las muestras de roca en la zona han mostrado valores anómalos de cobre y oro asociados con una alteración que recuerda a la mineralización tipo pórfido. “Continuaremos con la investigación en el terreno y realizaremos más estudios geofísicos según sea necesario, a medida que avanzamos hacia la obtención de permisos y la perforación”, afirmó Parker.

En cuanto a otros trabajos en la región, Solis Minerals reportó que varias muestras recolectadas a 1 km al noroeste de la anomalía meridional de Guaneros indicaron mineralización de óxido de cobre y alteración visible. Estas áreas de muestra están en una zona de baja respuesta magnética, sugiriendo una posible alteración en el área.

Adicionalmente, muestras tomadas en estructuras situadas a 2 km al norte-noreste de la anomalía meridional mostraron valores de fondo en cobre y oro. Este hallazgo indica la posible influencia de la anomalía meridional sobre la mineralización y resalta el valor exploratorio de la geoquímica en la región.

Solís destacó que Guaneros está parcialmente cubierto por sedimentos recientes que dificultan los sondeos IP debido a los lechos conductores. La selección de los objetivos de perforación puede depender únicamente de los datos magnéticos y de las interpretaciones estructurales y cartográficas.

En la zona denominada “Regional Norte”, los estudios IP no son adecuados debido a la cobertura conductora. Se prevé que los permisos de perforación se obtengan a su debido tiempo, con la perforación programada para comenzar en el primer trimestre de 2026.

MINEM: Inversiones mineras superaron los US$ 2,512 millones entre enero y julio de 2024

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que, de enero a julio de 2024, las inversiones mineras sumaron US$ 2,512 millones, mostrando una variación positiva de 9.8%, en relación a lo registrado en similar periodo del 2023 (US$ 2,288 millones), de acuerdo a la última edición del Boletín Estadístico Minero (BEM).

A nivel de titulares mineros, los que registraron mayor inversión son Compañía Minera Antamina S.A., con una participación de 11.8%; seguido por Anglo American Quellaveco S.A., con el 8.8% de participación; luego Minera Las Bambas S.A. con el 7.9% de contribución; finalmente Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., con el 7.8% del total.

Es importante resaltar que, estos cuatro titulares en mención representaron en conjunto el 36.2% de la inversión ejecutada a nivel nacional.

Realizando un análisis detallado, la inversión acumulada al sétimo mes del año en el rubro de Exploración ascendió a US$ 286 millones, reportando un aumento de 23.0% en comparación a similar periodo de 2023.

El rubro de Equipamiento Minero registró US$ 476 millones, entre enero y julio de este año, evidenciando también un crecimiento de 42.0% respecto al año anterior.

Finalmente, en el rubro Otros, que corresponde a construcción de represas, reasentamiento, intangibles, compra de terrenos y demás, ascendió a US$ 291 millones en este lapso de tiempo, reflejando un aumento de 76.7% en comparación con 2023.

A nivel de departamentos, entre enero y julio de 2024, Moquegua se mantuvo en el primer lugar captando un monto superior a los US$ 406 millones, representando el 16.2% de participación, impulsado por la construcción del proyecto «San Gabriel» y la Unidad Económica Administrativa «Mina Quellaveco».

En segunda posición, se encontró Áncash con más de US$ 331 millones, concentrando el 13.2% del total, impulsado por la Compañía Minera Antamina S.A. en sus unidades “Yanacancha 1” y “Yanacancha 3”; mientras que Arequipa se ubicó en tercer lugar con más de US$ 278 millones, ostentando el 11.1%.

Cabe señalar que, al sétimo mes del año, los tres departamentos mencionados representan, en conjunto, el 40.5% del total ejecutado a nivel nacional.

Gremio constructor valora plan económico para la Región y pide medidas para proteger al sector

En medio del proceso de término de las operaciones de la Compañía Siderúrgica Huachipato, el ministro de Economía, Nicolás Grau, presentó en la Región el Plan de Fortalecimiento Industrial para el Biobío, en una ceremonia en la Universidad de Concepción, a la que asistieron autoridades, políticas, representantes de gremios productivos y de trabajadores, entre otros.

