La administración del presidente Joe Biden pidió a empresas que documenten violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el sector de energía para dar continuidad a un proceso de solución de controversias con México al respecto.
De acuerdo con una nota de la agencia Reuters, que cita fuentes anónimas, el gobierno estadounidense ha pedido a las partes interesadas que preparen declaraciones juradas que documenten ciertas políticas contrarias a las reglas del T-MEC.
Desde la perspectiva de la agencia, esto evidencia que la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) planea instalar un panel de solución de disputas en virtud del amparo de ese tratado.
En concreto, Estados Unidos impugna una enmienda de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica de México que da prioridad a la electricidad producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la electricidad generada por todos los competidores privados; y la inacción, retrasos, denegaciones y revocaciones de México de las capacidades de las empresas privadas para operar en el sector energético de México.
También impugna una regulación de diciembre de 2019 que concede sólo a Pemex una prórroga para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre bajo la norma aplicable de combustible diésel para automóviles de México; y una acción de junio de 2022 que favorece a Pemex, CFE y sus productos en el uso de la red de transporte de gas natural de México.
Estados Unidos y Canadá solicitaron conversaciones de solución de controversias con México en julio de 2022.
En contrapunto, en agosto pasado, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, declaró que “se desactivó” la posibilidad de que se levantara un panel de solución de controversias de Estados Unidos y Canadá contra México en materia energética.
“Nosotros creemos que está desactivada la posibilidad de un panel en materia energética (contra México), y más bien estamos en pláticas para implementar el mecanismo que permitirá bajar formalmente la discusión energética de los paneles”, dijo entonces al periódico El Universal.
En febrero de este año, Buenrostro reiteró a El Economista su visión. Dijo que no había materia de conflicto con Estados Unidos y con Canadá, pues las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica estaban suspendidas por el poder judicial debido a los juicios de amparo interpuestos por diversos afectados.