La estrategia, elaborada especialmente para afrontar el cierre de la usina y reimpulsar la industria y el empleo regional, se basa en cinco ejes temáticos con 32 medidas de corto, mediano y largo plazo. Entre ellas, acelerar inversiones públicas y privadas; recolocación de trabajadores, implementación de un subsidio de retención laboral para empresas contratistas, agilización de autorizaciones de inversión y una política nacional de construcción naval.

El ministro Grau indicó que “estructuralmente la Región tiene desafíos económicos que se arrastran hace décadas. La proyección a futuro de la inversión per cápita es menor que el promedio país y esto no se revierte en el corto plazo, por lo tanto, no cambiará si seguimos haciendo lo mismo, debemos hacer algo distinto”.

Para el Gobierno y la Región uno de los principales efectos del cierre de la siderúrgica es el impacto en el empleo, con más de 20 mil puestos de trabajo directos e indirectos que se perderán por la suspensión de las operaciones.

Ante este plan, el presidente de la CChC Concepción, Jorge Coloma, valoró el foco regional de la estrategia y el ambicioso plan de inversiones que contempla. En esta línea, afirmó que le parece interesante el incentivo a la construcción en madera y los nuevos beneficios tributarios que se proponen para las empresas locales.

Además, destacó el programa de Fogaes específico que se plantea para mejorar las condiciones crediticias que apunta a empresas medianas y pequeñas que facturen hasta un millón de UF.

En el ámbito de las inversiones, Coloma dijo que “el aumento de funcionarios para la tramitación de proyectos es un incentivo importante para la Región, ya que tenemos, por ejemplo, una demora de 5 años en esa área, en el Sistema de Evaluación Ambiental, teniendo en cuenta que el promedio de tramitación de un proyecto a nivel nacional es de 3 años. Si es así, nos ayudará al desarrollo de iniciativas y a mejorar la inversión”.

CRISIS DE LA VIVIENDA

El líder de la construcción destacó que las acciones de este plan ayudarán a frenar el aumento del desempleo que presenta el rubro. “Bajo un régimen normal, el sector genera 65 mil empleos regionales, hoy estamos en 54 mil y podríamos llegar a fin de año a 44 mil, con 20 mil puestos de trabajo menos si las medidas que estamos trabajando con el ministerio de Economía, Vivienda y Hacienda no se concretan, por lo que estamos muy esperanzados de que esto funcione y así apoyar el desarrollo de la Región”.

Coloma mencionó que en diversas reuniones sostenidas con ese ministerio solicitaron una agenda de medidas para contribuir a un mejor desempeño de la industria. “Necesitamos de manera urgente la postergación de la eliminación del Crédito Especial para Empresas Constructoras (CEEC) que se acaba en 2027. Esto significará el aumento de un 12% del precio de las viviendas, lo que hará cada vez más imposible el acceso de familias a la casa propia”.

Además, señaló que es necesario mantener vigentes los permisos de edificación, que caducarán antes de fin de año, en por lo menos dos años más. Así como también, aplicar un plan de tasa fija al 3%, propuesto por la CChC, para el financiamiento de viviendas y otros incentivos para programas sociales como el de Integración Social y Territorial, DS 19 e integrar entre otras medidas, la compra de viviendas por parte del Estado a las empresas para que sean utilizadas en el plan de arriendo justo o incorporadas en la tasa fija propuesta.

ACP y Naturgas alertan efectos negativos tras suspender exploración en pozo Uchuva 2

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifestaron su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2 de Petrobras y Ecopetrol.

Las empresas de la industria del gas natural de Colombia destacaron que respetan y acatan las decisiones judiciales; sin embargo, precisaron que esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga.

En relación con el proyecto de Uchuva 2 y el cumplimiento de los trámites requeridos para su ejecución, la ACP y Naturgas señalan que:

  1. El Bloque Tayrona del que hace parte el pozo Uchuva 2, está localizado a 31 kilómetros de la línea de costa, en aguas profundas (837 metros de lámina de agua) en mar territorial colombiano, en donde la empresa operadora ha ejecutado diversas actividades por más de 20 años, en cumplimiento del contrato firmado en 2004 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
  2. Las actividades exploratorias ejecutadas fueron aprobadas por las autoridades competentes.La empresa operadora ha cumplido con todos los requisitos regulatorios y trámites requeridos, incluyendo la Determinación de la No presencia de Comunidades Indígenas en el área de influencia del proyecto, el licenciamiento ambiental, y la obtención de los permisos de la Dirección General Marítima (Dimar).

    Sus actividades se han adelantado cumpliendo los más altos estándares de calidad y sin ningún impacto ambiental significativo registrado.

  3. Con la ejecución del proyecto no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a ninguna comunidad indígena, toda vez que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP), mediante Resolución ST-1630 de 2023, confirmó la no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y por tanto tampoco su afectación directa.
  4. La certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por la entidad en varios actos administrativos.Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte de la comunidad.
  5. Tampoco se encuentra demostrada afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal, teniendo en cuenta que las conclusiones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), organización adscrita al Ministerio de Ambiente, confirmó la no existencia de actividad de pesca artesanal en el área de influencia del proyecto. Conclusión confirmada también por la ANLA.Para la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, «hoy Colombia necesita con urgencia anticipar el desarrollo de los proyectos que tenemos costa afuera”.Destacó que “el Bloque Tayrona, donde se encuentra Uchuva, tiene un potencial de 400 MPCD, cantidad que permitiría retomar la autosuficiencia del país en el mediano plazo. Los proyectos costa afuera tienen un potencial que puede brindarle a Colombia seguridad energética por varias décadas, así como en su momento lo hicieron Cusiana, Cupiagua, Ballena y Chuchupa».

    Por esto, la líder de Naturgas hizo un llamado a la comunidad de Taganga para que «considere que ante el derecho fundamental a la consulta previa que reclama luego de dos décadas de cumplimiento de todos los requisitos exigidos, se está poniendo en riesgo el acceso a la prestación del servicio público esencial de gas natural. Se pone en riesgo la vida digna de 36 millones de colombianos, la alimentación de los niños, el derecho fundamental a la salud y la atención a la población vulnerable».

    Por su parte, Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que «este proyecto es estratégico para el futuro energético de los colombianos, al materializar su potencial y el de los demás proyectos costa afuera tendremos la oportunidad de revertir la disminución crítica de las reservas de gas natural e incluso multiplicarlas por 30”.

    Añadió que “con las reservas actuales el país empezaría a tener déficit de oferta a partir de 2025; con los recursos contingentes y prospectivos (incluidos los de Uchuva) podremos seguir garantizando el autoabastecimiento de gas a largo plazo, pero para ello requieren exploración y desarrollo».

    Pearl hizo énfasis en que «la crítica situación de suministro de gas no será subsanable con oferta nacional sin el desarrollo de los proyectos costa afuera”, y que, “las decisiones que retrasan o suspenden el desarrollo de proyectos como este ponen en riesgo el abastecimiento energético de los colombianos y generan incertidumbre para los inversionistas, lo cual también tiene implicaciones fiscales para el país y las regiones».

Pozo Uchuva 2 y las afectaciones a la seguridad energética de Colombia

En cuanto a la afectación a la seguridad energética, los gremios profundizaron en que:

  1. En Colombia, exceptuando los proyectos costa afuera (incluido Uchuva), los nuevos descubrimientos son insuficientes para reponer las reservas de petróleo y gas que se consumen. Los proyectos costa afuera tienen una alta prospectividad para gas, la cual es clave para revertir la disminución crítica y progresiva que vienen registrando las reservas de gas en el país; desde 2012 han caído en un 58 %.
  2. El índice de reposición de reservas en los últimos diez años (2014-2023) es del 25 %; es decir, que se está descubriendo menos gas del que se produce/consume, de cada diez pies cúbicos que se producen, se adicionan 2,5.Por lo anterior, el factor Reservas/Producción también evidencia una crítica situación en la disponibilidad de gas, ratificando la necesidad de aumentar la exploración y el desarrollo de este energético, así como de resolver las contingencias para incrementar las reservas y la producción.
  3. En 2023 se registró un incremento en recursos contingentes existentes de 29 %, de los cuales la mayoría corresponde a recursos costa afuera.Este incremento es resultado del trabajo e inversiones realizadas por las empresas, y para viabilizarlos e incorporarlos como reservas se requiere exploración y desarrollo.

Finalmente, la ACP y Naturgas reiteraron que es crucial que el país mantenga un entorno de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, sin comprometer los derechos de las comunidades ni la seguridad energética del país.

Y elevaron un llamado al trabajo articulado y al diálogo constructivo con todos los actores nacionales y regionales para asegurar que los colombianos sigan contando con un abastecimiento confiable y sostenible de gas natural.

Anuncian medidas para destrabar licenciamiento ambiental para exploración de gas en Colombia

La Procuraduría General de la Nación anunció que tomará medidas para abordar la desarticulación entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, situación que se evidenció luego de la mesa de trabajo convocada para revisar el trámite de licencia ambiental para la perforación del pozo Komodo-1 de Ecopetrol, para explorar el único pozo de gas off shore (costa afuera).

Tras una revisión exhaustiva, el ente de control también encontró deficiencias significativas en el procedimiento administrativo del trámite de licencia ambiental, especialmente frente a la convocatoria y funcionamiento del Comité Técnico Consultivo, órgano asesor de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en proyectos considerados como críticos y quien es la autoridad encargada de tomar decisiones y hacer recomendaciones sobre la licencia ambiental en cuestión.

Asimismo, Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios confirmó que intervendrá directamente en el trámite de la licencia ambiental para asegurar el cumplimiento de los procedimientos regulatorios adecuados, solicitando la revocatoria directa de la decisión de suspender el trámite de la licencia, buscando así garantizar una resolución oportuna y conforme a la normativa vigente.

“Este proyecto de Komodo tiene una inversión social prevista de $7.000 millones, que termina postergada, aplazada. Implica el incumplimiento de las metas en nuevos pozos exploratorios, que eran 40 pozos los planteados en Colombia durante el año 2024.” citó el delegado Guerrero.

También precisó que se establecerá una mesa de trabajo permanente compuesta por representantes de los sectores de minas y energía, ambiente, y otros; con el fin de mejorar la coordinación y la gestión entre los sectores involucrados, facilitar el diálogo y la cooperación que permita resolver las disfunciones en el proceso de licenciamiento, experiencia similar a la que ya existe en el sector energético.

“Es importante recordar que Ecopetrol es socio de este proyecto tiene el 40 % del mismo en un contrato de exploración y producción y que ya ha invertido US$35 millones en las actividades preparatorias de las actividades exploratorias una suma y una inversión del Estado, el patrimonio de los colombianos, que podría ponerse en riesgo.” expresó el procurador ambiental.

¿Por qué si hay déficit de gas en el país, sigue suspendido trámite de licencia ambiental para explorar el único pozo en el mar?

La Procuraduría General de la Nación le reiteró al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la urgencia y pertinencia de tomar decisiones oportunas acerca de la licencia ambiental para adelantar el proyecto denominado “perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en el bloque COL-1 Caribe colombiano”, teniendo en cuenta que dicho trámite se encuentra suspendido desde hace más de un mes.

Refirió el ente de control que, el 23 de agosto de 2024, se cumplió la fecha límite para tomar las disposiciones necesarias para explorar el único pozo de gas off shore (costa afuera), por lo que convocó a todos los actores involucrados a una mesa de trabajo de carácter urgente, con el fin de entender con mayor claridad la situación e inquietudes que se generan, así como las consecuencias para la seguridad energética del país de presentarse retrasos en el proyecto.

Asimismo, luego del estudio del expediente, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios expresó sus inquietudes respecto a la gestión y avance del proceso de licenciamiento, particularmente en relación con la planificación, la disponibilidad de recursos críticos y de equipos para la ejecución del proyecto; especialmente en cuanto a la embarcación de perforación Valaris DS-16, ya que su confirmación es esencial para no afectar la programación 2025 y para no generar incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energías, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos,  Ecopetrol, Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia, la Asociación Colombiana de Gas Natural y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas fueron convocados por el Ministerio Público, a quienes también les requirió información sobre el proyecto en jurisdicción de las capitanías de puerto de Barranquilla, Riohacha y Santa Marta.